Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción (Harinera Zaragoza)

 

El próximo mes de diciembre nos veremos en Harinera Zaragoza para construir conversación alrededor de la aplicación local de la Agenda 2030 y el protagonismo que ha de tener el mundo cultural para el logro de no dejar a nadie atrás. Más información e inscripciones en este enlace.

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del horizonte de acción común que representa la Agenda 2030 debería ser la prioridad de nuestras políticas culturales públicas. Sin embargo, la ausencia de un ODS específico para el mundo de la cultura nos invita a desplegar una mayor creatividad, pensarnos de un modo transversal aportando nuestra experiencia y bagaje en el reto de “no dejar a nadie atrás” así como reivindicar, en una alianza firme local-global junto al resto de actores que ya lo están haciendo, la importancia que tiene la cultura entendida como el cuarto pilar del desarrollo sostenible.

Para ello, a través de esta acción, entendida como una conversación catalizadora junto al tejido cultural de base de Zaragoza, conoceremos con mayor detalle los contenidos e indicadores de la Agenda 2030, nos plantearemos cómo implementar nosotras mismas un plan de acción para enmarcar nuestra actividad en el logro de los ODS y nos pondremos como objetivo estudiar juntas cómo localizar, pasando de la teoría a la acción, el potencial cultural y creativo presente en la Agenda.

Poniendo en valor la aportación a la cohesión social y a la construcción de ciudadanía de la acción cultural desempeñada en nuestros contextos locales, “Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción” se celebrará en dos sesiones:

Miércoles, 1 de diciembre, 17:00 horas-18:30 horas (Sesión online)

“Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción”
Sesión expositiva online abierta y dirigida a profesionales del sector cultural, tejido asociativo y cualquier persona interesada de la ciudad de Zaragoza.
En esta conversación inicial nos detendremos sobre el significado de la cultura como cuarta dimensión del desarrollo sostenible, cuál es el papel que desempeña en el marco de la Agenda 2030, por qué no forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo podremos, desde nuestra acción cultural local, contribuir a que la dimensión cultural logre mayor protagonismo y llegue a ser un ODS más en el futuro.

Miércoles, 15 de diciembre, 17:00-20:00 horas (Sesión presencial)

“Localización de los ODS en la acción cultural de Zaragoza”
Presencial con inscripción previa, Gratuito, Plazas limitadas (20 PAX)
Taller práctico dirigido a entidades y profesionales del sector cultural de Zaragoza enfocado a la elaboración y esquematización del propio (¡autogestionado!) plan de acción para la implementación de los ODS en tu entidad. Dinámicas grupales, inteligencia colectiva y viva conversación. Se entregará previamente, entre sesiones, documentación de apoyo y lectura para las personas participantes que quieran profundizar en los contenidos.

Equidad y cohesión social desde una perspectiva de derechos culturales (Plan Director Bibliotecas de Barcelona 2021-2030)

 

(Este texto fue creado en el marco deliberativo impulsado por la Red de Bibliotecas de Barcelona de cara a la elaboración de su nuevo Plan Director 2021-2030. Agradezco la invitación, la sabiduría y la confianza de todo el equipo organizador.)

Puedes ver el video de la intervención en el Canal de Youtube de Biblioteques Barcelona

Es para mí un privilegio poder sumarme a esta conversación que dará frutos en direcciones que ni imaginamos. Desde la pregunta marco que encuadra la sesión de hoy, ¿qué papel pueden desempeñar las bibliotecas para reforzar la equidad y la cohesión social?, me surgía inmediatamente una contrapregunta: ¿en qué marcos estamos encuadrando nuestro trabajo, bajo qué prisma y etiquetas estamos definiendo nuestra acción? Sabemos que las palabras son hermosas e importantes y a veces nos ayudan a dirigir nuestra acción en nuevas direcciones. ¿Qué supondría para la Red de Bibliotecas de Barcelona pensarse desde un enfoque de protección y promoción de los derechos culturales? O lo que es lo mismo, ¿qué supondría autodefinirnos y autodefinir nuestro trabajo cultural como una defensa de los derechos humanos? Porque quizá con este sencillo ajuste de enfoque entronquemos con el cambio de paradigma en las políticas culturales que estamos viviendo a nivel internacional.

En estos momentos en los que es urgente desplegar toda nuestra inteligencia en la creación de alternativas que nos permitan reforzar los vínculos y la vivencia de pertenencia desde marcos inclusivos y de respeto a la diversidad, siento también que es importante acompasar las políticas culturales locales como son las políticas bibliotecarias y los planes lectores municipales con los marcos internacionales de acción por un motivo antes que nada estratégico (y de obsesión por encontrar estrategias eficaces estará plagada esta intervención): porque han ido mucho más lejos en el paradigma de una cultura centrada en las personas y en la incorporación del enfoque basado en derechos humanos.

Como sabemos, este enfoque pone a las personas y su dignidad en el centro, busca apoyarse siempre en estándares internacionales de protección de los derechos humanos y especialmente se hace dos preguntas poderosas: en nuestro ámbito de actuación diario, ¿quiénes son los titulares de obligaciones y quiénes son los titulares de derechos? Como instituciones públicas que podemos marcar la diferencia en términos de proximidad en el trato digno, las obligaciones mayoritariamente son nuestras.

El paraguas legal, ¡intencional! a nuestra acción nos lo van a dar, por tanto, las Declaraciones de la Diversidad Cultural y de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO que para eso las ratificamos como Estado, el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se hace hincapié en el derecho a participar en la vida cultural, por supuesto todos los grandes marcos de aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito bibliotecario, el marco local-global de la Agenda 21 de la cultura o también todo el trabajo desarrollado por las relatoras independientes de derechos culturales de Naciones Unidas, aunque especialmente aquellos centrados en los derechos culturales de las mujeres, en la defensa de los espacios culturales públicos frente a la mercantilización y aquellos en los que amplían la definición de quiénes pueden ser calificados como defensores de los derechos culturales. Todo este marco legal nos dota de mayor legitimidad para cambiar el enfoque de nuestro trabajo, que para mí sólo tiene un objetivo. La cultura y los derechos culturales no son accesorios, no son un lujo, no son un tema secundario. Desproteger los derechos culturales de la ciudadanía es una grave vulneración de los derechos humanos y avanzamos hacia horizontes de justiciabilidad. Tendríamos así un posible horizonte de acción para reivindicar el trabajo de la Red de Bibliotecas de Barcelona como esencial para la profundización democrática y los derechos humanos.

 

 

Pero ¿por qué este cambio de mirada AHORA es tan importante? ¿Es sólo moda terminológica? ¿Por qué este cambio de enfoque resulta decisivo? Sabemos que los derechos culturales con una pieza clave e interdependiente de los derechos humanos, que el derecho a participar en la vida cultural es un derecho inalienable y se repite una y otra vez que los derechos culturales son los derechos de “la pertenencia y la dignidad”. Pero seamos claros: aún se trata de derechos minimizados y desconocidos, y tampoco desde los movimientos sociales en España se han comprendido o reivindicado desde la potencialidad transformadora que encierran.

Y sin embargo, la protección de los derechos culturales apunta a un eje estratégico sin el que nuestras democracias no pueden llamarse democracias: garantizar y promover la equidad de expresión, el hecho de que todas las voces (y por tanto todas las experiencias vitales, todos los dolores y todas las memorias) sean reconocidos socialmente como existentes y por tanto accedan a ser escuchados.

La protección de los derechos culturales va muchísimo más allá del derecho a crear, del derecho de acceso a los espacios culturales, del derecho a renunciar a identidades culturales asfixiantes y a prácticas culturales dañinas, abrazando identidades culturales abiertas, diversas y en diálogo, como digo, la protección de los derechos culturales viene a atajar uno de los ingredientes centrales de cualquier opresión como es el silenciamiento y la injusticia epistémica (la invalidación de ser sujetos capaces de crear “conocimiento que cuenta”). Es decir, actuar como promotores de los derechos culturales nos enfrenta a la necesidad de actuar sobre los sutilísimos mecanismos a través de los cuales vamos construyendo qué conocimientos, voces, experiencias, qué comunidades son reconocidos como existentes y cuáles no.

1.- Empoderamiento, memoria y archivo

Por poner un ejemplo donde esta fuerza de silenciamiento y exclusión de comunidades completas como comunidades dignas de conocimiento se ve con nitidez, ¿aguantarían nuestras secciones de historia local, por ejemplo, una lectura exhaustiva desde el respeto a la diversidad cultural?, ¿nuestras secciones locales hacen emerger la diversidad real de la que procedemos, la diversidad que no hay que crear porque ya es?, ¿o de pronto empezarían a emerger ante nuestra mirada nuestros propios vacíos y exclusiones? Entre otras muchísimas funciones las bibliotecas municipales son artefactos que legitiman desde su función documental y de archivo, precisamente los relatos de qué alcanza el estatus de archivable y qué es descartado como no significativo. Las bibliotecas, como espacios que garantizan el acceso público a la información tienen siempre, aunque no quieran, aunque se obvie, un carácter político en el sentido más amplio del término, ya que ayudan a legitimar socialmente tanto qué es información validada como qué es digno de memoria y archivo. No por casualidad Edward Said y Judith Butler han hecho de la función de archivo un campo de batalla a favor de los derechos humanos, poniendo en el centro la necesidad de cuestionar la falsa neutralidad del hecho de “archivar”, de cara a plantear qué papel transformador podría tener llevar nuestra mirada hacia la memoria y los relatos de las resistencias cotidianas, especialmente locales, qué inciden, arañan, rompen discursos monolíticos y todopoderosos del poder (siempre hay grietas en los muros) y qué podemos inventar para que los dispositivos de archivo no sirvan exclusivamente como legitimadores de relatos de poder, ensayándolos como herramientas de empoderamiento comunitario y resistencia, haciendo de la memoria, como dice Lucina Jiménez, un activo contemporáneo.

 

2.- Leer los vacíos

Desde esta invitación a aprender a mirar y a leer nuestros propios vacíos y huecos que legitiman de alguna manera la exclusión, muchas veces incluso desde un punto de vista pasivo, si nos obligásemos a leer qué personas, comunidades y realidades vitales diversas que nos rodean estamos dejando fuera:

  • ¿Qué dirían nuestras infraestructuras, a quiénes no están escuchando? ¿Qué papel desempeña el diseño universal en nuestras instalaciones?
  • ¿Y el personal que trabaja en nuestras bibliotecas?, ¿hay colectivos infrarrepresentados? ¿Podemos hablar de políticas culturales que apuestan por la diversidad y que sin embargo aún no han incorporado, por ejemplo, cláusulas sociales en la contratación?
  • ¿Los servicios que ofrecemos, nuestras fórmulas de colaboración, los requisitos administrativos para acceder a los servicios bibliotecarios, expulsan a alguien? Esto por ejemplo ha sido un eje de reflexión dentro de la IFLA en el trabajo de las Bibliotecas en su relación con personas sin hogar.
  • El diseño de las colecciones, el proceso de adquisición de ejemplares, las actividades de extensión bibliotecaria, ¿qué están dejando en la sombra?

 

 

3.- Colaboraciones bibliotecarias estratégicas para la promoción de los derechos humanos

Me centro un momento en nuestra estrategia de colaboración con otras entidades, tejido asociativo, etc. ¿Nuestras colaboraciones siguen una política clara que busque incidir sobre la promoción y protección de aquellos derechos humanos más directamente vinculados con el trabajo de las bibliotecas? Por ejemplo, frente al retroceso internacional en materia de libertad de expresión artística, en el que España está a la cabeza de los países del Norte global con el mayor número de condenas de prisión vinculadas al hecho artístico, en este escenario globalizado de palabra amenazada, ¿podemos contribuir o liderar quizá, socialmente la protección de este derecho? ¿Podríamos ensanchar desde esta óptica de una cultura con enfoque de derechos humanos, la colaboración con redes internacionales de defensa de la libertad de expresión (PEN internacional, Artistas en Riesgo, Freemuse…),  sumarnos o impulsar quizá, a través de fórmulas de residencia artística, programas internacionales de acogida de escritores susceptibles de protección internacional? Si nos pensásemos como promotores de derechos humanos y enfocásemos nuestra actividad desde esta óptica, ¿qué acciones podríamos priorizar?

4.- La economía de la credibilidad

Porque es conocido, evidente, medible, el peso que juega el trabajo de las bibliotecas públicas frente a los procesos de exclusión e inequidad, la gran dimensión de su impacto social. Pero es urgente que nos planteemos intervenir también sobre lo que se denomina la «economía de la credibilidad» (este término maravilloso de la maestra feminista Dolores Juliano) porque tiene un peso central para reforzar vivencias de exclusión social y circuitos de pobreza, y la protección de los derechos culturales actúa de forma correctora y directa. Como os decía, tenemos que entrenar nuestra sensibilidad en dos direcciones que se apoyan en el trabajo de la filósofa también feminista Miranda Fricker:

1.- La injusticia epistémica, aquella por la cual no todas las voces, no todas las realidades que se viven en el día a día gozan de la misma credibilidad, la misma capacidad de ser escuchadas y tomadas en serio, con el riesgo que esto entraña a nivel social. Y si no que le pregunten a las personas migrantes y todo su calvario burocrático o  las personas solicitantes de asilo cuando tienen que enfrentarse a trámites administrativos sencillos donde ya empieza el baile de sospecha y recelo alrededor de su documentación. Recomiendo siempre para entender el sufrimiento que conlleva en nuestras sociedades esta configuración de la “economía de la credibilidad” el documental del politólogo y sociólogo José Heredia, “El amor y la ira, cartografía del acoso antigitano” donde se describen con total crudeza el caudal de gestos, expresiones, cotidianas, sencillas que van construyendo la sospecha y la exclusión.

2.- Y otra forma aún más grave de injusticia, la injusticia hermenéutica, el hecho de que toda tu experiencia vital, personal ni siquiera se conciba como existente o real, no sea comprendida ni reconocida como real por tu entorno. Uno de los casos más graves que estamos viviendo en España es la realidad terrible de la trampa burocrática a la que se enfrentan los menores tutelados al cumplir la mayoría de edad, que de puro opresiva ni siquiera alcanza realidad de existencia social y que está tratando de incorporarse a la agenda pública a través de la campaña Un callejón sin salida.

 

 

5.- Marcos de reciprocidad y narrativas en primera persona

Podríamos entonces preguntarnos también a quiénes no hemos preguntado, consultado o interpelado nunca desde marcos de reciprocidad desde nuestra Red de Bibliotecas, por qué no lo hemos hecho y también cómo podemos generar mecanismos directos de escucha, generar espacios y actividades propicios para que emerjan las narrativas en primera persona y acogerlas, para que comunitariamente demos espacio a decirse, a compartirse de un modo seguro desde la diversidad (por ejemplo, siguiendo la estela del proyecto ArtLab de la UNESCO, que invita a diversos artistas a plantear su creación para promover el diálogo intercultural y los derechos humanos).

6.- Las bibliotecas, aliadas de la seguridad humana

Porque también una de las dimensiones importantes sobre las que las bibliotecas inciden sobre la cohesión social tiene que ver con su capacidad de generar espacios de encuentro seguros. No por casualidad, tanto en Colombia como en Centroamérica se han articulado redes de bibliotecas por la paz, incidiendo mucho, frente a modelos de control, vigilancia, sospecha y punitivismo que pesan a plomo también sobre muchos de nuestros usuarios, en el paradigma de seguridad humana. Contribuimos a generar entornos seguros promoviendo la escucha de la diversidad, el buen trasiego e incitando a la voz pública, no sólo a través de la cesión clásica de espacios para la participación ciudadana, sino también a través de la puesta en marcha de procesos deliberativos locales, como este mismo que estamos viviendo.

7.- Políticas culturales emocionales

Al cambiar nuestro enfoque de trabajo incorporando un enfoque basado en los derechos humanos, una cultura centrada en las personas, siguen surgiendo preguntas importantes:

¿Qué papel juegan las políticas culturales emocionales en el acceso democrático al libro y la lectura, en el acceso a la información? Porque cuando hablamos de construir democracias culturales y no nos movemos en una escala humana, desaparece por completo el papel que juega la dimensión emocional en el acceso a la cultura. Si nos obligamos a pensarnos en términos emocionales, de emociones políticas, poniendo a las personas y su dignidad en el centro:

  • ¿Qué entornos de mirada propiciamos? Por activa y por pasiva toda nuestra actividad, programación, colaboración, construye invitaciones de mirada, nos obliga a dirigir la vista hacia determinadas realidades, lecturas, subraya y enfatiza lo que es relevante. Desde nuestro papel como grandes mediadores culturales, ¿qué estamos invitando a mirar y cómo miramos? Cuenta la gran antropóloga de la lectura, Michèle Petit, en su libro magnífico El arte de la lectura en tiempos de crisis en el que recoge múltiples experiencias del uso de la lectura y la escritura en el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, que aquellas experiencias que tuvieron mayor éxito, generando un mayor sentido de comunidad tenían en común dos cosas: el recibimiento afectivo y la invitación a ser mirados con dignidad, desde la dignidad. ¿La mirada afectiva que construyen nuestras bibliotecas se dirige a toda la ciudadanía por igual, podemos ayudar a resaltar y llevar a la mirada pública la dignidad de determinados colectivos?
  • ¿Todas las personas usuarias enfrentan la misma carga emocional a la hora de acercarse a nuestros espacios? Hago spoiler: no. Entonces, ¿cómo nos adelantamos desde un punto de vista preventivo al peso que tienen las grandes emociones políticas vinculadas a la exclusión: la vergüenza, el miedo al rechazo, las experiencias de abandono institucional o a la sospecha? Como invitación a hacerlo operativo y concreto.
  • ¿Qué es lo que nos hace sentir que formamos parte? Porque es en la vivencia de pertenecer sobre la que se construyen todas las estrategias de prevención del extremismo, especialmente con juventud. Necesitamos pensar colectivamente cómo sabemos y sentimos que formamos parte. Parece sencillo pero no lo es tanto. ¿Cómo sé que formo parte activa de mi biblioteca? ¿Es sólo el carnet, es sólo el volumen de préstamo, qué es?

 

 

8.- Derechos lingüísticos

En este sentir que formamos parte juegan un papel central también los derechos lingüísticos, teniendo en cuenta el peso cada vez mayor de las diásporas en nuestro entorno social, el pensamiento y realidad de las «descendencias culturales», teniendo en cuenta que la diversidad de lenguas a nuestro alrededor cada vez es mayor, que hay mucha gente deseando que sus hijos e hijas no pierdan del todo el contacto con sus lenguas maternas y sobre todo lo demás, siendo conscientes de que la falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos no sólo refuerza la exclusión sino que puede suponer en muchos casos un riesgo vital, como se ha vivenciado durante la pandemia.

9.- Las bibliotecas, espacios públicos para la protección de los derechos humanos

Respecto a sabernos y reconocernos como un espacio público clave para la protección de los derechos humanos:

  • Las bibliotecas se perfilan como uno de los pocos espacios públicos que resisten, a veces con uñas y dientes, al enfoque productivista. Ante la desaparición casi total de los espacios comunitarios que construían en el pasado ejes clave de nuestro sentido de pertenencia: el espacio común de trabajo, cada vez más aislado y encerrado en sí mismo; los espacios vinculados a lo religioso en sus múltiples formas con su ciclo festivo… ¿con qué espacios contamos hoy para hacer cosas en común, para construir algo junto a otros que no esté vinculado al consumo? Que crezcan y se multipliquen los espacios de participación cultural supone también ganar espacios para construir otra escala de valores sociales y otros modos de resignificar el éxito social.
  • Como espacio público totalmente volcado en la profundización democrática, las bibliotecas en este presente convulso y post-pandémico van a desempeñar un papel fundamental contra la infantilización social. Necesitamos con urgencia articular nuevas estrategias de alfabetización mediática y estética, un aluvión de propuestas formativas alrededor de la lectura de imágenes que nos ayuden a sortear los riesgos de manipulación informativa. El papel clásico que han desempeñado las bibliotecas para la alfabetización digital, mediática e informacional se percibe hoy como un auténtico cortafuegos frente a la polarización. No obstante nos va a tocar enfrentar, ante la digitalización de la vida en común, la creciente dependencia pública de las grandes corporaciones digitales que se sitúan fuera del control social y que pueden cortocircuitar de alguna manera la función democratizadora de nuestras bibliotecas.
  • Y de nuevo, como en todas las graves crisis económicas y laborales, las bibliotecas como el auténtico salvavidas de la exclusión digital e informacional vinculadas al ámbito laboral. La emergencia de país que supone dar por hecho que las familias cuentan con los recursos para poder acceder a información, trámites, etc. digitalizados cuando la realidad lo desmiente día a día, no sólo por sesgos de edad, sino por los indicadores de pobreza. Sabiendo que la buena información es un recurso limitado, que las buenas estrategias de búsqueda de información relevante y validada pueden delimitar la frontera entre la inclusión y la exclusión social, la función mediadora de las bibliotecas es de vital importancia.

10.- El papel de las bibliotecas en el ecosistema general del libro: la centralidad de la bibliodiversidad

Por último, si realmente queremos incorporar un enfoque de derechos culturales en el trabajo diario de la Red también sería interesante plantearnos qué papel queremos darnos dentro del ecosistema general del libro desde nuestra apuesta por la bibliodiversidad, siendo conscientes de que el modelo neoliberal y altamente concentrado de la economía del libro supone un freno de hecho a esta bibliodiversidad. No sólo se trata de incorporar voces minorizadas a nuestras colecciones, podríamos ir mucho más allá: en nuestra política de adquisiciones, qué porcentaje tienen las editoriales independientes, qué modelo de partenariados podríamos quizá imaginar entre bibliotecas del Norte y editoriales del Sur o cómo podemos reforzar desde nuestras políticas de compra el papel de las librerías independientes y de proximidad, cómo podemos jugarnos a nosotros mismos como agente corrector de esta mirada neoliberal hacia el libro a favor de la igualdad de oportunidades en su acceso.

 

 

Por todo lo que hemos comentado, podríamos quedarnos con estas tres preguntas:

¿Qué supondría para la Red de bibliotecas de Barcelona pensarse de un modo integral desde una óptica de derechos culturales, como un sector profesional estratégico para la defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad?

¿Qué supondría obligarnos a pensar en términos de nuestros propios vacíos y huecos?

¿Y qué supondría repensarnos desde los climas emocionales que suscitamos para construir la pertenencia?

¡Muchas gracias, ha sido un placer participar en esta conversación!

(Madrid-Barcelona vía zoom 17 de marzo de 2021)

Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

 

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial,  que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

 

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

 

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

  • Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

 

 

  • Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

 

  • Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

 

  • Seguridad cultural:

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

 

 

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?

Taller para concejalías de cultura La Gobernanza cultural (El Puerto de Santa María, 18 de marzo)

(LA CELEBRACIÓN DEL TALLER, POR MOTIVOS SANITARIOS, SE TRASLADARÁ AL MES DE MAYO, GRACIAS POR EL INTERÉS ¡NOS VEMOS MUY PRONTO, CUÍDENSE!)

 

Tras la vivencia enriquecedora de la Jornada «Cultura y provincia» celebrada el pasado mes de octubre en Vejer de la Frontera y organizada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, es un placer volver a participar, esta vez en un formato taller dirigido a los concejales y concejalas de cultura de toda la provincia de Cádiz, en este espacio de diálogo enriquecedor. Trataré, con todo el amor, de plantear cómo desde nuestras concejalías podemos incorporar el enfoque basado en derechos humanos en nuestras políticas culturales locales y por qué tiene que ser un orgullo para nuestros pueblos hacer bandera de la defensa y promoción de los derechos culturales en España. Si quieres, nos vemos el 18 de marzo, ¡será un placer volver a encontrarnos, Cádiz!

 

Adjunto íntegro el texto informativo elaborado por la Fundación Provincial de Cultura de Cádiz:

Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales

Cádiz

18 y 25 de marzo de 2020

El Madrugador (El Puerto de Santa María)

 

¿Qué es el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se trata de un espacio donde los concejales y concejalas de cultura de los municipios de la provincia de Cádiz encontrarán herramientas, estrategias y conocimiento en torno a las políticas culturales públicas, esencialmente aquellas que se dirigen al entorno municipal y local, a su problemática específica. Se hablará de la relación de la cultura con el desarrollo, con los derechos de la ciudadanía así como se conocerán experiencias de éxito en políticas culturales municipales.

La Fundación Provincial de Cultura ha seleccionado un grupo de especialistas y experiencias de primer orden, así como personal propio, para ofrecer a los responsables políticos municipales una oferta de calidad y poder atender sus necesidades esenciales, sobre todo en este primer año de mandato municipal.

La idea central del taller es que los concejales y concejalas encuentren en el mismo todos los materiales que precisen para desarrollar la labor política para la que fueron elegidos. Además de las ponencias se podrán conocer de primera mano dos buenas prácticas de políticas culturales municipales.

 

¿Cómo funcionará el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se realizarán dos sesiones de trabajo matinales los días 18 y 24 de marzo en la que se contará con la presencia de los especialistas. A cada asistente se le entregará además un extenso dossier de documentación.

Las sesiones serán dinámicas y muy enfocadas a la práctica política municipal. Se dará una importancia esencial a promover el diálogo y el intercambio de ideas entre ponentes y alumnos y de estos entre sí.

 

 

Programa

Miércoles 18 de marzo:

09,00 Inauguración y presentación general del taller.

09.15 Sesión 1. Las políticas culturales públicas. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Sesión 2. La Cultura y los derechos de la ciudadanía. Derechos humanos y derechos culturales. Estefanía Rodero Sanz, Socióloga de la cultura.

11,00 Pausa café.

11,30 Sesión 2 (continuación)

12,15 Sesión 3. Cultura y cooperación. Javier Brun, Gestor cultural del Ayuntamiento de Huesca.

13,45  Fin de la primera jornada.

 

Miércoles 25 de marzo:

09,30. Sesión 4. Agendas políticas culturales. Agendas locales. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Buena práctica. festival de Teatro Alternativo. (Urones de Castroponce, Valladolid)

11,00 Pausa café

11,30 Sesión 6. Cultura y Desarrollo. Alfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco: «Políticas Culturales y Cooperación» de la Universidad de Girona.

12,45 Experiencia. Luciano Martínez Iglesias, Concejal de Cultura de Amorebieta (Vizcaya)

13,30 Clausura.

 

 

El municipio y los derechos culturales de la ciudadanía

(Este artículo se enmarca en la celebración de la Jornada Cultura y Provincia organizada por la Diputación de Cádiz y su Fundación Provincial de Cultura el 28 de octubre de 2019, un encuentro con concejalías y técnicas de cultura de todo el territorio)

Mi intención con esta intervención, para plasmarlo desde el principio, es reivindicar el protagonismo urgente y necesario que ha de tener la política cultural, especialmente en el nivel más próximo a la ciudadanía, que es el nivel local, en el actual contexto socio-político que estamos viviendo en España, sin olvidar ni por un segundo que nuestros niveles locales cada vez tienen mayor protagonismo en redes de articulación internacional.

Y el eje central de esta reivindicación como actores fundamentales de la política cultural  se va a enmarcar en el hecho de que somos garantes de la protección de uno de los elementos inalienables de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Para mí es importante dejar claro el horizonte antes de empezar.

Partiendo de la hipótesis de que no existe municipio que no cuente ya con una política cultural local, aunque sea implícitamente, quiero lanzar también en este espacio una pregunta complicada que empieza con un ¿para qué? Decía Mandela en El largo camino hacia la libertad que la verdadera dimensión de lo político no empezaba nunca desde un ¿por qué? sino desde un ¿para qué? De modo que del binomio «política cultural» vengo a detenerme un poco más en la «política» lanzando la pregunta ¿para qué hacemos política cultural en nuestros municipios?

Después de un tiempo, que ha sido muy necesario, en el que sectorialmente y desde diversas esferas hemos estado muy centrados en cómo hacer política cultural local: todos los debates sobre la necesaria profesionalización de la gestión cultural local, los riesgos del voluntarismo; todo el diálogo sobre las estructuras de gestión, la aparición de las fundaciones de cultura locales, las estructuras mixtas; todo el debate y el paradigma de la participación en el diseño de las políticas culturales locales: los consejos municipales de cultura, la evaluación participativa de los proyectos, la radialización de las estructuras huyendo de la concentración de nuestras programaciones en el centro de nuestros pueblos y ciudades…después, como digo, de todo este esfuerzo intelectual y vital colectivo, siento y quizá sólo sea una percepción personal, que hemos dejado descuidada o al menos hemos dialogado poco a nivel colectivo sobre el para qué hacemos política cultural pública.

Y remarco aquí lo de pública porque mientras tanto el mercado sí ha dado su respuesta: la cultura sirve para hacer negocio; la cultura maridada a un determinado enfoque turístico, para lo que sirve es para desarrollar económicamente nuestros municipios y territorios.

Y sin restarle ninguna importancia al papel económico que puede desempeñar la cultura y que de hecho desempeña, incluso desde este enfoque hemos analizado poco cómo se reparte dicho impacto económico, a quién beneficia y cómo se distribuye, si quizá existen desigualdades de género en el impacto de dicho beneficio económico y si repercute de modo positivo y con qué grados de calidad sobre las políticas locales, territoriales de empleo (siguiendo la estela del modelo de las Escuelas Taller de Santa María la Real o el trabajo realizado en Albarracín, por ejemplo).

 

 

Sin desmerecer, como digo, la potencialidad de esa mirada, el contexto actual nos empuja con urgencia a romper inercias en nuestra reflexión y en nuestro trabajo: no sólo el crecimiento sostenido de la desigualdad en nuestras sociedades, que no para de crecer y que es una máquina de creación de exclusión social; la normalización de un horizonte de vida precarizado, laboralmente, vitalmente, que ha tenido un impacto sobre nuestra percepción cotidiana de la seguridad vital, personal, generando vivencias de profundo desarraigo, de crisis de pertenencia de las que ya estamos viendo monstruos (la búsqueda de chivos expiatorios: islamofobia, presión sobre migrantes y refugiados, repunte del antisemitismo europeo, presión sobre las minorías de todo signo…); la reaparición del odio como atmósfera emocional en un contexto además en el que las migraciones globales han creado una realidad infinitamente más diversa.

Ante este contexto es cierto que los marcos legales culturales internacionales sí han reaccionado antes que el marco español y están marcando la pauta (las Declaraciones de la diversidad de la UNESCO, las relatorías de derechos culturales, etc) introduciendo ya un cambio de discurso y agenda en la política cultural que es necesario que empiece a concretarse ya en nuestros municipios, teniendo en cuenta que España ha ratificado todos estos acuerdos y que por tanto no hay excusa alguna para no actuar.

Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha avanzado en esta dirección (especialmente, por ejemplo, la Agenda 21 de la Cultura y todo el trabajo de la UCLG), ¿de qué estaríamos hablando realmente?

De generar políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos, abriéndonos a una definición y visión de la cultura de corte más antropológico, desplazando un poco el foco de atención desde los objetos culturales y su protección hacia las personas, es decir, hacia la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía a participar en la vida cultural y a exigirnos marcos de promoción y defensa de los derechos culturales (que siguen avanzando hacia su justiciabilidad) en el lugar privilegiado donde se ejercen: tu pueblo y tu ciudad.

Colocándonos en esta nueva posición, abriendo nuestra gestión cultural pública a esta mirada, de pronto se hacen patentes e iluminan otros aspectos que, simplemente, estábamos dando por hecho:

  • que ningún municipio es neutro en su política cultural local, dado que aunque no esté haciendo nada explícitamente, ya hay una política cultural implícita y un posicionamiento que hay que hacer emerger.
  • que todas las políticas locales tienen una dimensión cultural y que es necesario transversalizar nuestra sensibilidad hacia los derechos culturales en toda nuestra acción pública (desde el diseño universal en todos nuestros equipamientos públicos, el respeto a la diversidad cultural y religiosa en nuestros cementerios, los límites a la especulación inmobiliaria y sus efectos sobre bienes de interés cultural, etcétera)

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales?

Se dice que los derechos culturales refuerzan las nociones de dignidad y pertenencia dentro del universo de los derechos humanos.

Según la Declaración de Friburgo los derechos culturales serían:

– el derecho a la identidad y al patrimonio cultural, teniendo en cuenta la dimensión ampliada hacia el patrimonio natural.

– el derecho a que se respete nuestra identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, el derecho a conocer nuestra propia cultura y respetar las demás.

– el derecho a elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales y de modificar esta elección (ampliando hacia el derecho a la disidencia cultural, a la protección frente a la fijación y cosificación de nuestras culturas)

– el derecho a nos ser obligados a identificarnos o a ser asimilados a una comunidad cultural contra nuestra voluntad.

– el derecho a acceder y a participar en la vida cultural: expresarnos en nuestra lengua materna, ejercer prácticas culturales y que sean valoradas, acceder a la producción y difusión de bienes y servicios.

– el derecho a ser libres para desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, protegiendo nuestros intereses morales y materiales. Ni qué decir tiene la importancia de este punto en entornos de epistemicidio como lo es la ruralidad española o en entornos de expolio cultural y enorme incidencia del mercado negro de arte, tan profundo en Andalucía vinculado al robo arqueológico.

– junto al derecho a la educación y la formación a lo largo de la vida, el derecho a una educación que contribuya al libre y pleno desarrollo de nuestra identidad cultural, el derecho a ser educados en nuestra lengua materna.

-junto al derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a la libertad de expresión artística, nuestro derecho a la información libre y pluralista, nuestro derecho a acceder a la difusión de información y no sólo a ser receptores pasivos de la misma (fundamental para los procesos de luz de gas que vive, por ejemplo, la España vaciada)

– el derecho a la cooperación cultural, nuestro derecho a ejercer la diplomacia cultural local, a establecer redes de fraternidad así como nuestro derecho a contribuir al desarrollo cultural de nuestras comunidades y a ser tenidos en cuenta respecto a las decisiones que nos conciernen.

Teniendo en cuenta este marco, este paraguas de actuación, vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿para qué hacemos política cultural local? Para contribuir a garantizar la protección de los derechos culturales de nuestras vecinas y vecinos (su felicidad, el bien común, la cohesión social, que nadie se quede atrás).

Por tanto, nos asaltan otro tipo de preguntas que se concentran en un estadio previo al de la pura gestión cultural:

  • nuestra política cultural local, ¿qué clima emocional está propiciando?, ¿está polarizando?, ¿creando, sin querer, algún chivo expiatorio?, ¿generando un clima propicio al encuentro o reforzando el individualismo?, ¿qué atmósfera afectiva genera mi acción cultural local?
  • nuestra política cultural local, ¿qué impacto tiene sobre el espacio público?, ¿lo privatiza, lo amplía, lo parquetematiza o falsifica?
  • nuestra política cultural local, desde la clave de los grupos de poder, ¿a quién está dejando fuera, a quién no ve? Haciendo una etnografía de la invisibilidad como ha bautizado el antropólogo Honorio Velasco, ¿hay colectivos totalmente excluidos de nuestra política cultural local?, ¿manifestaciones culturales, etc? ¿Qué barreras simbólicas, comunicacionales detectamos en nuestra política cultural local, no desde la creación de públicos, sino desde un enfoque de derechos humanos?
  • nuestra política cultural local, ¿cómo está protegiendo el derecho a la creación cultural, el sentido de agencia?, ¿está creando horizontes de pasividad?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del mérito y del reconocimiento está impulsando?, ¿qué merece loa y boato, qué queda excluido de este mérito?, ¿qué decide musealizar y qué no?, callejeros, edificios municipales, premios y museos locales, hijos e hijas predilectos…¿qué está mereciendo mirada?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del duelo promueve?, ¿por quién llora el pueblo?, ¿qué vidas merecen luto y cuáles no? Minutos de silencio, crespones, banderas a media asta…¿por quién doblan las campanas en tu pueblo?
  • nuestra política cultural local ¿está respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura?, ¿qué medidas de protección o fomento está desplegando? ¿paga a tiempo, se nos escapa la gratuidad por amor al arte, remuneramos bien? En nuestras políticas locales de empleo y emprendimiento, ¿valoramos la cultura, promovemos y visualizamos otros modelos empresariales, por ejemplo, vinculados a la economía social de la cultura como promueve la Carta cultural iberoamericana?

De lo que se trata, por tanto, es de proteger colectivamente el derecho a definir, a debatir, a la crear la vida cultural en la que nos desenvolvemos, el sentido y el significado profundo de lo que supone el «nosotros», para lo que es fundamental hacer emerger todos estos sobreentendidos, todos estos elementos que se dan por hecho, que son de «sentido común» y que crean la cultura de un pueblo.

Si María Zambrano decía que para construir paz era necesario compartir el pan y la esperanza, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro radio concreto de acción en la política cultural municipal para que este compartir fuese cierto y contribuir a garantizar desde la cultura el respeto a los derechos humanos?

Jornada Cultura y Provincia, 28 de octubre, Cádiz

 

El próximo lunes 28 de octubre, se celebrará en Vejer (Cádiz) la Jornada Cultura y Provincia en la que, junto a concejalas y concejales de cultura de toda la provincia y técnicos especialistas culturales de todo el territorio, conversaremos sobre el papel que pueden desempeñar los municipios en la defensa de los derechos culturales y la necesidad, hoy más que nunca, de un nuevo marco de actuación de nuestras políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos.

Agradezco a la Diputación de Cádiz y a su Fundación Provincial de Cultura la invitación y la oportunidad de seguir tendiendo puentes y lazos comunes para seguir garantizando en nuestro país el derecho a participar en la vida cultural en pie de igualdad para todas y todos.

Reproduzco de su página web la información de la Jornada:

La jornada

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz convoca el Encuentro Cultura y Provincia para todos los municipios de menos de 50.000 habitantes y Entidades Locales Menores. Se trata de un espacio de encuentro y reflexión en el que participarán tanto responsables políticos locales como los gestores y gestoras culturales municipales. El evento tiene dos ámbitos diferenciados, por una parte, conocimiento de algunos de los aspectos más destacables de las políticas públicas locales a día de hoy y, por otra, presentación de las propuestas que la Diputación hace a los municipios para el próximo año 2020.

En lo que se refiere a ponencias y conocimiento contaremos con tres ponentes de gran nivel e interés:

En primer lugar, el profesor Enrique Bustamante, de la Universidad Complutense, que en los últimos años ha venido coordinando el Informe sobre la Cultura en España, que realiza la Fundación Alternativas. En su exposición nos informará en qué han influido los años de crisis sobre las políticas culturales públicas municipales.

En segundo lugar Gema Carrera, antropóloga del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, hablará sobre un proyecto de gran interés para todos los municipios, como es la Guía Digital del Patrimonio Andaluz.

Y como final en este ámbito de conocimiento, contaremos con Estefanía Rodero, para hablar de los derechos culturales y el municipio.

Además, en el núcleo del encuentro, la Fundación Provincial de Cultura, a través de sus responsables político y técnicos, adelantará algunas de las reformas y novedades en el modelo de cooperación entre la Diputación y las poblaciones menores de 50.000 habitantes. Cambios de imagen, de normativa, de oferta, que se encuentran en la línea de realizar una oferta de servicios de más calidad y participación. Todo ello con independencia de que en el transcurso del año próximo se realice una revisión y reformulación más profunda del Plan Estratégico, aprobado por el pleno de la institución provincial y que rige en la actualidad sus estrategias para la cultura en la provincia.

Ponentes

Enrique Bustamante Ramírez

Profesor universitario desde 1980 y Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Es Vicepresidente de AE-IC (Asociación de Investigadores en Comunicación de España) desde 2008 y fundador y director de la revista de investigación en comunicación “Telos. Cuadernos de Tecnología, Comunicación y Sociedad” (FUNDESCO), desde 1985 a Abril de 1997, además de coordinador general en su nueva etapa (2001-2011).

Fue miembro del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, nombrado por el Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero entre abril de 2004 y marzo de 2005, y por ello fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Es miembro del Consejo de Redacción, entre otras, de las siguientes revistas de investigación: Reseaux (Paris-Londres); Media Culture & Society (Londres); Comunicaçao & Politica (Rio de Janeiro); ZER (U. País Vasco); EPTIC (Univ. de Sergipe. Brasil: www.eptic.he.com.br www.eptic.he.com.br); Studies in Communication Sciences (Universidad de Lugano.Suiza:www.scoms.ch, Dialogos(Lima. FELAFACS:www.felafacs.org, www.dialogosfelafacs.net), Pensar la Publicidad (Universidad de Salamanca).

Ha sido periodista en activo durante doce años en numerosos medios de comunicación, entre ellos en la emblemática revista Cuadernos para el Diálogo (1974-1978); fue asimismo directivo electo a la Asociación de la Prensa de Madrid, la Unión de Periodistas y el Club Internacional de Prensa, Titular de la Cátedra Unesco de Comunicación Internacional de las universidades Stendhal de Grenoble y Lyon II (en 1997-98), secretario general y vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1993-1997), director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la Universidad Complutense (1989-1993)y presidente de Ibercom, Asociación de Investigadores de Iberoamérica en Comunicación (2003-2007).

 

 

Gema Carrera Díaz

Doctora en Antropología y Jefa de proyecto de Patrimonio Etnológico del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Pertenece al Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales de Andalucía (GEISA). Es Premio Extraordinario de Doctorado 2016 de la Universidad de Sevilla por la investigación titulada: Propuesta metodológica para la documentación y gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial como estrategia de desarrollo social y territorial.

Es Directora técnico científica del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y ha coordinado varios proyectos de investigación. Es autora de numerosas publicaciones periódicas, capítulos de libros y algunas monografías relacionadas con el patrimonio cultural, patrimonio etnológico y participación social, metodologías de documentación y gestión del patrimonio inmaterial.

Es miembro de la comisión de Etnología de la Consejería de Cultura (2008-2016), miembro del Comité de redacción y seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura (2011-2015). Ha formado parte del grupo de expertos para la realización de un modelo de código ético para la salvaguarda del patrimonio inmaterial (UNESCO). Es presidenta de la Asociación Andaluza de Antropología.

 

Estefanía Rodero Sanz

Socióloga de la cultura, especialista en género, teórica y comparatista literaria y analista del discurso. Recibió en su momento los premios Joven Emprendedora Social UEM-International Youth Foundation y Proyectos con Espíritu (Espíritu 23, Madrid) por la experiencia de empoderamiento comunitario a través de la cultura que supuso Mundo Catarata. A raíz del impacto de la publicación de la Guía práctica de emprendimiento social y cultural para la Universidad de Salamanca de la que fue autora y la conversación incesante con América Latina, actualmente trabaja promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres y el reconocimiento de su aportación a la riqueza de los pueblos, estando siempre al servicio de la realidad gracias a las Relaciones Culturales Internacionales (y a lo aprendido de sus maestras de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universitat de Girona y la Organización de Estados Iberoamericanos).

En el ámbito de la crítica y la creación literaria impulsó el nacimiento de la -fugaz y hermosa- Asociación de críticas literarias feministas Julia Kristeva (Universidad Complutense de Madrid) elaborando, entre otras acciones, A la vez, mujeres poetas del mundo. Entre otros premios, recibió en el 2003 el Gloria Fuertes de poesía, siendo incorporada después a diversas antologías españolas. Comprometida, como afirmaba Gianni Rodari, con la «defensa del uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas sino para que nadie sea esclavo» dio origen a la Biblioteca Autogestionada del módulo de mujeres del Centro penitenciario de Topas (Salamanca), embarcándose más tarde en el proyecto de co-creación del álbum ilustrado y el documental El sueño del último baobab, nacido de la experiencia de los menores migrantes no acompañados en España.

 

 

Programación

09:30
Recepción y acreditaciones

10:00
Inauguración del Encuentro

Irene García Macías

Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz

10:30
Conferencia: En el marco de la gran crisis: las políticas culturales locales en España

Enrique Bustamante Ramírez

Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Informe sobre el estado de la Cultura en España (Fundación Alternativas)

11:15
Pausa Café

11:45
Conferencia: Guía Digital del Patrimonio Andaluz: La Guía en Red

Gema Carrera Díaz

Antropóloga. Jefa del departamento de Proyectos de Patrimonio Etnológico. Instituto Andaluz del patrimonio Histórico

12:30
Presentación: El proyecto de la Fundación Provincial de Cultura para la provincia de Cádiz: Consolidación y renovación

Antonio González Mellado. Diputado Delegado de Cultura.

Antonio Luis Rodríguez Cabañas. Director de la Fundación Provincial de Cultura.

Equipo técnico de la Fundación Provincial de Cultura.

13:15
Conferencia: El municipio y  los derechos culturales de la ciudadanía

Estefanía Rodero Sanz

Socióloga de la cultura y especialista en política cultural por la Cátedra UNESCO de Políticas culturales y desarrollo (UdG)

14:00
Clausura

14:30
Actuación musical

Lucía Galindo (cantautora)

14:45
Almuerzo

16:30
Visita guiada a la Fundación NMAC Montenmedio de Arte Contemporáneo

 

Nota: la asistencia a esta jornada es exclusivamente para concejales/as y técnicos/as de Cultura de los Ayuntamientos de la provincia y por invitación de la Fundación Provincial de Cultura.

Espacio público y derechos culturales

(Todas las imágenes de esta entrada son fotografías del maestro Ricard Terré)

Como viene siendo costumbre recojo por aquí algunas notas con motivo de la presentación del último informe de la relatora de derechos culturales relativo a la reflexión sobre el espacio público y la protección de los derechos culturales. Aunque hace unos meses ya dialogamos sobre algunas zonas de fricción sobre este tema que estamos viviendo en España (en el artículo Catedrales me explayé), dejo por aquí algunos de los puntos más significativos (para mí, obviamente) recogidos en el informe.

En primer lugar me parece subrayable el modo en el que se ha vuelto a clarificar el propósito del mandato de la relatoría de derechos culturales, reforzando “el enfoque más holístico basado en los derechos humanos para la formulación de políticas culturales”. Así, en este último informe se nos vuelve a invitar a cambiar el enfoque desde el que nos acercamos a la política cultural:

“El propósito del mandato no es proteger la cultura en sí, sino más bien las condiciones que permiten que todas las personas puedan tener acceso y contribuir a la vida cultural, y participar en ella, sin discriminación y en un marco de evolución constante.”

Se hace valer así una vez más la interrelación de los derechos culturales en el seno de los derechos humanos, haciendo valer el papel que su respeto tiene para contribuir a la creación de espacios públicos “vibrantes, significativos y accesibles”.

Ante la ola privatizadora del espacio público de la que ya hemos venido dando cuenta, así como los nuevos cercamientos culturales, especialmente visibles en el ámbito del patrimonio en España, el análisis sobre el respeto de los derechos culturales en el espacio público incorpora por primera vez, basándose en la definición que da la UNESCO, los espacios virtuales.

 

 

Así, dialogando también con el trabajo realizado por el relator del derecho de asociación de Naciones Unidas, que hace hincapié en el espíritu de servicio público que implican dichos espacios y que han de estar definidos precisamente por representar la esfera pública, por el debate y la controversia libremente ejercidos, se pone el foco sobre diversas áreas de fricción entre la protección de la cultura y el espacio público:

–          En primer lugar, y teniendo como horizonte la construcción del espacio público como espacio de justicia social, se hace hincapié en la necesidad de incorporar el diseño universal en toda la planificación de las infraestructuras culturales. No ya como una “especialización” sino como un cambio de paradigma que ha de transversalizarse en todas nuestras políticas.

–          Por supuesto, se da la señal de alarma sobre las consecuencias de la rápida urbanización y el progresivo desmantelamiento de espacios públicos inclusivos. Me resulta interesante el modo en el que se coaliga la corrupción en obras públicas con el impacto sobre la desprotección de los derechos culturales.

–          Fundamental la mirada hacia el mundo rural que recoge el informe, no sólo en su defensa del acceso al agua y la tierra en condiciones de igualdad como elementos sine qua non para la protección de los derechos culturales en la esfera internacional, sino por la férrea defensa de la lucha por preservar los espacios culturales en las zonas rurales. No ya tanto “intervenciones estelares” (puntuales) en el medio rural, sino equipamientos básicos que van siendo progresivamente abandonados ante la inacción política: bibliotecas rurales, teatros comarcales, cines de pueblo y un largo etcétera del que tanto podríamos hablar. Me parece fundamental la defensa que se hace en el informe de las bibliotecas itinerantes o de aldea.

–          Respecto a los espacios virtuales, junto a sus potencialidades, se señala la necesidad de medir su impacto sobre el posible desmantelamiento de los espacios reales de vinculación, especialmente teniendo en cuenta la progresiva degradación de los espacios tradicionales de encuentro, cada vez más mercantilizados (“mercantilización de la sociabilidad urbana”) y de acceso más restringido a nivel económico dado que “desde la perspectiva de los derechos culturales, o la dimensión cultural, los espacios públicos responden a la necesidad de encontrarse con los demás y transmiten importantes significados sociales y culturales”.

 

 

–          Se señala repetidamente la necesidad de reflexionar sobre cómo construir un espacio público acogedor para todas las personas. ¿Qué implicaría en el diseño de nuestras políticas culturales públicas poner en el centro el carácter acogedor del espacio público? ¿Cómo se reflejaría? Desde el uso de la diversidad de lenguas en la vida pública, hasta la adaptación del espacio a la diversidad real de nuestras sociedades (hay infancia, hay juventud, hay hombres y mujeres mayores, personas con diversos modos de movilidad, gente que pasea mascotas…) Se hace hincapié por tanto en el hecho por el cual, si realmente queremos hablar de seguridad en los espacios públicos: “las iniciativas culturales pueden ayudar a diseñar espacios inclusivos y promover los derechos humanos”.

–          Como no podía ser de otra manera, se enfatiza el papel que la presencia de las artes en los espacios públicos puede jugar para la construcción de comunidad y el sentido de pertenencia

–          Se dedica un apartado fundamental al riesgo que entraña la dependencia excesiva del patrocinio privado y la necesidad de garantizar el derecho a los espacios públicos y su sostenibilidad, como ya hablamos ante la creciente privatización de las Catedrales en España. En el binomio “patrimonio y turismo” se nos alerta de dos ejes ya repetidos: la exclusión de personas de determinados entornos patrimoniales por romper la imagen de marca del lugar (conflicto de expulsión de comunidades largamente repetido en espacios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) así como la creciente teatralización de los espacios públicos. Curioso, en el país que privatizó el topónimo de la estación de metro Sol por “Vodafone Sol”, leer la advertencia que se recoge en este informe:

“No deberían tomarse decisiones sobre lo que se pretende construir, exhibir o cambiar en los espacios públicos ni sobre los motivos para ello, incluidos los cambios de topónimos, sin consultar debidamente a todas las partes interesadas y, en especial, a los grupos minoritarios.”

Se sigue avanzando, por tanto, en la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos a nuestra política cultural pública, reforzando la necesidad de proteger el espacio público frente a las tendencias privatizadoras, no sólo como “el espacio de todas las personas” sino como condición fundamental para la protección de los derechos humanos.

Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia

(Todas las imágenes son obras de Magda Sayeg)

Esta reflexión se compartió en la Jornada Repensar las políticas culturales locales que se celebró en Valladolid el 9 de mayo de 2019.

Si no te apetece leer, puedes ver o escuchar la intervención en este enlace. ¡Que sume! (que falta nos hace, compañeros, que falta nos hace…)

 

Más allá de las identidades: articulación local-global del sector cultural para la profundización democrática

La política cultural local está viviendo un momento clave. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, que tiene su reflejo en una nueva narrativa que entiende la política cultural desde un enfoque de derechos humanos.

La política cultural local está reivindicando para sí misma el protagonismo que tiene como constructora de democracia de proximidad y como promotora de una de las facetas indivisibles de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Desde lo local en los últimos años nos estamos dando cuenta de lo estratégico que resulta para la profundización democrática sintonizarnos con los debates y el marco normativo cultural internacional, que ha recogido de un modo más rápido y sensible las aportaciones recientes de las ciencias sociales, por ejemplo, la libre elección de la identidad cultural, la importancia de la protección de la disidencia cultural y su impacto sobre la innovación social, la noción de diáspora y los criterios culturales de descendencia o la dimensión culturales de los espacios naturales y los territorios. Nos ayuda también a resituar la importancia de los derechos culturales para la salud democrática de un país, obligándonos a llevar el foco a la vinculación de los derechos culturales con la economía de la credibilidad, es decir, con el modo en que una sociedad configura la palabra que cuenta, lo visible, lo audible, el relato legítimo y que puede, por tanto, reforzar procesos más amplios de desigualdad.

Esta armonización local-global en España se traduce en una ampliación de los campos de intervención de la política cultural local y en una actualización del debate sobre qué entendemos por democracia cultural.

Así, en un repaso muy rápido, hemos encontrado inspiración desde lo local en el nuevo constitucionalismo iberoamericano que hizo de los derechos culturales un eje central de transformación social; en el impulso que ha supuesto la Agenda 21 de la Cultura y la red global que demanda un mayor protagonismo de las ciudades como interlocutoras internacionales; en la actualidad, en las propuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel que ha de jugar la cultura para su cumplimiento, sin olvidar tanto las Declaraciones sobre Diversidad de la UNESCO como el trabajo de los diez últimos años de las relatoras de derechos culturales de la ONU, especialmente para la protección de los derechos culturales de las mujeres y la protección del derecho a la disidencia. Menciono aparte, por lo difícil que me resulta entender lo mucho que desaprovechamos la mención explícita a la economía social de la cultura, la Carta cultural iberoamericana, y que nos da un paraguas de actuación para la política cultural local más abierto aún a procesos comunitarios. Bajo este marco, la política cultural local se redimensiona, sabiendo que es en el nivel local donde estas propuestas se hacen reales, medibles, tangibles.

 

 

Políticas culturales locales y nueva agenda de derechos

Se entiende, por tanto, que desde este reconocimiento de la política cultural local desde un enfoque de derechos humanos podemos política y sectorialmente ser punta de lanza para la apertura de una nueva agenda de derechos, saliendo del riesgo de posiciones defensivas o reactivas, generando desde lo local contrapesos a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos viviendo.

Tendremos que hacer un nuevo énfasis sobre el acceso igualitario a la producción artística, pero haciendo mucho más hincapié en el acceso a los canales de distribución y exhibición desde criterios más democráticos y plurales, así como tomarnos más en serio la articulación de políticas de comunicación locales y nuestro modo de plasmar en lo local el derecho a la información.

Sabiendo que avanzamos hacia el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, desde lo local tendremos que preguntarnos cómo vamos a proteger los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza o los de las generaciones futuras. Cómo impacta sobre nuestro patrimonio inmaterial local (gastronomía, artesanía) la generalización de los tratados de libre comercio, cómo vamos a prepararnos para la protección de la creación colectiva, la autoría colectiva (mucho más trabajada en los contextos relacionados con los pueblos indígenas) ante procesos de extractivismo multinacional en el sector cultural ante los que el mundo rural español está especialmente desprotegido, como nos muestran los casos tanto del pleito de los municipios de Vilariño de Conso y Viana do Bolo contra Dolce & Gabanna por plagio o el reto que supone el reconocimiento de la dehesa castellana y extremeña como paisaje cultural de la UNESCO frente al extractivismo minero que amenaza, por ejemplo, el Campo Charro.

Desde lo local también tendremos que concretar mucho más la protección de los derechos lingüísticos y el reflejo de su diversidad, no sólo de las lenguas oficiales, sino de las que están en riesgo de extinción, como el astur-leonés o los derechos lingüísticos de la ciudadanía migrante, especialmente en las segundas y terceras generaciones ante el riesgo de perder en muchos casos las lenguas maternas de sus padres.

 

Ministerio de las Culturas, Ley de Derechos Culturales, 1% presupuestario: la democracia cultural en la conversación internacional como inspiración para lo local

Por eso, en esta armonización local-global que estamos desgranando, más allá del reparto competencial, podemos encontrar horizontes de resonancia e ir condensando otras propuestas de política pública, por ejemplo:

1.- Desde la innovación institucional pública en el ámbito cultural:

¿Cómo podríamos reflejar en lo local el espíritu, por ejemplo, de la creación del Ministerio de las Culturas chileno? ¿Podría ser una apuesta para agrietar la herencia centralista de las políticas culturales españolas?, ¿qué juego podría darnos este tipo de innovación en la institucionalidad cultural para hacer emerger y socializar nuestra propia historia de diversidad cultural, cuestionando relatos mayores en los que se inserta? (el peso en Castilla y León, por ejemplo, del relato cultural imperial)

2.- Desde la vertiente económica y la dotación presupuestaria:

Qué correlato podría tener en lo local, por ejemplo, las movilizaciones internacionales del sector cultural alrededor de la reivindicación del 1% del PIB para la cultura recomendado por la UNESCO, que ha sido una propuesta que ha hecho suya el activismo cultural de base (por ejemplo en Bolivia a través del Colectivo Telartes o en la campaña #ActForCulture ante las elecciones europeas) y a la que en España no hemos hecho demasiado caso.

3.- Desde el avance legislativo:

Cómo impulsar, acompañar desde lo local la creación de nuevas leyes de derechos culturales, que en España ha tenido su primer hito en Navarra, recogiendo experiencias previas de Cartas municipales de derechos culturales como la de Barcelona o leyes de acceso a la cultura como la del País Vasco. Supone un hecho muy importante en España, no sólo por el reflejo que pueda tener en otros espacios autonómicos o en el avance hacia una ley estatal en la próxima legislatura, sino por el marco de acción para la política cultural de proximidad que promueve:

  • Desde la definición de política cultural pública como aquella (y yo añadiría “y sólo aquella”) que defiende el valor de la cultura como bien común.
  • Por el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural y la necesidad de articular desde todos los niveles competenciales medidas de protección para trabajadoras y emprendedoras de las industrias cultural y creativa.
  • La exigencia de medidas fiscales específicas para el trabajo cultural y la creación de fondos e instrumentos de crédito, apostando por la economía social de la cultura.
  • El protagonismo que da a la función de los mediadores culturales y artísticos.
  • Y dos líneas que pueden ser claves para las políticas culturales locales especialmente de la España vaciada:
    • La participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, ante el riesgo de parquetematización y presión turística.
    • La incorporación ya en una ley en España que reconoce el derecho al patrimonio como un derecho humano, frente al riesgo de expolio y las redes internacionales de mercado negro de arte.

 

Políticas culturales locales frente a los discursos del odio

Quería terminar como empecé, desde este cambio de visión para unas políticas culturales en clave de derechos humanos, teniendo en cuenta también el llamamiento a la acción del sector cultural que se ha lanzado en toda Europa frente al auge de los discursos del odio, apuntando a algunas cuestiones que se pueden abordar desde la política cultural local:

La cultura puede mejor que ningún otro campo, cortocircuitar la creación de “la Otredad”, del “Otro amenazador” creando espacios de acercamiento a lo que conocemos menos, vinculados a climas afectivos diferentes al miedo o la sospecha, como pueden ser la alegría, lo festivo, el placer de descubrir.

Desde la política cultural local tendremos que detenernos con mayor profundidad a analizar qué imaginarios y horizontes aspiracionales reforzamos con nuestra programación desde lo público, siempre teniendo en cuenta que no somos los únicos que estamos actuando en la creación de dichos imaginarios:

  • ¿Qué fechas conmemorativas reforzamos?
  • ¿Qué “traumas y glorias locales” designamos como significativos y cuáles no?
  • ¿Cuáles son nuestras culturas de honor y reconocimiento locales y especialmente qué régimen de mirada imponen: qué se invisibiliza y excluye del “nosotros” local?
  • Importante también en este punto el análisis de nuestros lutos públicos y la definición de lo que consideramos llorable.

Todos estos temas son fundamentales por el papel que juega en el auge de los discursos del odio el enfrentamiento sobre la herencia, la autoctonía y la ancestralidad. Por tanto, nuestra política cultural local, ¿qué imaginarios y horizontes aspiracionales refuerza por activa o por pasiva?

Hago hincapié en ello porque cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural, parece que nos centráramos exclusivamente en el acceso al consumo cultural y dejásemos a un lado lo más importante: el derecho a participar en la construcción de sentido.

También el refuerzo, frente al auge del odio, de dos acciones en la política cultural local:

  • El impulso de acciones de diplomacia cultural local.
  • La transversalidad de lo cultural en toda la política local. Pongo siempre de ejemplo en este punto, el reflejo que tuvo en la Carta de derechos y compromisos culturales de Barcelona el derecho a respetar la diversidad de las tradiciones funerarias. Pues bien, eso también es política cultural.

Por último, dado que los discursos del odio tienden a expresiones simplificadoras o limitadoras de la identidad cultural y que todos los estudios sobre el auge del extremismo señalan a los climas de impotencia como su principal caldo de cultivo, medidas de política cultural local que refuercen el sentido de agencia, transformaciones que se vean, palpables y que hayan nacido en la comunidad, que tengan como fin el refuerzo de esa vivencia personal.

Por todo ello, creo que la armonización local-global tiene un sentido estratégico para la profundización democrática en España y confiere al ámbito local un protagonismo clave en la defensa desde la cultura de los derechos humanos.

 

Repensar políticas culturales locales, Valladolid, 9 de mayo

El próximo 9 de mayo será un placer participar en la Jornada Repensar políticas culturales locales, que se celebrará en el Salón de actos del Museo Patio Herreriano en Valladolid.

Como comparte la organización:

«Con ocasión de la celebración en 2019 de los cuarenta años de los ayuntamientos democráticos, analizaremos los impactos y transformaciones resultantes de las políticas culturales en las ciudades, los efectos del cambio social, individual y colectivo que muchas de ellas fueron capaces de provocar en la ciudadanía,así como la necesidad de su recuperación y sus posibles perfiles futuros.
Para eso hemos reunido a personas expertas, académicas, creadoras y responsables de políticas, cuya visión aborda el contexto, el impacto de ese trabajo y los caminos para recuperar la vuelta de los liderazgos para su revitalización. Esos liderazgos son imprescindibles si queremos que éstas vuelvan a cumplir su papel de conductoras de los cambios de percepción de la ciudadanía, la construcción de una civilidad crítica y la recuperación de redes de difusión, producción y distribución cultural.»

 

Puedes descargar el programa completo aquí

La inscripción gratuita a la Jornada se realiza en este enlace, por si te apetece venir.

 

 

Programa
PRIMERA SESIÓN

◆ 09.30 h. Acto Inaugural y Presentación de la jornada de trabajo.

Óscar Puente Santiago,Alcalde de Valladolid

Ana Redondo García,Concejala de Cultura y Turismo

Jorge Fernández León,Coordinador de la Jornada

Juan González-Posada M., Coordinador del Programa Europeo CreArt.Coordinador de la Jornada

◆ 10.00 h. La cultura española en la crisis: Una década perdida. Por nuevas políticas de futuro.

Ponente: Enrique Bustamante. Catedrático de  Comunicación U. Complutense.

Modera: Carmen Vaquero. Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria.
Debate.

◆ 11.30 h. Pausa / Café.

◆ 12.00 h. Diez articuladores culturales locales para una vida decente.
Intervienen:
Juana Escudero. Subdirectora de Cultura. FEMP.

Arturo Rubio Arostegui. Profesor U. A. de Nebrija e Investigador.

“Repensar las políticas culturales locales, ¿Cómo es posible sin la evaluación ni la investigación?”.

Jordi Font. Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.Ministerio de Educación.

Modera y participa:
Jorge Fernández León. Director de ProgramasFMCEyUP Gijón.
Debate.

◆ 14.15 h. Descanso / Comida.

SEGUNDA SESIÓN

◆16.00 h.El espacio de la política cultural en el tiempo digital (Leyes, redes y cultura)
Intervienen:

Estefanía Rodero. Socióloga de la Cultura.

“Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia.”

Jesús Cantero. Coordinador de OIKOS, Observatorio Andaluz de la Economía de la Cultura.

Modera: Rafael Vega. Editor y dibujante.

Debate.

◆ 17.00 h.¿Por qué han de cambiar las políticas culturales locales?

Ponente: Alfons Martinell. Cátedra UNESCO de Políticas Culturales U. Girona

Presenta y modera: Fernando Manero. Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valladolid.

◆ 18.00 h. Descanso.

◆18.15 h.El trabajo en la cultura: Mejores prácticas más allá del Entusiasmo.

Ponente: Luis Ben Andrés. Diputación de Cádiz.

Modera y presenta: Raúl Fernández Sobrino.Gestor Cultural

◆ 19.00 h.Cambiar la vida de la gente. (La cultura puede)

Ponente: Miguel Ángel Aguilar. Periodista y escritor.

Modera y presenta: Carlos Gallego Brizuela. Abogado y escritor

◆ 20.30 h. Presentación de Conclusiones y Acto de Clausura.

 

Ley de derechos culturales

 

(Todas las imágenes pertenecen a la iniciativa, impulsada por Julien de Casabianca, Outings Project, que lleva las obras de los museos a asaltar, por amor, la calle)

 

 

“Universalidad, diversidad y libertad son, en efecto,

los valores que forman la columna vertebral de los derechos culturales»

(Ley foral de derechos culturales de Navarra)

 

Desbordadas por un clima de polarización política que tiende a sofocar los ritmos lentos que requiere la construcción de lo mínimamente perdurable, así como habituadas al sesgo por el que damos por hecho que toda innovación cultural en España ha de venir de Madrid o Barcelona, corremos el riesgo de pasar por alto el hito que supone la ley pionera en derechos culturales aprobada hace unas semanas en Navarra.

Sabiendo que propuestas de ley de estas características, sin ser “propuestas electorales estrella que movilicen a las masas” sí son pasos muy importantes para la profundización democrática en nuestro país y contienen en su enunciación tanto el reconocimiento a la diversidad actual que caracteriza a la sociedad española, como una visión de futuro asentada en la apertura, la inclusión y el reconocimiento de la universalidad, podrían ser (deseo) punta de lanza de los programas culturales de signo progresista en las próximas elecciones autonómicas en España, como paso previo a la promulgación de una Ley de derechos culturales a nivel estatal (mientras no consigamos su reconocimiento explícito constitucional tal y como nos enseñó América Latina, yo no me olvido).

 

Me detengo, por tanto, en alguno de los ejes planteados en la Ley foral de derechos culturales de Navarra tanto por su concreción como por las líneas de trabajo futuro que señalan:

 

  • Supone un enorme avance el modo en el que incorpora en la legislación española la noción de identidad cultural ya reflejada en las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre diversidad y protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo “la libertad de toda persona de elegir su identidad cultural y de decidir si participa o no y cómo en la vida cultural”  Este modo de referirse a la identidad siempre me recuerda esa reflexión bellísima de Avtar Brah: «el deseo de un hogar como algo distinto del deseo de una patria»

 

  • Es interesante el modo en el que  se han enmarcado las políticas culturales como “aquellas que defienden el valor de la cultura como bien común” y contribuyen a construir una sociedad más igual y democrática. Se establece así la correlación entre la protección y promoción de los derechos culturales con la defensa de la democracia. Sin diversidad no hay “demos”. Se refuerza este sentido de cultura como bien común con el reconocimiento del ecosistema cultural y creativo más allá de lo institucional y la centralidad que otorga al mapeo de iniciativas ciudadanas, así como al hecho de reflejar en el cuerpo de la ley el compromiso: “favorecerá y promoverá el procomún y la cultura libre”.

 

 

  • Relevante es también el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural, movilización que siendo más fuerte en Francia que en España, obtiene también aquí sus primeros frutos, logrando:

“La protección y reconocimiento de la función de las personas trabajadoras en el ámbito cultural y de las emprendedoras de las industrias cultural y creativas”

“Las personas dedicadas a la creación cultural, en cualquiera de sus formas, tienen derecho a ser tratadas fiscalmente de forma razonable, ecuánime y equitativa atendiendo, en su caso, a la irregularidad y naturaleza intermitente de los ingresos que provienen de esa actividad, así como a su carácter complementario de otras actividades profesionales o económicas”

 

  • Interesante, relacionado con la importancia que se le ha dado a las condiciones laborales y económicas de las trabajadoras del sector cultural, es también la apuesta por la creación de “fondos u otros instrumentos financieros que faciliten el crédito a las micro y pequeñas empresas de los sectores culturales”. Es una línea de acción importante (se recogió una acción similar en el Plan de Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura para 2018, en funciones de intermediación de acceso a crédito) por lo que ayuda a visibilizar y dignificar el sector cultural como sector profesional y económico en entornos de empleo o asesoramiento de corte más generalista.

 

 

  • Me ha resultado inspiradora la llamada, en el reconocimiento al derecho a la producción cultural, a poner también el foco de atención sobre el derecho a difundir y distribuir los resultados del ejercicio creativo. Ciertamente apunta a un sesgo por el que nos hemos concentrado militantemente en la reclamación del acceso a la cultura, dejando desprotegido el flanco del “derecho a llegar a los demás”. Aquí está el nudo gordiano del poder, no nos engañemos. ¿A qué “culturas” pedíamos acceder?, ¿qué “culturas” no han tenido derecho a “distribuirse”?

 

  • Se recoge un merecido reconocimiento a las profesiones vinculadas y a la función de la mediación cultural y artística promoviendo el hecho de:

“favorecer el acceso y vincular al público al conocimiento y comprensión de los códigos culturales de las manifestaciones artísticas y culturales”

“favorecer la participación del público en la construcción de significados”

 

  • Pero sin duda, la Ley foral de derechos culturales es un enorme paso adelante para el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano, reconociendo no sólo el derecho al “acceso libre y equitativo al Patrimonio” sino al (nada gratuito) reconocimiento al “derecho a colaborar con su comunidad en la recuperación del Patrimonio”. Recogiendo décadas de lucha contra los procesos de las inmatriculaciones que en Navarra tomaron cariz de auténtico expolio, se recoge de modo explícito en la ley el hecho de que el acceso al patrimonio y el derecho a conocer su significado vincula también “a los bienes declarados de interés cultural cuya propiedad ostente la Iglesia Católica”. Por si acaso…

 

 

  • Interesante, por lo que animará acciones y debates en el resto de comunidades autónomas, es el hecho de reclamar la participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, huyendo de los peligros de la “turistificación” y falseamiento del patrimonio inmaterial de los territorios.

 

Esperanzada por el hecho de que en todo el articulado se haga referencia constante a la “inclusión de personas y grupos vulnerables”, a los derechos culturales de las personas con discapacidad, a la importancia de no olvidar en nuestras políticas culturales los derechos a participar en la vida cultural de las personas migrantes, a la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en todas nuestras acciones culturales (desde el diseño, hasta la estructura de los equipamientos, etc.), la lectura de la Ley foral de derechos culturales de Navarra supone un contraste iluminador respecto a la imagen de país reflejada en los medios de comunicación en las últimas semanas.

Yo debo vivir en el país diverso, libre y orgulloso del legado de sus pueblos que se contempla en esta ley. Espero que entre todas consigamos la Ley Estatal de Derechos Culturales muy pronto. ¡Sea!