Pan y rosas hoy: el empoderamiento económico de las mujeres

(Todas las imágenes hacen referencia a la movilización global por los derechos de las trabajadoras domésticas)

 

Para todas las que me escuchan, pan y rosas, pan y rosas

 

Hace unas semanas, la Secretaría General Iberoamericana presentó un informe de conclusiones importante  “Estrategias legales para el empoderamiento económico de las mujeres” en el que se ponían en el centro los obstáculos legales a los que aún tenemos que enfrentarnos las mujeres de la región para poder acceder en igualdad de condiciones a la gestión de nuestro propio dinero. Como, para mi sorpresa, esta línea de acción básica para el impulso de la riqueza de los pueblos, no encontró las portadas ni la apertura de telediarios que merecía, queriendo sumarme yo también a este impulso y al debate al que invita, recopilé parte del conocimiento vivo que en relación a la economía cotidiana de las mujeres toca día a día mis oídos, mi jornada laboral y «la-embajada-que-siempre-recibe-a-altas-dignatarias-llegadas- de-todos-los-pueblos-del-mundo-a-las-que-llamáis-migrantes» y en la que los faltos de espíritu ven una simple mesa.

 

Teniendo en cuenta la resistencia profunda que subyace ante el hecho de negarnos a ser encasilladas como “consumidoras”, esa suculenta parte del pastel que supone hoy día conquistar a las mujeres como “mercado”, para reivindicarnos hoy e históricamente como productoras de riqueza, invisibilizada tradicionalmente por los instrumentos de medición del PIB, estamos asistiendo, desde distintos focos y matices pero con un horizonte común, a la reivindicación del reconocimiento de las mujeres como lo que son: la abundancia de sus pueblos.

Cuando escucho, desde el centro de mi corazón, hablar a las mujeres de su empoderamiento económico me cuentan:

  • El reconocimiento del derecho a la tierra como derecho humano, prioridad estratégica del feminismo global:

Aunque hemos venido hablando de este tema en ocasiones anteriores (aquí y aquí), tanto en España como en Europa esta emergencia se percibe como “algo que queda lejos”, como si parte de la migración económica femenina y crisis de refugiadas pudiese desvincularse de los efectos que produce la creciente degradación de la calidad del suelo, sus efectos sobre la alimentación y el hambre, el acaparamiento de tierra y persecución a defensoras territoriales o el creciente desmantelamiento del tejido económico local frente a la presión de las transnacionales (Inciso para periodistas en la sala: ¿de verdad no va a haber ningún periodista que ponga en el centro de la cobertura de la Caravana migrante centroamericana un análisis con perspectiva de género que denuncie las consecuencias devastadoras para toda una sociedad que ha tenido la adopción de las Zonas Económicas Especiales y el modelo laboral de la maquila sustentado en la explotación laboral extrema de las mujeres? Si degradas económica y laboralmente a las mujeres, por los índices de repercusión económica local que tiene tradicionalmente el empoderamiento económico de las mujeres -gastamos nuestro dinero CERCA, en producción local, en niveles muy superiores a los hombres, reinvertimos tradicionalmente los beneficios en nuestro entorno-, las comunidades se desintegran, lo que muere es un país). El reconocimiento del derecho a la tierra es una prioridad estratégica feminista global que actualmente está en disputa en el seno de Naciones Unidas y de la que España no puede ni debe desentenderse. Cual mantra de este espacio, lo vuelvo a repetir: la presión extractiva en el Sur global, llega a Europa por nuestro Sur rural europeo.

 

  • La desigualdad económica no salta a la vista: redefinición cultural de los criterios de éxito económico y riqueza

 

Entre las cosas más sorprendentes que me han enseñado las mujeres se encuentra el aplastante éxito que el modelo del “homo economicus que tiene que competir a muerte en un mundo de escasez” ha tenido sobre nuestros imaginarios cotidianos. El reparto doblemente desigual para las mujeres de la riqueza y los recursos está felizmente enmascarado bajo la fantasía de la escasez. Suelo romperme varias veces al día al escuchar a mujeres absolutamente aplastadas por el sobreesfuerzo decir que quizá no se han esforzado lo bastante para alcanzar el éxito económico en un mundo en el que la feminización de la pobreza ha llegado a naturalizarse. Deben ser mis ojos, que cada vez que escucho la palabra “abundancia”, son incapaces de comprender qué realidad materialmente concreta se esconde bajo el índice Dow Jones y, sin embargo, se solazan en campos de trigo y amapolas y en manos que amasan pan. Hay una inmensa tarea cultural pendiente en esta dirección, reconquistar la definición colectiva de riqueza y volver a vincularla con la inmensa paciencia de la tierra (el ecosocialismo nos tira con un zapato por tardar tanto en llegar)

 

 

 

  • Discurso iberoamericano sobre emprendimiento en Europa:

Entre las muchas cosas que el espacio cultural iberoamericano ha conquistado para el resto está su disputa sobre la conceptualización del emprendimiento. El modo en que ha logrado vincularlo con criterios de refuerzo comunitario y visión territorial, el impulso al emprendimiento socio-cultural como modo tanto de protección como de reactualización del patrimonio cultural, su apuesta por los modelos de emprendimiento inclusivo y el impulso estratégico decisivo del emprendimiento de las mujeres vinculado a procesos más amplios de empoderamiento desde la base (otro mantra de esta web: no en balde la Carta Cultural Iberoamericana lleva en su seno la apuesta por la economía social de la cultura) chocan con el abrasador y dicotómico debate en España “emprendimiento panacea/emprendimiento Satanás”, apartándonos del reconocimiento de las posibilidades que la innovación social también desde la empresa puede tener tanto para nuestros territorios como para la reconstrucción de comunidad (¿no teje el pequeño comercio ciudad?).

 

  • Sindicalismo feminista e interseccional:

 

Hay una escena de “La ciudad no es para mí” que a veces me sirve como metáfora íntima de país y me hace sonreír por dentro. Es una frase de Paco Martínez Soria que, dolido ante esa nuera que reniega y se avergüenza de sus orígenes rurales, del hambre y el trabajo del que procede, espeta: “Tanto Luchy, tanto Luchy y se llama Luciana”. Viene continuamente a mi memoria cuando la realidad laboral de las trabajadoras domésticas y las internas toca en cualquier grado mi día a día, el barómetro del CIS de mi mesa. España: tanto Luchy, tanto Luchy y te llamas Luciana.  A la petición permanente para ampliar el conocimiento de los derechos laborales de las mujeres en nuestro país, se une la emergencia de impulsar un nuevo modelo, fuera del formato “liberado”, de sindicalismo feminista e interseccional que logre articular respuestas a las cadenas de explotación en las que participamos las mujeres. Para mí, sin duda, la punta de lanza para el avance de los derechos laborales de las mujeres en todo el globo (junto a las mujeres campesinas) está representada por la lucha de los derechos de las internas, trabajadoras domésticas sobre las que se está encarnando la sombra del ficticio boom económico español y cuya explotación, en muchos de los casos en régimen de auténtica semi-esclavitud, está dándose en la reclusión de nuestros espacios domésticos. Hemos pasado de ser un país que, en su domesticidad, besaba los mendrugos de pan antes de tirarlos a la basura a convertirse en centros de explotación laboral hacia mujeres migrantes, racializadas. La protección y fuerza sindical del sector, aunque ya presente, aún es escasa y son la clase obrera más vulnerable de este país. Asi que, como escucharían mis abuelas castellanas los domingos, habrá que decir: “Que manden obreras a esta mies, que la labor es mucha.”

 

 

  • Incidencia feminista en la política económica: techos de cristal y suelos pegajosos A LA VEZ

Quienes queremos apostar por una mirada y participación social, económica, política entrenada en el reconocimiento de la interdependencia, no podemos caer en la trampa de las falsas dicotomías. Los techos de cristal que impiden a las mujeres el acceso a la toma de decisiones y los suelos pegajosos de la precariedad son un continuo de explotación, el final de ambos, desde una mirada de integración, se dará a la vez. El hecho de que las mujeres seamos sólo el 8% de las inversoras en este país y que en ese 8% se haya refugiado gran parte de la inversión socialmente responsable y de impacto social también es una prioridad: las mujeres estamos fuera de la decisión sobre qué sectores productivos MERECEN crecer e impulsarse y sobre qué criterios tomamos en cuenta como país para definir qué es lo rentable. A lo mejor, si ocupamos este espacio, quién sabe, logremos desarrollar indicadores en productos de inversión que certifiquen que la explotación hacia las mujeres ya no cotiza en Bolsa y repliquemos en todo el tejido empresarial lo que, para el tejido social feminista, nos han enseñado iniciativas de financiación como el Fondo Calala.

 

  • Genealogías económicas de las mujeres

¿Cuál ha sido la relación histórica de las mujeres con el dinero?, ¿incorporamos también las heridas de explotación económica entre mujeres, “las criadas y las señoras”, el dolor punzante de las cholas?, ¿cuál ha sido nuestra aportación diferencial a la riqueza de nuestros países?, ¿qué hicieron nuestras mayores para sobrevivir económicamente, cuáles fueron sus estrategias frente a la pobreza, frente al hambre?, ¿cómo crearon cajas de resistencia?, ¿quiénes se batieron el cobre para que las siguientes pudiésemos tener acceso a nuestro dinero?, ¿quiénes consiguieron estos cambios legales?, ¿qué empresarias amamos nosotras sin que nos las imponga nadie?, ¿qué redes de solidaridad económica entre mujeres se saltaron todas las barreras sociales habidas y por haber para avanzar juntas?, ¿lograremos que sean duelo de país algún día nuestras muertas en accidentes laborales?

 

  • Salud mental y empoderamiento económico de las mujeres:

La pobreza y la precariedad tienen un impacto devastador sobre la salud mental de las mujeres. El tejido emocional de la precariedad está asentado sobre la vergüenza y el sentimiento de soledad de muchas de ellas. En un reciente informe del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid sobre la situación laboral de las mujeres migrantes, todo el mundo quedó sorprendido por un puntaje inesperado: su prioridad demandada no era trabajo, la prioridad era salir de la pandemia contemporánea de soledad. Los climas laborales enrarecidos por la temporalidad y las prácticas depredatorias, la individualización y retorno al espacio doméstico del trabajo de las mujeres y la desigualdad en la capacidad de negociación están teniendo un efecto de lo más real no sólo sobre la salud física, sino sobre la salud mental de las mujeres en nuestro país. El dolor de las demás es nuestro.

 

Recojo pues, por aquí, un hilo más para este reto global, impulsada también por un recuerdo. Cuando una de mis castellanísimas bisabuelas, tratando de salir de la persecución política, la guerra y el hambre se plantó en mitad de un corral y empezó a cobrar por arreglar bicicletas con sus propias manos, estaba empoderando a las mujeres futuras de un país. En reconocimiento a ti y a todo lo callado en aquel gesto, bisabuela, hoy seguimos.

Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad

 

(Artículo escrito para el número de despedida de la Revista Pueblos que puedes leer aquí)

Allá por el año 1980, la publicación de la UNESCO “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocida como Informe McBride, que pretendió generar alternativas a las desigualdades comunicativas globales para promover así una cultura de paz, ya alertó sobre el hecho de que los medios de comunicación funcionaban de facto como instrumentos de poder claves para perpetuar la desigualdad económica global,  la estandarización de contenidos y fuentes de información sería imparable si no se articulaban con urgencia medidas de protección que garantizasen el acceso a canales informativos múltiples y que cada vez se hacía más urgente impulsar la elaboración de un código de ética periodística mundial.

Desde este Espíritu McBride (que sería tan interesante impulsar de nuevo dentro de las actuales negociaciones del Tratado vinculante de la ONU sobre Transnacionales y derechos humanos), que en su momento provocó tanto el silenciamiento y ostracismo de Sean McBride como la salida de la UNESCO de los EEUU de Reagan, ofendido por la defensa de la diversidad mediática global, me gustaría concentrarme, por su urgencia para el presente, en la naturaleza del derecho al acceso a la comunicación como un derecho humano.

Si tenemos en cuenta el papel central que juegan los medios de comunicación como creadores y transmisores de cultura, es obvio pensar que, entre otras aristas, no existe protección del derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad sin que la comunicación esté al alcance de todos en términos de dignidad humana y no discriminación, así como dentro de marcos legales que protejan el derecho a la identidad cultural, uno de cuyos elementos más evidentes sería la protección de la diversidad lingüística.

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante para la creación de climas de respeto o persecución, entre otros, de los derechos culturales y de las minorías, dada su capacidad para construir y legitimar visiones del mundo y redes de significado que definen “lo que realmente existe”, “lo que deviene real” merced a su acceso a la representación y la visibilidad.

El derecho a la comunicación como derecho humano no se centra por tanto tan sólo en el derecho a recibir información, en la protección de la pluralidad de lo recibido, sino en la capacidad generadora de esa misma información. Sin tener acceso a los instrumentos a través de los cuales se construye el sentido, se identifica lo que es relevante y no, lo que participa en el desarrollo y evolución de valores y conductas plausibles y en general a las herramientas por las que se construye “la realidad que se ve” (y por lo tanto que definen también las zonas de silencio y sombra) no se puede hablar en ningún caso de respeto a los derechos humanos.

Desde esta mirada a los medios de comunicación como legitimadores de discursos y conductas y constructores de “la voz pública”, la definición de quién tiene derecho a hablar y quién queda relegado del derecho a la palabra, sería urgente llevar nuestra mirada crítica tanto para el corto como para el medio plazo hacia lo que Dolores Juliano ha denominado los “criterios de credibilidad”. Como afirma Dolores Juliano, “los sectores que tienen mayor poder monopolizan a su favor el supuesto de veracidad (…) Se da así una correlación directa entre poder y credibilidad”, por la que los sectores con mayor acceso al poder y por tanto con mayor control mediático, logran presentar sus intereses como algo objetivo y universal.

 

 

Si queremos atender al llamamiento a la reciprocidad en el intercambio de información que reclamaba el Informe McBride es fundamental que atendamos, por tanto, a la construcción social de la credibilidad y al acceso a la comunicación como un elemento constructor de soberanía llevando nuestra atención y análisis hacia:

  1. La producción mediática de la ausencia y la inexistencia, como ha señalado Boaventura de Sousa en su identificación de cómo se construye “la alternativa no creíble de lo que existe”, siempre en términos de alguno de estos 5 ejes: lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local/particular y lo improductivo. El vacío informativo, por ejemplo, de la realidad rural e interior de España podría ilustrar de modo elocuente este punto.
  2. La exotización cultural como forma de simplificación y silenciamiento, dado que, si como afirmaba Fanon “en la posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder”, la condena a ser hablados y esencializados impide cualquier discurso contextualizado y en primera persona. Los suplementos de viajes de los grandes grupos mediáticos en España, que desgajan los destinos de cualquier marco contextual ejemplifican este eje.
  3. La dimensión lingüística de la credibilidad, dado que todo lo que queda fuera del “globish” como lo ha bautizado François Jullien, será desacreditado como perversión de lo universal que, obviamente, ha de nombrarse en la lengua de los centros económicos de poder.
  4. El desarrollo de una nueva sensibilidad hacia los privilegios epistémicos atendiendo a los conocimientos denegados como tales, a las razones por las que se deslegitiman esos conocimientos y a quienes los poseen y a la identificación de los intereses económicos que subyacen en la validación del conocimiento. Toda la gama de expertos presentes en medios de comunicación y sus criterios de selección, así como el papel legitimador que juegan para afianzar el paradigma de los rankings del conocimiento mundial nos sirven de ejemplo.
  5. La invisibilización de la posición desde la que se habla y el control de la perspectiva y campo de la percepción como mecanismos legitimadores del poder. La naturalización del lugar de enunciación como si fuese un espacio de neutralidad aséptica, y que contribuye a negar las tensiones y luchas por el acceso a la enunciación y al papel que juega para lograr imponer interpretaciones válidas para todos los miembros de una sociedad.
  6. La homogeneidad presente en los espacios de “respetabilidad de la palabra” y de “construcción de prestigio” (en su vertiente económica, social y cultural) así como la imposición de genealogías intelectuales y de referencialidad que apuntalan la voz válida y que ayudan a construir pertenencias: eres de los nuestros si te referencias en los nuestros.
  7. ¿Qué climas emocionales necesitamos generar para que un determinado discurso sea eficaz y creíble? Resulta muy interesante analizar las estrategias emocionales que suelen seguirse para deslegitimar las voces críticas en los medios de comunicación (estrategias que pueden llegar a ser mortíferas como estamos viendo en la persecución a defensoras de derechos humanos en toda América Latina):
    • Infantilización de quien comunica.
    • Degradación y ridiculización espectacularizante.
    • Utilización de clichés para fines como los que apunta Santiago Alba Rico: “el cliché no degrada al otro solo para dominarlo más fácilmente sino para exonerar al vencedor de toda responsabilidad”
    • Utilización de la vergüenza y la estigmatización como herramienta de silenciamiento público.

Es por todo ello por lo que debemos seguir enmarcando el derecho a la comunicación como derecho humano y eje central para la soberanía real de los pueblos ya que como afirma Achille Mbembe los medios de comunicación tienen capacidad “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”, y por tanto la falta de acceso a los mismos es una forma de violencia que retroalimenta al resto, definiendo qué vidas importan y qué muertes no.

 

De la injusticia epistémica y el extractivismo cognitivo: un diálogo

 

 “La palabra legítima le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos.”

Silvia Rivera Cusicanqui

“Es obvio que determinadas ventajas materiales generarán la pretendida ventaja epistemológica.”

Miranda Fricker

“La alternativa al extractivismo es la reciprocidad profunda.”

Lianne Simpson

 

Terminaba de leer estos días (gracias a la recomendación reiterada en el blog del maestro Fernando Broncano, El laberinto de la identidad), el libro de la filósofa Miranda Fricker Injusticia epistémica que ha estado dialogando de modo permanente en mi cabeza con la denuncia que desde la teoría descolonial y los pueblos indígenas de toda América se está articulando respecto al papel central que está jugando el extractivismo cognitivo (la apropiación de artefactos culturales y conocimientos, por ejemplo así) en la consolidación del neocolonialismo neoliberal. Como muchas de las dinámicas de apropiación y expolio territorial vividas en su gradación más violenta en América Latina se están trasladando en una versión suavizada pero con idéntico afán extractivista al cada vez más despoblado medio rural europeo y español, me parece urgente tal y como afirma también Miranda Fricker “desarrollar formas nuevas de analizar la ética del poder en nuestra vida en cuanto sujetos de conocimiento”.

Como vienen denunciando desde hace décadas autoras como Silvia Rivera, Lianne Simpson, Ramón Grosfoguel… , es necesario desarmar los ejes sobre los que se sostiene la mentalidad extractivista, la apropiación de todo objeto cultural, tecnología o idea producida por las culturas indígenas (y añado yo aquí, colectivos minorizados o en posiciones subalternas) que sea útil para quienes ostentan el poder, siendo extraida y asimilada sin tomar en cuenta a los pueblos que han producido dichos conocimientos, invisibilizando a sus creadoras, descontextualizando y despolitizando sus aportaciones.

Partiendo de la base de que el “extraer sin devolver es el principio de destrucción de la vida”, la necesidad de construir reciprocidad, de avanzar hacia el reconocimiento del principio de reciprocidad no sólo en el intercambio entre culturas sino como eje rector para la construcción de alternativas sociales y políticas en el siglo XXI, nace con idéntico carácter de urgencia que la alerta ante la cooptación sistemática de “palabras fetiche” (el “buen vivir”, el “Ubuntu”…) descontextualizadas y previamente desarmadas de su capacidad transformadora. La llamada reiterada de Silvia Rivera a iluminar las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima, la lucha por el control de las palabras que dominan la agenda redunda en la necesidad de hacernos más sensibles como sociedad ante la persistencia de las injusticias epistémicas como una de las facetas clave que perpetúan la opresión.

 

 

En esta línea el trabajo de Miranda Fricker nos dota (al menos así lo he sentido yo: balsámica) de herramientas prácticas de análisis para sensibilizar mirada y escucha ante lo que no se deja decir en las palabras y sí dicen los silencios.

Como explica Fricker:

La injusticia testimonial se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido; la injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Sería por tanto urgente llevar nuestra atención respecto a la economía de la credibilidad en nuestras sociedades: a quién se cree sistemáticamente, a quiénes no se puede creer, a quiénes “sobrecreemos”, a quién no se escucha de modo reiterado, quiénes son negados como sujetos de conocimiento válido, quiénes tienen que gritar para hacerse oír, quiénes aunque griten no son escuchados, quiénes tienen palabra, quiénes ya ni lo intentan.

“Toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento y, por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana; y el modo particular en que la injusticia testimonial lo produce es llevando a un oyente a lesionar a un hablante en su capacidad como portador de conocimiento, como informante.”

 

El respeto y el trabajo a favor de los derechos culturales vendría a ser una de las herramientas presentes para construir sociedades en las que disminuyésemos paulatinamente la injusticia epistémica, dado que ésta, especialmente en su carácter de injusticia testimonial es uno de los nutrientes clave de la ideología y los discursos del odio, dado que la fiabilidad epistémica se construye colectivamente alrededor del reconocimiento de la competencia y sinceridad de quien habla.

 

“Muchos de los estereotipos de los grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres, los negros o la gente de clase trabajadora, implican de diverso modo una asociación con algún atributo inversamente relacionado con la competencia, la sinceridad o ambos rasgos: exceso de emotividad, falta de lógica, inferior inteligencia, inferioridad evolutiva, incontinencia, falta de educación, falta de determinación moral, ambición desmedida, etc.”

 

“La exclusión es una forma habitual de injusticia testimonial: aquellos grupos sociales que están sometidos a prejuicio identitario y son, por ello, susceptibles de padecer un déficit de credibilidad injusto, también tendrán tendencia, por la misma razón, a que sencillamente no se les pida que compartan sus pensamientos, sus juicios ni sus opiniones. Este tipo de injusticia testimonial tiene lugar en silencio. La actuación netamente estructural del poder identitario puede controlar qué aportaciones acaban siendo públicas y cuáles no en función de quién las presenta.”

(Tenemos un ejemplo en España en relación al derecho a voto de las personas con discapacidad)

 

 

El papel que juega el poder identitario, el carácter distorsionador de los estereotipos compartidos por una sociedad tanto para desautorizar a determinados sujetos como portadores de conocimiento legítimo, así como para acallar directamente la diversidad de expresiones y aportaciones sociales, tendría que alertarnos ante nuestra posible “arrogancia epistémica”. La práctica reflexión de Miranda Fricker (junto al papel que juega esta dimensión en la vulneración de los derechos humanos) respecto al enorme desperdicio de conocimiento valioso sobre el que se asientan nuestras sociedades y organizaciones muestra el papel polifacético que puede tomar la injusticia epistémica, sin obviar en ningún momento la violencia real que se ejerce a través de las estrategias desplegadas para minar la confianza tanto en la propia opinión de los grupos subalternos como sobre sus propias capacidades intelectuales para analizar la realidad (la pérdida de confianza intelectual construida socialmente), a través entre otras de la invisibilización y referencialidad a la autoría (recuerdo aquí una “lucha perdida” hace años desde la Oficina de Igualdad de Género de la Complutense respecto a la importancia de visibilizar con nombre y apellidos a las mujeres en las bibliografías académicas, rompiendo la “comodidad” de las iniciales tras las que se escondía el género, Kristeva, J., ya saben), la negación de acceso a los espacios de poder –políticos, académicos, económicos…- en los que se negocian los significados sociales imperantes.

Por todo lo anterior, me resultan especialmente sugerentes tanto la invitación de Fricker como de los teóricos y activistas descoloniales para construir comunidades resistentes ante la injusticia epistémica, incorporando con urgencia esta sensibilidad también en el espacio español y europeo. Me quedo, por tanto, con las aportaciones de James Montmarquet recogidas por Miranda Fricker respecto a la necesidad de afianzarnos, frente a la humillación epistémica (cállate, tú qué sabes, tú quién eres para hablar) en la valentía intelectual: a) en la voluntad de concebir y examinar alternativas a las creencias sostenidas popularmente; b) en la perseverancia cuando haya que enfrentar la oposición interesada de los demás; c) en la determinación necesaria para llevar a término los proyectos.

 

 

Ministerio de las Culturas y 1% presupuestario

Se presentaban la semana pasada, alejadas en el espacio pero confluyentes en mi tiempo, dos iniciativas de política pública cultural que venían a alimentar (¿seré la única?) mi necesidad palmaria de horizontes de acción y esperanza.

Si hace unas semanas, resoné con una frase de Eduard Miralles en un reciente foro sobre Relaciones culturales internacionales en la UE  que decía que «la diversidad cultural será para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX», el avance de la institucionalidad cultural en América Latina viene a darle la razón.

Después de dos años de conversaciones sectoriales y un importante proceso de integración territorial, Chile presentó la semana pasada su nuevo “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. Como afirmó en declaraciones de prensa el ministro Ernesto Ottone:

“Con este hito se inicia una nueva etapa en la relación del Estado con las culturas de nuestro país, reconocidas y comprendidas en su diversidad territorial y originaria”.

Tanto en la campaña de presentación del Ministerio de las Culturas (que ha usado como hilo conductor el discurso y la voz del poeta Raúl Zurita al recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y que sólo por eso voy a enlazar aquí) como en la difusión de su Plan Nacional de Cultura, “Cultura y desarrollo humano: derechos y territorio” queda patente el reconocimiento de la cultura entendida como el cuarto pilar del desarrollo, a pesar de que los ODS fuesen interesadamente ciegos una vez más a la centralidad de esta dimensión.

 

 

 

Si el explícito reconocimiento constitucional de los derechos culturales que marcó la última década en América Latina ya se veía  en España como un horizonte de acción a alcanzar, la creación en nuestro país también de un “Ministerio de las Culturas” llevaría al centro del debate público el reconocimiento de nuestra diversidad cultural desde otros prismas, contribuiría a agrietar la herencia vertical y centralista de las políticas culturales españolas y nos obligaría a reconocer también la diversidad cultural y religiosa de nuestra herencia histórica sofocada por un relato identitario de país unívoco y desfasado respecto a los avances internacionales en materia de política cultural (por cierto, una alegría la creación reciente de la Academia Nacional del judeoespañol).

 

Por otra parte, desde la sociedad civil europea a través de Culture Action Europe se lanzaba esta semana la campaña Supporting Culture is Supporting Europe! que hace suyas las sugerencias tanto de la UNESCO como de las relatoras de derechos culturales que vienen reiterando la necesidad de garantizar un 1% de los presupuestos generales de cada país a la Cultura (del presupuesto europeo en este caso) y que, al igual que en el caso de la presentación del Ministerio de las Culturas chileno, nos recuerda que sin políticas culturales no hay sociedades inclusivas capaces de enfrentar el reto de la creciente desigualdad global (por no hablar de la urgencia de afrontar desde la cultura europea el nuevo auge del fascismo, mientras esperamos a que alguien escriba nuestro Sobre Horacios y Curiacios de época)

“We affirm that a fully democratic European Union is a cultural project. In view of polarising trends in Europe, we must strengthen the European community and respect its diversity!”

 

 

Teniendo en cuenta que en los presupuestos generales de 2017 en España, la dotación presupuestaria destinada a cultura alcanzó el 0,2% de la dotación total, las acciones enfocadas al logro de este 1% que están replicándose a nivel internacional supondrían un interesante comienzo. La inspiradora movilización en relación a la exigencia de este 1% desarrollada en Bolivia por la Red Telartes nos daría un ejemplo replicable en contextos de habla hispana.

En esta necesidad personal de conjurar la imposición de ventanas estrechas para la mirada  a través de la construcción de horizontes de inclusión cada vez más amplios, las políticas culturales siguen teniendo todo por decir, sigamos.

 

Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.

 

Cabalgar el dragón: UNESCO, diversidad cultural y tratados de libre comercio

 

La presentación la semana pasada del Nuevo Informe Mundial sobre Cultura de la UNESCO, Re-pensar las políticas culturales, nos ha traído, como en la anterior evaluación del 2015, un nuevo análisis comparado de Véronique Guévremont «The Convention in other international forums: a crucial commitment» sobre el peso que las negociaciones de los tratados de libre comercio están jugando sobre el respeto a la soberanía cultural de los Estados así como sobre el papel que pueden y deben jugar las políticas culturales en los foros de comercio mundial.

Junto al compromiso adquirido por todos los Estados firmantes de la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de promover transversalmente los principios de la misma en el resto de foros internacionales de acción, lo que se lleva de nuevo al centro del debate internacional, junto al gran problema de sub-representación de las mujeres en el marco de las políticas culturales y la creciente vulnerabilidad de los artistas ante las amenazas del fundamentalismo y extremismo global, son las persistentes trabas comerciales a los bienes y servicios culturales de los países del Sur, la repercusión que el actual sistema de comercio tiene para la protección de la diversidad cultural y la libertad artística y, de un modo cada vez más explícito, la urgencia de incorporar al marco de protección de los “bienes y servicios” medidas específicas de protección a los profesionales de la cultura, entendiendo que no puede haber protección y promoción cultural al margen de la protección y promoción de los derechos humanos de quienes crean. Sirva como ejemplo de la urgencia de incorporar esta dimensión el hecho de que difícilmente se podrán implementar políticas eficaces de movilidad artística sin tener en cuenta que “los artistas del Sur global sólo pueden viajar a 75 países sin necesidad de visa, mientras que los artistas del Norte global pueden ingresar al doble de países sin un permiso especial”.

En el análisis comparado sobre el tratamiento que está recibiendo la cultura en las negociaciones de los tratados de libre comercio, junto al llamamiento a la sociedad civil para que incorpore en sus estrategias de presión la dimensión cultural amparándose en la Convención del 2005 como marco de protección, se recomienda a modo de mínimos, la introducción en los tratados de cláusulas y compromisos de protección de la diversidad cultural, la incorporación de medidas de ayuda y tratamiento preferencial cultural o la implementación de estatutos específicos de bienes y servicios culturales que queden al margen de las negociaciones. Teniendo en cuenta que el verdadero campo de batalla actual para la cultura dentro de los tratados de libre comercio se está librando alrededor del sector audiovisual, en sus dimensiones de emisión y retransmisión, en concreto sobre la concentración de las plataformas de distribución basadas en internet, así como sobre la liberalización del comercio electrónico y los contenidos culturales digitales, no es de extrañar que se estén dando ya declaraciones internacionales alertando sobre la urgencia de hacer efectiva la protección de la diversidad de las expresiones en el entorno digital en el sistema de comercio internacional y proteger más eficazmente el pluralismo cultural, como manifestó el pasado julio a través de la Déclaration D´Abidjan la Organización Internacional de la Francofonía.

No obstante, el análisis comparado de la UNESCO sigue centrándose en exclusiva en el marco de las industrias culturales y creativas, sin abordar el efecto que otras áreas de negociación (pienso, por ejemplo, en las negociaciones agro-industriales o las relativas a la liberalización de servicios públicos, con el desmantelamiento de la aplicación de cláusulas sociales en la contratación o la articulación de políticas de igualdad) pueda tener sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales, en especial sobre las culturas y el patrimonio rural, la protección de lenguas minorizadas en el entorno digital o la implementación de medidas que hagan frente a los sesgos de género actuales en la protección del patrimonio, por poner sólo un ejemplo. Dejar fuera del análisis del impacto sobre la cultura de los tratados de libre comercio toda la vinculación territorial también impulsada en el seno de la UNESCO a través de la protección del patrimonio natural y los paisajes culturales o en el marco de la ONU a través de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, nos impide visibilizar una de las grandes áreas de fricción (y violencia) actuales entre políticas culturales y liberalización comercial, así como tomar consciencia de la total interdependencia entre las políticas culturales y el resto de áreas de negociación comercial.

No obstante, desde mi punto de vista y en relación al papel que pueda jugar la UNESCO como paraguas de protección de la diversidad cultural frente a la uniformización de los tratados de libre comercio, cabe subrayar tres puntos de avance presentes en el Nuevo Informe Mundial sobre Cultura:

  • El llamamiento a una mejor articulación entre los sectores culturales nacionales e internacionales para hacer lobby frente al sistema de comercio internacional, buscando tener impacto real sobre las políticas comerciales y de inversión en el extranjero, teniendo en cuenta que con la “excepción cultural” del pasado no basta y advirtiendo sobre la centralidad que para la agenda cultural del presente debería tener la respuesta ante la amenaza de la homogeneidad cultural internacional apoyada en el rodillo comercial digital.
  • Sin profesionales de la cultura no hay cultura, sin medidas de protección laboral, remuneración justa a los artistas y entornos seguros, no hay bienes ni servicios culturales que proteger. Frente a una visión extractiva, rehumanizar la producción cultural desde un enfoque basado en los derechos humanos y que desplace la mirada desde la diversidad objetual a la diversidad cultural “encarnada”, es un camino relevante para avanzar en la superación de los desequilibrios comerciales culturales Norte-Sur.
  • La exigencia de transparencia en la negociación de los tratados de libre comercio junto al reconocimiento del papel que ha de jugar la sociedad civil en la formulación de las políticas culturales, especialmente en el planteamiento de los límites de su faceta comercial, están también presentes en esta nueva evaluación sobre la aplicación efectiva de la Convención.

Quedaría, por tanto, plantearnos qué importancia le estamos otorgando desde las políticas culturales nacionales a la articulación de una respuesta eficaz para la protección de la diversidad de nuestras expresiones culturales frente a la presión homogeneizadora inherente a las negociaciones de los tratados de libre comercio, qué papel podría jugar el espacio cultural iberoamericano como adalid de dicha protección y cómo podría articular una voz global de contrapeso y cómo nos estamos organizando como sector cultural para ser un actor de impacto real en la esfera de negociación comercial.

Patrimonio de la Humanidad contra el extractivismo: la candidatura de la dehesa

A pesar de que el trabajo previo lleva años fraguándose, la semana pasada se comunicó oficialmente la presentación de la candidatura conjunta de la dehesa y el montado portugués para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, en su vertiente de paisaje cultural, por parte de la UNESCO.

Junto a la alegría, personal e intransferible, que supone la mera existencia de una candidatura para la protección del patrimonio rural desde lo rural, y el progresivo avance tanto de la conceptualización como de la visión de las posibilidades que entraña el reconocimiento y cuidado de nuestros paisajes culturales, surgió pronto en mí el pellizco de la pena. Entre los 17 organismos que impulsan la candidatura, no hay ninguna organización que represente a la dehesa salmantina ni, por supuesto, Castilla y León tiene presencia alguna en la articulación de este proyecto para la salvaguarda de uno de los paisajes más representativos del sur de su comunidad. Junto al obvio diferente color político que gobierna en las dos comunidades, me resultó frustrante el hecho de que la dehesa más amenazada del territorio español, la del Campo Charro, sobre la que pende la próxima apertura de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, autorizada y justificada por la Junta de Castilla y León, quede fuera de las actuaciones de revalorización, protección y promoción que vendrán de la mano de la candidatura a la lista de Patrimonio.

Ilusa como soy a estas alturas del partido, me preguntaba si ningún Grupo de Acción Local salmantino, plataforma ciudadana, defensores del ecosistema de la dehesa o expertos políticos tanto en desarrollo rural como en cultura iban a tratar de hacer ver el contraste entre el lanzamiento de la candidatura de protección de la dehesa extremeña y la barra libre al extractivismo que está sufriendo el mismo paisaje cultural a pocos kilómetros de diferencia.

 

 

Si, como afirman Rocío Silva y Víctor Fernández en sus “Claves para el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO”

“Todos los paisajes poseen argumentos culturales, aunque estos no se hayan estructurado en un relato. La aceptación social de este relato es lo que los convierte en patrimoniales.”

me preguntaba qué espesor emocional y de reconocimiento guardamos ante esta forma sempiterna del medio rural español y cuánto de su olvido estará ligado tanto al olvido mayor que sufren las áreas de nuestro país con menores densidades demográficas como al desprecio de la España democrática, también la de izquierdas, a sus culturas rurales y su diversidad. Me preguntaba cuánto del relato asociado a la dehesa, durante tanto tiempo estereotipado y cañí, no sería puro y urbanísimo desconocimiento así como símbolo de la rendición de la izquierda post-78 para disputar “la Meseta” y su tejido simbólico-identitario.

Me resulta igualmente llamativo que en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la dehesa sí se señalen el incremento de la carga ganadera o el abuso de los productos químicos, pero no se haga mención explícita alguna a la presión extractiva y los intereses políticos que están poniendo en riesgo estos paisajes culturales protegidos y que han pasado ya de ser una amenaza latente a una realidad. Junto a ello, me sumo a la advertencia que están realizando diferentes estudiosos del sistema de la dehesa, referentes a no descuidar, frente al enaltecimiento de los valores naturales, la denuncia del actual descuido de la arquitectura vernácula presente en la dehesa española, por no hablar del estado calamitoso en el que se encuentra el patrimonio religioso, especialmente ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, ante la desatención de tirios y troyanos.

 

 

Quizá el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2012, con vigencia de 10 años (que no incluía de modo explícito mención alguna a la protección de la dehesa), debería incluir con urgencia en su identificación de riesgos la presión multinacional extractiva sobre el paisaje cultural español, así como las acciones preventivas de protección que desde el Instituto de Patrimonio podrían impulsarse cuando estas amenazas, como es el caso que sufre la dehesa salmantina, amenazan de modo flagrante el patrimonio de todos.

Para terminar, permitidme un último momento iluso: ¿no sería una alegría mayor que la candidatura de la dehesa extremeña y portuguesa pudiese servir para proteger a la dehesa salmantina de la cruz de mina que lleva encima? ¿Podría ver la UNESCO en la movilización de las comunidades locales para la protección de este riesgo, ahora que tienen un nuevo peso y protagonismo en sus protocolos de valoración, un elemento sustantivo para tomar, un poco más si cabe, la candidatura en cuenta?

 

Derecho a la tierra y cultura

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, «Wheatfield», que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?

 

 

Derecho a crear y capacidades

 

Este verano conocí el trabajo realizado por la diseñadora centroamericana Isabella Springmühl. Isabella ha participado con su propia firma como creadora invitada en la Semana de la Moda de Londres, apostando por una colección que pone en el centro el cuidado a la diversidad corporal. Isabella Springmühl que, como explica ella misma “ha roto su propio paradigma”, es una mujer con síndrome de down.

Hizo que recordara el trabajo reciente de Anna Vives en la creación de un nuevo diseño tipográfico (“las letras de Anna”) que se extendió rápidamente llegando hasta la camiseta de Iniesta y la moto de Jorge Lorenzo, en la capacidad que tiene –a veces…- el deporte para amplificar valores que importan.

Más allá de los casos de gran y merecido éxito, en un nivel más cotidiano de protección del derecho a crear sin discriminación, me pregunto qué políticas culturales estamos desarrollando en España para garantizarlo. La focalización de los programas de creación en las grandes ciudades, la dependencia de dichos programas de organizaciones no gubernamentales y la consabida tiranía de la búsqueda de financiadores, el hecho de que las acciones de patrocinio y RSC que acompañan muchos de estos proyectos impongan a veces por intereses de comunicación y marca un sesgo de edad a favor de acciones sobre infancia y discapacidad desatendiendo los programas para personas mayores, el foco político (cuando existe…) en las acciones de acceso como público sin peso en las políticas de creación, la «desprofesionalización» de su formación cuando se da, son algunos de los elementos a los que se enfrentan cada día los creadores de capacidades diversas. Llama la atención también que todo lo relativo al día a día de las personas con discapacidad se englobe en el campo de las políticas de servicios sociales como si el resto de Ministerios o Consejerías pudiese desentenderse de la protección a la diversidad de la población española en cada una de sus acciones políticas, o como si la vulneración de los derechos culturales en nuestro país no fuese un tema propio del sector de la cultura.

 

 

Experiencias exitosas como Debajo del Sombrero, la compañía teatral Paladio Arte o tímidos avances como la programación en la anterior temporada por parte del Centro Dramático Nacional de la obra protagonizada por personas con discapacidad intelectual “Cáscaras Vacías”, no suplen la necesidad de programas públicos estatales de apoyo a la creación en la diversidad. Quienes somos familiares de personas con discapacidad soñamos con programas como el inglés UNLIMITED apoyado por el Arts Council England y con apoyo a la financiación desde el sistema de loterías que, entre otras acciones, está promoviendo un cambio de narrativa de lo más empoderador: “No les necesitamos, nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

El derecho humano a no tener que recibir siempre, a reivindicar la capacidad de dar y aportar al mundo la propia mirada, voz, creatividad y talento requieren políticas sensibles al acceso a la creación. Al fin y al cabo, no todas tendremos el talento de la escultora Judith Scott, pero queremos intentarlo.

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.