Defensoras ambientales y de derechos humanos

Derecho a la tierra y cultura

Estefanía Rodero 1 comentario

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, «Wheatfield», que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?

 

 

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

Estefanía Rodero 3 comentarios

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

Derechos culturales y democracia de la tierra

Estefanía Rodero 1 comentario

“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este «Manifiesto para una democracia de la tierra» no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y «reentroncamiento» con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

Llamando a la tierra: España, culturas campesinas y nuevos debates de DDHH en la ONU

Estefanía Rodero 3 comentarios

“Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo.”

Miguel Delibes

“N’attendons pas un seul instant levons la tête/Prenons d’assaut la terre”

Verso de Paul Eluard, enarbolado por Jean-Luc Mélenchon en un mitin la semana pasada

 

Aprovechando que el 17 de abril es el Día Internacional de las luchas campesinas quería traer a la conversación en este espacio el debate fundamental que se está librando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alrededor de dos nuevas Declaraciones y que, desde mi punto de vista, fuera de los círculos “iniciáticos” no está teniendo el eco social que merecen. Se trata de los proyectos de declaración “sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y la  elaboración de un instrumento internacional vinculante “sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

No es sólo el hecho de que sean dos documentos normativos que traten de frenar los abusos de uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el edificio neoliberal mundial y uno de los principales responsables del cambio climático, la agroindustria transnacional, sino que consolidan el protagonismo que tendrá para nuestro siglo el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos. Si ya se dieron pasos clave al respecto tanto con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como la Declaración de los pueblos indígenas, el reconocimiento como derechos humanos del derecho a la tierra, al agua y las semillas, así como a la soberanía alimentaria de los pueblos están ahora mismo en disputa en los grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Si desde las políticas culturales y en concreto desde las relaciones culturales internacionales se está prestando una atención cada vez mayor al, múltiple y polifacético, engarce entre cultura y territorios no se debe exclusivamente al interés en la preservación del patrimonio natural e inmaterial, o al más obvio papel que puede desempeñar la cultura como motor de desarrollo económico, sino también a la centralidad que están tomando los derechos culturales en la propia defensa del derecho a la tierra. Si La Vía Campesina explicita su movilización internacional en estos términos: “Planteamos la defensa de la tierra y el territorio como fuentes de vida inseparables de las prácticas culturales de nuestros pueblos”, es la cultura campesina entendida como un todo indisociable «comunidades culturales/territorio»  lo que se pretende defender y proteger en la nueva norma internacional.

 

Junto a los ya mencionados derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, junto al derecho a la tierra, quiero detenerme en tres aspectos recogidos en el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que tendrían un eco importante sobre el medio rural español:

  • La inclusión del Artículo 26 “Derechos culturales y conocimientos tradicionales” en el que se recoge el derecho a disfrutar de su propia cultura y aspirar libremente al desarrollo cultural nos daría un nuevo marco normativo internacional para exigir con mayor vehemencia el respeto y protección a los derechos culturales en el medio rural español que, a día de hoy, siguen teniendo un carácter subsidiario y claramente deficiente. Nos permitiría movernos más allá de los marcos de la “preservación” o de los riesgos de la “falsificación cultural turística” para incorporar a la agenda política española los derechos de acceso, participación y creación culturales rurales que a día de hoy cuentan con un sesgo territorial de base.

 

  • De igual manera, el reconocimiento de los derechos a los recursos naturales y su gestión y conservación permitirían ensayar e incorporar en España instrumentos que hasta la fecha se han circunscrito a la realidad de la diversidad cultural iberoamericana, como el derecho a la consulta a las comunidades de forma previa a cualquier tipo de explotación territorial. Sumaría un elemento de protección importante para aquellas resistencias rurales en España que están haciendo frente al avance de la política extractiva en nuestro país.

 

  • En relación al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el proyecto de declaración recoge la necesidad de “garantizar la coherencia del mismo con las políticas culturales”. Este enfoque nos permitiría derribar en España “el tabique invisible” que a día de hoy sigue separando las políticas y medidas legislativas de desarrollo rural y los espacios de decisión relativos a las políticas culturales que merman las posibilidades y derechos del medio rural español. En la llamada permanente del documento a la creación de oportunidades no agrícolas destinadas especialmente a los jóvenes de las zonas rurales, se hace evidente el papel que pueden jugar al respecto las políticas educativas y  de patrimonio, tal y como lleva demostrando décadas Peridis y que nos recordaba la semana pasada de nuevo en estas declaraciones.

Junto a todo lo anterior, no podemos olvidar que uno de los ejes centrales que movilizan las dos nuevas declaraciones de la ONU en juego es el reconocimiento al papel que están desempeñando las mujeres a nivel global en la defensa de la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad y patrimonio mundiales, tratando de dar una respuesta de urgencia ante el alto precio en vidas y dolor que dicha preservación, con la mirada siempre puesta en la transmisión a las futuras generaciones, se está cobrando. Es fundamental que visibilicemos con mayor rotundidad el hecho de que cuando hablamos de protección del patrimonio y respeto a las culturas campesinas, es principalmente del respeto a los derechos humanos de las mujeres de lo que estamos hablando.

 

Por ello, quería aprovechar la celebración del Día internacional de las luchas campesinas para honrar “la mirada afectiva del mundo” que siguen proponiendo los ecofeminismos rurales y seguir desde las políticas culturales preguntándonos qué escondería en nuestro campo esa invitación abierta al “menos extraer y más cuidar a cambio de”.

 

 

De la tierra viva: mujeres, extractivismo y territorios

Estefanía Rodero 1 comentario

Hace unos días, con la  sordina habitual con la que salta, cuando salta, a medios nacionales la realidad que enfrentan nuestras provincias día a día, conocíamos la situación de hostigamiento legal que está viviendo María Cañaveras, una mujer jubilada de 68 años que se verá en el banquillo el 6 de abril por movilizarse contra la minería de tierras raras promovida por Quantum Minería S.L con el apoyo de la corporación local de su pueblo castellano-manchego, Torrenueva.

Leía esta noticia mientras de modo paralelo celebrábamos el logro conseguido por las defensoras de derechos humanos y del territorio en Centroamérica forzando a que la cámara legislativa de El Salvador, después de once años de lucha, haya aprobado por unanimidad la prohibición de la minería metálica en todo el país.

Que la nueva “operación Cóndor” sobre América Latina se cierne sobre las defensoras territoriales frente a los intereses de las industrias extractivas del Norte mundial, no sólo nos lo recuerdan los asesinatos de Berta Cáceres o Isidro Baldenegro, sino que nos lo demuestran cada día los tarahumara mexicanos, las comunidades lenca y garífuna en Honduras, nasa en Colombia, shuar en Ecuador, el pueblo mapuche, el guaraní en Bolivia, las defensoras del Yasuní ecuatoriano, Máxima Acuña en Perú y tantas otras comunidades en red enfrentando la violencia y agresiones por intentos de despojo-acumulación sobre la que se sostiene el edificio neoliberal global.

Como hemos comentado en otras ocasiones, el modelo extractivista está encontrando en el muy despoblado medio rural español un territorio propicio al que desplazarse, dado el menor índice, por realidad demográfica, de conflictividad local, unido al manto de silencio que acompaña su día a día. Si bien las agresiones a las defensoras territoriales no alcanzan la extrema gravedad que afrontan en América Latina, sí se están repitiendo, ante una generalizada pasividad tanto de medios de comunicación como de muchos partidos políticos, casos de hostigamiento legal, campañas de difamación personal y presiones de todo tipo por parte de las empresas mineras en muchos de nuestros pueblos españoles. Hostigamiento del que no podemos obviar el componente de género, dado el liderazgo que están ejerciendo muchas mujeres a nivel internacional en la defensa de los bienes comunes y “la tierra viva”. Desde mi punto de vista, es importante que reparemos también en la postergación reiterada que la relación mujeres-defensa del territorio sigue sufriendo en la agenda de reflexión y movilización feminista española que, para mí, no ha identificado aún la urgencia y centralidad que juega esta dimensión para el Sur de Europa. Comparto la más que inspiradora experiencia del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo que están realizando, entre otras acciones, una labor de reflexión sobre el extractivismo de la que podemos aprender mucho en España. Su publicación La vida en el centro y el crudo bajo tierra es un buen ejemplo de ello.

Debemos ser conscientes de que estos procesos de intimidación de defensoras siguen un mismo patrón, denunciado recientemente en una visita a México entre otros por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y que reproduzco aquí:

«Los defensores de las comunidades indígenas o rurales me compartieron ejemplos que indican un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias de «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Me preocupa la presión ejercida sobre  los integrantes de la comunidad para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o  las autoridades locales como una minoría, que actúa en contra del interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

Las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos. Esta violencia generalmente queda sin castigo ya que cuenta con el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales. De acuerdo con los informes recibidos, las y los defensores de derechos humanos serían presionados para que desistan de sus actividades a través del uso de la criminalización de los líderes, granjeros o ambientalistas opositores indígenas (acusados de delitos ordinarios). He recibido varios testimonios de casos en los que los defensores de derechos indígenas y ambientales han sido un blanco de agresiones en relación con su trabajo»

 

Observamos que los métodos utilizados son los mismos en América Latina y España aunque con diferente gradación. Desde mi punto de vista, si seguimos manteniendo esta problemática que está afrontando en solitario nuestro medio rural en un segundo plano, problemática que también se encuadra en algunos casos en la persecución al activismo promulgada por las Leyes Mordaza y el retroceso generalizado de la libertad de expresión en España, estaremos dejando el campo abierto (nunca mejor dicho) a la progresiva “multinacionalización extractiva” de nuestros pueblos frente a modelos más cuidadosos ante las siguientes generaciones.

 

¿Defender el paisaje?: patrimonio natural y extractivismo en Castilla y León

Estefanía Rodero 7 comentarios

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Que la UNESCO suele guardar silencio ante los estragos que el extractivismo causa sobre el patrimonio natural puede comprobarse a lo largo y ancho de América Latina. Que dicho silencio se convierte en total desaparición cuando dicha amenaza sobrevuela el medio rural europeo, también es una obviedad.  Al fin y al cabo el patrimonio natural siempre ha sido una suerte de “añadido” para las políticas públicas de conservación del patrimonio, convirtiendo su defensa, la mayor parte de las veces, en un enorme cajón de sastre en el que confluyen las políticas culturales, medioambientales, agrarias, económicas y de desarrollo.

En las instituciones culturales españolas, se repite esta misma actitud de “laissez faire” de la UNESCO, tanto en el nivel estatal, autonómico y local poniendo en riesgo a través de su inacción nuestros paisajes culturales y contribuyendo así  a la desprotección del patrimonio natural a través de la negación de su dimensión cultural, simbólica, emocional e identitaria transmitida generacionalmente.

Pero ante el caso de la mina de uranio de Berkeley en el Campo Charro salmantino, la inoperancia de la Junta de Castilla y León se lleva la palma.

Si en la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972 ya se afirmaba: “se constata que el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles” y en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España en el 2008 se establecía como línea prioritaria la protección de los mismos, “entendiendo como protección las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial”, ¿quién, a nivel institucional en Castilla y León está haciendo cumplir la legislación internacional  y nacional al respecto y protegiendo el paisaje de la dehesa salmantina amenazado por el fantasma del extractivismo que trae de la mano la minera australiana?

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A una le gustaría saber en qué momento y bajo qué criterios la Junta de Castilla y León hizo desaparecer de las Direcciones generales de políticas culturales y de patrimonio cualquier referencia y competencia en defensa del patrimonio natural y exactamente quién se está haciendo cargo de la defensa del paisaje, mucho más cuando la defensa del medio ambiente en esta comunidad va de la mano de Fomento.

Si ya ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a anular el Consejo regional de medio ambiente de Castilla y León por la amalgama de intereses que impedían el derecho a la participación ciudadana, ¿debemos pensar que es únicamente la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León la garante de los derechos de la ciudadanía a la protección de su tierra?

Al margen del muy necesario debate (que ya hemos desarrollado en otras ocasiones) respecto al turbio entramado de fundaciones, empresas semi-públicas y demás procesos privatizadores de lo institucional en nuestra comunidad, ¿de verdad es una cuestión menor que la Fundación Patrimonio Natural que tendría que estar velando por la conservación de la dehesa charra y de sus más de 4500 hectáreas protegidas, sus 25.000 árboles en riesgo, su fauna y su incuestionable papel como paisaje cultural – que ya debería haber sido impulsado por esta misma Junta de Castilla y León para su reconocimiento como tal por el Consejo de Europa-, tenga como socios a las principales multinacionales españolas que desarrollan en América Latina la misma política extractiva con la que Berkeley amenaza ahora el Campo Charro?

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¿De verdad es coherente, por ejemplo, que ACS forme parte del patronato en defensa del patrimonio natural de Castilla y León mientras uno de sus complejos hidroeléctricos ha despojado a más 29.000 indígenas quekchis fuera de su territorio y del acceso mínimo al agua? ¿Esperamos que el patronato de la Fundación proteja aquí lo que desprotege allí? ¿Este patronato de empresas privadas se va a enfrentar a Berkeley?

Más allá de la infatigable movilización ciudadana de Stop Uranio , ¿alguien puede decirnos a qué se debe el silencio institucional de quienes obligatoriamente han de velar por la protección del patrimonio natural en la Junta de Castilla y León?, ¿cómo se posiciona dicha Fundación ante la situación del Campo Charro?, ¿de verdad en nombre del patrimonio natural castellano-leonés se puede guardar silencio ante un daño de estas proporciones? Y si la Fundación Patrimonio Natural no está cumpliendo con los objetivos de protección que la sustentan, “poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno”, ¿es lógico que este organismo siga financiándose con dinero público de los castellano-leoneses?