Construyendo el cortafuegos: derechos culturales contra el fundamentalismo

Esto es una llamada de advertencia para nuestros tiempos.

Nos enfrentamos a una avalancha de odio mundial que avanza

en múltiples direcciones, a la que debemos dar una respuesta mundial urgente.”

Conclusiones del Informe, Párrafo 93

El pasado 16 de enero se publicaba el nuevo y urgente Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, Karima Bennoune, sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre la protección de los derechos culturales, ante la acuciante necesidad de articular una respuesta transnacional ante el aumento alarmante de las prácticas y discursos de odio en todo el globo que recogiera las vulneraciones más recientes a los mismos como las acaecidas tras el Brexit, la victoria de Trump, la política migratoria de Macri,  el trato a los refugiados en Hungría o el auge del neofascismo en Europa.

Más allá del esfuerzo por la clarificación terminológica tanto en el texto como en el entorno de Naciones Unidas entre fundamentalismo (“movimientos políticos de extrema derecha que, en el contexto de la globalización manipulan la religión, la cultura o la etnicidad, para conseguir objetivos políticos” Marieme Hélie-Lucas, “se trata, esencialmente, de una manera de pensar basada en la intolerancia respecto de lo diferente, con un gran protagonismo de los intentos de destrucción y borrado de la cultura de los demás y el carácter sincrético de la cultura y la religión, acabando con la diversidad cultural”) y extremismo, entendido como un concepto más amplio, impreciso y dinámico que el primero, desde España debería llamarnos la atención uno de los primeros ejes de alerta recogidos en el Informe.

Así se nos muestra la alarma de los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y de la protección de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, ante la creciente banalización tanto de las definiciones en las leyes nacionales como de las acusaciones de extremismo que están sirviendo a nivel internacional para perseguir la disidencia política, sofocar el activismo y coartar la libertad artística y de expresión. La alarma ante la irresponsabilidad de dicha banalización se produce por el innegable socavamiento de la lucha contra el extremismo real que produce. Sin ir más lejos, esta semana en España se dictó una nueva sentencia judicial contra la libertad artística que, ateniéndose, como en el caso de los titiriteros, a una lectura literal esta vez de la letra de una canción, ha condenado al rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel, profundizando la creciente alarma ante la violación reiterada de la libertad de expresión en nuestro país.

Si ya Farida Shaheed en un informe anterior se centró en el derecho a la libertad de expresión artística en la que tenía un papel clave la protección de las enseñanzas artísticas, en el actual informe cobra protagonismo la necesaria consolidación de una educación para la ciudadanía mundial que haga de contrapeso  a “la crisis de humanismo que tenemos delante”, poniendo el foco sobre la evidencia de que la articulación de políticas culturales desde el enfoque de los derechos humanos son centrales en la lucha contra el fundamentalismo:

“El arte, la educación, la ciencia y la cultura son algunas de las mejores maneras de combatir el fundamentalismo y el extremismo. No son lujos sino instrumentos básicos para generar alternativas, crear espacio para la oposición pacífica, promover la inclusión y proteger a los jóvenes de la radicalización.”

Así, Karima Bennoune, denuncia en el Informe los efectos colaterales de los recortes en materia cultural replicados durante la crisis y que han tenido un evidente efecto boomerang en todo el globo: “las medidas de austeridad a menudo propician que los campos de la cultura y la educación, entre otros, queden en manos de terceros, en particular de quienes persiguen objetivos fundamentalistas”, recordando la recomendación que ya realizó la UNESCO en su momento para que los Gobiernos destinasen un 1% de sus gastos totales para la cultura. Recordatorio, por cierto,  que se ha convertido en una inspiradora movilización comunitaria  en Bolivia a través de la iniciativa de Telartes, “Un 1% para Cultura”

Especialmente interesantes para el ámbito iberoamericano son también, frente a la sobrerrepresentación mediática internacional de los fundamentalismos islámicos, las consideraciones recogidas en el Informe respecto al auge de los fundamentalismos judíos y cristianos, tanto ortodoxos como evangélicos y su efecto principalmente sobre los derechos humanos de las mujeres, que tanto impacto están teniendo en Centroamérica.  

Como ya nos demostraron también pasados resultados electorales en Europa, en los que el voto de las mujeres resultó un cortafuegos decisivo frente al auge de las propuestas neofascistas, Bennoune se detiene también sobre el papel fundamental que juegan las organizaciones y los liderazgos internacionales de mujeres en la defensa de los derechos culturales en todo el planeta. Fue su predecesora Shaheed quien propuso un cambio de paradigma clave en relación a la protección de los derechos culturales de las mujeres. Logró “que se dejara de ver la cultura como un obstáculo y se hiciera hincapié en la necesidad de garantizar la igualdad de esta en el disfrute de los derechos culturales”. Que en el informe se subrayen los ejemplos de las organizaciones Para la Libertad de las Mujeres en Iraq,  Católicas por el Derecho a Decidir o Women On The Wall, así como se pongan en el centro de la alerta mundial los asesinatos a manos del fundamentalismo de la gestora cultural paquistaní, Sabeen Mahmud o la diputada inglesa Jo Cox, reafirma una de las conclusiones del trabajo: el hecho de que el aumento de la violencia hacia las mujeres es, entre otras cuestiones, una señal incuestionable de alerta ante el progresivo avance del fundamentalismo que “ha sido a menudo ignorado en aras de la unidad nacional y religiosa.”

Muy relevantes por el campo de trabajo que abren son los apuntes del informe referidos a la trazabilidad de la financiación de las organizaciones en relación con el auge del fundamentalismo y la persecución de los derechos culturales. Así se detalla, frente a distorsiones mediáticas, y en relación al auge del fundamentalismo cristiano en EEUU el hecho de que “grupos y líderes cristianos fundamentalistas de los EEUU han apoyado una campaña contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Uganda, mediante discursos y financiamiento”. Asistiríamos así a un nuevo fenómeno de financiación transnacional enfocado a la persecución de minorías. En esta misma dirección, aunque atendiendo a criterios de coherencia inter-políticas y fricciones entre acciones culturales y respeto a los derechos humanos en la política exterior de la Unión Europea, apuntaría por ejemplo a la incompatibilidad del hecho de otorgar el Premio Sajarov 2016 a las comunidades yazidíes, a través de Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, perseguidas por el Estado Islámico, a la vez que se mantienen relaciones comerciales y diplomáticas con uno de los principales países financiadores de ese mismo Estado Islámico, Arabia Saudí.

Por último, se recoge también la alerta sobre los crecientes usos discursivos por los que, bajo el empleo de nuevos lenguajes cercanos a la terminología de los derechos humanos y en base a la presentación de los propios extremismos o ultra-nacionalismos como víctimas de amenazas, (como están ejemplificando Trump o Marine Le Pen frente a refugiados y migrantes y como ya desmontó Judith Butler en su ponencia “Vulnerabilidad y supervivencia”),  se buscan recortar las libertades ajenas. Por ello se recuerda:

“Los derechos culturales no son lo mismo que el relativismo cultural. No son una excusa para vulnerar otros derechos humanos ni pueden usarse para justificar la violencia o la discriminación, y no habilitan a nadie a imponer identidades o prácticas a los demás, o a excluirlos de estas, en contravención del derecho internacional(…) La universalidad es uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra los efectos destructivos del fundamentalismo y el extremismo, y debe ser defendida.” (Párrafos 46-48)

 

Por todo ello, tras la lectura del nuevo Informe, nos sumamos a la llamada lanzada por Karima Bennoune tanto al sector profesional como a la sociedad civil en su conjunto para hacerse eco de las conclusiones y recomendaciones del mismo que buscan la articulación en red de un cortafuegos frente a la “avalancha de odio mundial” sabiendo que:

“los derechos culturales, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las personas, el respeto de la diversidad cultural, la universalidad y la igualdad.”

Todas las lenguas maternas: protección de los derechos lingüísticos en España

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Cuando en España se habla de diversidad lingüística, el electoralismo suele entrar en escena como elefante en cacharrería, impidiendo el sosiego necesario para hacer llegar a la opinión pública la percepción de toda la belleza y riqueza de lo que realmente se está hablando, la herencia que se transmite en cada lengua materna. No me refiero sólo al reconocimiento de facto de la oficialidad de las lenguas en la Constitución o los Estatutos de Autonomía de nuestro país, sino a la obviedad de que más allá de medidas simbólicas, las lenguas minorizadas necesitan acciones de protección efectiva para sobrevivir.

Según datos de la UNESCO, más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo pueden desaparecer en las próximas generaciones, no sólo amenazadas por el fallecimiento de sus últimos hablantes, como en el caso de muchas lenguas indígenas, sino por la persistencia de políticas culturales neoliberales que ven en la protección de la diversidad lingüística, como estamos viendo en Europa con las negociaciones del TTIP o el CETA, un freno al paradigma del “Libre Comercio”.

La falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos ha dejado este otoño un ejemplo paradigmático en Castilla y León. Mientras el astur-leonés (junto al aragonés) ya ha sido incluído en el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro y a pesar de que España ha ratificado tanto la Declaración por la Diversidad Cultural como las Convenciones de protección del patrimonio inmaterial y la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias, la Junta de Castilla y León se ha negado una vez más, desoyendo tanto al Procurador del Común como a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años protegiendo este patrimonio lingüístico en riesgo, a desarrollar el art. 5.2 del Estatuto de Autonomía que reconoce la importancia de la diversidad lingüística en Castilla y León.

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Estamos hablando, por tanto, del reiterado incumplimiento y negación por parte de las instituciones españolas (también con fricciones importantes relacionadas con la política lingüística en Aragón) de la legislación internacional de protección de los derechos lingüísticos, mucho más en aquellos casos en los que el peligro de desaparición de las lenguas va asociado a la pervivencia del mundo rural bajo la amenaza permanente de la despoblación. Cuando hablamos de estas formas “sutiles” de epistemicidio rural, una no puede dejar de recordar como símbolo extremo la belleza del planteamiento lingüístico sobre el quechua mostrado en la oscarizada película peruana “La teta asustada”.

Ante la pervivencia de modelos de política cultural en nuestro país que no se detienen a reflexionar sobre la vulnerabilidad de lo minoritario, sobre el incuestionable papel como protectores públicos y promotores de la pervivencia de este patrimonio inmaterial que deberían estar protagonizando las instituciones públicas, es urgente cambiar el paradigma de actuación de las políticas culturales de nuestro país hacia la defensa de los derechos lingüísticos en todos los territorios y la protección de su diversidad.

Esta misma semana se presentará en Donostia la propuesta de aprobación de un Protocolo de Garantía de los Derechos Lingüísticos, que pondrá de nuevo en el centro de la agenda mediática la necesidad de protección de las lenguas minorizadas, el papel que dicha protección puede jugar como elemento de construcción de paz y dimensión de los derechos humanos, así como contribuirá a aumentar la sensibilidad y conocimiento por parte de la sociedad en su conjunto de la riqueza que aporta la diversidad lingüística en nuestro país. Medidas de comunicación como el proyecto Idiomas en Peligro, impulsado por la Alianza para la diversidad lingüística, o el apoyo económico estratégico a todas las medidas de defensa de la bibliodiversidad que impulsen desde el mundo editorial la presencia y permanencia de lenguas minorizadas, se muestran absolutamente esenciales para divulgar con mayor impacto el conocimiento de nuestros derechos lingüísticos.

 

Repensar las políticas culturales

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Con motivo de la celebración de los diez años de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO, se ha elaborado uno de los Informes Culturales Mundiales de mayor calado y trascendencia ante los retos que las desigualdades generadas por la globalización y las derivas del Libre Comercio mundial están dejando en el panorama político internacional, Re-Pensar las políticas culturales. Aprovechando su reciente publicación en español, comparto una lectura sobre los principales ejes del mismo.

Entre las aportaciones clave que aportó en el 2005 la Convención estuvo, sin lugar a dudas, el reconocimiento explícito del “derecho soberano de los gobiernos para introducir políticas que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales”. Se estableció así a nivel normativo un necesario contrapeso a la entrada masiva de bienes culturales occidentales en los mercados internacionales, así como se promovió un análisis crítico del gran desequilibrio comercial que estaba sofocando manifestaciones culturales, identidades y valores al margen del modelo hegemónico neoliberal promovido por la globalización. Como ya  hemos abordado en otras ocasiones la importancia de la defensa de las soberanías culturales del Sur, quiero detenerme ahora en algunas de las tendencias en el diseño de políticas culturales que identifica el Informe, a diez años de la firma de la Convención, ratificada por 140 Estados-parte.

  • Sociedad civil y políticas culturales: una de las líneas de acción más importantes que se están abriendo paso a nivel internacional es la implementación de estrategias de co-diseño de las políticas culturales. El papel de las organizaciones de la sociedad civil gana protagonismo a través del diálogo entre las políticas de participación ciudadana y las culturales. Se reconoce también la necesidad de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar, seguir y evaluar las políticas culturales, aún hoy muy débil, tanto en relación con procesos de transparencia como de cumplimiento de objetivos. Si bien en el caso español estas prácticas (muy focalizadas en las grandes ciudades, prácticamente inexistentes en el resto de España) se han implementado en el nivel local, aún nos faltaría fortalecer esta dimensión dialogante y exigente de la sociedad civil española en materia de cultura a nivel estatal, la socialización y apertura del diseño de las políticas culturales como algo que afecta y puede mejorar sin duda nuestra vida cotidiana.
  • Diversidad mediática: Son varias las preocupaciones que recoge el Informe en materia de medios de comunicación. La constatación de que un mayor número de plataformas no tiene por qué garantizar la diversidad de contenidos y expresiones, la falta de cobertura y contenidos mediáticos relativos a minorías o que garanticen la igualdad de género, la invisibilización de la agenda del Sur global y la íntima relación entre diversidad mediática y construcción de democracia. Resulta interesante aplicar  algunos de los indicadores para la medición de este eje a la realidad española, no sólo en lo relativo a la libertad de leyes informativas y exclusión de la censura, ampliamente contestadas en las movilizaciones contra las Leyes Mordaza, sino al pluralismo en la propiedad de los grupos de comunicación o a los baremos de inclusión mediática de grupos históricamente marginalizados y la equidad en el tratamiento de los grupos sociales vulnerables, denunciado una y otra vez, por ejemplo, desde el campo de la salud mental y su tratamiento informativo.

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  • El papel de las mujeres como artistas y productoras de bienes y servicios culturales: una de las áreas más importantes del Informe reconoce explícitamente “la relación simbiótica entre la igualdad de género, los derechos culturales y la diversidad cultural”. Se hace hincapié especialmente en la necesidad de garantizar la igualdad en los espacios de decisión de las políticas públicas y de incentivar medidas que contrarresten la invisibilización de la creación artística de las mujeres. Frente a las carencias evidentes que aún arrastra España en este aspecto, iniciativas como MAV, Clásicas y Modernas o CIMA están señalando la obligación que tiene España a la hora de cumplir con esta dimensión contemplada en la Convención de la UNESCO ratificada en el 2006.
  • Acceso y participación: ¿Qué medidas está implementando cada país para promover el acceso a expresiones culturales diversas? No se trataría simplemente de implementar medidas de democratización cultural sino de ampliar aún más la mirada. Como señala Nina Obuljen en el primer apartado del Informe, algunas de las acciones para profundizar en esta dirección serían: “ promover el acceso y la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos autóctonos, jóvenes y mujeres en la vida cultural; promover el acceso y la participación de las personas desfavorecidas socialmente, con discapacidad, ancianos, así como la población en áreas rurales; mejorar la educación cultural; reducir las barreras en precios para acceder a los bienes culturales a través de medidas como IVA reducido o exento”. En España aún no está asentado el paradigma de los derechos culturales que contemple en toda su amplitud la protección de las culturas minoritarias, así como falta mucho por hacer en el desarrollo de políticas culturales específicas para el medio rural (interesante la línea abierta en esta dirección por la Diputación de Barcelona a través del programa Cultura i petits municipis). De igual manera, tanto la participación cultural como la producción artística de las personas con diversidad funcional aún está muy acotada y la financiación de sus programas tiene a día de hoy un mayor cariz privado que público.

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  • Libertad artística: Como afirma Ole Reitov, director ejecutivo de Freemuse, en su contribución al Informe, “el reconocimiento y la protección de la libertad artística concierne no sólo a la existencia y la práctica creativa de los propios artistas, sino también a los derechos de todos los profesionales de la cultura”. Incorpora así la dimensión del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y a la necesaria protección legal y económica de su actividad como un elemento clave para poder hablar de verdadera libertad artística. Muy centrado en el papel que la censura y la persecución por motivos políticos que sufren aquellos artistas que denuncian la brutalidad policial, los intereses corporativos, la corrupción o el abuso de poder, el Informe recoge en un párrafo una de las realidades que la creación artística está viviendo en España: “En algunos países los artistas abiertamente críticos de un gobierno aún son perseguidos sistemáticamente con acusaciones de separatismo, terrorismo o de ser antipatrióticos” Al llevar nuestra mirada al ámbito del derecho internacional de la cultura nos damos cuenta de que situaciones como las vividas con el caso de los titiriteros o el juicio de Cesar Strawberry en España quedarían muy lejos de las directrices en materia de protección de la libertad artística. Como desafío pendiente se identifica la necesidad de impulsar una comunidad conectada de activistas a nivel internacional por la libertad de expresión en el sector cultural, red de activistas muy presentes en el sector ambiental o feminista, pero no tanto en el campo de la cultura.

Por todo lo analizado sería importante tanto desde el sector profesional cultural como desde las diferentes asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la cultura en España profundizar tanto en el conocimiento como en el uso estratégico de la Convención exigiendo que las políticas culturales en nuestro país cumplan los objetivos recogidos en la misma y se armonicen, al igual que se está haciendo en otros Estados firmantes, con las líneas de fuerza identificadas en Repensar las políticas culturales.

 

Liderazgo cultural en tiempos neoliberales: sobre #ArtSummitMalta 2016

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La pasada semana se celebró la 7ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en Malta  organizada por IFACCA, la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (más de 80 países).

Tal y como planteaba el documento de discusión previo al encuentro y comentaba Nina Obuljen, la directora del mismo (y recién nombrada ministra de cultura en Croacia): “El foco de discusión del encuentro serán los retos del Liderazgo Cultural en el siglo XXI. Podemos decir que las artes y la cultura se encuentran en una encrucijada, confrontadas con importantes retos y oportunidades en los niveles global, nacional y local tales como el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y distribución de servicios y bienes culturales; las amenazas a la seguridad global; los nuevos procesos migratorios; contextos culturales cambiantes a nivel nacional tras las políticas de recortes y nuevos planteamientos de reforma; la aspiración de artistas y operadores culturales de amplificar su impacto y relación con otros sectores, todo ello garantizando la libertad de expresión y la protección de la diversidad cultural.”

Si bien entre algunos asistentes y quienes desde el sector hemos estado realizando el seguimiento del encuentro (España no ha tenido presencia político-institucional; sí presencia académica y sí presencia profesional)  existía cierto temor a que la implementación de conceptos de «neo-management» de espectáculo en política cultural sofocasen los incuestionables matices y debates que existen alrededor del “liderazgo”, el encuentro ha dejado voces poderosas en defensa de la democracia cultural e importantes discursos críticos reclamando la garantía de los derechos culturales sobre la mesa.

Ya en los documentos de trabajo previos se nos ofrecía una panorámica regional que hacía hincapié en los siguientes puntos:

  • Desde Asia se ponían en cuestión las definiciones de liderazgo cultural occidentales, la visión de base individual de la creatividad artística abriendo el debate sobre la protección de la creatividad artística comunal y su potencialidad para establecer nuevos modelos de liderazgo.
  • Las agencias culturales africanas no obviaban la desigualdad de acceso a los circuitos internacionales y el reto de confrontar la creación pasando de una historia colonial a la actual era de la globalización.

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  • Desde el Pacífico se reclamó el respeto a la diversidad cultural también en la elaboración discursiva, afianzando su propia tradición oratoria frente a los usos occidentales y se reflexionó sobre las distintas “culturas de la edad” y la sacralización de la juventud como valor en sí mismos que lleva implícito el modelo neoliberal.
  • Desde América Latina, la experta regional Lucina Jiménez, introdujo en la definición de liderazgos culturales las dimensiones de creación de mayor democracia y el reconocimiento como derecho fundamental de ciudadanía de las identidades múltiples y cambiantes. Especialmente relevante fue su reflexión sobre si en contextos de “vientos neoliberales” el liderazgo cultural no debería encarnar sin duda la defensa, refuerzo y reestructuración de las instituciones culturales.
  • Las agencias culturales europeas también hicieron hincapié sobre el reto de la consolidación de una identidad europea que permitiese afrontar colectivamente los retos de disgregación que enfrenta la región (personalmente eché en falta un discurso más crítico sobre la barrera económica Norte/Sur y el papel de la relación europea con el Mediterráneo, así como un cuestionamiento mínimo ante la correlación entre el impulso de programas de liderazgo cultural regional –como el Programa LINC holandés- de modo simultáneo al desmantelamiento de los presupuestos nacionales de Cultura en toda Europa y de su concepción como servicio público).

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  • Todas ellas pusieron el foco sobre el papel que las ciudades y los gobiernos locales pueden desempeñar como agentes de cambio cultural y garantes de la diversidad, aunque el reto estará como señala Lluís Bonet en “cómo actualizar la institucionalidad cultural ante la diversidad de expresiones sin atomizar sus efectos”.
  • También la UNESCO, por su parte, incorporó tres matices fundamentales para poder hablar de nuevos liderazgos culturales: la transparencia en todos los procesos de gestión cultural pública; la participación sectorial y ciudadana en el diseño de las políticas culturales y la articulación de respuestas ante las graves condiciones de desigualdad que viven las mujeres a nivel internacional dentro del sector cultural y en el campo de la garantía a sus derechos. También relatores de IFACCA y UNESCO ahondaron en el vínculo indisoluble entre liderazgo cultural y defensa de los derechos humanos.

Pero, sin duda, desde mi punto de vista, fueron cuatro las ponencias clave que reivindicaron la potencialidad de la cultura para visibilizar y enfrentar los mecanismos de dominación y construir más democracia.

  • La intervención de Arn Chorn-Pond desde Camboya compartiendo el protagonismo de la cultura (la música) en situaciones de post-conflicto y la dimensión comunitaria de la creación como constructora de nuevas identidades en el marco del respeto a los derechos humanos.
  • El discurso de Arundhati Ghosh, de India Foundation for the Arts, explicitando que, ante un paradigma economicista que premia la homogeneidad y que impone una determinada gestión del tiempo, la protección de la diversidad cultural no puede ser calculada en dichos términos, poniendo como ejemplo que, ante la “economía y rapidez” que supondría aceptar en su agencia el uso de una o dos lenguas, el hecho de trabajar y comunicar en las más de 58 lenguas del Estado Indio es una medida de política cultural de primera magnitud. También llamó a no olvidar la capacidad de la cultura para crear ciudadanía crítica.
  • Marina Barham, desde el Teatro Al-Harah de Palestina no quiso obviar el peligro de compartimentalizar la cultura, negando la dimensión cultural clave que tiene el diseño del resto de políticas públicas. También incorporó la dimensión emocional de los liderazgos culturales: la cultura en muchos lugares sigue siendo un motivo para seguir levantándose y hacer oír su voz cada mañana.
  • Y por último, la más que movilizadora intervención de Jo Verrent, del programa estatal inglés Unlimited confrontándonos con la capacidad que tiene la cultura para cuestionar y cambiar las narrativas sobre discapacidad. “No les necesitamos: nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

A la espera del siguiente encuentro internacional que se celebrará en Indonesia, tímidamente se van identificando nuevos marcos discursivos que, frente a la justificación del protagonismo cultural en función de su aportación al desarrollo económico de los territorios, van ampliando el foco hacia la dimensión de la cultura como elemento de profundización democrática y puntal de los propios derechos humanos.

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El papel de la cultura en Hábitat III

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Estos días se ha celebrado en Quito la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat III, la primera tras la aprobación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.

Como ya analizamos en otros artículos, el hecho de que la cultura en la redacción final de los ODS no lograse el protagonismo necesario y se viese relegada al ámbito de la transversalidad (lo que supone ausencia de compromisos con indicadores específicos), sin duda ha tenido su efecto también sobre esta cumbre. Como señaló el investigador Jordi Pascual en los encuentros de los días previos, la Nueva Agenda Urbana, a pesar de los avances, nace sin capítulo específico de cultura y en su conceptualización adolece de una definición de la misma como instrumento de desarrollo obviando su dimensión como derecho humano.

A pesar de todo lo dicho, tanto en el nuevo Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible presentado por la UNESCO en este encuentro, así como en los documentos para el debate publicados por ICOMOS, aunque especialmente en el elaborado por el Comité Preparatorio (“Marco urbano sociocultural”, sin duda el más profundo y ambicioso, aunque muchas de sus recomendaciones hayan pasado a un segundo plano de visibilidad), se identifican algunos retos clave:

  • El imparable desarrollo urbano se está viviendo de un modo globalizado y homogeneizado, poniendo en riesgo la diversidad cultural. Se alerta sobre el hecho de que las ciudades no pueden ser meros receptáculos de inversiones de capital, instando a reconocer el peso de la identidad basada en el lugar. La llamada de atención sobre el cuidado de las expresiones locales y el papel clave que habrán de jugar las identidades múltiples en las próximas décadas si buscamos desarrollar ciudades centradas en las personas se repiten en todos los documentos emanados de la Cumbre. Es significativo que la UNESCO en relación con Europa ponga el acento sobre los peligros de la museificación y la gentrificación de los centros históricos a lo largo y ancho del continente.

 

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  • La disminución y amenaza al patrimonio material e inmaterial que se sufre en todo el planeta ante el aumento de la urbanización es otra de las líneas de acción urgentes. La falta de coherencia entre políticas urbanas y culturales está teniendo un impacto incuestionable sobre la pérdida patrimonial, ante la que aún faltan recursos legislativos, inventarios exhaustivos y protección económica.
  • El aumento internacional de la desigualdad y la creciente exclusión social son uno de los principales retos de la Nueva Agenda Urbana. La vigencia de modelos arquitectónicos defensivos y el aumento de la privatización de espacios públicos han sido claves para la construcción de entornos que han fomentado dicha exclusión y han secuestrado espacios de socialización urbana proclives a la creación de vínculos y fortalecimiento de entornos a escala humana. La recuperación de espacios para la vida social que contribuyan a fortalecer nuestras democracias es otra de las recomendaciones obvias.
  • Frente a los lugares comunes repetidos en todas las declaraciones que sitúan a la cultura exclusivamente como motor económico y justifican la salvaguardia y promoción del patrimonio dentro de los capítulos vinculados al turismo cultural y al análisis de la aportación de las industrias culturales y creativas al PIB de los países, se impone un esfuerzo conceptual colectivo mayor para lograr convertir en sentido común el enfoque de la defensa de los derechos culturales y de la centralidad de la cultura como configuradora de la identidad espacial y cultural de las ciudades y los pueblos.

 

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Conscientes de que esta Nueva Agenda Urbana viene acompañada también de una creciente demanda de protagonismo por parte de los gobiernos locales en la esfera internacional como agentes clave para la puesta en marcha de la misma frente a los niveles estatales, así como garantes de la dimensión humana y la planificación estratégica, participativa y centrada en las personas, habrá que ser conscientes de que en los próximos años en nuestras ciudades se librará una batalla clave entre los usos neoliberales del espacio frente a la necesaria protección de las dimensiones vulnerables de la identidad.