Derechos de la Naturaleza

Justicia ecológica y derechos de la naturaleza

Estefanía Rodero 2 comentarios

 

Como hace unas semanas me hizo muy feliz escuchar a Teresa Vicente en la presentación de su nuevo libro “Justicia ecológica y derechos de la Naturaleza”, quería dejar un mínimo eco de toda su fuerza e inspiración en el jardín de mi casa, aquí.

¿Qué dice de nosotros como sociedad que las empresas tengan personalidad jurídica y la Naturaleza no la tenga? Desde esta pregunta inicial que lanzaron también investigadoras del grupo Speak4Nature, nos fuimos acercando, como también lo hace su nuevo libro, a los procesos por los cuales en varios lugares del mundo se ha conseguido dotar de personalidad jurídica a determinados ecosistemas, movilizando también a las Naciones Unidas que han identificado en estos procesos un camino de futuro a recorrer, tal y como ha sido el caso pionero a nivel europeo de la protección del Mar Menor.

Partiendo del realismo radical que reconoce en el actual sistema económico “la degradación ecológica del planeta y de la desposesión territorial, económica y cultural de la mayor parte de la humanidad”, se va desgranando el camino que ya estamos recorriendo a nivel global para conquistar una nueva generación de derechos, tal y como han sido los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Naturaleza que van abriéndose paso, despacio pero sin pausa, a nivel global.

Como comenta Teresa Vicente en la introducción de su libro:

 

“Tenemos que detener nuestra carrera hacia adelante y poner límites a un modelo de desarrollo que es la causa de la degradación ecológica y nos lleva al suicidio colectivo. La prioridad debe ser la preservación de los ecosistemas, porque en ellos se dan las interacciones entre todas las formas de vida; en segundo lugar, la preservación de la especie humana y sus derechos: y, en tercer lugar, la construcción de un modelo económico que posibilite el desarrollo de todas las formas de vida en la Tierra.”

 

Desde el convencimiento de que ha llegado el momento para un cambio de paradigma, que reconozca la unión del ser humano con la Naturaleza y la interdependencia con ella, la tarea generacional que tenemos por delante es proyectar esta ¡realidad! en los ámbitos de la economía, el derecho y la política. Se hace urgente entonces también un cambio cultural de raíz que sustente este cambio de visión y que amplíe el marco tradicional de la ciudadanía hacia la ciudadanía ecológica, consciente de la justicia intergeneracional, “nuestros actos de hoy tienen consecuencias sobre el mañana”.

Poner en valor a la Naturaleza en sí misma y por su valor intrínseco supondría “abandonar paulatinamente la concepción antropocéntrica del Derecho hacia una concepción ecocéntrica, que amplía el ámbito jurídico para incluir al ecosistema del cual forma parte el ser humano”.

Tras los capítulos dedicados a la Justicia Ecológica y su interrelación con el derecho, la economía y la política, así como al capítulo dedicado a los derechos de la Naturaleza desde la filosofía del derecho, Teresa Vicente comparte toda la experiencia desarrollada en el impulso de la iniciativa legislativa popular para la protección del Mar Menor, iluminando posibilidades para otros espacios que estén en procesos de movilización popular para la protección de su territorio.

En mi lectura se han quedado resonando, no obstante, los ejemplos vinculados a Colombia y las posibilidades enmarcadas en el concepto legal de los derechos bioculturales reconocidos en su jurisprudencia, que “unifican los derechos de las comunidades étnicas a los recursos naturales y a la cultura, entendiéndolos integrados e interrelacionados” y cuya defensa podría resultar tan interesante en el contexto español para determinadas luchas contra fenómenos extractivistas, especialmente en el rural español.

Dejando estas simples pinceladas de lectura a modo de reconocimiento y gratitud y buscando el diálogo desde otras disciplinas, me quedo con las palabras finales de Teresa Vicente:

 

“El aumento de la magnitud de la crisis ecológica y la declaración de emergencia climática actual es suficiente para mostrar que el siglo XXI necesita una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, que se una a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la segunda mitad del siglo XX. Más allá de la visión antropocéntrica actual, ha de avanzarse hacia una visión ecocéntrica de la vida, que reconozca que la Naturaleza es la base de la supervivencia de todas las especies, incluida la especie humana y que tiene sus propios derechos.”

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(En un alarde «pitoniso», un día después de la publicación de esta entrada, se hizo público que Teresa Vicente había ganado el Goldman Prize 2024, por lo que le damos la enhorabuena, nos ponemos de pie, aplaudimos y junto a la tierra, lo celebramos. )

Responsabilidad empresarial en materia de derechos culturales

Estefanía Rodero

 

(Texto escrito como editorial para la Fundació Interarts, mayo de 2023)

Si prefieres leerlo en catalán, en este enlace, ¡gracias!

 

Aprovechando la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea y la celebración de la próxima Cumbre UE-CELAC durante el mes de julio, sería un buen momento para plantearnos tanto desde las políticas culturales como desde el mundo de la cooperación qué papel queremos desempeñar en el despliegue eficaz de la agenda de trabajo sobre empresas y derechos humanos en este marco multilateral.

Desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, especialmente a través del mandato de sus procedimientos especiales en materia de derechos culturales, derecho al desarrollo y el grupo de trabajo especializado en Empresas y Derechos Humanos, se están articulando desde hace tiempo procesos de diálogo multiactor y con la sociedad civil que tratan de incidir sobre el impulso de legislaciones nacionales más eficaces con regímenes de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos.

Más allá de la difusión y la aplicación efectiva de los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quizá haya llegado el momento de plantearnos desde las políticas culturales, especialmente desde Europa y mayoritariamente las vinculadas al desarrollo, cómo podemos contribuir a la renovación de dichos Principios para incorporar una nueva sensibilidad hacia la dimensión cultural del desarrollo, un mayor protagonismo de la protección de los derechos culturales frente a la acción empresarial, así como una implementación de la perspectiva de género más eficaz al incorporar una mirada interseccional tanto en los procesos de consulta previa como en las acciones de reparación empresarial efectiva.

Si bien las acciones de incidencia a favor del impulso de una Ley de Debida Diligencia en España cuentan ya con un largo recorrido de negociación, una sólida propuesta técnica y han logrado aglutinar a gran parte de la sociedad civil vinculada a la temática bajo el paraguas de la Plataforma por Empresas Responsables, no es menos cierto que el sector de las políticas culturales en general y de la cooperación cultural en particular no ha tenido un papel protagonista ni ha formado parte del llamamiento a la acción ante la ausencia de un marco legislativo en materia de derechos humanos y medioambientales de nuestra acción empresarial como país en el exterior. Tampoco la protección de los derechos culturales está siendo un eje de atención o movilización en el impulso de la Ley, lo que supone un vacío especialmente relevante y potencialmente lesivo en el marco de las relaciones comerciales y de inversión entre la Unión Europea y América Latina. Existe ya casuística y documentación suficiente sobre procesos de vulneración de los derechos culturales de los pueblos indígenas, los derechos lingüísticos de las comunidades en procesos de consulta previa o reparación, así como situaciones de expolio cultural realizadas por empresas transnacionales europeas, como para estar en alerta ante el olvido o minimización de esta dimensión específica de los derechos humanos.

Las últimas aportaciones realizadas tanto por Interarts como Fundación, así como por miembros de su equipo a los Informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, “Derechos culturales y desarrollo sostenible”, “Gobernanza del desarrollo y derechos culturales” así como el reciente informe sobre “Instituciones financieras de desarrollo y derechos humanos”, están tratando de superar el actual vacío existente en la identificación, medición y protección de los impactos de la acción empresarial vinculada al desarrollo sobre los derechos culturales así como promoviendo la creación de nuevas capacidades en el ecosistema de la medición y la inversión de impacto para el desarrollo de una nueva mirada más sensible a la dimensión cultural de los derechos humanos.

Esperemos, por tanto, que el marco propicio de la próxima Cumbre UE-CELAC sea definitivo para la adopción del enfoque basado en derechos humanos en toda la actividad empresarial y de inversión, que la dimensión de los derechos culturales esté presente en el diálogo multilateral y que el compromiso español con la legislación de Debida Diligencia en materia ambiental y de derechos humanos encuentre en este escenario su oportunidad para mostrarse al mundo. Así lo esperamos.

 

Estefanía Rodero, vocal del Patronato de la Fundación Interarts

 

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  1. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, Naciones Unidas.
  2. Plataforma por Empresas Responsables.
  3. A/77/290 Development and cultural rights: the principles
  4. Call for inputs for the Working Group’s report on development finance institutions and human rights

Cuerpos-territorio, omisión de protección y negligencia deliberada

Estefanía Rodero 1 comentario

Durante el mes de noviembre el GAIPE, el equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional creado a petición tanto de la familia como de las comunidades y organizaciones de las que formaba parte Berta Cáceres para garantizar una investigación independiente al margen de la realizada por el estado hondureño, presentó su informe de investigación y recomendaciones legales sobre el caso “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”.

Leyéndolo, junto a la centralidad que ha tenido en el asesinato la vulneración por parte del Estado hondureño del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes recogida en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Honduras, ha quedado resonando dentro de mí como en una campana todo el entramado de “no haceres”, omisiones, impunidad y negligencias deliberadas respecto al deber de proteger que sostienen el edificio de la persecución y muerte de defensoras territoriales por toda América Latina.

Si bien todos los relatores internacionales y equipos legales y de investigación independientes en materia de derechos humanos que están tratando de proteger y crear algún tipo de cortafuegos in extremis, al igual que las comunidades, ante la masacre creciente de defensoras de derechos humanos alertan una y otra vez sobre los pasos que están siguiendo los procesos de hostigamiento, a saber:

  • La militarización de las empresas de seguridad privada contratadas por la industria extractiva (energética, agroindustrial, pero también y esto es importante en relación a la exigencia de responsabilidad en el campo de las relaciones culturales internacionales, la empresa turística)
  • La instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social.
  • La implementación de campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje de las comunicaciones.
  • Cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad.

resulta particularmente sangrante, dadas las consecuencias que este no hacer ni ver ni decir están teniendo sobre la vida y la muerte de las comunidades en América Latina, el peso de la omisión y las negligencias deliberadas en el crecimiento de la violencia.

 

 

Es especialmente reseñable dado que, más allá de la autoría material y la autoría intelectual de los crímenes, la paulatina desaparición, aunque sólo fuese creíble ya a un nivel teórico, del deber de protección de los Estados ejerce un efecto dominó devastador sobre la percepción de seguridad y confiabilidad de la sociedad en su conjunto, al margen de los proyectos de despojo territorial empresarial que están detrás de los asesinatos a defensores. Si a la impunidad y arbitrariedad que se repiten en todos los procesos, sumamos un clima social de “no tener bajo qué guarecerse”, ¿cómo no prever, tal y como estamos viendo en Honduras, el riesgo de colapso que afronta toda la arquitectura democrática?

Poniendo el foco sobre la omisión, se nos plantea por ejemplo: todos los consultores de proyectos de desarrollo de infraestructuras y territoriales que describen los riesgos sociales de los mismos, que evalúan los sistemas de seguridad, todos los bancos financiadores de dichos proyectos, todos los organismos que suman sus logotipos y evalúan positivamente las intervenciones territoriales, ¿no tendrían algo que decir? La comunidad internacional, ante la subcontratación de la subcontratación de la seguridad privada de las transnacionales que operan en los países del Sur, que ha derivado en la escalada del sicariato en la región, ¿qué medidas de monitoreo y auditoría social alrededor de las violaciones de derechos humanos está implementando?

¿Cómo rastreamos, ante todo ello, la omisión y la negligencia? ¿Cómo se puede atajar el “no hacer”? En un marco cultural internacional que mitifica la acción por la acción, entrenado en su mirada para los rastros de los hechos, ¿cómo se desarticulan los miles de microprocesos que están sustentando estos niveles de violencia a base de negligencias consentidas y omisión de protección? No estamos hablando exclusivamente de corrupción o de fortalecimiento de estructuras paralelas al Estado. Estamos hablando de toda la complejidad de los entornos que sostienen una persecución de estas características, del nivel local al internacional, sabiendo que “el día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana”  sin que nadie diga nada.

 

 

Frente al alarde de dominación territorial y visión extractiva que está en la base de esta violencia, contrastan las iniciativas comunitarias que están tratando de contrarrestar las acciones de ruptura del tejido social. También durante el mes de noviembre el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo presentó su Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios, “Mapeando el cuerpo-territorio” en el que se lleva al centro la necesidad de establecer otros modelos de relación con los espacios que habitamos.

Afirman:

“Cuando pensamos el cuerpo-territorio, éste nos ayuda a mirar cómo la violencia deja pasos en nuestros cuerpos pero además se conecta con las invasiones más globales a nuestros territorios, y con los intereses económicos de los de arriba”

“Pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos (…) No cabe duda que sobre el cuerpo queda impreso lo que ocurre en los territorios.”

Así, apoyándose en la educación popular y todo su potencial tanto para la reflexión como para la articulación de nuevos imaginarios, desde el Colectivo proponen avanzar con urgencia hacia nuevos modelos de relacionarnos espacialmente más allá del modelo invasión-dominación:

“¿Cuándo un espacio nos recuerda quiénes somos? ¿Cuándo lo habitamos y lo hacemos nuestro? ¿Cuál es la relación entre habitar e imaginar? ¿Cómo un espacio cobra vida?”

Interpelada sin remedio por esta violencia urgente del presente y uniendo en mí el trabajo del GAIPE y de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo quería acabar así, abruptamente como acabaron con la vida de Berta, dejando abierta la última pregunta ante la necesidad urgente de transformar nuestra vivencia, imaginarios y relación personal y colectiva con la tierra.