Cultura europea en pie (El Correo Vasco, 1 de abril de 2019)

 

 

Muchas gracias a El Correo por publicar Cultura europea en pie, un llamamiento-reflexión sobre la movilización del sector cultural europeo en defensa de la diversidad y la libertad artística ante el nuevo ciclo electoral. Para sumar. Siempre.

Si quieres, puedes leerlo también aquí.

Innovación social

(Todas las imágenes son obra de JR)

 

“Para que el amor se convierta en un fenómeno social y no en una excepción individualista y marginal, nuestra estructura social necesita cambios importantes y radicales (…) El principio sobre el que se basa la sociedad capitalista y el principio del amor son incompatibles”

(Erich Fromm)

Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.

 

Hace unas semanas, preparando una formación en emprendimiento social para mujeres, me paraba a pensar en los ciclos de cooptación de determinadas palabras. Enredada en otros temas caí en la cuenta de que ya nadie a mi alrededor desde hacía años había vuelto a nombrar o a hablar de innovación social, desconozco si por la vía de la prudencia ideológico-lingüística o por el desbordamiento propio del término que reconoce posibilidades de agencia transformadora mucho más allá de los cauces partidarios. Lo cierto es que se afianzó en mí el deseo, no sólo de reconquistar el término, sino de que las mujeres lideremos el sector de la innovación social en España (como ya venimos haciendo, por otra parte) conscientes de la importancia que esta invitación a la innovación tiene para nuestras democracias en el momento actual (me animó a escribir esta entrada la nueva convocatoria del CCCB del Premio Internacional de Innovación cultural)

Como se ha venido recogiendo en algunas de las publicaciones más recientes para la clarificación del término y su uso tanto en el Tercer Sector como en el ámbito cultural, la innovación social busca no sólo reconocer y tratar una necesidad social, resolver un problema socialmente relevante sino crear nuevos modelos de relación que aumenten la capacidad de decisión y acción de individuos y comunidades. El hecho, nada inocente, de que hayamos terminado por identificar innovación con tecnología, ha eclipsado las múltiples posibilidades que abre la innovación social que pone el foco tanto en ideas, productos, servicios, procesos, estructuras, organizaciones, comportamientos, prácticas…

Si reconocía la importancia que tiene para nuestras democracias en estos momentos retomar el impulso de la innovación social se debía en gran parte al hecho de que: a) la incorporación de sus propuestas a la agenda política y legislativa es consustancial al sector; b) los procesos de escalabilidad de las soluciones a problemas sociales desde el nivel micro hasta el nivel de política pública también son propios de este campo (¿a nivel estatal se está hablando y visibilizando demasiado poco el trabajo ingente recogido en propuestas referentes como PRESURA 2018 o soy yo, la territorialmente susceptible?); c) si no se orienta al bien común, no es innovación social; d) si no incorpora procesos participativos, colaborativos en los que intervengan los diferentes colectivos afectados, no es innovación social; e) implica mejoras cuantificables respecto a soluciones previas, en términos de eficacia, eficiencia o sostenibilidad; f) transforma comportamientos y prácticas sociales y cotidianas en distintos niveles.

 

 

El hecho de volver a poner en el centro la intencionalidad de provocar cambios y la capacidad colectiva de plantear acciones planificadas y coordinadas para lograrlos, no sólo desde estructuras de partido, no sólo desde los movimientos sociales, sino desde la mayor apertura posible de agencia para la capacidad transformadora que seamos capaces de lograr, me parece decisiva en estos momentos de repliegue a la obediencia.

 

Si sabemos que la innovación social tiende a multiplicarse en determinadas condiciones:

  • A través de la combinación de roles y recursos ya existentes más que de la creación de elementos novedosos en sí.
  • En la superación y amalgama de fronteras organizacionales, sectoriales, disciplinares.
  • En el “roce” de individuos y grupos que previamente se mantenían aislados entre sí, que “no tenían inicialmente nada que ver”

¿qué podríamos crear (más allá de los urbanísimos makerspace…por favor) que pudiese consolidar estos espacios deliberativos enfocados al bien común y no a la polarización debilitante?

En las apuestas por la aplicación de la innovación social a nivel territorial que ha puesto el foco una vez más sobre el hecho de que no puede darse ningún proceso innovador al margen de su contexto cultural, como el caso de Soria que hemos enlazado antes, así como a las que ponen el foco en los procesos de aprendizaje colectivo y el impulso de la innovación pública sigue latiendo la búsqueda de cambios sistémicos que no puede, por muy políticamente melancólicos que nos hayamos puesto, ser desechada sin más.

 

 

Como nos enseñaron los procesos desarrollados por la Plataforma de Escucha Comunitaria de Montreal, si nos detenemos con seriedad a analizar la dimensión cultural de los procesos de innovación social, tratando de desentrañar los valores y creencias compartidos sobre los que se sustenta así como las narrativas de autodefinición en las que se basa o que pretende transformar, en algún momento del proceso tendremos que detenernos DE NUEVO conjuntamente a hablar de:

  • ¿cuáles son las historias que estamos contando sobre nosotras mismas?
  • ¿hacia dónde camina nuestra comunidad, ciudad, sociedad, país?
  • ¿dónde están nuestras potencialidades y retos?
  • ¿cuáles son las relaciones de poder en este espacio?
  • ¿qué queremos hacer conjuntamente?

Por tanto, incorporar a las políticas de impulso de la innovación social la construcción de narrativas de transformación social enfocadas al bien común, no es precisamente un asunto menor en los tiempos que corren.

Planteo esta mínima sugerencia mientras sigo recorriendo el camino. Mujeres al frente de la innovación social en España. Mantengo este horizonte cerca. Suena la canción de Anoushka Shantar. Baila dentro de mí, la vida baila.

 

 

 

Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad

 

(Artículo escrito para el número de despedida de la Revista Pueblos que puedes leer aquí)

Allá por el año 1980, la publicación de la UNESCO “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocida como Informe McBride, que pretendió generar alternativas a las desigualdades comunicativas globales para promover así una cultura de paz, ya alertó sobre el hecho de que los medios de comunicación funcionaban de facto como instrumentos de poder claves para perpetuar la desigualdad económica global,  la estandarización de contenidos y fuentes de información sería imparable si no se articulaban con urgencia medidas de protección que garantizasen el acceso a canales informativos múltiples y que cada vez se hacía más urgente impulsar la elaboración de un código de ética periodística mundial.

Desde este Espíritu McBride (que sería tan interesante impulsar de nuevo dentro de las actuales negociaciones del Tratado vinculante de la ONU sobre Transnacionales y derechos humanos), que en su momento provocó tanto el silenciamiento y ostracismo de Sean McBride como la salida de la UNESCO de los EEUU de Reagan, ofendido por la defensa de la diversidad mediática global, me gustaría concentrarme, por su urgencia para el presente, en la naturaleza del derecho al acceso a la comunicación como un derecho humano.

Si tenemos en cuenta el papel central que juegan los medios de comunicación como creadores y transmisores de cultura, es obvio pensar que, entre otras aristas, no existe protección del derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad sin que la comunicación esté al alcance de todos en términos de dignidad humana y no discriminación, así como dentro de marcos legales que protejan el derecho a la identidad cultural, uno de cuyos elementos más evidentes sería la protección de la diversidad lingüística.

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante para la creación de climas de respeto o persecución, entre otros, de los derechos culturales y de las minorías, dada su capacidad para construir y legitimar visiones del mundo y redes de significado que definen “lo que realmente existe”, “lo que deviene real” merced a su acceso a la representación y la visibilidad.

El derecho a la comunicación como derecho humano no se centra por tanto tan sólo en el derecho a recibir información, en la protección de la pluralidad de lo recibido, sino en la capacidad generadora de esa misma información. Sin tener acceso a los instrumentos a través de los cuales se construye el sentido, se identifica lo que es relevante y no, lo que participa en el desarrollo y evolución de valores y conductas plausibles y en general a las herramientas por las que se construye “la realidad que se ve” (y por lo tanto que definen también las zonas de silencio y sombra) no se puede hablar en ningún caso de respeto a los derechos humanos.

Desde esta mirada a los medios de comunicación como legitimadores de discursos y conductas y constructores de “la voz pública”, la definición de quién tiene derecho a hablar y quién queda relegado del derecho a la palabra, sería urgente llevar nuestra mirada crítica tanto para el corto como para el medio plazo hacia lo que Dolores Juliano ha denominado los “criterios de credibilidad”. Como afirma Dolores Juliano, “los sectores que tienen mayor poder monopolizan a su favor el supuesto de veracidad (…) Se da así una correlación directa entre poder y credibilidad”, por la que los sectores con mayor acceso al poder y por tanto con mayor control mediático, logran presentar sus intereses como algo objetivo y universal.

 

 

Si queremos atender al llamamiento a la reciprocidad en el intercambio de información que reclamaba el Informe McBride es fundamental que atendamos, por tanto, a la construcción social de la credibilidad y al acceso a la comunicación como un elemento constructor de soberanía llevando nuestra atención y análisis hacia:

  1. La producción mediática de la ausencia y la inexistencia, como ha señalado Boaventura de Sousa en su identificación de cómo se construye “la alternativa no creíble de lo que existe”, siempre en términos de alguno de estos 5 ejes: lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local/particular y lo improductivo. El vacío informativo, por ejemplo, de la realidad rural e interior de España podría ilustrar de modo elocuente este punto.
  2. La exotización cultural como forma de simplificación y silenciamiento, dado que, si como afirmaba Fanon “en la posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder”, la condena a ser hablados y esencializados impide cualquier discurso contextualizado y en primera persona. Los suplementos de viajes de los grandes grupos mediáticos en España, que desgajan los destinos de cualquier marco contextual ejemplifican este eje.
  3. La dimensión lingüística de la credibilidad, dado que todo lo que queda fuera del “globish” como lo ha bautizado François Jullien, será desacreditado como perversión de lo universal que, obviamente, ha de nombrarse en la lengua de los centros económicos de poder.
  4. El desarrollo de una nueva sensibilidad hacia los privilegios epistémicos atendiendo a los conocimientos denegados como tales, a las razones por las que se deslegitiman esos conocimientos y a quienes los poseen y a la identificación de los intereses económicos que subyacen en la validación del conocimiento. Toda la gama de expertos presentes en medios de comunicación y sus criterios de selección, así como el papel legitimador que juegan para afianzar el paradigma de los rankings del conocimiento mundial nos sirven de ejemplo.
  5. La invisibilización de la posición desde la que se habla y el control de la perspectiva y campo de la percepción como mecanismos legitimadores del poder. La naturalización del lugar de enunciación como si fuese un espacio de neutralidad aséptica, y que contribuye a negar las tensiones y luchas por el acceso a la enunciación y al papel que juega para lograr imponer interpretaciones válidas para todos los miembros de una sociedad.
  6. La homogeneidad presente en los espacios de “respetabilidad de la palabra” y de “construcción de prestigio” (en su vertiente económica, social y cultural) así como la imposición de genealogías intelectuales y de referencialidad que apuntalan la voz válida y que ayudan a construir pertenencias: eres de los nuestros si te referencias en los nuestros.
  7. ¿Qué climas emocionales necesitamos generar para que un determinado discurso sea eficaz y creíble? Resulta muy interesante analizar las estrategias emocionales que suelen seguirse para deslegitimar las voces críticas en los medios de comunicación (estrategias que pueden llegar a ser mortíferas como estamos viendo en la persecución a defensoras de derechos humanos en toda América Latina):
    • Infantilización de quien comunica.
    • Degradación y ridiculización espectacularizante.
    • Utilización de clichés para fines como los que apunta Santiago Alba Rico: “el cliché no degrada al otro solo para dominarlo más fácilmente sino para exonerar al vencedor de toda responsabilidad”
    • Utilización de la vergüenza y la estigmatización como herramienta de silenciamiento público.

Es por todo ello por lo que debemos seguir enmarcando el derecho a la comunicación como derecho humano y eje central para la soberanía real de los pueblos ya que como afirma Achille Mbembe los medios de comunicación tienen capacidad “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”, y por tanto la falta de acceso a los mismos es una forma de violencia que retroalimenta al resto, definiendo qué vidas importan y qué muertes no.

 

Que con el alma no puedo: en el número de despedida de la Revista Pueblos

Este mes de octubre se publica el último número de una de las revistas de comunicación crítica de referencia en España, la Revista Pueblos. Como me siento muy afortunada por haber podido aportar mi granito de arena en este número de cierre que recoge tanto su trayectoria de décadas como la permanente invitación a seguir creando espacios de palabra libre, animo a todo el mundo a acercarse a los puntos de venta y préstamo habituales para hacerse con este último ejemplar. Podrás leer, por la parte que nos toca, Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad junto a la sabiduría del resto de compañeras en el último número en papel. Agradezco especialmente a Andrea Gago su mimo y dedicación. Desde la gratitud, que todos los nuevos caminos florezcan.

 

El no de las niñas: infancia, desobediencia y participación en la vida cultural

 

 

La pasada semana me quedaba boquiabierta escuchando una entrevista a Harper Nielsen, la niña de 9 años que con su acto de desobediencia a la hora de cantar el himno en el colegio, ha forzado de nuevo el debate sobre la identidad nacional y los derechos de la población aborigen australiana. Como ella misma explica, no tiene por qué obedecer a los adultos por el mero hecho de serlo si ella misma, al leer despacio la letra del himno nacional, no está de acuerdo con su contenido racista. Me gusta especialmente el momento en el que afirma que para ella es importante que se entienda por qué lo ha hecho. 9 años. El llamamiento de los sectores más ultra de la sociedad australiana para que sea expulsada del colegio, profiriendo todos los insultos imaginables, aunque incidiendo en su desobediencia y lo bien que le vendrían “unos buenos azotes”, nos hablan de lo que no podía ser nombrado: la voz de una niña alumbrando un tabú.

Me hacía recordar dos iniciativas pasadas, en las que, desde dos marcos de acción muy diferentes, se ponía de manifiesto otra vez esta triple intersección: infancias femeninas, obediencia/desobediencia y construcción de nuevos imaginarios.

 

El primero es el proyecto Skate Girls of Kabul de la fotógrafa Jessica Fulford-Dobson (gracias infinitas a la comisaria de arte PL Henderson de @womensart1). En un país como Afganistán, con una de las prevalencias de matrimonio infantil más altas del planeta y en el que es un tabú para las niñas montar en bici, Fulford elaboró una galería de retratos acerca de la iniciativa de Escuelas de Skate como programas de empoderamiento de las niñas y cuya exposición ha girado de punta a punta del planeta. No queréis caldo, tres tazas.

 

 

El segundo, también desde la fotografía, fue la publicación del libro “Strong is the new pretty: a celebration of girls being themselves” de Kate T. Parker que consiguió mantenerse varios meses como best-seller en EEUU portando en sí mismo la ambivalencia: proponiendo frente a la industria de la belleza estadounidense y el auge de los certámenes infantiles y su escenografía estereotipada un modelo de infancia de las niñas (sus propias hijas) abierto a todas las expresiones y matices, pero que acabó siendo cooptado, por su fuerza y eficacia, por el patrocinio de grandes marcas como Disney en las que el fondo se desdibujaba. Coincidió en el tiempo con el impulso por parte de las Girls Scouts of America de la campaña Ban Bossy promoviendo el liderazgo de las niñas, alrededor de la mofa estratégica del término “mandona” (I´m not bossy, I´m the boss), campaña que en aquel momento me hubiera gustado ver en España, desde nuestra propia perspectiva cultural, para trabajar con nuestras niñas este estereotipo que aún incide tanto sobre los niveles de participación política de las mujeres en todo el espacio iberoamericano. Lo más cercano al espíritu de esta campaña que he visto en España es el momento (¡inspirador!) de «las chulitas» del Rap «Este es mi barrio» en Orcasitas, del Proyecto Barrios en Madrid.

 

Repasando estos casos me quedaba dándole vueltas a algunas preguntas:

  • ¿cuáles son los itinerarios de aprendizaje de la desobediencia femenina?, si desobediencia y liderazgo femenino van de la mano, ¿qué imaginarios fomentarían un mayor grado de autonomía en nuestras niñas?, ¿cómo estamos educando su capacidad de decir que no?, ¿qué les permitimos liderar?
  • ¿estamos articulando realmente proyectos de transformación con una mirada intergeneracional?, ¿construimos de alguna manera desde una noción de “servicio a las siguientes generaciones”?
  • ¿cómo estamos entendiendo los proyectos de participación ciudadana infantil y cuál es su distribución en España?, ¿cómo estamos entendiendo el derecho a participar en la vida cultural de nuestras niñas y niños?  (viva Tonucci), ¿estamos considerando su voz como una voz legítima para definir también «el nosotros»?

 

 

Culturas de la obediencia

 

(Todas las imágenes son obras del fotógrafo iraní Abbas recogidas en su retrospectiva programada hasta el 28 de octubre en Valladolid)

 

Que no nos sean invisibles

las consecuencias de nuestras palabras,

que no nos sean invisibles

las consecuencias de nuestros actos.

 

Con el escándalo del más de un millar de casos de abusos sexuales desvelados en la Iglesia católica de Pensilvania aún en la retina y cuestionándome cómo lograremos colectivamente que en la próxima Comisión de la Verdad en España la violencia sexual (de la que hemos venido hablando ya aquí y aquí), especialmente la que se ejerció con total impunidad no sólo sobre las mujeres, sino sobre los niños (hoy señores entre 60 y 70 años que se llevarán consigo el “secreto” a la tumba), sea uno de los ejes centrales para llegar a comprender la magnitud del dolor sobre el que decidimos pasar por alto para construir nuestra actual democracia, volvía a detenerme una vez más sobre la construcción de las culturas de la obediencia, apuntaladas sobre el silencio, la indiferencia y la ocultación de la verdad.

Confrontando el caso estadounidense, por sus pautas de complicidad burocratizada, también con algunos de los mecanismos que permitieron la desaparición de los más de 300.000 bebés robados aún impune en España, me detenía en alguna de las ideas que ya compartió Zygmunt Bauman en “Modernidad y Holocausto”, aunque especialmente en su lectura de las investigaciones de Milgram recogidas en “Obediencia a la autoridad”.

Entre los elementos que destacó Bauman como constitutivos de las Culturas de la Obediencia (organizaciones con cadenas de mando: iglesias, ejército, partidos políticos…pero no sólo), destacarían, por su contribución a la normalización de la crueldad:

 

SOUTH AFRICA.
Durban. 1978. The Turf Club. Blacks, white and Indian.

 

  • El aumento de la distancia física y psicológica entre los actos y sus efectos, es decir, la manipulación de la distancia psicológica, que se logra recurriendo a dos mecanismos: la sustitución de la responsabilidad moral por la disciplina (por lo que cualquier intento de revisión y cuestionamiento de dichas disciplinas se convierte en tabú grupal) y el uso de la organización (de la estructura organizativa en sí) como instrumento para borrar toda responsabilidad personal (“ya lo habrán pensado los de arriba”, o bien “ya se le echará el muerto a otro”). En esta dificultad para establecer relaciones causales entre acciones y resultados (“yo incito al odio, pero no es a mí a quien llega el puñetazo”) es donde sitúa Bauman el nudo gordiano de la construcción de obediencia denegadora de ética. El alejar las consecuencias reales tanto de discursos y acciones de sus efectos, a través tanto del aumento de personas intermediarias en las jerarquías lineales de subordinación como de la invisibilización psicológica de las víctimas contribuyen a la generación de climas de responsabilidad trasladada a través de los que nadie hace frente a las derivas perversas de la acción.

 

  • Para que el mantenimiento de estas jerarquías lineales de subordinación sea posible es necesario que se produzca un clima de indiferencia moral que se viene consiguiendo a través de las siguientes prácticas: a) la manipulación retórica para la invisibilización tanto de los daños como de la humanidad de las víctimas: toda la retórica con la que se han maquillado los casos de pederastia en los informes eclesiásticos como desvíos, debilidades, traslados por necesidades del servicio, jubilaciones junto a los infinitos e “inocentes” pequeños actos de manipulación de la gestión y las rutinas institucionales ilustran este punto. Señala Bauman como síntoma la desaparición progresiva de los nombres propios, señal de la deshumanización triunfal que reside en la equiparación persona-función ya que también “el lenguaje en el cual se narran las cosas que les ocurren o les hacen (a las víctimas) salvaguarda a sus referentes de cualquier evaluación ética”. b) En esta progresiva articulación de rutinas deshumanizadoras (en las que aún, pero cada vez menos, se someten los fines a evaluación moral, pero ya no los medios), se impone un nuevo lenguaje de la moralidad:

 

“Dentro del sistema burocrático de autoridad, el lenguaje de la moralidad adquiere un nuevo vocabulario. Está plagado de conceptos como lealtad, deber y disciplina: todos ellos señalan a los superiores como objeto supremo de preocupación moral y, al mismo tiempo, como definitiva autoridad moral.”

 

CHILE. Santiago. The army celebrates the 10th anniversary of General Augusto PINOCHET’s Coup d’Etat with a parade inside a barrack. 1983.

 

“Como dice Milgram, la persona subordinada siente orgullo o vergüenza, dependiendo de lo bien que haya realizado las acciones exigidas por la autoridad… El superego pasa de una evaluación de la bondad o la maldad de los actos a una valoración de lo bien o mal que uno funciona dentro del sistema de autoridad”

 

“Gracias al honor, la disciplina sustituye a la responsabilidad moral”

 

Este último punto nos lleva al sistema de premios y castigos dentro de estas organizaciones, orientado a reforzar la sensación de obligación mutua (“no puedo fallarles”, «pero cómo nos haces esto»), así como a incrementar la noción de ganancia con la permanencia frente al precio, cada vez mayor “de abandonar”. En esta construcción burocrática de lealtades organizativas deshumanizadoras, juega un papel determinante lo que la maestra Dolores Juliano ha denominado como la manipulación de los “criterios de credibilidad”, el monopolio de la veracidad como atributo del poder. En el relato de una de las víctimas de abuso de los EEUU en el que contaba cómo el sacerdote pederasta le repetía insistentemente quién habría de creer su testimonio frente a la palabra de un elegido de Dios, encontramos descarnadamente este uso. Este mismo patrón se repite una y otra vez en los testimonios de robos de bebés en España.

IRAN: TEHRAN January 1979.
After a pro Shah demonstration at the Amjadiyeh Stadium, a woman believed to be pro Shah supporter is lynched by a Revolutionary mob.

Por ello, por la relevancia que tiene para nuestro presente la línea de investigación que Bauman bautizó como la “producción social de la indiferencia moral y la invisibilidad” así como el análisis de las tecnologías de la segregación y la separación, me parece importante plantear:

 

  • ¿cómo resituamos el peso de la responsabilidad personal de palabras y actos para no excluir el carácter ético de los mismos?, ¿cómo aumentamos el nivel de consciencia del resultado final de discurso y acción en mitad del aluvión de estímulos que ejercen presión en sentido contrario?

 

  • ¿cómo abordamos el hecho (sí, otra vez, aquí estamos) en palabras de Bauman de que “la crueldad tiene escasa conexión con las características personales de los que la perpetran y sí tiene una fuerte conexión con la relación de autoridad y subordinación, con nuestra normal y cotidiana estructura de poder y obediencia”?

 

  • Insistiendo en la protección del pluralismo como el único freno conocido de emergencia, ¿cómo llevamos nuestra política pública a la “esencial responsabilidad humana por el Otro”?

De los debates sobre humanismo global

(Ilustraciones de Miguel Ángel Ávila Lombana)

 

 

“Todo el mundo es extranjero para alguna otra tradición o identidad adyacente a la propia.”

Edward Said

 

“Lo que los seres humanos tienen en común no es la racionalidad,

sino el hecho ontológico de su mortalidad; no es su capacidad de razonar,

sino su vulnerabilidad al sufrimiento.”

Bonnie Honig

 

En el inicio de esta década, allá por mayo del 2010, la UNESCO se propuso abrir un nuevo debate mundial que, partiendo de la escalada de las prácticas de deshumanización concretas en todo el globo, se plantease qué significaría impulsar un nuevo humanismo para el siglo XXI. A partir de la pregunta central ¿qué significa el hecho de vivir con dignidad la vida humana? y asumiendo tanto la crisis de “lo universal” como su pasado sangriento, impelida por los nuevos escenarios de privatización de la seguridad, las nuevas políticas de vigilancia y la creación de facto de un planeta de refugiados, los debates acaecidos allá por el 2010 se plantearon:

  • ¿cómo podríamos pensar colectivamente un nuevo humanismo post-colonial?, ¿qué significaría dialogar con la diversidad internacional de tradiciones humanistas con el fin de construir un humanismo intercultural para la ciudadanía global?
  • ¿qué supondría avanzar en este humanismo global en su dimensión práctica?, ¿qué compromisos concretos adquiriría respecto a la protección de la vida digna en todas las partes del globo?
  • ¿cómo incorporaríamos a este debate mundial la necesidad de desmontar la distinción tajante entre hombre y naturaleza de sesgo eurocéntrico?, ¿cómo podría ayudarnos este humanismo global a caminar hacia la protección de las generaciones venideras?
  • ¿cómo se definiría y construiría la pertenencia, el sentido de pertenencia desde este humanismo global?

Teniendo en cuenta que este marco de diálogo se ha visto desbordado en los últimos años y dentro de la UNESCO ha virado hacia programas de urgencia relativos a la prevención y actuación ante el auge del discurso del odio y los nuevos procesos de extremismo  y fundamentalismo violento, quería tomar de la mano por un momento (afortunada yo) a Edward Said que dedicó los últimos esfuerzos de su vida a reflexionar sobre las potencialidades democráticas del humanismo, al menos para cuestionarnos si el carpetazo dado en programas y presupuestos a esta conversación mundial, se ha dado por agotamiento o podría iluminar algunas emergencias del hoy.

Tal y como Said se enfrentó a la cuestión en “Humanismo y crítica democrática: la responsabilidad pública de escritores e intelectuales”:

“El humanismo podría ser un proceso democrático que diera lugar a una mentalidad crítica cada vez más libre (…) Comprender el humanismo en su conjunto, para nosotros, significa comprender que se trata de algo democrático, abierto a todas las clases y trayectorias sociales, y entendido como un proceso de revelación, descubrimiento, autocrítica y liberación. Obtiene su fuerza y relevancia de su carácter democrático, secular y abierto (…) No hay contradicción alguna entre la práctica del humanismo y la práctica de la ciudadanía participativa.”

 

 

Así Said, conjurando los cantos de sirena del siglo XX que promulgaron un retorno a las torres de marfil frente a la irrupción abrupta de las identidades (“la literatura de los esclavos, los pobres y las minorías”) y los imperativos de la realidad socio-económica, situó la supervivencia de la educación humanística precisamente en el escrutinio crítico de toda tergiversación del poder y sus lenguajes así como en la resistencia a los estereotipos, la supervivencia humanística por la vía de la mundanidad. Así, la capacidad de ofrecer alternativas de conocimiento silenciadas o no disponibles en los medios de comunicación, la labor de invalidación y desmantelamiento de representaciones prefabricadas, cosificadas o directamente deshumanizadoras, así como la desmitificación de las múltiples “supremacías” se erigirían como programa clave de acción para el humanismo del siglo XXI:

“Jamás ha habido una ignominiosa injusticia secreta, ni un cruel castigo colectivo, ni un plan de dominación imperialista manifiesto que no pudieran ponerse al descubierto, explicarse o criticarse. Sin duda, todo esto también reside en el corazón de la educación humanística.”

 

“Creo firmemente que el humanismo debe ahondar en los silencios, en el mundo de la memoria, de los grupos nómadas que apenas consiguen sobrevivir, en los lugares de la exclusión y la invisibilidad, en ese tipo de testimonios que no aparecen en los informes.”

 

“No puede haber un verdadero humanismo cuyo alcance se vea limitado a ensalzar patrióticamente las virtudes de nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras grandes obras (…) Tal como entiendo hoy día su relevancia, el humanismo no es un modo de consolidar y afirmar lo que “nosotros” siempre hemos sabido y sentido, sino más bien un medio para cuestionar, impugnar y reformular gran parte de lo que se nos presenta como certezas ya mercantilizadas, envasadas, incontrovertibles y acríticamente codificadas.”

 

 

Así frente a las amenazas al humanismo (la construcción dicotómica del nosotros contra ellos, el fervor religioso e identitario, la utilización política de la exclusión, la tergiversación de la memoria, el reduccionismo, el cinismo, la homogeneización) Said nos proponía retomar como punto clave para nuestras agendas políticas, la ciencia de la lectura:

“Sólo los actos de lectura llevados a cabo cada vez con mayor minuciosidad, con mayor atención, con mayor amplitud, con mayor receptividad y resistencia pueden dotar al humanismo del adecuado ejercicio de su esencial valía.”

En un contexto global en el que observamos un rebrote de las “misiones nacionales”, me pregunto si esta apuesta por el humanismo como proceso democrático no podría dotarnos de herramientas (¡inmediatas!) y prácticas para generar cortafuegos ante el avance del discurso del odio, situando en la lectura crítica de todos los lenguajes una línea central de actuación y en la protección de los periodos prolongados de reflexión una vacuna. Me preguntaba por todo ello estos días, tratando de entrever cómo no deslizarnos hacia discursos dicotómicos, protegiendo toda multiplicidad y complejidad o cómo sembrar desde nuestros respectivos compromisos con el conocimiento “campos de coexistencia en lugar de campos de batalla”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra toda pureza: extremismo, fundamentalismo y derechos culturales de las mujeres

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la fotógrafa iraní Newsha Tavakolian)

La pasada semana se presentó el cuarto informe de la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, ampliando su informe anterior sobre el que ya hablamos en este espacio.

Junto a un detallado análisis terminológico y del marco legal internacional, el informe pretende ser, tal y como recoge en sus conclusiones, “una llamada de advertencia para nuestros tiempos. Nos enfrentamos a una avalancha de misoginia mundial que avanza en múltiples direcciones.”

Denunciando la extrema violencia que en todo el globo está impidiendo la protección del derecho a participar en la vida cultural, la libertad de la expresión artística, la libertad científica y el derecho a la educación de las mujeres, Karima Bennoune es tajante, “los derechos culturales de las mujeres no son un complemento de la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo; son un factor decisivo, sin el cual esta lucha no puede tener éxito”. Haciendo hincapié una vez más, en la línea de los informes anteriores de las dos relatoras, sobre el hecho de que el recorte en los derechos de las mujeres supone siempre una señal de alarma del avance social del extremismo y el fundamentalismo, hace un llamamiento a la desarticulación de los procesos de ingeniería cultural sobre los que se asientan. La reconfiguración de las culturas sobre cosmovisiones unívocas y rígidas, centradas en cualquier idea de pureza, la distorsión creciente del otro y la superioridad cultural y moral se identifican como ejes comunes sobre los que está avanzando el extremismo a nivel internacional.

IRAN. Mahmoudabad. Caspian Sea. 2011.

Particularmente interesante (dado que hasta la fecha no se había dado una referencia explícita) es la denuncia que se realiza en el informe, aún tímida pero importante, sobre los aspectos negativos de los modelos económicos dominantes sobre los derechos culturales de las mujeres, y el peligroso efecto que las medidas de austeridad han tenido sobre los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el derecho a la educación de las niñas. Los recortes en políticas culturales y educativas han alentado la proliferación de instituciones educativas privadas en todo el mundo, financiadas por movimientos fundamentalistas y extremismos religiosos, contrarios al avance de democracias culturales que fomenten la igualdad de género. Igualmente interesante, al hilo de la vulneración del derecho a la educación y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, es su análisis sobre la permisividad social creciente de los extremismos religiosos no violentos que “se están extendiendo en la corriente de pensamiento mayoritaria”, y que ilustra de modo inequívoco con la persecución que sufren las defensoras de los derechos reproductivos a manos del extremismo religioso cristiano en América Latina.

Invitando al debate sobre la discriminación que sufren las mujeres a nivel internacional para ejercer sus derechos religiosos especialmente asociados al acceso al liderazgo religioso o espiritual, se comparten también en el informe experiencias feministas muy interesantes para el avance del laicismo como medida de protección de mujeres y minorías, como es el caso de Secularism is a Women´s Issue.

 

 

En la imposición de purezas que acompaña a todo extremismo, se llama la atención sobre un punto ante el que existe una permisividad social alarmante. Es el hecho de invisibilizar la aportación cultural de las mujeres: “los fundamentalistas culturales a menudo tratan de eliminar la cultura de las mujeres y el carácter sincrético de la cultura y la religión, y acabar con la diversidad cultural”. El grado extremo que suponen los asesinatos a mujeres artistas en la esfera internacional (especialmente en el campo de las artes escénicas) no debería relajarnos ante procesos de violencia de menor intensidad basados en la invisibilización, apropiación y deslegitimación de las aportaciones culturales de las mujeres presentes en nuestro día a día.

La aportación que en este informe supone la conceptualización de la cultura de la vergüenza y el análisis de sus procesos de construcción social desde los extremismos, marca una interesante hoja de ruta para el diseño de políticas culturales contrahegemónicas que desarticulen la difamación, ridículo, ostracismo e impulso de policía moral que acompañan el auge de todo extremismo.

Recogiendo las palabras de Bennoune en su conclusión:

“Los derechos culturales de las mujeres, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos, son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las mujeres, el respeto de su diversidad cultural, la universalidad y la igualdad”

celebro junto a ella la danza valiente de Sheema Kermani en Sehwan días después de un brutal atentado terrorista.

Derecho a la tierra y cultura

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, «Wheatfield», que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?

 

 

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.