Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

Niños solos: sobre la desaparición de niños refugiados en Europa

Publicado en Tribuna de Salamanca el 4 de enero de 2016

Hace unos años coordiné y grabé un documental “El sueño del último baobab” sobre la realidad a la que se enfrentan los menores migrantes no acompañados que, en el terror de pateras, cayucos, camiones, travesías imposibles, son expulsados por el hambre, la guerra, la violencia económica de su mundo conocido, el amor a sus familias, sus vínculos más profundos, para enfrentarse, creyendo que en Europa existe su “mañana”, a la ceguera total de este continente que se olvidó muy pronto de su historia y que no sabe abrir los brazos ni a los niños.  Les recuerdo ahora, con sus gestos de Mali, Guinea Bissau, Senegal, Marruecos, Gambia cuando azota este domingo el último comunicado de Interpol. Viene también a mi memoria el llanto desgarrador de padres y madres españoles embarcando a sus hijos camino a Rusia protegiéndoles, a base de un sufrimiento personal insoportable, de una guerra que no entendía de edades. Los padres para sus hijos siempre quieren la vida.

Cerca de 10.000 niños refugiados, que viajaban solos, han desaparecido nada más llegar a Europa. Durante el 2015 apróximadamente 270.000 menores no acompañados han cruzado nuestras fronteras, mientras se han consolidado las mafias y se ha construido una infraestructura criminal paneuropea. Junto al enriquecimiento basado en el transporte, alojamiento, medicinas o manutención de quienes huyen del terror y los avisos sobre casos de corrupción entre el funcionariado europeo que debería estar garantizando el cumplimiento de los derechos humanos (por ejemplo denunciado por el alcalde de Roma), se habla de que muchos de estos niños terminarán en manos de redes de tráfico de personas y explotación sexual.

En mi memoria, de nuevo, otra madre de mi país, Pilar Manjón: ¿De qué se ríen, señorías? No sólo existe una correlación pasmosa entre las políticas de migración europeas y suculentos negocios con puertas giratorias, sino que hemos permitido la proliferación de estas redes de tráfico de niños en el mismo seno de la Unión Europea a base de inacción, neoliberalismo feroz, insulto a la soberanía de los Estados y perversión del significado de la Política con mayúsculas que no se entiende fuera del gesto cierto con el que una leona defiende a su camada.

No podemos hablar de una democracia real mientras, en nuestra política exterior, nos desentendamos de nuestras obligaciones internacionales, no garanticemos el derecho de asilo, seamos incapaces de generar vías seguras de acceso a Europa y pongamos los intereses empresariales del centro de Europa por delante de los derechos humanos de cualquiera.

Ahora que estamos en pleno proceso de investidura, qué pasaría, qué pasaría si las diez mil niñas, los diez mil niños desaparecidos sin dejar rastro en esta Europa de Merkel, Le Pen y corifeos de Grandes Coaliciones, qué pasaría si en mitad de sus suntuosos banquetes acorazados de Davos, qué pasaría si ellos, si su protección fuese la única y digna línea roja, qué les pasaría, vociferantes medios, Ibex35, aparatos de partido, qué les pasaría si les mirasen a los ojos, llorasen con sus familias y se conmovieran.

 

Pensar la tierra: sobre identidades y territorios

Publicado en Tribuna de Salamanca el 28 de diciembre de 2015

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Leo un artículo de Íñigo Errejón sobre la pasada campaña electoral y me detengo en una de sus reflexiones: “Vivimos en un estado plurinacional en el que conviven y se solapan diferentes identidades nacionales”.

Para los movimientos políticos que quieren construir un nuevo país (como decían Chantal Mouffe y Errejón otra vez en Construir pueblo “es un error regalarle a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país”) existe, desde mi punto de vista, una importante tarea pendiente.

En algún momento tendremos que deconstruir “lo castellano”, “lo castellano-leonés”, solapado con la identificación de “lo español” construido durante el franquismo y que quedó incólume y no contestado en la primera transición. Este imaginario impuesto de loa al Antiguo Régimen que está impidiendo que seamos capaces de articular en el presente las demandas políticas de nuestra realidad concreta castellano-leonesa afrontando los graves problemas que arrastra nuestra tierra hoy: la imparable llegada del desierto demográfico, la incapacidad de los gobiernos autonómico y local para promover políticas de empleo que pongan en valor nuestros incontables recursos, la falta de horizonte vital para nuestros jóvenes que fuerza su exilio, la pérdida de derechos sociales especialmente en el mundo rural, el vuelo carroñero de las grandes multinacionales, especialmente las agroindustriales, sobre nuestros bienes comunales, la amenaza permanente de la Ley Montoro.

Esta “definición territorial” caduca, impuesta y no sentida de lo castellano-español y el peso de su imaginario está sofocando la fuerza del cambio, condenándonos como territorio a la periferia política en dos líneas: la que siguen quienes tratan a nuestro territorio como “caladero de votos fiel” que no articula nunca demandas frente a la que siguen quienes desde un supuesto punto de vista progresista no se han dado cuenta de que dar por válida esta definición de “Castilla” interesada es regalar el tablero de juego y asumir sus términos, no los nuestros.

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Esta definición solapada de lo castellano-español, en su deriva hacia el capitalismo cañí, está siendo utilizada para refrendar un proyecto político que está sirviendo precisamente para vender nuestra soberanía como pueblo español frente a los intereses de las élites europeas. Todo ello unido a la enorme brecha generacional que nos muestra la correlación directa entre envejecimiento de los municipios y mayor voto al Partido Popular nos marcan una agenda política de primera magnitud a la hora de afrontar la consolidación de la alternativas políticas reales en nuestra tierra, con el fin de que Castilla y León no se quede fuera una vez más de la nueva transición que ahora vivimos.

De igual manera se impone la ruptura de la definición de periferia vinculada a lo estrictamente geográfico para devolverle su sentido político en otras esferas. La periferia española hoy por hoy es el mundo rural envejecido, ese 20% de la población de nuestro país que custodia el 80% del territorio y que geográficamente nunca vivió procesos de industrialización y pasó de la primacía simbólica y política de lo ganadero y lo agrario a un mundo de servicios al que aún no saben cómo dar respuesta. La periferia, en un sentido político, alejado de los centros de poder mediático y simbólico hoy por hoy está presente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y está esperando que seamos capaces de articular también una alternativa para la tensión rural-urbano que también nos han mostrado las pasadas elecciones.

 

 

El noble arte de la desobediencia

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Decía Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén: “La libertad no es ante todo la posibilidad de elegir entre dos alternativas, sino la capacidad de iniciar algo nuevo, la capacidad de romper la rutina de todos los días. El ser humano puede dar comienzo a algo nuevo, a algo que de otro modo no existiría, el hombre evita que el mundo se convierta en algo homogéneo, en una mera repetición.”

Cuando hablamos de desobediencia suelen asaltarnos imágenes que nos remiten a la infancia, a las primeras experiencias en las que nos confrontábamos con los límites del mundo y que nos fueron forjando a base de “no”. Sin embargo, son estas mismas imágenes las que suele utilizar el poder para deslegitimar la capacidad ciudadana de gritar como en el cuento de Andersen “el emperador va desnudo”.

A lo largo y ancho de la historia de la humanidad nos hemos enfrentado y seguimos haciéndolo con leyes y aparatos de poder injustos que sólo han logrado ser modificados gracias a la presión social y al noble arte de deslegitimar lo que parece “obvio, natural, siempre ha sido así”. Si bien la presencia transformadora en las instituciones es un paso fundamental para el cambio, ninguna representación política será suficiente para frenar el abuso de poder (especialmente el económico) sin un movimiento ciudadano activo y alerta que haga valer la verdad de que sólo en la gente reside la soberanía.

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¿Es posible una desobediencia adulta, una desobediencia que no se base únicamente en la reacción, sino que sea, como señala Arendt, profundamente creativa? Sí, desde luego que es posible y se despliega ante nuestros ojos como la salida más eficaz ante la cárcel del  “o conmigo o contra mí” que divide el mundo en dos únicas opciones (el bipartidismo en España se alimenta de esta falacia).

Es sobre la obediencia ciega, la falsa bondad y diligencia de quienes temen no salir en la foto, de quienes se retrotraen a la sumisión infantil en busca del premio o mirada ansiados, sobre los que se construyen las enormes redes clientelares en nuestro país y sobre los que se asientan los abusos de poder pequeños, cercanos, cotidianos.

Si en el acto simple de potenciar nuestra capacidad adulta de no pasar por el aro, de no dejarlo estar, de no tapar, de dejar de comulgar con ruedas de molino, somos capaces de conectar con el potencial creativo y de servicio al bien común que supone sabernos, no simples seguidores, sino actores principales de lo que mejora la vida de tod@s, estaremos dando comienzo a algo nuevo desde la certeza de que no nacimos para vivir arrodillados.

 

Nos faltan 43: neoliberalismo y violencia en México

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No podemos comprender, en su primer aniversario, la desaparición forzosa de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa sin analizar el peso de la política neoliberal en México,
especialmente a partir de los años noventa, que generó el caldo de cultivo para la
“institucionalización del narco” y su presencia de facto en el mundo económico, empresarial,
policial, militar y político.
En un informe del año 2012 del Senado mexicano titulado “Ayuntamientos y crimen
organizado” se concluía que el narco estaba infiltrado en el 71,5% de los municipios del país.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas neoliberales en México?
En los años 80, México y toda América Latina hacía frente a la denominada “crisis de la deuda”
en la llamada “década perdida latinoamericana” que llevó no sólo a debilitar el Estado, sino a
la aplicación rigurosa de los mandatos del FMI con sus recetas de mayor austeridad,
adelgazamiento de los derechos sociales y cesión al mercado de competencias estatales. La
aplicación de este paquete de medidas en un país que a día de hoy aún tiene al 46% de su
población en situación de pobreza y a un 11% sobreviviendo en condiciones de pobreza
extrema, profundizó aún más la desigualdad y desarticuló una incipiente clase media.
En esta situación de progresivo avance neoliberal, como ya sabemos, se firmó en el año 94
(inicio también del movimiento zapatista, los Foros Sociales Mundiales y el nacimiento de
ATTAC internacional) el NAFTA, el Tratado comercial entre México, EEUU y Canadá que no sólo
supuso la renuncia del gobierno mexicano a intervenir en su economía nacional o la entrada de
México en el juego de las finanzas de casino dejando atrás la inversión productiva sino el inicio
de otros efectos perversos de los tratados neoliberales.
No sólo se produjo una pérdida paulatina de soberanía alimentaria. La desregulación de la
protección al maíz mexicano, mayor cultivo del país, permitió la importación del maíz
estadounidense, provocando una brusca caída en los precios y empeorando la calidad de vida
de los productores locales, que se hicieron más vulnerables a las estrategias de presión del
narco para el cultivo forzoso de amapola o que vieron en esta misma posibilidad un recurso
extremo para la supervivencia económica.
Al igual que estamos viendo ahora en el Sur de Europa y en el proceso de negociaciones del
TTIP, México con la firma del tratado se convirtió en un enclave económicamente secundario y
dependiente de las grandes multinacionales a través de la implantación de la maquila. Las
políticas fiscales que rebajaron la carga impositiva a las multinacionales a un 1,7% frente a la
carga del 20-30% del resto de la población favorecieron esta “maquilización”.
Se promulgó también una Ley minera que dejó a los territorios en manos de compañías
extractoras de metales preciosos, especialmente canadienses. No está de más recordar que el
Estado de Guerrero, en el que se vivió la masacre de los 43 estudiantes, es uno de los mayores
productores de oro del país, mientras el 70% de su población está en riesgo de pobreza.
También se avanzó en una reforma energética que liberó el petróleo y la electricidad, hasta el
momento en manos de PEMEX. Se ha denunciado en fechas recientes la existencia de una
estructura paralela controlada por el narco que comercializa este mismo petróleo de modo
ilegal en cantidades similares a las de la comercialización legal.

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Junto al progresivo desmantelamiento de las policías comunitarias, las diversas reformas
educativas buscaron también el control sobre el magisterio, en determinadas zonas altamente
politizado, como es el caso de las Escuelas Normales.
Pero entre los efectos de mayor calado de la adopción de esta agenda neoliberal en México se
encuentra la incorporación de uno de los ejes discursivos centrales de las intervenciones
militares de EEUU, manejado con fines geopolíticos, así como la imposición de los términos
estadounidenses en su llamada “guerra contra las drogas” o, bajo el nuevo término que usa la
administración norteamericana, “narcoterrorismo”. No sólo impulsó la criminalización en
bloque de todas las luchas sociales (campesinas, estudiantiles, sociales) sino que propició la
militarización de la política, especialmente bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012)
que dejó tras de sí 70.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 1,6 millones de desplazados
forzosos, así como una petición de juicio por crímenes de lesa humanidad impulsada por
diferentes agentes sociales mexicanos.
No hay que olvidar el pingüe beneficio que recayó en las empresas de armamento
estadounidenses con la institucionalización de la “guerra contra el narco”. El 75% de las armas
decomisadas al crimen organizado mexicano son estadounidenses, sin contar con los contratos
de suministro legal tanto al ejército como a la policía mexicanas.
Ante esta situación de desigualdad social extrema, que mantiene el grueso de la economía
mexicana en el sector informal, la creciente pérdida de empleos, recortes, falta de cobertura
estatal, algunos analistas y sociólogos mexicanos empezaron a nombrar la situación desde un
nuevo y doloroso prisma: narcoestado, necropolítica o capitalismo gore fueron algunas de las
categorías nacientes.

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Se comprobó que a medida que el sector informal fue creciendo, apoyado en un nunca extinto
sistema caciquil, se dio un crecimiento exponencial del crimen organizado.
El tráfico de drogas supone el 3,6% del PIB en México, mientras que el coste de la inseguridad
según el ICESI es el 8,9% del PIB. Si observamos los datos mundiales, el mercado internacional
de la droga representa el 1,5% del PIB mundial, con 320 mil millones de dólares en el comercio
de cocaína y heroína a mucha distancia de los 32 mil millones de dólares de la trata de
personas y muy lejos de las cifras de la venta de armas o recursos naturales.
Este 3,6 % mexicano pasa necesariamente por procesos de blanqueo y lavado de capitales a
través de los paraísos fiscales, revirtiendo apenas testimonialmente en negocios pantalla e
invirtiéndose directamente en especulación financiera que refuerza, en una lógica macabra, la
economía global y a la misma élite financiera que promueve la agenda neoliberal y la firma de
los mal llamados tratados de libre comercio a nivel internacional.
Sabemos también que en el proceso de penetración del narco en las instituciones mexicanas,
la corrupción es una constante, documentándose el manejo de unos mil millones de dólares
anuales del crimen organizado exclusivamente para forzar procesos de corrupción policial.
Mientras que México en décadas anteriores se caracterizaba por ser un país de paso para la
droga en su camino hacia el mayor consumidor mundial, EEUU, en la actualidad se ha
reforzado su papel productor, especialmente de heroína y marihuana. El nivel de decomisos de
heroína en la frontera con los EEUU aumentó desde el año 2012 en un 324%. Conviene
recordar también que el Estado de Guerrero donde se vivió el horror de Ayotzinapa concentra
el 98% de la producción nacional de amapola.
En medio de toda esta situación, el narco no sólo se ha aprovechado del desmantelamiento de
la protección social y la precarización colectiva, impulsando incluso procesos de reclutamiento
entre menores de edad, en cifras que oscilan entre los 30.000 y 43.000 menores sino que ha
desarrollado también acciones de suplantación del Estado, a través de creación de pequeñas
infraestructuras y empleo ilegal que repercute también en el sector formal requerido por el
blanqueo de dinero.
Es conveniente, en este primer aniversario de la desaparición forzosa de los 43 de Ayotzinapa,
ampliar la mirada para comprender las causas sociales y económicas que han permitido la
instauración de un sistema nacional marcado por la impunidad y que al grito de ¿por qué nos
asesinan si somos la esperanza de América Latina? que recorrió las calles mexicanas hace un
año, encuentra respuesta en una entrevista realizada a uno de los compañeros de los
normalistas desaparecidos: “¿Pelearías contra el narco como ya lo haces contra el resto de las
instituciones capitalistas?” “No, porque sabemos lo que hacen.”