De la injusticia epistémica y el extractivismo cognitivo: un diálogo

 

 “La palabra legítima le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos.”

Silvia Rivera Cusicanqui

“Es obvio que determinadas ventajas materiales generarán la pretendida ventaja epistemológica.”

Miranda Fricker

“La alternativa al extractivismo es la reciprocidad profunda.”

Lianne Simpson

 

Terminaba de leer estos días (gracias a la recomendación reiterada en el blog del maestro Fernando Broncano, El laberinto de la identidad), el libro de la filósofa Miranda Fricker Injusticia epistémica que ha estado dialogando de modo permanente en mi cabeza con la denuncia que desde la teoría descolonial y los pueblos indígenas de toda América se está articulando respecto al papel central que está jugando el extractivismo cognitivo (la apropiación de artefactos culturales y conocimientos, por ejemplo así) en la consolidación del neocolonialismo neoliberal. Como muchas de las dinámicas de apropiación y expolio territorial vividas en su gradación más violenta en América Latina se están trasladando en una versión suavizada pero con idéntico afán extractivista al cada vez más despoblado medio rural europeo y español, me parece urgente tal y como afirma también Miranda Fricker “desarrollar formas nuevas de analizar la ética del poder en nuestra vida en cuanto sujetos de conocimiento”.

Como vienen denunciando desde hace décadas autoras como Silvia Rivera, Lianne Simpson, Ramón Grosfoguel… , es necesario desarmar los ejes sobre los que se sostiene la mentalidad extractivista, la apropiación de todo objeto cultural, tecnología o idea producida por las culturas indígenas (y añado yo aquí, colectivos minorizados o en posiciones subalternas) que sea útil para quienes ostentan el poder, siendo extraida y asimilada sin tomar en cuenta a los pueblos que han producido dichos conocimientos, invisibilizando a sus creadoras, descontextualizando y despolitizando sus aportaciones.

Partiendo de la base de que el “extraer sin devolver es el principio de destrucción de la vida”, la necesidad de construir reciprocidad, de avanzar hacia el reconocimiento del principio de reciprocidad no sólo en el intercambio entre culturas sino como eje rector para la construcción de alternativas sociales y políticas en el siglo XXI, nace con idéntico carácter de urgencia que la alerta ante la cooptación sistemática de “palabras fetiche” (el “buen vivir”, el “Ubuntu”…) descontextualizadas y previamente desarmadas de su capacidad transformadora. La llamada reiterada de Silvia Rivera a iluminar las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima, la lucha por el control de las palabras que dominan la agenda redunda en la necesidad de hacernos más sensibles como sociedad ante la persistencia de las injusticias epistémicas como una de las facetas clave que perpetúan la opresión.

 

 

En esta línea el trabajo de Miranda Fricker nos dota (al menos así lo he sentido yo: balsámica) de herramientas prácticas de análisis para sensibilizar mirada y escucha ante lo que no se deja decir en las palabras y sí dicen los silencios.

Como explica Fricker:

La injusticia testimonial se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido; la injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Sería por tanto urgente llevar nuestra atención respecto a la economía de la credibilidad en nuestras sociedades: a quién se cree sistemáticamente, a quiénes no se puede creer, a quiénes “sobrecreemos”, a quién no se escucha de modo reiterado, quiénes son negados como sujetos de conocimiento válido, quiénes tienen que gritar para hacerse oír, quiénes aunque griten no son escuchados, quiénes tienen palabra, quiénes ya ni lo intentan.

“Toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento y, por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana; y el modo particular en que la injusticia testimonial lo produce es llevando a un oyente a lesionar a un hablante en su capacidad como portador de conocimiento, como informante.”

 

El respeto y el trabajo a favor de los derechos culturales vendría a ser una de las herramientas presentes para construir sociedades en las que disminuyésemos paulatinamente la injusticia epistémica, dado que ésta, especialmente en su carácter de injusticia testimonial es uno de los nutrientes clave de la ideología y los discursos del odio, dado que la fiabilidad epistémica se construye colectivamente alrededor del reconocimiento de la competencia y sinceridad de quien habla.

 

“Muchos de los estereotipos de los grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres, los negros o la gente de clase trabajadora, implican de diverso modo una asociación con algún atributo inversamente relacionado con la competencia, la sinceridad o ambos rasgos: exceso de emotividad, falta de lógica, inferior inteligencia, inferioridad evolutiva, incontinencia, falta de educación, falta de determinación moral, ambición desmedida, etc.”

 

“La exclusión es una forma habitual de injusticia testimonial: aquellos grupos sociales que están sometidos a prejuicio identitario y son, por ello, susceptibles de padecer un déficit de credibilidad injusto, también tendrán tendencia, por la misma razón, a que sencillamente no se les pida que compartan sus pensamientos, sus juicios ni sus opiniones. Este tipo de injusticia testimonial tiene lugar en silencio. La actuación netamente estructural del poder identitario puede controlar qué aportaciones acaban siendo públicas y cuáles no en función de quién las presenta.”

(Tenemos un ejemplo en España en relación al derecho a voto de las personas con discapacidad)

 

 

El papel que juega el poder identitario, el carácter distorsionador de los estereotipos compartidos por una sociedad tanto para desautorizar a determinados sujetos como portadores de conocimiento legítimo, así como para acallar directamente la diversidad de expresiones y aportaciones sociales, tendría que alertarnos ante nuestra posible “arrogancia epistémica”. La práctica reflexión de Miranda Fricker (junto al papel que juega esta dimensión en la vulneración de los derechos humanos) respecto al enorme desperdicio de conocimiento valioso sobre el que se asientan nuestras sociedades y organizaciones muestra el papel polifacético que puede tomar la injusticia epistémica, sin obviar en ningún momento la violencia real que se ejerce a través de las estrategias desplegadas para minar la confianza tanto en la propia opinión de los grupos subalternos como sobre sus propias capacidades intelectuales para analizar la realidad (la pérdida de confianza intelectual construida socialmente), a través entre otras de la invisibilización y referencialidad a la autoría (recuerdo aquí una “lucha perdida” hace años desde la Oficina de Igualdad de Género de la Complutense respecto a la importancia de visibilizar con nombre y apellidos a las mujeres en las bibliografías académicas, rompiendo la “comodidad” de las iniciales tras las que se escondía el género, Kristeva, J., ya saben), la negación de acceso a los espacios de poder –políticos, académicos, económicos…- en los que se negocian los significados sociales imperantes.

Por todo lo anterior, me resultan especialmente sugerentes tanto la invitación de Fricker como de los teóricos y activistas descoloniales para construir comunidades resistentes ante la injusticia epistémica, incorporando con urgencia esta sensibilidad también en el espacio español y europeo. Me quedo, por tanto, con las aportaciones de James Montmarquet recogidas por Miranda Fricker respecto a la necesidad de afianzarnos, frente a la humillación epistémica (cállate, tú qué sabes, tú quién eres para hablar) en la valentía intelectual: a) en la voluntad de concebir y examinar alternativas a las creencias sostenidas popularmente; b) en la perseverancia cuando haya que enfrentar la oposición interesada de los demás; c) en la determinación necesaria para llevar a término los proyectos.

 

 

Nos faltan 43: neoliberalismo y violencia en México

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No podemos comprender, en su primer aniversario, la desaparición forzosa de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa sin analizar el peso de la política neoliberal en México,
especialmente a partir de los años noventa, que generó el caldo de cultivo para la
“institucionalización del narco” y su presencia de facto en el mundo económico, empresarial,
policial, militar y político.
En un informe del año 2012 del Senado mexicano titulado “Ayuntamientos y crimen
organizado” se concluía que el narco estaba infiltrado en el 71,5% de los municipios del país.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas neoliberales en México?
En los años 80, México y toda América Latina hacía frente a la denominada “crisis de la deuda”
en la llamada “década perdida latinoamericana” que llevó no sólo a debilitar el Estado, sino a
la aplicación rigurosa de los mandatos del FMI con sus recetas de mayor austeridad,
adelgazamiento de los derechos sociales y cesión al mercado de competencias estatales. La
aplicación de este paquete de medidas en un país que a día de hoy aún tiene al 46% de su
población en situación de pobreza y a un 11% sobreviviendo en condiciones de pobreza
extrema, profundizó aún más la desigualdad y desarticuló una incipiente clase media.
En esta situación de progresivo avance neoliberal, como ya sabemos, se firmó en el año 94
(inicio también del movimiento zapatista, los Foros Sociales Mundiales y el nacimiento de
ATTAC internacional) el NAFTA, el Tratado comercial entre México, EEUU y Canadá que no sólo
supuso la renuncia del gobierno mexicano a intervenir en su economía nacional o la entrada de
México en el juego de las finanzas de casino dejando atrás la inversión productiva sino el inicio
de otros efectos perversos de los tratados neoliberales.
No sólo se produjo una pérdida paulatina de soberanía alimentaria. La desregulación de la
protección al maíz mexicano, mayor cultivo del país, permitió la importación del maíz
estadounidense, provocando una brusca caída en los precios y empeorando la calidad de vida
de los productores locales, que se hicieron más vulnerables a las estrategias de presión del
narco para el cultivo forzoso de amapola o que vieron en esta misma posibilidad un recurso
extremo para la supervivencia económica.
Al igual que estamos viendo ahora en el Sur de Europa y en el proceso de negociaciones del
TTIP, México con la firma del tratado se convirtió en un enclave económicamente secundario y
dependiente de las grandes multinacionales a través de la implantación de la maquila. Las
políticas fiscales que rebajaron la carga impositiva a las multinacionales a un 1,7% frente a la
carga del 20-30% del resto de la población favorecieron esta “maquilización”.
Se promulgó también una Ley minera que dejó a los territorios en manos de compañías
extractoras de metales preciosos, especialmente canadienses. No está de más recordar que el
Estado de Guerrero, en el que se vivió la masacre de los 43 estudiantes, es uno de los mayores
productores de oro del país, mientras el 70% de su población está en riesgo de pobreza.
También se avanzó en una reforma energética que liberó el petróleo y la electricidad, hasta el
momento en manos de PEMEX. Se ha denunciado en fechas recientes la existencia de una
estructura paralela controlada por el narco que comercializa este mismo petróleo de modo
ilegal en cantidades similares a las de la comercialización legal.

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Junto al progresivo desmantelamiento de las policías comunitarias, las diversas reformas
educativas buscaron también el control sobre el magisterio, en determinadas zonas altamente
politizado, como es el caso de las Escuelas Normales.
Pero entre los efectos de mayor calado de la adopción de esta agenda neoliberal en México se
encuentra la incorporación de uno de los ejes discursivos centrales de las intervenciones
militares de EEUU, manejado con fines geopolíticos, así como la imposición de los términos
estadounidenses en su llamada “guerra contra las drogas” o, bajo el nuevo término que usa la
administración norteamericana, “narcoterrorismo”. No sólo impulsó la criminalización en
bloque de todas las luchas sociales (campesinas, estudiantiles, sociales) sino que propició la
militarización de la política, especialmente bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012)
que dejó tras de sí 70.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 1,6 millones de desplazados
forzosos, así como una petición de juicio por crímenes de lesa humanidad impulsada por
diferentes agentes sociales mexicanos.
No hay que olvidar el pingüe beneficio que recayó en las empresas de armamento
estadounidenses con la institucionalización de la “guerra contra el narco”. El 75% de las armas
decomisadas al crimen organizado mexicano son estadounidenses, sin contar con los contratos
de suministro legal tanto al ejército como a la policía mexicanas.
Ante esta situación de desigualdad social extrema, que mantiene el grueso de la economía
mexicana en el sector informal, la creciente pérdida de empleos, recortes, falta de cobertura
estatal, algunos analistas y sociólogos mexicanos empezaron a nombrar la situación desde un
nuevo y doloroso prisma: narcoestado, necropolítica o capitalismo gore fueron algunas de las
categorías nacientes.

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Se comprobó que a medida que el sector informal fue creciendo, apoyado en un nunca extinto
sistema caciquil, se dio un crecimiento exponencial del crimen organizado.
El tráfico de drogas supone el 3,6% del PIB en México, mientras que el coste de la inseguridad
según el ICESI es el 8,9% del PIB. Si observamos los datos mundiales, el mercado internacional
de la droga representa el 1,5% del PIB mundial, con 320 mil millones de dólares en el comercio
de cocaína y heroína a mucha distancia de los 32 mil millones de dólares de la trata de
personas y muy lejos de las cifras de la venta de armas o recursos naturales.
Este 3,6 % mexicano pasa necesariamente por procesos de blanqueo y lavado de capitales a
través de los paraísos fiscales, revirtiendo apenas testimonialmente en negocios pantalla e
invirtiéndose directamente en especulación financiera que refuerza, en una lógica macabra, la
economía global y a la misma élite financiera que promueve la agenda neoliberal y la firma de
los mal llamados tratados de libre comercio a nivel internacional.
Sabemos también que en el proceso de penetración del narco en las instituciones mexicanas,
la corrupción es una constante, documentándose el manejo de unos mil millones de dólares
anuales del crimen organizado exclusivamente para forzar procesos de corrupción policial.
Mientras que México en décadas anteriores se caracterizaba por ser un país de paso para la
droga en su camino hacia el mayor consumidor mundial, EEUU, en la actualidad se ha
reforzado su papel productor, especialmente de heroína y marihuana. El nivel de decomisos de
heroína en la frontera con los EEUU aumentó desde el año 2012 en un 324%. Conviene
recordar también que el Estado de Guerrero donde se vivió el horror de Ayotzinapa concentra
el 98% de la producción nacional de amapola.
En medio de toda esta situación, el narco no sólo se ha aprovechado del desmantelamiento de
la protección social y la precarización colectiva, impulsando incluso procesos de reclutamiento
entre menores de edad, en cifras que oscilan entre los 30.000 y 43.000 menores sino que ha
desarrollado también acciones de suplantación del Estado, a través de creación de pequeñas
infraestructuras y empleo ilegal que repercute también en el sector formal requerido por el
blanqueo de dinero.
Es conveniente, en este primer aniversario de la desaparición forzosa de los 43 de Ayotzinapa,
ampliar la mirada para comprender las causas sociales y económicas que han permitido la
instauración de un sistema nacional marcado por la impunidad y que al grito de ¿por qué nos
asesinan si somos la esperanza de América Latina? que recorrió las calles mexicanas hace un
año, encuentra respuesta en una entrevista realizada a uno de los compañeros de los
normalistas desaparecidos: “¿Pelearías contra el narco como ya lo haces contra el resto de las
instituciones capitalistas?” “No, porque sabemos lo que hacen.”