Derechos culturales y disidencia cultural

(Maruja Mallo, mi pintora-país)

 

“Soy todas las personas libres del mundo juntas.”

Emel Mathlouthi

 

“Disidir: separarse de la común doctrina, creencia o conducta.”

Diccionario de la Real Academia Española

 

Contaba Maruja Mallo que, un día, mientras iba en su bicicleta al instituto de Arévalo en el que daba clase, la rueda delantera tropezó con una enorme piedra del camino, desviando su bici a su pesar hasta la mismísima entrada de la iglesia. Contaba Maruja también que, al no poder frenar, siguió pedaleando por el pasillo central hasta el altar mayor justo cuando sonaban las campanillas de la consagración, por lo que las beatas de Castilla al verla pasar, en lugar de asustarse, “creyeron ver en mí a un ángel de Fra Angelico”.

Recordaba insistentemente esta anécdota que siempre me hace sonreír al leer el último informe de la Relatora de Derechos Culturales “Universalidad, diversidad cultural y derechos culturales” en el que ha cobrado un nuevo protagonismo el derecho a la protección de las disidencias.

Junto al llamamiento urgente para no perder de vista que la universalidad de los derechos humanos está vinculada a la intrínseca dignidad humana y no a la homogeneidad, atendiendo al hecho de que “los ataques a la universalidad de los derechos humanos suelen proceder de los más poderosos que desean destruir un instrumento empleado para corregir las diferencias de poder” (en la sabiduría de Twitter alguien lo expresó como “los derechos humanos no son una meritocracia”) y que “la universalidad de los derechos humanos es un importante proyecto cultural en sí mismo”, con motivo de la celebración del 70 aniversario de la Declaración, se vuelve a insistir sobre la interdependencia de los derechos culturales respecto a los demás derechos, en cuanto protegen la expresión de “la propia humanidad, la propia visión del mundo y el significado que dan a la existencia humana y al desarrollo” a través de la protección de diferentes valores, creencias, convicciones, lenguas, conocimientos, artes, instituciones, formas de vida. Por lo tanto, recoge una vez más este último informe, “la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana”.

Más allá del marco del debate en el que se integra este nuevo documento internacional me interesan tres nuevas cuestiones que aparecen ahora: la importancia de los horizontes aspiracionales para la protección de los derechos humanos (¿qué desean nuestras sociedades, a qué aspiran?, ¿esas aspiraciones son compatibles con la ampliación de derechos?, si no lo son, ¿en qué se enraízan esas aspiraciones contrarias a la protección de la humanidad común?), la claridad con la que se señala el trabajo sobre los obstáculos actitudinales como una prioridad para el presente (no sólo sobre los estereotipos sino sobre el desmantelamiento de la internalización de la opresión, o tal y como lo decía más bonito Eduardo Galeano “los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo” o Erving Goffman “el estigmatizado se abstendrá voluntariamente de reclamar una aceptación más allá de los límites que los normales consideran cómodos”) pero sobre todo lo demás, el llamamiento a la protección de las disidencias:

 

“Todos los países deberían contar con disposiciones y mecanismos para proteger a quienes decidan apartarse de determinados marcos culturales y religiosos, como las personas no religiosas, contra las agresiones físicas, las amenazas y la incitación al odio y la violencia de cualquier persona o grupo, incluidos los miembros de su familia.”

 

“El hecho de que una persona se desvincule de un colectivo porque no comparte su interpretación de la cultura no la priva de su derecho cultural a seguir haciendo referencia a esos recursos culturales y a formular interpretaciones alternativas.”

 

 

Recordando la facilidad con la que nos hemos entregado en décadas pasadas a implementar procesos de asimilación forzada sobre pueblos indígenas, minorías y en todos los procesos coloniales que en el mundo han sido, así como ante el aumento de la polarización social, el auge de las conductas fundamentalistas y extremistas y el rebrote de actitudes de inspiración fascista, se pone el foco de atención sobre el derecho a “modificar la elección de referencias a lo largo de la vida”, “el derecho a no participar en determinadas tradiciones, costumbres y prácticas, en particular las que no respetan la dignidad y los derechos humanos”, “el derecho a desvincularse de una interpretación de valores o creencias y a dejar de pertenecer a un grupo”, es decir, nos llega una invitación urgente a articular procesos educativos y culturales que alienten la autonomía, el pensamiento crítico, la resistencia a la presión grupal, así como a articular medidas de  protección práctica y eficaz de las personas disidentes, en particular, (tomo como ejemplo a la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos), los procesos de señalamiento, difamación y criminalización así como la amplia gama de estrategias de acoso (desde las pasivas basadas en aislamiento y ostracismo hasta el asesinato y la desaparición forzada).

De modo que se nos lanza profesionalmente un guante tanto para reflexionar como para construir estrategias y espacios seguros para “dejar de pertenecer” (aquí un ejemplo interesante y pedagógico a través de las dificultades que encuentran las mujeres para dejar atrás la comunidad jaredí) , para crear sociedades que abracen a quienes “cuestionan las normas e interpretaciones o deciden abandonar un grupo con el que ya no se identifican”, estableciendo como una recomendación internacional el hecho de “reconocer y respetar la disidencia cultural y el sincretismo y los derechos a reinterpretar y recrear culturales”.

Me resulta interesante esta invitación a bucear y reconocer en cada una de nuestras culturas nuestras propias genealogías y ejemplos de autonomía y resistencia a la presión grupal, así como las posibilidades dinámicas y absolutamente prácticas que abre la protección de la disidencia cultural. A lo mejor, quién sabe, logramos impulsar un mundo de Marujas Mallo en bicicleta.

Construyendo el cortafuegos: derechos culturales contra el fundamentalismo

Esto es una llamada de advertencia para nuestros tiempos.

Nos enfrentamos a una avalancha de odio mundial que avanza

en múltiples direcciones, a la que debemos dar una respuesta mundial urgente.”

Conclusiones del Informe, Párrafo 93

El pasado 16 de enero se publicaba el nuevo y urgente Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, Karima Bennoune, sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre la protección de los derechos culturales, ante la acuciante necesidad de articular una respuesta transnacional ante el aumento alarmante de las prácticas y discursos de odio en todo el globo que recogiera las vulneraciones más recientes a los mismos como las acaecidas tras el Brexit, la victoria de Trump, la política migratoria de Macri,  el trato a los refugiados en Hungría o el auge del neofascismo en Europa.

Más allá del esfuerzo por la clarificación terminológica tanto en el texto como en el entorno de Naciones Unidas entre fundamentalismo (“movimientos políticos de extrema derecha que, en el contexto de la globalización manipulan la religión, la cultura o la etnicidad, para conseguir objetivos políticos” Marieme Hélie-Lucas, “se trata, esencialmente, de una manera de pensar basada en la intolerancia respecto de lo diferente, con un gran protagonismo de los intentos de destrucción y borrado de la cultura de los demás y el carácter sincrético de la cultura y la religión, acabando con la diversidad cultural”) y extremismo, entendido como un concepto más amplio, impreciso y dinámico que el primero, desde España debería llamarnos la atención uno de los primeros ejes de alerta recogidos en el Informe.

Así se nos muestra la alarma de los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y de la protección de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, ante la creciente banalización tanto de las definiciones en las leyes nacionales como de las acusaciones de extremismo que están sirviendo a nivel internacional para perseguir la disidencia política, sofocar el activismo y coartar la libertad artística y de expresión. La alarma ante la irresponsabilidad de dicha banalización se produce por el innegable socavamiento de la lucha contra el extremismo real que produce. Sin ir más lejos, esta semana en España se dictó una nueva sentencia judicial contra la libertad artística que, ateniéndose, como en el caso de los titiriteros, a una lectura literal esta vez de la letra de una canción, ha condenado al rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel, profundizando la creciente alarma ante la violación reiterada de la libertad de expresión en nuestro país.

Si ya Farida Shaheed en un informe anterior se centró en el derecho a la libertad de expresión artística en la que tenía un papel clave la protección de las enseñanzas artísticas, en el actual informe cobra protagonismo la necesaria consolidación de una educación para la ciudadanía mundial que haga de contrapeso  a “la crisis de humanismo que tenemos delante”, poniendo el foco sobre la evidencia de que la articulación de políticas culturales desde el enfoque de los derechos humanos son centrales en la lucha contra el fundamentalismo:

“El arte, la educación, la ciencia y la cultura son algunas de las mejores maneras de combatir el fundamentalismo y el extremismo. No son lujos sino instrumentos básicos para generar alternativas, crear espacio para la oposición pacífica, promover la inclusión y proteger a los jóvenes de la radicalización.”

Así, Karima Bennoune, denuncia en el Informe los efectos colaterales de los recortes en materia cultural replicados durante la crisis y que han tenido un evidente efecto boomerang en todo el globo: “las medidas de austeridad a menudo propician que los campos de la cultura y la educación, entre otros, queden en manos de terceros, en particular de quienes persiguen objetivos fundamentalistas”, recordando la recomendación que ya realizó la UNESCO en su momento para que los Gobiernos destinasen un 1% de sus gastos totales para la cultura. Recordatorio, por cierto,  que se ha convertido en una inspiradora movilización comunitaria  en Bolivia a través de la iniciativa de Telartes, “Un 1% para Cultura”

Especialmente interesantes para el ámbito iberoamericano son también, frente a la sobrerrepresentación mediática internacional de los fundamentalismos islámicos, las consideraciones recogidas en el Informe respecto al auge de los fundamentalismos judíos y cristianos, tanto ortodoxos como evangélicos y su efecto principalmente sobre los derechos humanos de las mujeres, que tanto impacto están teniendo en Centroamérica.  

Como ya nos demostraron también pasados resultados electorales en Europa, en los que el voto de las mujeres resultó un cortafuegos decisivo frente al auge de las propuestas neofascistas, Bennoune se detiene también sobre el papel fundamental que juegan las organizaciones y los liderazgos internacionales de mujeres en la defensa de los derechos culturales en todo el planeta. Fue su predecesora Shaheed quien propuso un cambio de paradigma clave en relación a la protección de los derechos culturales de las mujeres. Logró “que se dejara de ver la cultura como un obstáculo y se hiciera hincapié en la necesidad de garantizar la igualdad de esta en el disfrute de los derechos culturales”. Que en el informe se subrayen los ejemplos de las organizaciones Para la Libertad de las Mujeres en Iraq,  Católicas por el Derecho a Decidir o Women On The Wall, así como se pongan en el centro de la alerta mundial los asesinatos a manos del fundamentalismo de la gestora cultural paquistaní, Sabeen Mahmud o la diputada inglesa Jo Cox, reafirma una de las conclusiones del trabajo: el hecho de que el aumento de la violencia hacia las mujeres es, entre otras cuestiones, una señal incuestionable de alerta ante el progresivo avance del fundamentalismo que “ha sido a menudo ignorado en aras de la unidad nacional y religiosa.”

Muy relevantes por el campo de trabajo que abren son los apuntes del informe referidos a la trazabilidad de la financiación de las organizaciones en relación con el auge del fundamentalismo y la persecución de los derechos culturales. Así se detalla, frente a distorsiones mediáticas, y en relación al auge del fundamentalismo cristiano en EEUU el hecho de que “grupos y líderes cristianos fundamentalistas de los EEUU han apoyado una campaña contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Uganda, mediante discursos y financiamiento”. Asistiríamos así a un nuevo fenómeno de financiación transnacional enfocado a la persecución de minorías. En esta misma dirección, aunque atendiendo a criterios de coherencia inter-políticas y fricciones entre acciones culturales y respeto a los derechos humanos en la política exterior de la Unión Europea, apuntaría por ejemplo a la incompatibilidad del hecho de otorgar el Premio Sajarov 2016 a las comunidades yazidíes, a través de Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, perseguidas por el Estado Islámico, a la vez que se mantienen relaciones comerciales y diplomáticas con uno de los principales países financiadores de ese mismo Estado Islámico, Arabia Saudí.

Por último, se recoge también la alerta sobre los crecientes usos discursivos por los que, bajo el empleo de nuevos lenguajes cercanos a la terminología de los derechos humanos y en base a la presentación de los propios extremismos o ultra-nacionalismos como víctimas de amenazas, (como están ejemplificando Trump o Marine Le Pen frente a refugiados y migrantes y como ya desmontó Judith Butler en su ponencia “Vulnerabilidad y supervivencia”),  se buscan recortar las libertades ajenas. Por ello se recuerda:

“Los derechos culturales no son lo mismo que el relativismo cultural. No son una excusa para vulnerar otros derechos humanos ni pueden usarse para justificar la violencia o la discriminación, y no habilitan a nadie a imponer identidades o prácticas a los demás, o a excluirlos de estas, en contravención del derecho internacional(…) La universalidad es uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra los efectos destructivos del fundamentalismo y el extremismo, y debe ser defendida.” (Párrafos 46-48)

 

Por todo ello, tras la lectura del nuevo Informe, nos sumamos a la llamada lanzada por Karima Bennoune tanto al sector profesional como a la sociedad civil en su conjunto para hacerse eco de las conclusiones y recomendaciones del mismo que buscan la articulación en red de un cortafuegos frente a la “avalancha de odio mundial” sabiendo que:

“los derechos culturales, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las personas, el respeto de la diversidad cultural, la universalidad y la igualdad.”