Artistas europeos contra el TTIP

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(Gracias a Periódico Diagonal por hacerse eco de este artículo, 13 de octubre de 2016)

Hace unos días, me sorprendió sorprenderme ante el hecho de que la Red Europea de Artes Escénicas IETM, en su plenario anual que se celebrará en noviembre en Valencia, hubiese programado un grupo de trabajo específico sobre los efectos del TTIP sobre la cultura europea. Mi “sorpresa” por el fuerte carácter sectorial de la reivindicación devino en alegría al conocer el llamamiento a la intervención de la UNESCO para la defensa de la diversidad cultural europea que han promovido las principales asociaciones culturales y artísticas austriacas, así como la oposición a la firma del Tratado y la defensa de la excepción cultural lanzada por Culture Action Europe.

Interesante ha sido también la movilización de los artistas ingleses a través de la iniciativa Artists against TTIP, que en colaboración con las iniciativas de la organización War on Want y el periódico The Guardian, están acercando a la opinión pública la reflexión sobre el impacto que esta nueva herramienta del neoliberalismo global tiene sobre la cultura, así como están haciendo una labor de puente con las movilizaciones contra los Tratados presentes también en los EEUU.

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Aunque ya analizamos en profundidad en otros artículos los efectos del TTIP en la cultura europea, me pareció remarcable realizar, precisamente en la Semana en la que se celebra el Otoño en Resistencia (#niCETAniTTIP, del 8 al 15 de octubre)  un breve análisis comparado del papel que el sector cultural español ha desarrollado en las movilizaciones.

La aún pobre presencia de los artistas españoles en las campañas contra el TTIP (Nacho Vegas, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Kiko Veneno…) sigue realizándose a título individual o dentro de la esfera de acción de los partidos políticos sin que se haya logrado hasta la fecha articular ni discursiva ni organizacionalmente una reivindicación sectorial que logre trasladar al modo de Artists against TTIP, el impacto demoledor que sobre la  muy precaria situación de las políticas culturales en España podría tener la puesta en marcha del Tratado.

Junto a la urgente reflexión que ha venido desarrollándose en estos dos últimos años en España sobre el papel que pueden jugar los artistas como constructores de sentido y como creadores de nuevos paradigmas frente a las lógicas más feroces del mercado, también se han empezado a oír voces críticas dentro del sector cultural ante el hecho de haber focalizado demasiado la atención en el IVA cultural, en detrimento de otros aspectos que también están asfixiando a los trabajadores de la cultura en nuestro país.

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El compromiso #CulturaEsRiqueza impulsado por la compañía teatral FeelGood, la plataforma Seguir Creando o la denuncia sobre las condiciones de contratación que han hecho oír artistas como la soprano Miren de Miguel, iniciativas aún esporádicas, han mostrado una realidad más poliédrica que nos obliga a abrir el foco y a construir un discurso más amplio como sector profesional que logre poner las condiciones socio-laborales y la exigencia de políticas que garanticen la protección de los derechos culturales en nuestro país. Como ya analizamos, el TTIP por su efecto sobre los derechos laborales y su progresivo desmantelamiento de algunas de las herramientas de protección de la diversidad cultural (con un impacto especialmente lesivo sobre la cultura y las economías rurales) no haría sino agravar la precaria situación que desde esta multiplicidad de voces se viene denunciando.

Quizá desde el sector cultural podríamos aprovechar la sinergia de esta semana europea de movilizaciones contra el TTIP, las conclusiones que dejará el encuentro de IETM en Valencia y la articulación coral de todo lo que ya están trasladando los artistas españoles en sintonía con sus iguales europeos para consolidar una visión sectorial más fuerte en la defensa de nuestros derechos que logre llegar con más nitidez a la sociedad española.

 

¿Defender el paisaje?: patrimonio natural y extractivismo en Castilla y León

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Que la UNESCO suele guardar silencio ante los estragos que el extractivismo causa sobre el patrimonio natural puede comprobarse a lo largo y ancho de América Latina. Que dicho silencio se convierte en total desaparición cuando dicha amenaza sobrevuela el medio rural europeo, también es una obviedad.  Al fin y al cabo el patrimonio natural siempre ha sido una suerte de “añadido” para las políticas públicas de conservación del patrimonio, convirtiendo su defensa, la mayor parte de las veces, en un enorme cajón de sastre en el que confluyen las políticas culturales, medioambientales, agrarias, económicas y de desarrollo.

En las instituciones culturales españolas, se repite esta misma actitud de “laissez faire” de la UNESCO, tanto en el nivel estatal, autonómico y local poniendo en riesgo a través de su inacción nuestros paisajes culturales y contribuyendo así  a la desprotección del patrimonio natural a través de la negación de su dimensión cultural, simbólica, emocional e identitaria transmitida generacionalmente.

Pero ante el caso de la mina de uranio de Berkeley en el Campo Charro salmantino, la inoperancia de la Junta de Castilla y León se lleva la palma.

Si en la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972 ya se afirmaba: “se constata que el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles” y en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España en el 2008 se establecía como línea prioritaria la protección de los mismos, “entendiendo como protección las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial”, ¿quién, a nivel institucional en Castilla y León está haciendo cumplir la legislación internacional  y nacional al respecto y protegiendo el paisaje de la dehesa salmantina amenazado por el fantasma del extractivismo que trae de la mano la minera australiana?

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A una le gustaría saber en qué momento y bajo qué criterios la Junta de Castilla y León hizo desaparecer de las Direcciones generales de políticas culturales y de patrimonio cualquier referencia y competencia en defensa del patrimonio natural y exactamente quién se está haciendo cargo de la defensa del paisaje, mucho más cuando la defensa del medio ambiente en esta comunidad va de la mano de Fomento.

Si ya ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a anular el Consejo regional de medio ambiente de Castilla y León por la amalgama de intereses que impedían el derecho a la participación ciudadana, ¿debemos pensar que es únicamente la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León la garante de los derechos de la ciudadanía a la protección de su tierra?

Al margen del muy necesario debate (que ya hemos desarrollado en otras ocasiones) respecto al turbio entramado de fundaciones, empresas semi-públicas y demás procesos privatizadores de lo institucional en nuestra comunidad, ¿de verdad es una cuestión menor que la Fundación Patrimonio Natural que tendría que estar velando por la conservación de la dehesa charra y de sus más de 4500 hectáreas protegidas, sus 25.000 árboles en riesgo, su fauna y su incuestionable papel como paisaje cultural – que ya debería haber sido impulsado por esta misma Junta de Castilla y León para su reconocimiento como tal por el Consejo de Europa-, tenga como socios a las principales multinacionales españolas que desarrollan en América Latina la misma política extractiva con la que Berkeley amenaza ahora el Campo Charro?

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¿De verdad es coherente, por ejemplo, que ACS forme parte del patronato en defensa del patrimonio natural de Castilla y León mientras uno de sus complejos hidroeléctricos ha despojado a más 29.000 indígenas quekchis fuera de su territorio y del acceso mínimo al agua? ¿Esperamos que el patronato de la Fundación proteja aquí lo que desprotege allí? ¿Este patronato de empresas privadas se va a enfrentar a Berkeley?

Más allá de la infatigable movilización ciudadana de Stop Uranio , ¿alguien puede decirnos a qué se debe el silencio institucional de quienes obligatoriamente han de velar por la protección del patrimonio natural en la Junta de Castilla y León?, ¿cómo se posiciona dicha Fundación ante la situación del Campo Charro?, ¿de verdad en nombre del patrimonio natural castellano-leonés se puede guardar silencio ante un daño de estas proporciones? Y si la Fundación Patrimonio Natural no está cumpliendo con los objetivos de protección que la sustentan, “poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno”, ¿es lógico que este organismo siga financiándose con dinero público de los castellano-leoneses?

 

Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

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Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

El TTIP contra las mujeres

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Publicado en Pikara Magazine el 16 de enero de 2015

Publicado en Viento Sur el 11 de marzo de 2015

 

Hace unos meses Lourdes Benería manifestaba que el feminismo en Europa no había cuestionado con la suficiente fuerza lo que nos traía el modelo neoliberal, que no había introducido como algo central este tema en su agenda. No estábamos haciendo el suficiente hincapié en que cada vez es más profundo el conflicto entre capital y vida. Veíamos a nuestras compañeras latinoamericanas movilizarse contra el NAFTA, contra el ALCA, generar nuevos frentes contra el libre comercio, salir a la calle bajo el lema “somos mujeres, no mercancías”, pero aunque desde las redes internacionales se seguían y conocían estos procesos, la “maquilización”, se consideraba más un tema de apoyo a las redes feministas que como un tema PROPIO de nuestra agenda.

Pues bien, ya tenemos en casa el caballo de Troya, se requiere información, acción y respuesta porque, como ya se ha dicho, no se trata de un enfrentamiento entre EEUU y Europa, sino un abuso del poder corporativo y multinacional frente a la soberanía democrática.

ENTRANDO DE LLENO EN EL ASUNTO:

¿Qué nos estamos jugando las mujeres con la aprobación del TTIP?

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Sabemos que el proceso de negociación no está centrado en el tema arancelario, sino en la “cooperación reguladora”, es decir, normativas a la baja. Pues bien, ¿cuál es la “normativa más baja”?

EEUU es la única democracia que no ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, no reconoce (al igual que Irán, Somalia o Sudán del Sur) al CEDAW, ni ha firmado el protocolo del mismo que, con sus fallos y lentitudes, permite las denuncias individuales por discriminación y la investigación internacional. Precisamente han sido los grupos que ahora se están sentando a negociar con la UE los que frenaron el proceso de ratificación, es decir: grupo conservador, el fundamentalismo religioso estadounidense y el sector empresarial, en base a tres argumentos, revestidos de ética, con efectos comerciales:

  • “Obligar a los EEUU a pagar a hombres y mujeres lo mismo por igual trabajo atenta contra las bases del sistema de libre comercio y es un ataque a nuestra soberanía” (Senadora Wendy McElroy)
  • La garantía de los derechos sexuales y reproductivos –públicos y gratuitos- y la libertad sexual son contrarios a los derechos religiosos, que prevalecen. “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad y ven a la maternidad con el mayor honor y respeto” (Y benefician a la sanidad privada)
  • La coeducación y la corresponsabilidad atentan contra los valores tradicionales de la familia “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad (Y sustentan los cuidados que permiten que el capitalismo funcione)
  • Entre los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que EEUU no ha firmado se encuentran:
    • Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
    • Apoyo a trabajadores/as con responsabilidades familiares.
    • Trabajadores/as domésticos.
    • Año 2000, Convenio sobre la protección de la maternidad (regulan los permisos, prestaciones, derecho a la lactancia)

El riesgo en el proceso de negociación comercial, que contempla todas las protecciones laborales que buscan la corresponsabilidad como COSTES a eliminar, es que las empresas europeas que los aceptaron obligadas y a regañadientes (como nos recordó el Círculo de Empresarios la semana pasada) por las legislaciones nacionales, aprovechen la coyuntura para presionar a los gobiernos, en aras del beneficio económico y el éxito comercial, para desregular y retroceder en este campo.

Nos preocupa también que, a través de la puesta en marcha de los tribunales ISDS, que equiparan multinacionales y estados soberanos a través de un burdo sistema de arbitraje, puedan sancionar en aras de los daños comerciales, políticas públicas de fomento de la corresponsabilidad que para nosotras son muy importantes, como la ampliación de los servicios públicos de guardería en el periodo de 0 a 3 años o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, ampliados y pagados.

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De igual manera, en los procesos de privatización de servicios públicos y recortes en el Estado del Bienestar que están en juego, por la feminización del empleo público (precisamente por el mayor cumplimiento de las leyes de protección en lo público que en lo privado) lo que se destruye es empleo de calidad de las mujeres, transformándolo en empleo precario. Mientras nuestro secretario de estado de comercio, Jaime García –Legaz afirma que el TTIP creará 144.000 empleos, el Centro de investigación de política económica de los agentes de banca de Londres estiman en dos millones los empleos en riesgo entre EEUU y la UE. Las multinacionales no generan puestos de trabajo, aumentan sus beneficios, pero la creación de empleo nunca ha sido una prioridad, está siempre vinculada a la PyME.

Igualmente, cuando se recortan servicios públicos, aguantan el “shock social” las mujeres, haciéndose cargo de la sostenibilidad del bienestar y la vida, y minimizando los efectos de los recortes en servicios para la infancia, la salud o la dependencia. Sabemos también que en el caso de rentas altas, estos recortes se solventan traspasando las labores de cuidados a las mujeres del Sur, emigrantes, con el efecto devastador que tiene sobre sus propias sociedades de origen.

Siguiendo en la línea del avance de la precariedad, hay un área también muy feminizada, los servicios a las empresas y las comunicaciones y el sector cultural (la ICC) que también se van a ver afectados -el sector audiovisual, por la fuerte denuncia que ha tenido en Francia en su defensa de la excepción cultural parece que de momento se va a quedar fuera-. Reflexionando sobre los riesgos de la “maquilización de Europa”, pienso que nuestra maquila no va a ser tan industrial, como una maquila de la creatividad y el conocimiento. Contratos a tiempo parcial, trabajos desde casa que ahorran costes, negociación en solitario, jornadas eternas, efectos desocializadores que vuelven a invisibilizar el trabajo de las mujeres y que tienen una correlación sobre la salud y el bienestar (el aumento del consumo de psicofármacos). Como decía Benería sobre el hecho de haber sido poco tajantes, hemos hablado mucho de techos de cristal, que son muy importantes, que beneficiaban privilegios de clase, y no tanto de “suelos pegajosos” del riesgo de institucionalizar la precariedad, convertirla en norma y recortar la autonomía económica (con los efectos que tiene sobre la superación de la violencia de género o el día a día de familias monoparentales).

CONFLUENCIA CON EL ECOLOGISMO

En el proceso de confluencia del feminismo con la denuncia ecologista del TTIP ponemos el foco especialmente sobre la gran industria de la mercantilización y medicalización del cuerpo de las mujeres (no en vano L´Oreal es la segunda gran fortuna europea por detrás de Inditex, dos ejemplos de multinacionales con un patrón de consumo muy generizado y a la vez con una responsabilidad evidente sobre la explotación laboral de las mujeres del Sur). Pues bien, mientras que la UE prohíbe la utilización de 1200 sustancias químicas en este sector, EEUU prohíbe sólo 12, por lo que si en los procesos de negociación se va a la baja, la exposición a sustancias nocivas estará también generizada, a la vez que a través de la desregulación de la protección de datos para fines comerciales, estaremos bombardeadas por la llamada al consumo. La resistencia y la información que despleguemos aquí será clave.

También en el ámbito agrícola y ganadero (dejando a un lado el hecho de dar más espacio a multinacionales que están especulando con productos alimentarios básicos para la creación de agrocombustibles que impactan sobre la propiedad de la tierra de las mujeres y su soberanía alimentaria), en España corremos el riesgo de acelerar el proceso de DESPOBLACIÓN RURAL. Las mujeres están trabajando principalmente en las explotaciones familiares y en productos regulados y protegidos (denominaciones de origen) que están en riesgo frente a la entrada de las multinacionales agrarias y ganaderas estadounidenses. La emigración de las mujeres en el medio rural supone la muerte del mismo: se “solterizan” los pueblos envejecen, no hay niñ@s ni jóvenes, se pierden servicios básicos y se convierte en la pescadilla que muerde la cola, porque no atrae a nuevos pobladores.

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POR TODO ESTO:

Como nos han dicho nuestras compañeras latinoamericanas, la clave ahora está en NO ACEPTAR ESTE MODELO COMO UN HECHO y luchar porque los valores de la economía feminista pasen al centro. Se trata de decir NO a los acuerdos, ya no basta con introducir cláusulas de género o denunciar, por ejemplo, el sesgo androcéntrico de quienes lo están negociando (como dicen María José Capellín y Amaia Pérez Orozco, los BBVAh: Blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales). Se trata de hacer ver que la macroeconomía no es neutra y que el patriarcado y el neoliberalismo van de la mano y se refuerzan mutuamente. Se trata de entender que la denuncia del feminismo al neoliberalismo y al capitalismo más feroz apunta a la línea de flotación. Se está mercantilizando la vida, los cuerpos y nos toca ya llevar a la opinión pública el hecho de que el centro son las personas, no los mercados y empezar a socavar la lógica de la ACUMULACIÓN. Una vida dedicada al más, más, más lejos, más cantidad, ¿para qué? Nos toca el diálogo de confluencia con todas las economías críticas para generar una respuesta firme y crear alternativas y llevar al centro nuestra ECODEPENDENCIA y nuestra VULNERABILIDAD. La imagen de la competición individualizada y feroz, del sálvese quién pueda, es irreal e insostenible, porque la vida no es así, la vida es en relación. Por eso a pesar de la urgencia, no podemos renunciar a seguir pensando sobre el sentido de nuestro trabajo, ni renunciar a la terquedad de que no todo es monetizable.

Hay que huir también de los discursos que individualizan el “fracaso” y nos aíslan, sin tener en cuenta que estamos sufriendo las consecuencias de la avaricia y la extracción (de los cajeros) hecha política.

Podemos pararlo, ya se ha hecho antes, se han conseguido 500.000 firmas contra el TTIP en 5 días, con movilización en 27 países, ha habido protestas en más de 300 ciudades, están pendientes de sus costes electorales y creo que, con el feminismo también en pie, con la estrategia del vampiro que propone Susan George, pararemos el TTIP exponiéndolo a la luz.