Derechos culturales y democracia de la tierra

“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este «Manifiesto para una democracia de la tierra» no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y «reentroncamiento» con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

Llamando a la tierra: España, culturas campesinas y nuevos debates de DDHH en la ONU

“Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo.”

Miguel Delibes

“N’attendons pas un seul instant levons la tête/Prenons d’assaut la terre”

Verso de Paul Eluard, enarbolado por Jean-Luc Mélenchon en un mitin la semana pasada

 

Aprovechando que el 17 de abril es el Día Internacional de las luchas campesinas quería traer a la conversación en este espacio el debate fundamental que se está librando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alrededor de dos nuevas Declaraciones y que, desde mi punto de vista, fuera de los círculos “iniciáticos” no está teniendo el eco social que merecen. Se trata de los proyectos de declaración “sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y la  elaboración de un instrumento internacional vinculante “sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

No es sólo el hecho de que sean dos documentos normativos que traten de frenar los abusos de uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el edificio neoliberal mundial y uno de los principales responsables del cambio climático, la agroindustria transnacional, sino que consolidan el protagonismo que tendrá para nuestro siglo el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos. Si ya se dieron pasos clave al respecto tanto con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como la Declaración de los pueblos indígenas, el reconocimiento como derechos humanos del derecho a la tierra, al agua y las semillas, así como a la soberanía alimentaria de los pueblos están ahora mismo en disputa en los grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Si desde las políticas culturales y en concreto desde las relaciones culturales internacionales se está prestando una atención cada vez mayor al, múltiple y polifacético, engarce entre cultura y territorios no se debe exclusivamente al interés en la preservación del patrimonio natural e inmaterial, o al más obvio papel que puede desempeñar la cultura como motor de desarrollo económico, sino también a la centralidad que están tomando los derechos culturales en la propia defensa del derecho a la tierra. Si La Vía Campesina explicita su movilización internacional en estos términos: “Planteamos la defensa de la tierra y el territorio como fuentes de vida inseparables de las prácticas culturales de nuestros pueblos”, es la cultura campesina entendida como un todo indisociable «comunidades culturales/territorio»  lo que se pretende defender y proteger en la nueva norma internacional.

 

Junto a los ya mencionados derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, junto al derecho a la tierra, quiero detenerme en tres aspectos recogidos en el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que tendrían un eco importante sobre el medio rural español:

  • La inclusión del Artículo 26 “Derechos culturales y conocimientos tradicionales” en el que se recoge el derecho a disfrutar de su propia cultura y aspirar libremente al desarrollo cultural nos daría un nuevo marco normativo internacional para exigir con mayor vehemencia el respeto y protección a los derechos culturales en el medio rural español que, a día de hoy, siguen teniendo un carácter subsidiario y claramente deficiente. Nos permitiría movernos más allá de los marcos de la “preservación” o de los riesgos de la “falsificación cultural turística” para incorporar a la agenda política española los derechos de acceso, participación y creación culturales rurales que a día de hoy cuentan con un sesgo territorial de base.

 

  • De igual manera, el reconocimiento de los derechos a los recursos naturales y su gestión y conservación permitirían ensayar e incorporar en España instrumentos que hasta la fecha se han circunscrito a la realidad de la diversidad cultural iberoamericana, como el derecho a la consulta a las comunidades de forma previa a cualquier tipo de explotación territorial. Sumaría un elemento de protección importante para aquellas resistencias rurales en España que están haciendo frente al avance de la política extractiva en nuestro país.

 

  • En relación al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el proyecto de declaración recoge la necesidad de “garantizar la coherencia del mismo con las políticas culturales”. Este enfoque nos permitiría derribar en España “el tabique invisible” que a día de hoy sigue separando las políticas y medidas legislativas de desarrollo rural y los espacios de decisión relativos a las políticas culturales que merman las posibilidades y derechos del medio rural español. En la llamada permanente del documento a la creación de oportunidades no agrícolas destinadas especialmente a los jóvenes de las zonas rurales, se hace evidente el papel que pueden jugar al respecto las políticas educativas y  de patrimonio, tal y como lleva demostrando décadas Peridis y que nos recordaba la semana pasada de nuevo en estas declaraciones.

Junto a todo lo anterior, no podemos olvidar que uno de los ejes centrales que movilizan las dos nuevas declaraciones de la ONU en juego es el reconocimiento al papel que están desempeñando las mujeres a nivel global en la defensa de la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad y patrimonio mundiales, tratando de dar una respuesta de urgencia ante el alto precio en vidas y dolor que dicha preservación, con la mirada siempre puesta en la transmisión a las futuras generaciones, se está cobrando. Es fundamental que visibilicemos con mayor rotundidad el hecho de que cuando hablamos de protección del patrimonio y respeto a las culturas campesinas, es principalmente del respeto a los derechos humanos de las mujeres de lo que estamos hablando.

 

Por ello, quería aprovechar la celebración del Día internacional de las luchas campesinas para honrar “la mirada afectiva del mundo” que siguen proponiendo los ecofeminismos rurales y seguir desde las políticas culturales preguntándonos qué escondería en nuestro campo esa invitación abierta al “menos extraer y más cuidar a cambio de”.

 

 

Plan Cultura 2020 o la cultura rural inexistente

 

La Red Española de Desarrollo Rural REDR se hizo eco de este artículo. ¡Un honor, muchas gracias!

 

(Todas las imágenes corresponden al Museo etnográfico Eloy Rodero, impulsado por Luis Pinto Rodero, en El Campo de Peñaranda, 271 habitantes censados, Salamanca)

Se pasó el tío Eloy toda su vida con las manos ocupadas en la madera. Tallaba despacio, concentrado en preservar la memoria de un mundo que, sabio él, temía que desapareciese. Alguna vez yo, la nieta del Florián, junto a primos, tíos y demás “todos los que caben en el coche son familia extensa” me sumé de niña a aquellas ya raras peregrinaciones al pueblo para ver al hermano mayor de nuestro abuelo. Más interesada a mis pocos años por cualquier bicho, nido, olor de la panadería, lagartija, cosa que se moviese, entendía por los comentarios de mis mayores que aquello que iba atesorando el tío Eloy en su casa era una forma nuestra, por tangible y cercana, de honrar la belleza. Muchos años más tarde, comprendí de nuevo el desconocido aroma del arraigo (que el neoliberalismo con sus políticas sin raíz nos niega) al ver llorar y reír a la vez a una de mis abuelas ya sin memoria al reconocer de pronto en su neblina, ingredientes secretos que ríete tú de la magia, el sabor de uno de los dulces que le habíamos traído del pueblo.

 

Viene ahora todo ello a mi memoria al comprobar, una vez más, que la cultura rural ni se contempla, ni se menciona, ni se ve en el nuevo Plan de Cultura 2020 de la Secretaría de Estado. Más allá de la previsible respuesta de los diferentes niveles de competencias en materia de cultura (que, por cierto, vienen reclamando una nueva distribución y dotación presupuestaria a gritos) seguimos comprobando que ni la creciente visibilidad del problema de la despoblación, ni la presión en aumento en el medio rural español de nuevas formas de extractivismo, ni los debates internacionales sobre los riesgos y límites de determinados modelos de turismo natural y cultural han conseguido, en este país sin modelo para la cultura, hacer oír la voz de alerta del 80% de la superficie de España. No cabe más que preguntarse cómo vamos a cumplir los compromisos firmados a nivel internacional en relación a la protección de paisajes culturales, patrimonio natural, diversidad de las expresiones culturales y protección del patrimonio inmaterial, entre otras, sin llevar la mirada a nuestros pueblos.

 

 

Junto a la ausencia palmaria de un plan estatal para la cultura rural, me pregunto si de verdad vamos a seguir dependiendo de un criterio tan aplaudido las últimas semanas como peligrosamente subjetivo en el día a día como es la heroicidad, tenacidad o buen tino de nuestros alcaldes rurales y si “tampoco toca” abordar en ningún nivel de gobierno cómo afecta a la cultura rural, a la protección del patrimonio y a la garantía de los derechos culturales más allá del lugar en el que se viva, el hecho de que sean las diputaciones como nivel de gestión uno de los espacios que concentran a lo largo y ancho de nuestro país los casos más enquistados y tolerados de corrupción.

 

 

En el protagonismo que en el Plan 2020 se le otorga a la Conferencia Sectorial de Cultura, sorprende (más allá de que lleve sin reunirse desde el 2015) el hecho de que en todos estos años no haya impulsado en su seno ni un solo grupo de trabajo específico sobre Cultura y medio rural así como que en su composición no contemple la presencia de ninguna figura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, entre cuyas áreas de actividad se encuentra el desarrollo rural, o de representantes de las redes de Grupos de Acción Local, para los que la cultura tanto en su dimensión de construcción de comunidad, económica en su papel de motor territorial, así como en su engarce con la protección, entre otras, de la biodiversidad está siempre presente. No es de extrañar que este mismo patrón que sitúa la cultura rural de nuestro país en “tierra política de nadie” se repita en el Congreso de los Diputados en el que entre la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión de Cultura, ¿dónde situamos la protección e impulso de iniciativas para la cultura rural?

 

 

De igual manera cabe preguntarse si entre los genéricos “recursos humanos y tecnológicos” que el Plan pretende destinar al patrimonio (si de verdad se logra, que está por ver, impulsar en este país una Ley de Patrimonio actualizada en sintonía con las últimas Convenciones aprobadas -para no perderse, por cierto, «El patrimonio cultural material en España: fortalezas, conflictos y penurias», de Jesús Prieto de Pedro, en el último Informe de la Cultura de la Fundación Alternativas-), cuántos de ellos se dedicarán al mundo rural y qué criterios de distribución territorial seguirá “el reparto”.

Viene sin querer a mi memoria, tras la lectura del Plan, el país del que procede este país y al que, como hijos desagradecidos, se le sigue dando la espalda sin asumir la urgencia de acción a la que nos impulsa la progresiva desaparición y abandono de pueblos, espacios, saberes, conocimientos, lenguas que nos trajeron hasta el presente. Me pregunto si al continuar con esta permisividad cómoda e impulso de la cultura del desarraigo, sin suelo ni paisaje, no nos estaremos condenando definitivamente a desconocer por completo quiénes somos.

 

(¿Quiénes somos?, tío Eloy, algo parecido a lo que heredado de tus manos, queda.)

 

 

De la tierra viva: mujeres, extractivismo y territorios

Hace unos días, con la  sordina habitual con la que salta, cuando salta, a medios nacionales la realidad que enfrentan nuestras provincias día a día, conocíamos la situación de hostigamiento legal que está viviendo María Cañaveras, una mujer jubilada de 68 años que se verá en el banquillo el 6 de abril por movilizarse contra la minería de tierras raras promovida por Quantum Minería S.L con el apoyo de la corporación local de su pueblo castellano-manchego, Torrenueva.

Leía esta noticia mientras de modo paralelo celebrábamos el logro conseguido por las defensoras de derechos humanos y del territorio en Centroamérica forzando a que la cámara legislativa de El Salvador, después de once años de lucha, haya aprobado por unanimidad la prohibición de la minería metálica en todo el país.

Que la nueva “operación Cóndor” sobre América Latina se cierne sobre las defensoras territoriales frente a los intereses de las industrias extractivas del Norte mundial, no sólo nos lo recuerdan los asesinatos de Berta Cáceres o Isidro Baldenegro, sino que nos lo demuestran cada día los tarahumara mexicanos, las comunidades lenca y garífuna en Honduras, nasa en Colombia, shuar en Ecuador, el pueblo mapuche, el guaraní en Bolivia, las defensoras del Yasuní ecuatoriano, Máxima Acuña en Perú y tantas otras comunidades en red enfrentando la violencia y agresiones por intentos de despojo-acumulación sobre la que se sostiene el edificio neoliberal global.

Como hemos comentado en otras ocasiones, el modelo extractivista está encontrando en el muy despoblado medio rural español un territorio propicio al que desplazarse, dado el menor índice, por realidad demográfica, de conflictividad local, unido al manto de silencio que acompaña su día a día. Si bien las agresiones a las defensoras territoriales no alcanzan la extrema gravedad que afrontan en América Latina, sí se están repitiendo, ante una generalizada pasividad tanto de medios de comunicación como de muchos partidos políticos, casos de hostigamiento legal, campañas de difamación personal y presiones de todo tipo por parte de las empresas mineras en muchos de nuestros pueblos españoles. Hostigamiento del que no podemos obviar el componente de género, dado el liderazgo que están ejerciendo muchas mujeres a nivel internacional en la defensa de los bienes comunes y “la tierra viva”. Desde mi punto de vista, es importante que reparemos también en la postergación reiterada que la relación mujeres-defensa del territorio sigue sufriendo en la agenda de reflexión y movilización feminista española que, para mí, no ha identificado aún la urgencia y centralidad que juega esta dimensión para el Sur de Europa. Comparto la más que inspiradora experiencia del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo que están realizando, entre otras acciones, una labor de reflexión sobre el extractivismo de la que podemos aprender mucho en España. Su publicación La vida en el centro y el crudo bajo tierra es un buen ejemplo de ello.

Debemos ser conscientes de que estos procesos de intimidación de defensoras siguen un mismo patrón, denunciado recientemente en una visita a México entre otros por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y que reproduzco aquí:

«Los defensores de las comunidades indígenas o rurales me compartieron ejemplos que indican un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias de «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Me preocupa la presión ejercida sobre  los integrantes de la comunidad para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o  las autoridades locales como una minoría, que actúa en contra del interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

Las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos. Esta violencia generalmente queda sin castigo ya que cuenta con el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales. De acuerdo con los informes recibidos, las y los defensores de derechos humanos serían presionados para que desistan de sus actividades a través del uso de la criminalización de los líderes, granjeros o ambientalistas opositores indígenas (acusados de delitos ordinarios). He recibido varios testimonios de casos en los que los defensores de derechos indígenas y ambientales han sido un blanco de agresiones en relación con su trabajo»

 

Observamos que los métodos utilizados son los mismos en América Latina y España aunque con diferente gradación. Desde mi punto de vista, si seguimos manteniendo esta problemática que está afrontando en solitario nuestro medio rural en un segundo plano, problemática que también se encuadra en algunos casos en la persecución al activismo promulgada por las Leyes Mordaza y el retroceso generalizado de la libertad de expresión en España, estaremos dejando el campo abierto (nunca mejor dicho) a la progresiva “multinacionalización extractiva” de nuestros pueblos frente a modelos más cuidadosos ante las siguientes generaciones.

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.

Inmatriculaciones o la verdadera Cultura de la Transición

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Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública .

Si, como dice Amador Fernández Savater “la Cultura de la Transición se asegura siempre el monopolio de los temas y los enfoques”, la crítica a la propia CT ha dejado fuera de foco, por su mayor incidencia en provincias despobladas y el medio rural español, uno de los campos en los que los privilegios otorgados por el franquismo permanecen a día de hoy intactos.

Tal y como vienen denunciando las diferentes plataformas que integran la  Coordinadora, el procedimiento de inmatriculación de bienes propiedad de los pueblos por parte de la Iglesia Católica viene realizándose desde 1946, cuando la dictadura franquista otorgó poderes a los obispos para inmatricular (inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que no estaba registrado) con un simple certificado y sin acreditar título de propiedad. Este mecanismo se ha visto perpetuado en tiempos de democracia bajo un sistema de dudosa constitucionalidad.

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Como sabemos, no existe hasta la fecha ninguna relación pública de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y la falta de transparencia al respecto es total, incluyendo aquellos procesos en los cuales estos bienes patrimoniales inmatriculados están siendo utilizados por parte de los obispados para obtener crédito hipotecario. La solicitud de datos al Ministerio de Justicia, tal y como recoge Jesús de Larrainzar en el libro “No Robarás” quedó saldada con la mínima respuesta institucional “no es un área de nuestra competencia”.

La incorporación, junto a ayuntamientos, especialistas y plataformas vecinales, de la iglesia de base en la recién creada Coordinadora estatal, a través de la presencia de Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, nos señala que más allá del fantasma del anticlericalismo y los miedos electoralistas que esta acusación lleva aparejados, la respuesta al problema de las inmatriculaciones en nuestro país es una lucha democrática contra los privilegios. Al fin y al cabo, España es uno de los países que se sumó a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial de 1972 de la UNESCO en la que se sostiene que, frente a intereses económicos particulares que imposibiliten el acceso al patrimonio de los pueblos, “(para poder transmitirlo a las generaciones futuras) los Estados han de instituir servicios de protección de su patrimonio (…) adoptando las medidas jurídicas y administrativas necesarias”.

Lo que está, por tanto, sobre la mesa con este tema es en realidad uno de nuestros mayores déficits democráticos como país, poniendo de relieve que la jerarquía católica y sus privilegios forman parte indisoluble del andamiaje del Régimen del 78, privilegios jerárquicos que, como ya hemos dicho, por interés netamente electoralista, se han mantenido inmutables desde la Transición.

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(Monasterio de San Miguel de Escalada, inmatriculado por el Obispado de León)

En el 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 4 de noviembre de 2014 tuvo que declarar arbitrario el procedimiento por el  que la Ley Hipotecaria española equiparaba el certificado de cualquier obispo católico al de otros funcionarios públicos. Tanto el Partido Popular como el PSOE, meses más tarde,  impidieron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que hubiese podido declarar nulas con efecto retroactivo las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la fecha, condenando a particulares y ayuntamientos a un larguísimo calvario de presentación a título individual de recursos de inconstitucionalidad bien por bien en toda España.

Por todo ello, se hace evidente que desde el campo de las políticas culturales deberíamos retomar, tal y como está demandando incesantemente la sociedad civil, este caballo de batalla precisamente en este periodo post-electoral en el que va a ser necesario un replanteamiento profundo del texto constitucional, teniendo en cuenta , no sólo que el problema de las inmatriculaciones apunta a uno de los ejes de flotación y centro de gravedad claves del Régimen del 78, sino que incide además sobre el necesario fortalecimiento de nuestro Régimen Local y, tal y como hemos señalado otras veces, la necesidad de una mayor clarificación y dotación competencial municipal en materia de cultura.

 

¿Defender el paisaje?: patrimonio natural y extractivismo en Castilla y León

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Que la UNESCO suele guardar silencio ante los estragos que el extractivismo causa sobre el patrimonio natural puede comprobarse a lo largo y ancho de América Latina. Que dicho silencio se convierte en total desaparición cuando dicha amenaza sobrevuela el medio rural europeo, también es una obviedad.  Al fin y al cabo el patrimonio natural siempre ha sido una suerte de “añadido” para las políticas públicas de conservación del patrimonio, convirtiendo su defensa, la mayor parte de las veces, en un enorme cajón de sastre en el que confluyen las políticas culturales, medioambientales, agrarias, económicas y de desarrollo.

En las instituciones culturales españolas, se repite esta misma actitud de “laissez faire” de la UNESCO, tanto en el nivel estatal, autonómico y local poniendo en riesgo a través de su inacción nuestros paisajes culturales y contribuyendo así  a la desprotección del patrimonio natural a través de la negación de su dimensión cultural, simbólica, emocional e identitaria transmitida generacionalmente.

Pero ante el caso de la mina de uranio de Berkeley en el Campo Charro salmantino, la inoperancia de la Junta de Castilla y León se lleva la palma.

Si en la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972 ya se afirmaba: “se constata que el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles” y en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España en el 2008 se establecía como línea prioritaria la protección de los mismos, “entendiendo como protección las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial”, ¿quién, a nivel institucional en Castilla y León está haciendo cumplir la legislación internacional  y nacional al respecto y protegiendo el paisaje de la dehesa salmantina amenazado por el fantasma del extractivismo que trae de la mano la minera australiana?

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A una le gustaría saber en qué momento y bajo qué criterios la Junta de Castilla y León hizo desaparecer de las Direcciones generales de políticas culturales y de patrimonio cualquier referencia y competencia en defensa del patrimonio natural y exactamente quién se está haciendo cargo de la defensa del paisaje, mucho más cuando la defensa del medio ambiente en esta comunidad va de la mano de Fomento.

Si ya ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a anular el Consejo regional de medio ambiente de Castilla y León por la amalgama de intereses que impedían el derecho a la participación ciudadana, ¿debemos pensar que es únicamente la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León la garante de los derechos de la ciudadanía a la protección de su tierra?

Al margen del muy necesario debate (que ya hemos desarrollado en otras ocasiones) respecto al turbio entramado de fundaciones, empresas semi-públicas y demás procesos privatizadores de lo institucional en nuestra comunidad, ¿de verdad es una cuestión menor que la Fundación Patrimonio Natural que tendría que estar velando por la conservación de la dehesa charra y de sus más de 4500 hectáreas protegidas, sus 25.000 árboles en riesgo, su fauna y su incuestionable papel como paisaje cultural – que ya debería haber sido impulsado por esta misma Junta de Castilla y León para su reconocimiento como tal por el Consejo de Europa-, tenga como socios a las principales multinacionales españolas que desarrollan en América Latina la misma política extractiva con la que Berkeley amenaza ahora el Campo Charro?

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¿De verdad es coherente, por ejemplo, que ACS forme parte del patronato en defensa del patrimonio natural de Castilla y León mientras uno de sus complejos hidroeléctricos ha despojado a más 29.000 indígenas quekchis fuera de su territorio y del acceso mínimo al agua? ¿Esperamos que el patronato de la Fundación proteja aquí lo que desprotege allí? ¿Este patronato de empresas privadas se va a enfrentar a Berkeley?

Más allá de la infatigable movilización ciudadana de Stop Uranio , ¿alguien puede decirnos a qué se debe el silencio institucional de quienes obligatoriamente han de velar por la protección del patrimonio natural en la Junta de Castilla y León?, ¿cómo se posiciona dicha Fundación ante la situación del Campo Charro?, ¿de verdad en nombre del patrimonio natural castellano-leonés se puede guardar silencio ante un daño de estas proporciones? Y si la Fundación Patrimonio Natural no está cumpliendo con los objetivos de protección que la sustentan, “poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno”, ¿es lógico que este organismo siga financiándose con dinero público de los castellano-leoneses?

 

Pensar la tierra: sobre identidades y territorios

Publicado en Tribuna de Salamanca el 28 de diciembre de 2015

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Leo un artículo de Íñigo Errejón sobre la pasada campaña electoral y me detengo en una de sus reflexiones: “Vivimos en un estado plurinacional en el que conviven y se solapan diferentes identidades nacionales”.

Para los movimientos políticos que quieren construir un nuevo país (como decían Chantal Mouffe y Errejón otra vez en Construir pueblo “es un error regalarle a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país”) existe, desde mi punto de vista, una importante tarea pendiente.

En algún momento tendremos que deconstruir “lo castellano”, “lo castellano-leonés”, solapado con la identificación de “lo español” construido durante el franquismo y que quedó incólume y no contestado en la primera transición. Este imaginario impuesto de loa al Antiguo Régimen que está impidiendo que seamos capaces de articular en el presente las demandas políticas de nuestra realidad concreta castellano-leonesa afrontando los graves problemas que arrastra nuestra tierra hoy: la imparable llegada del desierto demográfico, la incapacidad de los gobiernos autonómico y local para promover políticas de empleo que pongan en valor nuestros incontables recursos, la falta de horizonte vital para nuestros jóvenes que fuerza su exilio, la pérdida de derechos sociales especialmente en el mundo rural, el vuelo carroñero de las grandes multinacionales, especialmente las agroindustriales, sobre nuestros bienes comunales, la amenaza permanente de la Ley Montoro.

Esta “definición territorial” caduca, impuesta y no sentida de lo castellano-español y el peso de su imaginario está sofocando la fuerza del cambio, condenándonos como territorio a la periferia política en dos líneas: la que siguen quienes tratan a nuestro territorio como “caladero de votos fiel” que no articula nunca demandas frente a la que siguen quienes desde un supuesto punto de vista progresista no se han dado cuenta de que dar por válida esta definición de “Castilla” interesada es regalar el tablero de juego y asumir sus términos, no los nuestros.

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Esta definición solapada de lo castellano-español, en su deriva hacia el capitalismo cañí, está siendo utilizada para refrendar un proyecto político que está sirviendo precisamente para vender nuestra soberanía como pueblo español frente a los intereses de las élites europeas. Todo ello unido a la enorme brecha generacional que nos muestra la correlación directa entre envejecimiento de los municipios y mayor voto al Partido Popular nos marcan una agenda política de primera magnitud a la hora de afrontar la consolidación de la alternativas políticas reales en nuestra tierra, con el fin de que Castilla y León no se quede fuera una vez más de la nueva transición que ahora vivimos.

De igual manera se impone la ruptura de la definición de periferia vinculada a lo estrictamente geográfico para devolverle su sentido político en otras esferas. La periferia española hoy por hoy es el mundo rural envejecido, ese 20% de la población de nuestro país que custodia el 80% del territorio y que geográficamente nunca vivió procesos de industrialización y pasó de la primacía simbólica y política de lo ganadero y lo agrario a un mundo de servicios al que aún no saben cómo dar respuesta. La periferia, en un sentido político, alejado de los centros de poder mediático y simbólico hoy por hoy está presente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y está esperando que seamos capaces de articular también una alternativa para la tensión rural-urbano que también nos han mostrado las pasadas elecciones.