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¿Defender el paisaje?: patrimonio natural y extractivismo en Castilla y León

9 agosto, 2016Estefanía Rodero 8 comentarios

Que la UNESCO suele guardar silencio ante los estragos que el extractivismo causa sobre el patrimonio natural puede comprobarse a lo largo y ancho de América Latina. Que dicho silencio se convierte en total desaparición cuando dicha amenaza sobrevuela el medio rural europeo, también es una obviedad. Al fin y al cabo el patrimonio natural siempre ha sido una suerte de “añadido” para las políticas públicas de conservación del patrimonio, convirtiendo su defensa, la mayor parte de las veces, en un enorme cajón de sastre en el que confluyen las políticas culturales, medioambientales, agrarias, económicas y de desarrollo.

En las instituciones culturales españolas, se repite esta misma actitud de “laissez faire” de la UNESCO, tanto en el nivel estatal, autonómico y local poniendo en riesgo a través de su inacción nuestros paisajes culturales y contribuyendo así a la desprotección del patrimonio natural a través de la negación de su dimensión cultural, simbólica, emocional e identitaria transmitida generacionalmente.

Pero ante el caso de la mina de uranio de Berkeley en el Campo Charro salmantino, la inoperancia de la Junta de Castilla y León se lleva la palma.

Si en la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972 ya se afirmaba: “se constata que el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles” y en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España en el 2008 se establecía como línea prioritaria la protección de los mismos, “entendiendo como protección las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial”, ¿quién, a nivel institucional en Castilla y León está haciendo cumplir la legislación internacional y nacional al respecto y protegiendo el paisaje de la dehesa salmantina amenazado por el fantasma del extractivismo que trae de la mano la minera australiana?

A una le gustaría saber en qué momento y bajo qué criterios la Junta de Castilla y León hizo desaparecer de las Direcciones generales de políticas culturales y de patrimonio cualquier referencia y competencia en defensa del patrimonio natural y exactamente quién se está haciendo cargo de la defensa del paisaje, mucho más cuando la defensa del medio ambiente en esta comunidad va de la mano de Fomento.

Si ya ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a anular el Consejo regional de medio ambiente de Castilla y León por la amalgama de intereses que impedían el derecho a la participación ciudadana, ¿debemos pensar que es únicamente la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León la garante de los derechos de la ciudadanía a la protección de su tierra?

Al margen del muy necesario debate (que ya hemos desarrollado en otras ocasiones) respecto al turbio entramado de fundaciones, empresas semi-públicas y demás procesos privatizadores de lo institucional en nuestra comunidad, ¿de verdad es una cuestión menor que la Fundación Patrimonio Natural que tendría que estar velando por la conservación de la dehesa charra y de sus más de 4500 hectáreas protegidas, sus 25.000 árboles en riesgo, su fauna y su incuestionable papel como paisaje cultural – que ya debería haber sido impulsado por esta misma Junta de Castilla y León para su reconocimiento como tal por el Consejo de Europa-, tenga como socios a las principales multinacionales españolas que desarrollan en América Latina la misma política extractiva con la que Berkeley amenaza ahora el Campo Charro?

¿De verdad es coherente, por ejemplo, que ACS forme parte del patronato en defensa del patrimonio natural de Castilla y León mientras uno de sus complejos hidroeléctricos ha despojado a más 29.000 indígenas quekchis fuera de su territorio y del acceso mínimo al agua? ¿Esperamos que el patronato de la Fundación proteja aquí lo que desprotege allí? ¿Este patronato de empresas privadas se va a enfrentar a Berkeley?

Más allá de la infatigable movilización ciudadana de Stop Uranio , ¿alguien puede decirnos a qué se debe el silencio institucional de quienes obligatoriamente han de velar por la protección del patrimonio natural en la Junta de Castilla y León?, ¿cómo se posiciona dicha Fundación ante la situación del Campo Charro?, ¿de verdad en nombre del patrimonio natural castellano-leonés se puede guardar silencio ante un daño de estas proporciones? Y si la Fundación Patrimonio Natural no está cumpliendo con los objetivos de protección que la sustentan, “poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno”, ¿es lógico que este organismo siga financiándose con dinero público de los castellano-leoneses?

Pensar la tierra: sobre identidades y territorios

31 julio, 2016Estefanía Rodero Deja un comentario

Publicado en Tribuna de Salamanca el 28 de diciembre de 2015

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Leo un artículo de Íñigo Errejón sobre la pasada campaña electoral y me detengo en una de sus reflexiones: “Vivimos en un estado plurinacional en el que conviven y se solapan diferentes identidades nacionales”.

Para los movimientos políticos que quieren construir un nuevo país (como decían Chantal Mouffe y Errejón otra vez en Construir pueblo “es un error regalarle a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país”) existe, desde mi punto de vista, una importante tarea pendiente.

En algún momento tendremos que deconstruir “lo castellano”, “lo castellano-leonés”, solapado con la identificación de “lo español” construido durante el franquismo y que quedó incólume y no contestado en la primera transición. Este imaginario impuesto de loa al Antiguo Régimen que está impidiendo que seamos capaces de articular en el presente las demandas políticas de nuestra realidad concreta castellano-leonesa afrontando los graves problemas que arrastra nuestra tierra hoy: la imparable llegada del desierto demográfico, la incapacidad de los gobiernos autonómico y local para promover políticas de empleo que pongan en valor nuestros incontables recursos, la falta de horizonte vital para nuestros jóvenes que fuerza su exilio, la pérdida de derechos sociales especialmente en el mundo rural, el vuelo carroñero de las grandes multinacionales, especialmente las agroindustriales, sobre nuestros bienes comunales, la amenaza permanente de la Ley Montoro.

Esta “definición territorial” caduca, impuesta y no sentida de lo castellano-español y el peso de su imaginario está sofocando la fuerza del cambio, condenándonos como territorio a la periferia política en dos líneas: la que siguen quienes tratan a nuestro territorio como “caladero de votos fiel” que no articula nunca demandas frente a la que siguen quienes desde un supuesto punto de vista progresista no se han dado cuenta de que dar por válida esta definición de “Castilla” interesada es regalar el tablero de juego y asumir sus términos, no los nuestros.

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Esta definición solapada de lo castellano-español, en su deriva hacia el capitalismo cañí, está siendo utilizada para refrendar un proyecto político que está sirviendo precisamente para vender nuestra soberanía como pueblo español frente a los intereses de las élites europeas. Todo ello unido a la enorme brecha generacional que nos muestra la correlación directa entre envejecimiento de los municipios y mayor voto al Partido Popular nos marcan una agenda política de primera magnitud a la hora de afrontar la consolidación de la alternativas políticas reales en nuestra tierra, con el fin de que Castilla y León no se quede fuera una vez más de la nueva transición que ahora vivimos.

De igual manera se impone la ruptura de la definición de periferia vinculada a lo estrictamente geográfico para devolverle su sentido político en otras esferas. La periferia española hoy por hoy es el mundo rural envejecido, ese 20% de la población de nuestro país que custodia el 80% del territorio y que geográficamente nunca vivió procesos de industrialización y pasó de la primacía simbólica y política de lo ganadero y lo agrario a un mundo de servicios al que aún no saben cómo dar respuesta. La periferia, en un sentido político, alejado de los centros de poder mediático y simbólico hoy por hoy está presente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y está esperando que seamos capaces de articular también una alternativa para la tensión rural-urbano que también nos han mostrado las pasadas elecciones.

Castilla y León: Estatuto para el pueblo ajeno

31 julio, 2016Estefanía Rodero Deja un comentario

“No es fácil explicar a los ciudadanos qué es un Estatuto de autonomía, el protagonismo de su reforma corresponde a las Cortes de Castilla y León.” Desde esta expresión cruda que entiende la política como una torre de marfil por la que pululan expertos y entendidos al margen de cualquier roce con aquello llamado “pueblo”, saludaba la semana pasada Silvia Clemente, presidenta de las Cortes, el 33º aniversario del estatuto castellano-leonés y la cuarta reforma del mismo.

Que para la mayor parte de la ciudadanía de nuestra comunidad (ésa que aún no se ha visto forzada al exilio económico) las Cortes de Castilla y León y lo que allí acontece no tienen el más mínimo interés, no es nada nuevo. Que durante años el PP y el PSOE han vivido holgadamente en este alarde de postpolítica y enaltecimiento de la gestión técnica sin participación alguna ni ideología, también es cierto. Al fin y al cabo, al PSOE ni se le pasó por la cabeza nunca la necesidad de disputar el sentido y el imaginario de lo que significa Castilla y León para sus gentes y que, a día de hoy, sigue estando definido desde arriba, para fiesta en las urnas del PP, desde posiciones inmovilistas, españolistas y con ecos nacional-católicos, como ya conté en “Castilla como la que más”.

Al margen de algunos de los elementos concretos para esta cuarta reforma (especialmente las propuestas de un nuevo modelo de ordenación territorial y la permanente amenaza de la Ley Montoro para nuestros pueblos o la inelegibilidad de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes como procuradores, que pondría a Mañueco en su sitio de una vez) me pregunto no sólo si a través de esta reforma seremos capaces de dar respuesta a la desigualdad galopante en nuestra comunidad y las necesidades concretas de nuestros vecinos concretos, sino durante cuánto tiempo más podremos aguantar este simulacro de democracia que permite a los parlamentos no tener “pueblo”.

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Castilla y León es uno de los principales retos políticos a los que tiene que hacer frente nuestro país. Castilla y León como síntoma de un profundo Sur de Europa, dependiente de sus fondos, que tiene que aprender a ser consciente de sí misma, a salir de definiciones del pasado y enfrentamientos con fantasmas azuzados por el Partido Popular, para reconocerse y preguntarse qué futuro quiere. Castilla y León tiene que ser capaz de convertir en temas de agenda estatal y prioridades políticas nacionales los problemas reales de su gente. Mientras nos hacían mirar a un pasado ensimismado, Castilla y León se ha convertido en la periferia y la política del turnismo se acomodó a sus clichés para no nombrarla, no decirla y no reivindicarla en su realidad concreta.

¿Qué papel queremos jugar en un Estado plurinacional y fraterno? ¿De verdad vamos a seguir en este marco de torres de marfil, canapés y celebraciones, frente a la inmensa derrota política que supone para nuestro territorio el hecho de haber sido incapaz en todos estos años de democracia de hacer de nuestros problemas concretos cuestión de Estado? ¿No vamos a reclamar un nuevo modelo de participación que no se dé por vencido (también dentro de los partidos) frente a la ferocidad de los intereses de esta inmensa trama corrupta llamada Partido Popular por mantenernos en la más absoluta de las atonías?

Llega esta cuarta reforma del estatuto, al igual que las otras tres, vacía de la emoción que sólo da aquello que es sentido como prioritario por la gente. Frente a esta tecnocracia, que hace alarde de su propia mediocridad, es tiempo de volver a esa política que sabe que el único protagonismo corresponde al pueblo.

Castilla y León como la que más

31 julio, 2016Estefanía Rodero 1 comentario

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Durante la Transición utilizó Andalucía la expresión “Andalucía como la que más” para reivindicar su papel específico en la articulación territorial de España y llevar la mirada hacia el abandono secular y el empobrecimiento de su gente.

En esta Nueva y Segunda Transición que ahora vivimos tendríamos que preguntarnos qué papel queremos que juegue Castilla y León y su gente en el afán por crear un nuevo país plurinacional y fraterno y cómo vamos a superar la dejadez y la deuda que tiene la democracia española con el desarrollo de nuestra tierra.

Si una generación existe como tal cuando cobra consciencia de su propio drama y obra en consecuencia habría que pensar cómo vamos a incorporar en la agenda política estatal las necesidades acuciantes de nuestro territorio y cómo vamos a quitarnos de encima y deslegitimar el relato impuesto sobre qué es Castilla y León.

La definición marcada a hierro y fuego por el nacionalcatolicismo y el franquismo que igualó a Castilla y León con España, que se inventó como esencia su papel evangelizador y puso su máximo afán en la vigilancia irredenta para que no se extraviasen las “periferias”, ese relato que nos robó los posibles espejos del pasado en los que encontrar referentes para la acción colectiva y para el que aún hoy sobran partidos como continuadores acríticos de este “relato mítico” así como contemplamos cómo la inmensa parte de la izquierda en nuestro país sigue relacionándose con esta “Castilla nacionalcatólica” sin percibir la Castilla y León actual y su emergencia, como decía, este relato tiene que cambiar.

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¿No deberíamos tomar conciencia de que, hoy por hoy, 2016, Castilla y León, con Gramsci, es periferia respecto a los grandes núcleos de poder (económico, social, mediático, político) y configura un grupo e identidad subalterna respecto al resto del país? ¿No deberíamos darnos cuenta de que es urgente reflexionar y nombrar otra Castilla y León que nos permita solucionar la extrema gravedad del abandono que ha caracterizado la relación de esta democracia, que no lo es, con nuestra tierra?

No sólo pienso que hemos de liderar este diálogo, este proceso colectivo de mirarnos sin complejos, de hablar de Castilla y León hoy, de la importancia de incorporarnos con seriedad a la economía del conocimiento, de profundizar en las aportaciones de la soberanía alimentaria, de enorgullecernos de cómo desde nuestro campo se están dando respuestas absolutamente invisibilizadas frente al neoliberalismo y la violencia de las multinacionales agroalimentarias, de ser conscientes del talento que está aportando Castilla y León, por ejemplo, y su protagonismo en la innovación cultural de este país, de nuestro bagaje histórico en otros modelos de ordenación territorial que priman la comarcalización y la economía de proximidad frente a ciclos largos, de nuestro conocimiento en la interrelación entre desarrollo, ecología y nuevo modelo energético. La oportunidad de diálogo popular que nos brinda la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León este 2016 y nuestro afán vigilante para que no se cierre por arriba, para que sean los y las de abajo castellano-leoneses quienes impongan su definición sobre qué necesita nuestra tierra, cuáles habrían de ser las prioridades de acción así como qué queremos que signifique Castilla y León en el conjunto de nuestro país, marca, desde mi punto de vista, una línea de acción política fundamental para nuestro país en esta Nueva Transición.