Cultura inclusiva

Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas

Estefanía Rodero 2 comentarios

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

 

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial,  que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

 

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

 

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

  • Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

 

 

  • Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

 

  • Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

 

  • Seguridad cultural:

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

 

 

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?

Ante el primer Día del Orgullo Loco en España: transgeneracional, salud mental y violencia de Estado

Estefanía Rodero

Para quienes, frente a épicas del sacrificio, están conquistando

para nuestros hijos e hijas el derecho a ser vulnerables.

 

El próximo 20 de mayo se celebrará por primera vez a nivel estatal el Día del Orgullo Loco en España. Como nos recuerda el activismo mental en la convocatoria, es necesario llevar a las conversaciones del día a día la urgencia de respetar los derechos humanos en la práctica psiquiátrica (poner fin a las prácticas de aislamiento, medicación forzosa o contención mecánica) así como reflexionar colectivamente sobre el modo en que nuestra sociedad y economía neoliberal acrecientan  la creación de sufrimiento psíquico colectivo, individualizando y mercantilizando el modo de afrontarlo.

Convencida como estoy de que la “revolución vulnerable internacional” es la revolución del siglo XXI (“no es posible ninguna revolución política sin que se produzca un cambio radical en nuestra propia concepción de lo posible y lo real”, repite Judith Butler), no quería dejar pasar esta oportunidad, conjurando el riesgo de que esta cita de país pueda diluirse como una mera convocatoria “sectorial”, para compartir algunas preguntas que han nacido en mí ante este futuro desfile de orgullo y dignidad de nuestro sufrimiento psico-social colectivo hecho cuerpo en España.

Preguntándome en primer lugar sobre la responsabilidad del Estado español en relación al bienestar mental de la ciudadanía (¿cómo se podría incorporar la sensibilidad respecto al impacto de nuestras políticas públicas en la creación de sufrimiento?), topé irremediablemente tanto con el papel facilitador como entorpecedor que puede jugar el Estado en la creación de salud mental. Entendiendo que la promoción de salud mental no es una tarea exclusivamente individual sino más bien una responsabilidad colectiva prioritaria, me pregunté cómo una democracia recién nacida de las cenizas de la violencia de Estado que ha bloqueado la verbalización e integración de su pasado traumático podría ser un marco saludable y facilitador de procesos de acompañamiento para aquella ciudadanía en la que este sufrimiento colectivo y común se manifiesta. Resulta doloroso analizar el contraste entre los esfuerzos de reflexión, por ejemplo, acerca del trauma colectivo, los efectos sobre la salud mental del país y las cadenas de transmisión transgeneracional de los efectos multifacéticos de la violencia de Estado realizados tras las dictaduras latinoamericanas (por ejemplo, una publicación de referencia que podría inspirar su réplica en España: Daño transgeneracional: consecuencias de la represión política en el Cono Sur)  frente a la poca atención española frente a los efectos que la dimensión socio-histórica ha tenido sobre la construcción de nuestra subjetividad, también en democracia. La patologización psiquiátrica, por ejemplo, de las primeras madres que denunciaron el robo de bebés en nuestro país durante el período democrático muestra el peso de los tabúes transgeneracionales y los traumas no resueltos.

 

 

  • ¿Qué papel habrá jugado sobre la salud mental española la Cultura de la Denegación, “todo lo borrado como si no hubiera existido”? La política denegatoria oficial de Estado y su imposición también del olvido pasivo (estrategias de evitación, negación e imposición del silencio), ¿qué peso estará teniendo sobre nosotros?, ¿en qué delirios estará retornando a la fuerza la ausencia de representaciones testimoniales de la violencia de Estado vivida en España?

 

  • Junto al peso que seguirá ejerciendo sobre nuestra psique tanto esta Cultura del Silencio (¿por qué asumimos con naturalidad que nuestras personas mayores sigan bajando la voz y hablando en susurros incluso dentro de sus casas de modo automático cuando empiezan a recordar «cosas del pasado»?) que privatizó, estigmatizó e individualizó la expresión de este sufrimiento colectivo, como la Cultura de la Delación que sostuvo en el nivel micro la violencia de Estado y que posibilitó la imposición de la “identidad única” que necesitaba el Régimen (la Unidad de España asentada sobre una identidad que requería una represión corporal y cultural sistemática, una vigilancia cotidiana y dispersa ante las desviaciones de “lo normal” asociado a ella, ya fuesen desviaciones sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, estéticas…) Esta Cultura de la Delación (con raíces transgeneracionales mucho más profundas alrededor del terror de la pureza de sangre y a la que de algún modo también se refiere Manuel Castells al hablar de la herencia de la mentalidad censora), ¿cómo se desmontó en el paso de la dictadura a la democracia?, ¿cómo afrontamos esta sombra colectiva presente en cada pequeño rincón de cada pequeño pueblo de la geografía española? Todo el silencio que rodea la vergüenza de la adhesión y el encubrimiento pasivo propios de un país que sale de una dictadura, ¿dónde ha ido a parar?, ¿se habrá desintegrado en el aire o habitará en el lugar de lo no dicho en nuestros cuerpos? Cuando la legalidad de un país ha sido creadora de secretos y promotora de la delación (¿qué otra cosa provocaba por ejemplo la Ley de Vagos y Maleantes?), ¿cómo se desenraiza y se tiende al sol esta educación afectiva de país? A lo mejor nos dio por reír tanto con la denuncia absurda del vecino de Torrejón ante la parodia de Puigdemont como forma de conjurar el terror colectivo de lo que evocaba ese acto…

 

  • La ausencia de reparaciones de un Estado frente a los procesos de humillación y degradación institucionalizados, el hecho de no asumir responsabilidades frente a los daños causados a su propia ciudadanía, ¿qué efectos puede tener sobre la construcción de confianza social en el futuro?, ¿y sobre la confianza colectiva en las instituciones?, ¿sobre la perpetuación de procesos de indefensión aprendida?, ¿cómo contribuye a agudizar vivencias personales relativas al abandono, el desamparo o la estigmatización de la expresión del dolor?, ¿en qué medida la obstaculización de la elaboración emocional de «los traumas de país» imposibilita la elaboración emocional cotidiana en los niveles micro?

 

Me he quedado pensando en la dimensión transgeneracional de esta celebración colectiva, mucho más recordando, en la línea de María Torok y Nicolás Abraham, el hecho de que los secretos inconfesables de una generación (en este caso de un país) pueden transmitirse a las siguientes generaciones reapareciendo como fantasmas en forma de actos, signos, síntomas incomprensibles para el sujeto, nosotros. Al fin y al cabo quizá lo verdaderamente insano, la auténtica locura en España, sea no ver zombis deambulando por las calles con 114.226 víctimas en cunetas que aún nos están llamando.

 

Políticas culturales y derechos humanos

Estefanía Rodero

 

(Todas las imágenes hacen referencia a la activista por los derechos de los migrantes, Sophie Cruz, que reivindica como hija su derecho a que sus padres no sean deportados, a poder vivir con ellos y a ser feliz.)

 

“Imaginar un futuro más favorable a los derechos y darle cuerpo.”

Andaba a vueltas con el nuevo informe de la relatora especial de la ONU para los derechos culturales, dedicado en exclusiva a las prácticas artísticas y culturales que obedecen a un compromiso social, centradas en la construcción y promoción de los derechos humanos, cuando estallaba en España esta semana horrible para la libertad de expresión y creación (me pilló leyendo “precisamente porque las expresiones culturales y artísticas son poderosas corren peligro de ser atacadas, manipuladas o controladas por quienes tienen el poder o aspiran a él”). Como se invoca repetidamente en esta nueva aportación a la discusión global por parte de la experta en derecho internacional Karima Bennoune, elijo yo también tomar refugio en la capacidad para la creación de nuevos horizontes que reside en la cultura, subrayando algunas ideas que me han parecido interesantes para la consolidación del enfoque de derechos humanos dentro de las políticas culturales, así como, desde mi punto de vista, para abrir o consolidar vías de pensamiento y acción.

  • Mentalidades de exclusión y construcción de la confianza social:

Se viene repitiendo en los trabajos de las relatoras el llamamiento (desesperado) a abordar colectivamente los procesos sociales y culturales de “creación del enemigo”, la búsqueda de la complicidad de creadores y artistas para cortocircuitar la simplificación, la esclerotización de identidades binarias así como para investigar, debatir, avanzar, dialogar sobre la construcción de pertenencia social desde criterios no excluyentes (“eres de los nuestros porque no eres de los suyos”). En la identificación del problema creciente a nivel global respecto a la caída en picado de los niveles de confianza social junto a los niveles de confianza en las instituciones se nos lanza el reto: ¿cómo se construye la confianza social? Mucho más trabajado en escenarios de post-conflicto y justicia transicional, la pregunta resulta retadora también en nuestras democracias de baja intensidad (el Ministerio de la Soledad inglés da buena cuenta de ello): ¿qué políticas están destruyendo los vínculos sociales y la confianza en los demás en todo el globo?, ¿qué papel pueden jugar las prácticas artísticas y culturales para reconstruir los lazos rotos?, ¿qué tenemos que hacer para crear confianza, cómo se moviliza políticamente?

 

 

  • Revisión y negociación de las propias identidades culturales:

Los artistas y creadores son agentes privilegiados para la revisión y negociación de las tradiciones, valores, prácticas que constituyen las propias identidades culturales. Es en estos procesos de contraposición en los que se logra intercambiar visiones de futuro y “desnaturalizar” los discursos dominantes. Desde este marco internacional se hace hincapié en “el derecho de los artistas a disentir, a utilizar símbolos políticos, religiosos y económicos como contraposición al discurso de los poderes dominantes y a expresar sus propias creencias y visión del mundo”. En el trabajo desarrollando por la USDAC para la creación de una democracia cultural a través de la socialización y réplica, por ejemplo, de la práctica de los debates ciudadanos sobre el “estado de las personas de la nación” se visibilizan este tipo de acciones enfocadas a la “desarticulación” de las identidades dominantes.

 

  • Trauma colectivo y transmisión intergeneracional:

Viene a través del ámbito anglosajón a anidar en este informe, aunque aún de un modo tibio, la petición de profundizar en la investigación de los procesos de transmisión intergeneracional del trauma colectivo. Sorprende el olvido (por no decir la confusión de genealogías) al que especialmente  la izquierda europea ha sometido las grandes aportaciones realizadas por quienes, siendo inicialmente discípulos (¡DISCÍPULAS!) de Lacan, avanzaron, alejándose de sus posiciones de partida, hacia la investigación tanto psicogenealógica como del peso de las emociones políticas colectivas en la psique individual. Que ante la situación actual europea no estemos releyendo y reivindicando a figuras como María Torok, Françoise Dolto o la muy curtida en la Resistencia Francesa, Anne-Ancelin Schützenberger y toda su obra debería, al menos, sorprendernos. Es, en la actualidad, a través del trabajo con pueblos indígenas, los colectivos de autogestión en salud mental y los procesos de construcción de paz, con sus debates asociados respecto a los límites de los procesos y las actividades artísticas memoriales, los que están llevando al centro del debate social la cuestión: qué peso tienen en nuestras vidas los duelos colectivos, traumas sociales y políticos no resueltos de las generaciones anteriores, qué impacto sobre la identidad colectiva, cómo se transmiten generacionalmente las emociones políticas, cómo se transmite generacionalmente la construcción del enemigo y qué parte de nuestra identidad queda asociada precisamente a la distorsión de ese otro.

 

 

  • Cultura y dignidad humana:

Me resulta inspirador el modo en el que se está abriendo paso el discurso que liga la cultura no sólo con la universalidad de los derechos humanos sino con el reconocimiento de la “dignidad humana”. Situar nuestras políticas culturales en este marco, nos permitiría abordar desde otro ángulo, por ejemplo, tanto los modelos económicos y laborales presentes en los intercambios comerciales culturales nacionales e internacionales y valorar su impacto en términos de respeto a la dignidad humana, como responsabilizarnos también desde las políticas públicas culturales de los crecientes procesos de deshumanización (articulados culturalmente, no crecen en el aire) que presionan a las minorías de todo el globo, con ímpetu creciente en Europa.

 

Compartiendo el reconocimiento de que “las actividades que se realizan en el ámbito del arte y la cultura pueden ayudar considerablemente a crear, desarrollar y preservar unas sociedades en las que se hagan efectivos, cada vez más, todos los derechos humanos”, me quedo con estos cuatro ejes transversales recogidos de soslayo en el informe, dada la urgencia de lo que señalan y el camino colectivo que alimentan.

 

 

 

Derecho a crear y capacidades

Estefanía Rodero 1 comentario

 

Este verano conocí el trabajo realizado por la diseñadora centroamericana Isabella Springmühl. Isabella ha participado con su propia firma como creadora invitada en la Semana de la Moda de Londres, apostando por una colección que pone en el centro el cuidado a la diversidad corporal. Isabella Springmühl que, como explica ella misma “ha roto su propio paradigma”, es una mujer con síndrome de down.

Hizo que recordara el trabajo reciente de Anna Vives en la creación de un nuevo diseño tipográfico (“las letras de Anna”) que se extendió rápidamente llegando hasta la camiseta de Iniesta y la moto de Jorge Lorenzo, en la capacidad que tiene –a veces…- el deporte para amplificar valores que importan.

Más allá de los casos de gran y merecido éxito, en un nivel más cotidiano de protección del derecho a crear sin discriminación, me pregunto qué políticas culturales estamos desarrollando en España para garantizarlo. La focalización de los programas de creación en las grandes ciudades, la dependencia de dichos programas de organizaciones no gubernamentales y la consabida tiranía de la búsqueda de financiadores, el hecho de que las acciones de patrocinio y RSC que acompañan muchos de estos proyectos impongan a veces por intereses de comunicación y marca un sesgo de edad a favor de acciones sobre infancia y discapacidad desatendiendo los programas para personas mayores, el foco político (cuando existe…) en las acciones de acceso como público sin peso en las políticas de creación, la «desprofesionalización» de su formación cuando se da, son algunos de los elementos a los que se enfrentan cada día los creadores de capacidades diversas. Llama la atención también que todo lo relativo al día a día de las personas con discapacidad se englobe en el campo de las políticas de servicios sociales como si el resto de Ministerios o Consejerías pudiese desentenderse de la protección a la diversidad de la población española en cada una de sus acciones políticas, o como si la vulneración de los derechos culturales en nuestro país no fuese un tema propio del sector de la cultura.

 

 

Experiencias exitosas como Debajo del Sombrero, la compañía teatral Paladio Arte o tímidos avances como la programación en la anterior temporada por parte del Centro Dramático Nacional de la obra protagonizada por personas con discapacidad intelectual “Cáscaras Vacías”, no suplen la necesidad de programas públicos estatales de apoyo a la creación en la diversidad. Quienes somos familiares de personas con discapacidad soñamos con programas como el inglés UNLIMITED apoyado por el Arts Council England y con apoyo a la financiación desde el sistema de loterías que, entre otras acciones, está promoviendo un cambio de narrativa de lo más empoderador: “No les necesitamos, nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

El derecho humano a no tener que recibir siempre, a reivindicar la capacidad de dar y aportar al mundo la propia mirada, voz, creatividad y talento requieren políticas sensibles al acceso a la creación. Al fin y al cabo, no todas tendremos el talento de la escultora Judith Scott, pero queremos intentarlo.

Educación para la dignidad humana

Estefanía Rodero 1 comentario

Cuando en el mes de febrero, Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, tomó la palabra tras 11 años de lucha para que el Estado mexicano reconociese la inocencia de las tres mujeres indígenas encarceladas injustamente durante tres años (entre las que se encontraba su madre) y reparase el daño sufrido, la Fiscalía federal de México no sabía que iba a recibir en minuto y medio una lección de filosofía del derecho sobre el concepto de dignidad. Más allá de la fuerza del “ser una mujer, indígena y pobre no es ninguna vergüenza” y de devolver a la enunciación política la raíz de la exigencia de respeto, su “hasta que la dignidad se haga costumbre” vino a reivindicar también, como ha escrito Antoni Aguiló, que:

“los derechos humanos describen narrativas de resistencia y dinámicas de lucha por la dignidad humana: son procesos históricos heterogéneos que congregan experiencias de empoderamiento social y político para transformar realidades opresoras. Desde esta óptica, se inscriben en un marco de posibilidades que impugnan el poder constituido y afirman el poder constituyente desde abajo.”

 

Ya en el año 2009, Amnistía Internacional lanzó su campaña Exige Dignidad tratando de aglutinar en un único valor las múltiples dimensiones recogidas en los derechos humanos, haciendo un gran esfuerzo en la creación de materiales educativos e informativos dirigidos no hacia una educación para la ciudadanía, sino hacia la “educación para la dignidad humana”. En relación a la cultura y la dimensión de los derechos culturales inherentes a dicha dignidad llamaba de nuevo la atención en relación a los aspectos simbólicos y el peso de las cosmovisiones en relación con el significado y garantía del derecho a la vivienda, la alimentación, la relación con la tierra y el entorno natural, la atención médica, la significación de la religión, el acceso a la educación y el peso de las artes. Entroncaba así con la afirmación repetida hasta la extenuación por la relatora de derechos culturales Shaheed acerca de la necesidad de la vernacularización de los derechos humanos.

 

 

Si el deseo de Kant de que los seres humanos fuesen tratados como fines en sí mismos y no como medios suele estar presente en las definiciones de dignidad, las nociones de “lo inherente a todas las personas”, “lo intrínseco de ser humanos” se repiten en toda la literatura al respecto. Sin embargo, desde mi punto de vista la afirmación de que la dignidad no depende de valores externos puede derivar hacia una irresponsabilidad colectiva respecto a la construcción de entornos en los que se garantice y se proteja, evitando que el ejercicio de la misma tenga que convertirse en un acto de heroicidad. Si, como se repite una y otra vez, la vida y la integridad de las personas no pueden ser sustituidas por otro valor social, ¿cuál sería la medida de nuestra responsabilidad en relación a la creación de espacios cosificados e impersonales en los que la irisación de la concreta humanidad del otro desaparece bajo el peso del “ser sólo herramientas”?

De igual manera, si la dignidad humana recogida en diferentes textos constitucionales, incluido el español se articula en base a dos ejes: estar libres de ofensas y humillaciones y la libertad de actuación y para el desarrollo de la personalidad, ¿qué políticas educativas, comunicativas y culturales estamos desarrollando para desplazar de su actual centro la visión utilitarista de los vínculos humanos (por ejemplo, la amistad como networking) hacia un paradigma de lo relacional y social como fin en sí mismo?

Me he quedado dándole vueltas y me he sentado a escribir a raíz de la propuesta de una Educación para la dignidad humana. Nos coloca en otro sitio. Personalmente el cambio de mirada que propone me parece un cortafuegos urgente ante el progresivo avance del neoliberalismo en la explotación comercial tanto de la intimidad como de los cuerpos, sustentada sobre la reducción paulatina de lo que englobamos bajo el paraguas de la dignidad.

 

Por una narrativa política de la vulnerabilidad: enfermedad mental, dolor y democracia.

Estefanía Rodero 4 comentarios

(Gracias a Mad In América para el mundo hispanohablante por haberse hecho eco de este artículo, 03/05/2017)

«Somos delicados como corazones de insectos.»

Maga

Hay revoluciones que, por disputar discursos y darse en espacios históricamente silenciados, quedan fuera de foco y a las que se impide que sus avances para la autonomía de todos y su conocimiento de nuevas estrategias y planteamientos fortalezca, nutra y dialogue con el conjunto de la sociedad. En los últimos años y a nivel internacional se está viviendo un cambio de paradigma clave en el campo de la salud mental basado en el reconocimiento de la vulnerabilidad como fortaleza discursiva y en la denuncia de los procesos a través de los cuáles este obvio elemento constitutivo de lo humano ha sido excluido de nuestro sistema político y económico. La irrupción de enfoques democratizadores, con protagonismo comunitario de las personas con enfermedad mental y en claro diálogo con la autogestión y la economía social es una respuesta de empoderamiento constante frente a la imposición del modelo transnacional farmacéutico.

Si existe un campo en el que históricamente se incardinen las relaciones entre lenguaje, pertenencia y poder y en el que se hayan hecho cuerpo todas las definiciones plausibles de control y violencia, ése es el campo de definición de la enfermedad mental. La negación de la pertenencia, los mecanismos del encierro (real o simbólico), la señalética social por la que se construye el estigma, la reducción al silencio, la pretensión de objetividad o la reducción de la experiencia al monólogo ajeno a la comunidad han sido las formas de violencia a través de las que se ha ejercido el control político imponiendo un modelo autoritario y jerárquico basado en la cosificación de la experiencia humana, la negación de la igualdad y el estatuto de ciudadanía de las personas con enfermedad mental. En el pensamiento occidental, aún nos quedaría un fértil terreno de estudio comparado -y no por casualidad- sobre la similitud de la construcción social de la locura y la disidencia política.

En la necesidad de nuestras democracias de realizar, como señaló Foucault, una “arqueología del silencio”, desde los nuevos paradigmas de salud mental se nos está recordando insistentemente el carácter estigmatizador y antidemocrático de los relatos impuestos desde la Academia y los medios de comunicación, el peso demoledor que el discurso de la “neutralidad del saber científico” está teniendo a la hora de revelar el entramado económico y los intereses de la industria que circundan los abordajes médicos de la enfermedad mental , así como la dificultad para que se abran paso, ante la hegemonía del modelo biologicista y la intervención farmacológica descontextualizada, otros enfoques, modelos comunitarios y experiencias que, desde el abordaje psicoterapéutico, están demostrando mejoras significativas sobre el bienestar personal y colectivo en materia de salud mental.

Muchas de estas experiencias, como el documental  que recoge la historia en primera persona de la escritora estadounidense Joanne Greenberg, o la difusión del renombrado abordaje de la enfermedad mental desarrollado en hospitales finlandeses Open Dialogue están encontrando en la cultura libre, el apoyo audiovisual y el trabajo internacional en red aliados clave para la socialización de “maneras otras” de construir salud mental. Si como afirma una canción del grupo Maga, “somos delicados como corazones de insectos”, quizá una de las preguntas más importantes que tengamos que afrontar colectivamente ante la actual crisis política y de significado global sea cómo construir sociedades (y organizaciones) que no huyan de su propio dolor y en las que la vulnerabilidad, de un modo seguro e inclusivo, pueda formar parte.

Si bien en el mundo de habla hispana han sido las radios comunitarias como la argentina Radio Colifata o la española Radio Nikosia las que han puesto en el centro el poder de la autogestión en el diálogo social con la enfermedad mental, desde los Países Bajos y el espacio anglosajón, destaca la experiencia del Movimiento internacional Intervoice. El inteligentísimo “caballo de Troya” que supuso la intervención en 2013 de Eleanor Longden en TED, contrastando desde la vivencia personal y familiar de la esquizofrenia, la definición social del éxito que niega y se muestra incapaz de afrontar la realidad humana del trauma, permitió visibilizar con gran fuerza la experiencia en red que estaba desarrollando este movimiento.

Una de las claves que caracteriza a Intervoice, junto a la defensa permanente de los derechos humanos en el campo de la salud mental, es su manera de abordar el papel del contexto. Como comparte la rama española Entrevoces, nacida del 7º Congreso Mundial  de la Red celebrado en Alcalá de Henares en 2015 :

“La salud mental no es una isla al margen de la realidad (…) Pensar la salud mental exige por tanto pensar el contexto, hacerlo a nivel global y a nivel local. De lo contrario, si concebimos el dolor de cada cual como una parcela aislada, nos encontraremos validando el mundo que ya conocemos y en el que muchos de nosotros enfermamos o enloquecimos: uno donde se ofrecen soluciones privadas para procesos colectivos, el sálvese quien pueda de este capitalismo tardío que habitamos (…) Partimos del reconocimiento de algo evidente: estamos sumergidos en la precariedad. Cada vez son más los aspectos de la vida que se sitúan (con mayor o menor violencia) fuera del control de las personas. Sean recursos o afectos. La precariedad nos separa y sabotea la comunicación. Hay una conexión directa entre el hecho de que se construyan barrios sin plazas donde los vecinos puedan encontrarse y el que las consultas psiquiátricas se hayan convertido en dispensadores unidireccionales de psicofármacos. Ambas cosas son signos de nuestro tiempo, un tiempo donde nadie escucha a nadie y además se nos presenta como si fuera algo normal o natural.”

En la misma dirección están apuntando los impulsores de “La revolución delirante” que desde Valladolid, también están abordando una relación no jerárquica con la locura (eligen denominarla así frente a  “enfermedad mental”) y  favoreciendo un compromiso social y crítico con el entorno.

 

Frente a todo ello y a nivel político y social esta revolución de lo vulnerable nos está planteando algunas preguntas importantes:

  • Ante la actual crisis internacional de retroceso democrático la mayor parte de análisis están privilegiando el papel que está jugando el miedo en la creciente ola autoritaria frente a la urgente reflexión y acción colectiva que deberíamos estar desplegando sobre la vivencia del DOLOR en nuestras sociedades. La pérdida de certezas y rituales compartidos ante el dolor que procuraban las religiones, una crisis global de las definiciones de masculinidad en la que aún no hemos abordado colectivamente el peso que la negación y prohibición de la expresión social del sufrimiento impuesta por el patriarcado a los hombres ha tenido en la legitimación social de las respuestas violentas, así como el cóctel molotov que a estos dos factores incluye una cultura del capitalismo tardío basada en el aislamiento y el éxito competitivo, deberían llevarnos a cuestionar con urgencia nuestra manera de afrontar el dolor social.

 

  • Frente a la huída a la “seguridad del pasado” que el nuevo autoritarismo está ofreciendo como respuesta al dolor (huída sostenida, por cierto, sobre representantes de masculinidades que se creían en retroceso) y frente a la huída narcótica del sufrimiento que sostiene el propio neoliberalismo, ¿cómo construimos alternativas que INCLUYAN CON DIGNIDAD la experiencia del trauma, personal y colectivo, del dolor y la multiplicidad de sus expresiones en nuestras sociedades antes de que vuelvan a ser empujadas a los márgenes?

 

  • ¿No deberíamos estar hablando sobre cómo generar nuevas narrativas que frente a modelos de acción política aún muy lastrados por la visión judeocristiana que propugnan el sacrificio, la resistencia pasiva o activa o la heroicidad hipermasculinizada como valores superiores, integrasen la humanísima realidad de nuestra vulnerabilidad y se preguntasen por la manera en la que vivimos el dolor en nuestras organizaciones y sociedades?

 

  • ¿No podríamos rendirnos ante la evidencia de que la terca exclusión de nuestra necesidad de vivir, dar sentido y expresar nuestro dolor en común esté poniendo en riesgo nuestras democracias?