El relato pendiente de la España Vacía

 

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(Todas las imágenes corresponden a la obra de los artistas salmantinos Pablo Sánchez Herrero y David de la Mano)

Descubrimos que algo que necesitaba ser dicho por fin se ha nombrado cuando, al salir a la luz, nos reconocemos en ello y nos lo apropiamos. Que “La España Vacía” de Sergio del Molino ha conseguido llevar la mirada y la reflexión hacia un espacio hasta el momento silenciado lo muestra no sólo el poder metafórico del título que en pocos meses se ha convertido en término de referencia sino también los múltiples artículos y alusiones que han nacido a raíz del ensayo (valga como ejemplo el listado de películas seleccionado por Filmin bajo el mismo epígrafe, “La España Vacía”).

Hay una idea central que Sergio del Molino, a modo de línea de bajo sosteniendo una composición, traslada una y otra vez en su obra: “A la España vacía le falta un relato en el que reconocerse…”; “Esto se debe a que la España vacía casi nunca se ha narrado a sí misma, se ha resignado a ser narrada.”; “Es preferible un pueblo susceptible a un pueblo que no tiene forma de responder al relato que otros hacen de él”; “Nunca ha sido dueña de sus propias palabras. Siempre ha sido contada por otros.”

Quienes en algún momento desde la política cultural trasladamos a los actuales partidos, en mitad de los dos últimos años febriles que está viviendo España, la necesidad, si realmente se pretendía un cambio sustancial frente a la España nacida del Régimen del 78, de desmontar el relato hegemónico sobre esta parte del país, especialmente Castilla y León, herencia aún no contestada desde el franquismo, así como reclamamos una crítica profunda sobre su invisibilidad mediática, sobre “la historia de crueldad y desprecio que influye fuertemente en el país tal y como es hoy, pero que casi nunca se tiene en cuenta” tal y como afirma Sergio del Molino, fuimos apartados como odres viejos.

Ha tenido que venir una parálisis institucional y la lucidez de este ensayo  para que se oiga a nivel estatal por primera vez que no habrá soluciones al encaje territorial en nuestro país sin tener en cuenta que “las provincias despobladas nunca han visto sus intereses representados ni protegidos en el Congreso” y que en este país la actual ley electoral está instrumentalizando a las provincias para mayor gloria y boato de los aparatos de partido asentados en Madrid. De pronto volvió a resonar la voz de Julio Llamazares advirtiendo sobre la asfixia que estaba ejerciendo el centralismo madrileño sobre el desarrollo social y político de Castilla y León.

Pues bien, ahora se nos muestra la importancia clave de la construcción de un relato diferente para esta España Vacía, que reconozca su dignidad y que sea capaz de llevar una mirada crítica hacia cómo se ha alimentado el desprecio y la invisibilidad de este territorio en los últimos treinta años (por ejemplo, analizando qué tipo de discurso hay detrás de la imposición de candidaturas centralistas a las provincias despobladas y cuáles son sus efectos sobre la construcción de identidad local) o también a través del análisis de la reactualización de tópicos en los nuevos medios de comunicación.

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Como ejes clave de trabajo para el desarrollo de una nueva política cultural que sea capaz de contribuir a la construcción del relato pendiente de la España Vacía, a bote pronto, y desde Castilla y León se identifican:

1.- La arquitectura de la cultura institucional en Castilla y León se apoya en dos pilares: la remisión permanente al imaginario del Antiguo Régimen y la privatización progresiva de la gestión cultural pública. El “reino perdido en el que no se ponía el sol” y su ropaje marcan las líneas oficiales de la cultura en nuestra comunidad, con una vinculación innegable en el diseño de la programación con la Iglesia Católica. De igual manera, el impulso por parte de la Junta de Castilla y León del modelo “fundación público-privada” para la gestión cultural de nuestro territorio está frenando e invisibilizando la labor del mediano-pequeño agente cultural y la incorporación de nuevas voces, prácticas, ideas a la construcción de nuestro propio relato territorial. Fundaciones vinculadas a antiguas cajas de ahorros y estructuras híbridas que escapan al control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas se repiten en todas nuestras provincias. Las “puertas giratorias” en Castilla y León no están tan vinculadas al ámbito industrial o bancario como al cultural y comunicativo: patronatos de fundaciones de patrimonio, cargos de libre designación en estructuras culturales creadas ad hoc, “cementerios políticos” vinculados a organismos oficiales culturales… Las principales tramas de corrupción descubiertas en nuestra comunidad han tenido siempre ramales vinculados a la cultura y los medios de comunicación regionales. Se impone, por tanto, con urgencia, cuestionar el MARCO desde el que se está diseñando la política cultural de Castilla y León y que remite, una y otra vez, al refuerzo de un relato impuesto.

2.- Como bien señala una vez más Sergio del Molino, a la España Vacía se le ha negado el derecho a la contemporaneidad. Es evidente que en la denuncia de la gentrificación y la conversión tanto de los centros históricos como del medio rural en “parques temáticos” para determinados modelos turísticos existe un camino a explorar. La investigación y promoción de nuevas formas de habitabilidad y una mirada específica hacia lo urbano de tamaño medio y sus modelos de relación con el espacio rural se hacen urgentes.

3.- También corre prisa llevar la mirada hacia la protección del patrimonio rural, la necesidad de su catalogación exhaustiva, los bloqueos legales que aún perviven en algunos procesos con la Iglesia o la habilitación de procesos de socialización patrimonial. Castilla y León es una de las comunidades con mayor número de bienes culturales incluidos en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra y aún tiene mucho camino por andar en la protección e impulso de la labor arqueológica. Es necesario debatir sobre el papel del patrocinio en las labores de restauración, que sin duda necesitan más recursos, pero que necesitan un escrupuloso cuidado público para no dejar al margen las necesidades del patrimonio de nuestros pueblos, dirigiendo las políticas no sólo hacia los núcleos urbanos de la comunidad sino también hacia los pequeños núcleos de población.

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4.- Es clave que se reconozca como una prioridad política en nuestro país el reparto de competencias entre los distintos niveles institucionales y el refuerzo necesario del Régimen Local, clarificando de una vez qué competencias corresponden a las diputaciones y los ayuntamientos en materia de cultura, para evitar tanto el riesgo del clientelismo como el de la desprotección (¿a nadie le parece ofensivo que sólo tengan derecho legalmente reconocido a una biblioteca quienes vivan en núcleos de población que superen los 5.000 habitantes?). La amenaza que supone la Ley Montoro para la España Vacía necesita mayor visibilidad y debate en nuestros medios de comunicación.

5.- Frente al centralismo geográfico y un modelo cultural que fija su atención exclusivamente en lo urbano, un nuevo relato podría explorar:

  • El reconocimiento, la puesta en valor y la dignificación del presente de nuestra cultura popular y su diversidad, así como el trabajo a favor de la innovación cultural y social en el medio rural castellano-leonés.
  • La reivindicación política de lo festivo como espacio privilegiado de construcción de comunidad y como despliegue de la diversidad cultural, afrontando el reto de asociar a las industrias culturales y creativas todo lo relacionado con la cultura gastronómica y la artesanía.
  • La creación de un nuevo modelo de turismo cultural más democrático y participativo que evite la “uniformidad territorial” (Castilla como “paquete”) y ponga también en cuestión el relato de la cultura en nuestra comunidad como distinción de élites y artículo de lujo.
  • La integración del patrimonio natural también como eje clave de una nueva política cultural en Castilla y León y el trabajo sobre la significación afectiva del paisaje cultural y su protección (por ejemplo, hacia una resignificación de la dehesa).

Son muchas las ventanas y las conversaciones posibles que ha abierto “La España Vacía”. Como reto apasionante para quienes trabajamos desde la cultura en esta parte del país se encuentra el deseo de que nunca más “se sienta al margen (…) porque sus problemas suenan extrañísimos en el conjunto de la sociedad y nunca aparecen en el orden del día”.

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Más allá del milenio: la cultura pendiente en los objetivos de desarrollo sostenible

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Entre los efectos secundarios del intenso ciclo electoral que atraviesa España en los dos últimos años se encuentra el hecho de que importantes debates a nivel internacional, que requerían más pausa y profundidad en la argumentación de la que permitía la feroz actualidad, hayan pasado prácticamente desapercibidos para la opinión pública. Es el caso tanto de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la nueva formulación de las prioridades de desarrollo para el periodo 2015-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si bien ya hubo numerosas voces críticas que señalaron el profundo error que supuso la ausencia de la cultura como un objetivo clave dentro de los Objetivos de desarrollo del milenio (especialmente en lo relativo a las necesidades de grupos minoritarios y las comunidades indígenas), no es menos cierto que dicha ausencia provocó como respuesta un incuestionable trabajo de investigación, desarrollo de indicadores, profundización en conceptos y debates sectoriales dentro del campo de la cooperación cultural para tratar de paliar dicha exclusión. La necesidad de hacer sentido común del hecho de que no puede haber desarrollo si se excluye la cultura del mismo, considerada como su cuarto pilar, así como cambiar el paradigma y hablar de la cultura en términos de derechos culturales y sostenibilidad, han sido algunos de los ejes de trabajo internacionales más importantes hasta el 2015.

Sin embargo, a pesar de un ejercicio de coordinación sin precedentes desde el 2014 entre las redes internacionales de cultura, su propuesta “El futuro que queremos incluye a la cultura” y todo el trabajo comunicativo y operativo alrededor de la inclusión del objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos”, en el documento aprobado por la ONU en Nueva York el pasado septiembre, una vez más, la cultura se ha quedado fuera de los 17 objetivos de los ODS. ¿Una cuestión menor? En absoluto, son dichos objetivos los que determinarán la dirección del gasto de los próximos 15 años tanto de los gobiernos, como de los principales organismos internacionales. Como bien sabemos, cuando la cultura “se da por hecho”, “es transversal” y “evidentemente está implícita” supone que aún no se ha comprendido la indivisibilidad de los derechos humanos de los que los derechos culturales forman parte.

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Alfons Martinell ya ha hecho un análisis minucioso sobre los motivos por los cuales se ha dejado fuera de los ODS a la cultura. Me interesa, no obstante, más allá del importante marco de lectura de la cooperación norte-sur y sur-sur, el impacto que esta exclusión tiene sobre la agenda política internacional y los retos actuales sobre identidad y política.

A nadie se nos escapa que las identidades culturales están siendo uno de los vectores clave en gran parte de los conflictos internacionales, así como también es obvio que los conflictos económicos y de poder y el aumento alarmante de los índices de desigualdad se plasman en el ámbito cultural. Valgan como ejemplos las presiones de las multinacionales extractivas hacia las poblaciones indígenas y sus recursos en América Latina o la primera sentencia de la Corte Internacional ante el juicio de Al Mahdi, condenado por crímenes de guerra por la destrucción sistemática del patrimonio de Mali.

Sin embargo, Europa tampoco puede permitirse otros quince años en los que no se haga un esfuerzo común por situar como centro de sus políticas culturales la garantía de los derechos culturales, que no han de verse sólo como un área de trabajo de la cooperación internacional, sino como un elemento vertebrador de todos los niveles administrativos y de desarrollo, local y rural especialmente.

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Europa necesita hacer suyo el objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos” en dos campos:

  • En el de la gestión cultural pública, ante el progresivo desmantelamiento en toda Europa de la cultura entendida como servicio público (sin duda por el colapso continental de la socialdemocracia) y la consolidación de modelos centrados en la espectacularización, la esponsorización y la progresiva privatización de bienes y servicios culturales en detrimento de los derechos de participación en la vida cultural recogidos en todas las legislaciones nacionales e internacionales, Carta de Derechos Humanos incluída.

 

  • En el de la propia definición de la Unión Europea y el debate urgente sobre sus posibilidades reales de futuro, rodeada por retos y conflictos identitarios ante los que tendremos que elaborar una respuesta: el papel de la UE ante Rusia y la presión de los nacionalismos post-URSS, el auge de los fascismos y su efecto sobre la protección de la diversidad cultural europea, la incoherencia entre las políticas de cooperación cultural de la Unión y sus políticas migratorias y de salvaguardia de los derechos humanos, especialmente ante el reto de su frontera Sur y su relación con el espacio cultural mediterráneo, la relación entre las distintas políticas nacionales europeas de cooperación con África, el papel otorgado a sus culturas en Europa y el peso de los partenariados empresariales. En relación con conflictos de identidad cultural abiertos en el seno de la UE se tendrán que articular también políticas culturales que den respuesta a la creciente ruptura rural-urbana y sus efectos (recordemos las últimas elecciones austriacas) así como también plantearse cómo garantizar los derechos culturales de la juventud europea y qué papel puede jugar la cultura ante la grave situación de desempleo juvenil que recorre el continente.

A pesar de que la movilización y el trabajo internacional de las redes de cultura seguirá avanzando para consolidar lo (tantas veces) señalado por Amartya Sen, “una de las funciones en verdad más importantes de la cultura radica en la posibilidad de aprender unos de otros, antes que celebrar o lamentar los comportamientos culturales rígidamente señalados”, sí me queda cierto sabor amargo ante el miedo institucional (no meterse en camisa de once varas…) que ha dejado pasar la oportunidad de la redacción de los ODS y su capacidad de marcar la agenda internacional de los próximos años como una apuesta mundial por afianzar el paradigma de los derechos culturales y coadyuvar en la incidencia preventiva en políticas de seguridad, apostando por la capacidad de la cultura para generar mayores índices de participación y profundización democrática.

Retos actuales de los derechos culturales en España

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“Reafirmando que los derechos humanos son universales,

indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son,

al igual que los otros derechos humanos, expresión y exigencia

de la dignidad humana”

Declaración de Friburgo

 

Cuando, desde Europa, hablamos de derechos culturales, de modo inconsciente tendemos a asimilarlos con el campo de la cooperación al desarrollo y más concretamente con la defensa de los derechos de los grupos minoritarios y los pueblos indígenas y su derecho a la protección de sus lenguas, territorios y acceso a los recursos naturales. No es menos cierto que, dentro del campo de los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, son estos últimos los que, hasta la fecha, han recibido una menor atención. Sin embargo, ya nos alertaba el sociólogo Alain Touraine en una entrevista allá por el lejano año 2000: “Actualmente, el tema fundamental es la defensa de los derechos culturales. Es el principal punto de la agenda en un mundo de consumo de masas, de comunicación de masas, donde el poder social no se limita más al poder político sino que se ha extendido al poder económico y ahora al poder cultural con los mass media. El asunto de los derechos culturales es central.”

Si, como han señalado desde la ciencia política, los derechos civiles y políticos estarían asociados a la libertad, los derechos económicos y sociales llevarían a la práctica el principio de igualdad, la fraternidad no se entendería sin el respeto de los derechos culturales.

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¿En qué situación se encuentra el respeto a los derechos culturales en España? Más allá de los tres grandes campos recogidos en el artículo 15 del Pacto Internacional por los derechos económicos, sociales y culturales: la participación en la vida cultural, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y la protección de los derechos de autor que ya nos obligarían a analizar, entre otras cosas, los medios de apoyo y financieros que está destinando el Estado español para garantizar su cumplimiento, me gustaría detenerme un poco más en las propuestas detalladas recogidas en la Declaración de Friburgo y las preguntas que me suscita.

  • En relación a la disponibilidad de bienes y servicios culturales: ¿están nuestros espacios disponibles para la ciudadanía?, nuestros centros culturales, bibliotecas, museos, eventos, ¿para qué USOS están disponibles?, ¿bajo qué formatos de gestión?, ¿los horarios actuales disminuyen o aumentan esta disponibilidad?, ¿existen protocolos de acceso?, ¿quién los ha diseñado?, ¿estos espacios son netamente públicos?, en el caso de que no sea así, ¿eso ha aumentado o ha disminuido los índices de disponibilidad? ¿Hay espacios infrautilizados?
  • En relación a la accesibilidad: ¿se está discriminando a algún colectivo por motivos de raza, sexo, idioma, religión, convicciones políticas, ascendencia, origen nacional o étnico, origen o condición social o lugar de nacimiento? En nuestras políticas culturales ¿nos estamos planteando quién, por motivos de horario, movilidad, diversidad funcional, renta, edad… se queda fuera? ¿En los proyectos culturales el análisis de la accesibilidad tiene un carácter transversal? ¿Se está garantizando a día de hoy por igual el acceso a la cultura en el medio rural español que en el medio urbano? ¿Hemos sopesado el impacto que la creciente privatización de los servicios culturales tiene sobre las rentas más bajas? ¿Hemos desarrollado indicadores para medir la accesibilidad cultural?

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  • En relación con el respeto a nuestra propia diversidad: ¿Cómo se relaciona España con la herencia cultural gitana?, ¿tenemos acceso abierto a su acervo cultural?, ¿se respeta la lengua caló?, ¿el pueblo gitano actualmente tiene reconocidos los mismos derechos culturales? ¿Se está respetando el derecho de las personas migrantes al mantenimiento de su identidad cultural?, ¿y a su acceso a los bienes, servicios e instituciones culturales? ¿Se está respetando la pluralidad religiosa en nuestro país o se priman unas manifestaciones religiosas por encima del resto? ¿Qué papel le da España actualmente a la diversidad de su pasado cultural? ¿Qué relación mantiene con su propia tradición musulmana y judía? ¿Se está respetando el derecho de petición de la nacionalidad española de la población sefardita? ¿Bajo qué circunstancias y en qué condiciones? ¿Cuál ha sido el relato de España en relación a su pasado colonial? ¿Se ha procedido a la escucha e incorporación del relato de los países colonizados y está presente en nuestro sistema educativo en toda su complejidad y profundidad? ¿Cuál es el papel de nuestro país en relación con su historia común con Filipinas, Sahara y Guinea? ¿Se reconoce este acervo cultural, tiene un espacio, se ha reconocido su presencia y nuestra responsabilidad? ¿Se respeta y protege la riqueza lingüística en nuestro país? ¿Qué medidas de protección ha tomado España respecto al aragonés y al asturleonés, reconocidas como lenguas en peligro de extinción por la UNESCO? ¿Qué papel juegan las lenguas signadas en España?

 

  • En sintonía con “el derecho a recibir una información libre y pluralista que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su identidad cultural”, ¿se siguen manteniendo tópicos en nuestros medios de comunicación? El tratamiento de la información, ¿privilegia a unos colectivos sobre otros, unas áreas geográficas sobre otras, unas lenguas sobre otras?

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  • En nuestra política exterior, especialmente en política comercial a través del papel de las multinacionales españolas ¿estamos teniendo en cuenta los derechos culturales de los pueblos?, ¿cómo se sitúa España respecto a los actuales genocidios culturales que circundan a Europa?, ¿qué tipo de relaciones mantienen el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sobre qué temas? ¿Qué presupuesto destina España a la cooperación cultural y qué criterios sigue en dicha cooperación? ¿Se respeta en España la justiciabilidad de los derechos culturales y existen políticas de reparación adecuadas?
  • En relación a los derechos de los profesionales de la cultura: llevando la atención de modo específico a la situación laboral y económica del sector cultural en España, ¿se están respetando sus derechos laborales?, ¿qué papel ha tenido la negociación colectiva en el reconocimiento de los derechos del sector?, ¿existen ramas sindicales o sindicatos propios para los profesionales de la cultura?, ¿existen convenios colectivos específicos por áreas?, ¿existe un Estatuto del Artista?, ¿qué papel está jugando la contratación pública para el reconocimiento y el respeto de los derechos del sector?, ¿quiénes han sido hasta el momento los interlocutores de la cultura con rango de oficialidad en el ámbito de las instituciones?, ¿hay algún sector que no esté representado? En el ámbito fiscal y de protección económica, ¿se tienen en cuenta las especificidades de los bienes y servicios culturales, más allá de su valor comercial?

A bote pronto, éstas son las preguntas que me asaltan respecto a los retos actuales en materia de derechos culturales en nuestro país y las principales líneas de acción que se derivan de ellos, junto al necesario diálogo con las políticas educativas y las relacionadas con el derecho a la libertad de expresión.

 

Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

El cierre de Cervantes o la urgencia de otra política cultural

Publicado en Tribuna de Salamanca el 4 de enero de 2016

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Reflexionaban hace unos días Germán Cano y Gonzalo Velasco sobre el papel que la cultura había tenido en los pasados debates electorales y la necesidad de superar los discursos huecos y de ornamento en el mejor de los casos y de total olvido de su realidad en el peor al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo en España.

Y de pronto la noticia del cierre de la librería Cervantes en Salamanca, un símbolo para varias generaciones, un referente ineludible para la memoria emocional de nuestra ciudad.  Mientras sacamos los pañuelos blancos del adiós habituados a cuantos referentes locales de la cultura hemos tenido que despedir en la última década, me pregunto en qué momento diremos basta y exigiremos políticas culturales a la altura de lo que necesita la sociedad salmantina.

Se llenaba la Consejera de Cultura, Josefa García Cirac, de orgullo y satisfacción hace unos meses presentando el sello de calidad, la cultura como marca, de librerías de referencia cultural de Castilla y León como si a golpe de obviedad y foto institucional se pudiese ocultar la incongruencia, la falta de coherencia de pretender defender la cultura mientras ponemos las instituciones públicas de Castilla y León a los pies del mercado avieso de gentrificación, mientras abrimos de par en par nuestros centros históricos y sus locales a las grandes cadenas multinacionales, a la pérdida de toda identidad propia en un baile de celebración de la hegemonía neoliberal.

Como si el desempleo y la pérdida generalizada de poder adquisitivo en nuestra tierra no tuviese eco sobre el consumo cultural, como si el Partido Popular no hubiese fulminado en la última legislatura la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, como si los responsables políticos del libro, desde el nivel estatal hasta el conglomerado de Fundaciones opacas y clientelares, nido de corrupción, hubiesen dejado el canapé y la foto con patrocinadores para dedicarse al bien común, como si vuestra LOMCE se hubiese parado a escuchar el millón de ideas de profesorado y familias para enraizar el hábito lector, como si no estuviésemos ya acostumbrados a la atonía, al Centro coordinador de bibliotecas de la Diputación de Salamanca más muerto que vivo en manos de diputados de cultura a quienes les cayó esta cartera como en una rifa y algo habrá que hacer, como si no viviésemos a diario el total desprecio a la exigencia del acceso a la cultura para todos, incluyendo nuestro medio rural.

Nos llevamos ahora las manos a la cabeza por el cierre de Cervantes, de una Pyme cultural de referencia en nuestra ciudad que ha contribuido a que seamos quienes hoy somos. Y sin embargo hay que negarse a la desidia. Desde luego que hay propuestas para una política cultural tanto desde el nivel local hasta el estatal que sepa reconocer, entre otras muchas cosas, el valor del libro, que sepa ponerlo en valor desde la Administración, apostando no sólo por un plan de apoyo y dinamización de las librerías, no sólo por políticas de compra coherentes para modernizar y actualizar nuestra red de bibliotecas ,sino reconociendo especialmente el papel de la diversidad editorial o generando líneas presupuestarias de incentivos económicos para este sector y defendiendo con vehemencia la política del precio fijo.

Por favor, no más panegíricos grandilocuentes ante los efectos obvios de las causas que creáis. La cultura, la de verdad, la que crea país, merece respeto y cuidado, no lágrimas huecas. Acción y medidas presupuestarias, lo demás, ya lo sabemos, qué guapos en la foto, muy rico el canapé.