El siglo de la diversidad (¿Hacia dónde vamos? El Correo Vasco)

 

Este artículo se escribió gracias a la invitación de El Correo Vasco y para su sección ¿Hacia dónde vamos? enfocada en la reflexión común sobre nuevos horizontes de acción y construcción de futuros posibles. Se publicó el domingo 25 de noviembre de 2018.

Ha querido la vida que hoy, día post-elecciones andaluzas, este texto aterrice en este espacio. Vaya dedicado por tanto a quienes levantan los olivos.

 

Hace unos meses escuché afirmar con rotundidad al maestro en políticas culturales recientemente fallecido, Eduard Miralles, que la diversidad sería para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX. Nos animaba así a sumar a la libertad, la igualdad y la fraternidad, la diversidad que, según él,  faltaba para que las tres anteriores fuesen realmente ciertas. Frente a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos afrontando y que se sostiene especialmente sobre el odio a las mujeres y las niñas y la presión sobre las minorías de todo signo, propongo, a modo de construcción de un horizonte común, que concentremos nuestra mirada en la agenda de derechos por conquistar que nos corresponde colectivamente alcanzar en este siglo.

Apoyándonos en el calendario de trabajo de la próxima década tanto en el seno de Naciones Unidas como de la UNESCO y dándole la razón al sociólogo Alain Touraine que afirmó hace unos años categórico “la lucha social de hoy es por los derechos culturales”, en la conversación global empezaremos a escuchar con más fuerza algunos de los siguientes temas:

  • El cambio hacia un nuevo paradigma cultural sustentado en la interdependencia y la protección de la vulnerabilidad como ejes de profundización de nuestras democracias que está impulsando el feminismo en todo el globo frente al actual modelo cultural en descomposición del “homo economicus” que subyace bajo el modelo económico global (el héroe irreal sin vínculos hecho a sí mismo que jamás se cansa ni enferma, envejece o muere y, por tanto, ni forma parte de la Naturaleza ni necesita afecto o cuidado)

 

  • Frente a la idolatría tecnológica, cobrará fuerza la necesidad de rehumanizar nuestros sistemas educativos para prevenir el riesgo creciente de incitación al odio, construcción cultural de chivos expiatorios y extremismo global. En esta labor de rehumanización inclusiva se seguirá poniendo en cuestión la actual exclusión en nuestros libros de texto y nuestros cánones sociales de conocimiento tanto del legado cultural de las mujeres como de las minorías así como nuestra ceguera colectiva ante nuestra propia historia de diversidad cultural.

 

  • Asistiremos cada vez con más fuerza a la reivindicación tanto de las mujeres como de todas las minorías de su derecho a participar en la creación de la vida cultural en condiciones de igualdad, no sólo en el campo de las artes y las ciencias, no sólo en consideración a su dimensión como audiencias o públicos, sino a través de su derecho de acceso a la creación artística, la igualdad de condiciones en la distribución y exhibición de sus obras y el reconocimiento económico de su trabajo. Jugará un papel estratégico global, como lleva años mostrándonos la maestra Maider Maraña, la conquista del derecho a identificar y definir qué consideramos como “patrimonio de los pueblos” y las acciones colectivas que desplegaremos para que toda la riqueza de nuestra diversidad cultural (la creación de las mujeres, las culturas campesinas y obreras, las culturas migrantes) se vea reflejada y forme parte de lo que celebramos como Patrimonio de la Humanidad.

 

  • Frente al canto de cisne de los liderazgos de la crueldad, el modelo regresivo actual, emergerán nuevos liderazgos culturales que pondrán en cuestión la sostenibilidad del modelo de masculinidad militarizada y heroica. Desde los campos activistas, por ejemplo, de la diversidad funcional o la diversidad mental se nos obligará a incorporar a la conversación social la necesidad de articular políticas públicas, también políticas públicas culturales, que afronten la necesidad de reconstrucción del lazo social, la realidad del dolor afectivo en nuestras sociedades y la prevención de la soledad como pandemia de este siglo, como hemos visto en la reciente creación del Ministerio de la Soledad en Reino Unido y ante la que tanta labor de prevención y articulación comunitaria puede desplegar la acción cultural.

 

  • El reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, especialmente los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras será una de las exigencias impostergables de este siglo. Afrontaremos, por ejemplo, sin duda, diversas iniciativas para impulsar una nueva Declaración de la UNESCO que dé mayor protagonismo a la protección de los derechos lingüísticos y la salvaguarda de las lenguas minorizadas, como ya avanzó todo el trabajo desarrollado por el Protocolo de Donostia.

 

  • Afrontaremos un reto decisivo alrededor del reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano, sobre el que descansa no sólo la protección de nuestras culturas rurales y todo el legado patrimonial de nuestros conocimientos campesinos y de montaña, sino también la necesidad urgente de proteger a las defensoras ambientales que están sufriendo niveles inenarrables de violencia en todo el globo.

 

Por todo ello, la realidad en los próximos años nos exigirá desarrollar una mirada abarcadora que tenga en la inclusión uno de sus pilares fundamentales y se ampare en la humildad para reconocer que sólo la diversidad protegerá nuestras democracias.

 

 

Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad

 

(Artículo escrito para el número de despedida de la Revista Pueblos que puedes leer aquí)

Allá por el año 1980, la publicación de la UNESCO “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocida como Informe McBride, que pretendió generar alternativas a las desigualdades comunicativas globales para promover así una cultura de paz, ya alertó sobre el hecho de que los medios de comunicación funcionaban de facto como instrumentos de poder claves para perpetuar la desigualdad económica global,  la estandarización de contenidos y fuentes de información sería imparable si no se articulaban con urgencia medidas de protección que garantizasen el acceso a canales informativos múltiples y que cada vez se hacía más urgente impulsar la elaboración de un código de ética periodística mundial.

Desde este Espíritu McBride (que sería tan interesante impulsar de nuevo dentro de las actuales negociaciones del Tratado vinculante de la ONU sobre Transnacionales y derechos humanos), que en su momento provocó tanto el silenciamiento y ostracismo de Sean McBride como la salida de la UNESCO de los EEUU de Reagan, ofendido por la defensa de la diversidad mediática global, me gustaría concentrarme, por su urgencia para el presente, en la naturaleza del derecho al acceso a la comunicación como un derecho humano.

Si tenemos en cuenta el papel central que juegan los medios de comunicación como creadores y transmisores de cultura, es obvio pensar que, entre otras aristas, no existe protección del derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad sin que la comunicación esté al alcance de todos en términos de dignidad humana y no discriminación, así como dentro de marcos legales que protejan el derecho a la identidad cultural, uno de cuyos elementos más evidentes sería la protección de la diversidad lingüística.

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante para la creación de climas de respeto o persecución, entre otros, de los derechos culturales y de las minorías, dada su capacidad para construir y legitimar visiones del mundo y redes de significado que definen “lo que realmente existe”, “lo que deviene real” merced a su acceso a la representación y la visibilidad.

El derecho a la comunicación como derecho humano no se centra por tanto tan sólo en el derecho a recibir información, en la protección de la pluralidad de lo recibido, sino en la capacidad generadora de esa misma información. Sin tener acceso a los instrumentos a través de los cuales se construye el sentido, se identifica lo que es relevante y no, lo que participa en el desarrollo y evolución de valores y conductas plausibles y en general a las herramientas por las que se construye “la realidad que se ve” (y por lo tanto que definen también las zonas de silencio y sombra) no se puede hablar en ningún caso de respeto a los derechos humanos.

Desde esta mirada a los medios de comunicación como legitimadores de discursos y conductas y constructores de “la voz pública”, la definición de quién tiene derecho a hablar y quién queda relegado del derecho a la palabra, sería urgente llevar nuestra mirada crítica tanto para el corto como para el medio plazo hacia lo que Dolores Juliano ha denominado los “criterios de credibilidad”. Como afirma Dolores Juliano, “los sectores que tienen mayor poder monopolizan a su favor el supuesto de veracidad (…) Se da así una correlación directa entre poder y credibilidad”, por la que los sectores con mayor acceso al poder y por tanto con mayor control mediático, logran presentar sus intereses como algo objetivo y universal.

 

 

Si queremos atender al llamamiento a la reciprocidad en el intercambio de información que reclamaba el Informe McBride es fundamental que atendamos, por tanto, a la construcción social de la credibilidad y al acceso a la comunicación como un elemento constructor de soberanía llevando nuestra atención y análisis hacia:

  1. La producción mediática de la ausencia y la inexistencia, como ha señalado Boaventura de Sousa en su identificación de cómo se construye “la alternativa no creíble de lo que existe”, siempre en términos de alguno de estos 5 ejes: lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local/particular y lo improductivo. El vacío informativo, por ejemplo, de la realidad rural e interior de España podría ilustrar de modo elocuente este punto.
  2. La exotización cultural como forma de simplificación y silenciamiento, dado que, si como afirmaba Fanon “en la posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder”, la condena a ser hablados y esencializados impide cualquier discurso contextualizado y en primera persona. Los suplementos de viajes de los grandes grupos mediáticos en España, que desgajan los destinos de cualquier marco contextual ejemplifican este eje.
  3. La dimensión lingüística de la credibilidad, dado que todo lo que queda fuera del “globish” como lo ha bautizado François Jullien, será desacreditado como perversión de lo universal que, obviamente, ha de nombrarse en la lengua de los centros económicos de poder.
  4. El desarrollo de una nueva sensibilidad hacia los privilegios epistémicos atendiendo a los conocimientos denegados como tales, a las razones por las que se deslegitiman esos conocimientos y a quienes los poseen y a la identificación de los intereses económicos que subyacen en la validación del conocimiento. Toda la gama de expertos presentes en medios de comunicación y sus criterios de selección, así como el papel legitimador que juegan para afianzar el paradigma de los rankings del conocimiento mundial nos sirven de ejemplo.
  5. La invisibilización de la posición desde la que se habla y el control de la perspectiva y campo de la percepción como mecanismos legitimadores del poder. La naturalización del lugar de enunciación como si fuese un espacio de neutralidad aséptica, y que contribuye a negar las tensiones y luchas por el acceso a la enunciación y al papel que juega para lograr imponer interpretaciones válidas para todos los miembros de una sociedad.
  6. La homogeneidad presente en los espacios de “respetabilidad de la palabra” y de “construcción de prestigio” (en su vertiente económica, social y cultural) así como la imposición de genealogías intelectuales y de referencialidad que apuntalan la voz válida y que ayudan a construir pertenencias: eres de los nuestros si te referencias en los nuestros.
  7. ¿Qué climas emocionales necesitamos generar para que un determinado discurso sea eficaz y creíble? Resulta muy interesante analizar las estrategias emocionales que suelen seguirse para deslegitimar las voces críticas en los medios de comunicación (estrategias que pueden llegar a ser mortíferas como estamos viendo en la persecución a defensoras de derechos humanos en toda América Latina):
    • Infantilización de quien comunica.
    • Degradación y ridiculización espectacularizante.
    • Utilización de clichés para fines como los que apunta Santiago Alba Rico: “el cliché no degrada al otro solo para dominarlo más fácilmente sino para exonerar al vencedor de toda responsabilidad”
    • Utilización de la vergüenza y la estigmatización como herramienta de silenciamiento público.

Es por todo ello por lo que debemos seguir enmarcando el derecho a la comunicación como derecho humano y eje central para la soberanía real de los pueblos ya que como afirma Achille Mbembe los medios de comunicación tienen capacidad “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”, y por tanto la falta de acceso a los mismos es una forma de violencia que retroalimenta al resto, definiendo qué vidas importan y qué muertes no.

 

De los debates sobre humanismo global

(Ilustraciones de Miguel Ángel Ávila Lombana)

 

 

“Todo el mundo es extranjero para alguna otra tradición o identidad adyacente a la propia.”

Edward Said

 

“Lo que los seres humanos tienen en común no es la racionalidad,

sino el hecho ontológico de su mortalidad; no es su capacidad de razonar,

sino su vulnerabilidad al sufrimiento.”

Bonnie Honig

 

En el inicio de esta década, allá por mayo del 2010, la UNESCO se propuso abrir un nuevo debate mundial que, partiendo de la escalada de las prácticas de deshumanización concretas en todo el globo, se plantease qué significaría impulsar un nuevo humanismo para el siglo XXI. A partir de la pregunta central ¿qué significa el hecho de vivir con dignidad la vida humana? y asumiendo tanto la crisis de “lo universal” como su pasado sangriento, impelida por los nuevos escenarios de privatización de la seguridad, las nuevas políticas de vigilancia y la creación de facto de un planeta de refugiados, los debates acaecidos allá por el 2010 se plantearon:

  • ¿cómo podríamos pensar colectivamente un nuevo humanismo post-colonial?, ¿qué significaría dialogar con la diversidad internacional de tradiciones humanistas con el fin de construir un humanismo intercultural para la ciudadanía global?
  • ¿qué supondría avanzar en este humanismo global en su dimensión práctica?, ¿qué compromisos concretos adquiriría respecto a la protección de la vida digna en todas las partes del globo?
  • ¿cómo incorporaríamos a este debate mundial la necesidad de desmontar la distinción tajante entre hombre y naturaleza de sesgo eurocéntrico?, ¿cómo podría ayudarnos este humanismo global a caminar hacia la protección de las generaciones venideras?
  • ¿cómo se definiría y construiría la pertenencia, el sentido de pertenencia desde este humanismo global?

Teniendo en cuenta que este marco de diálogo se ha visto desbordado en los últimos años y dentro de la UNESCO ha virado hacia programas de urgencia relativos a la prevención y actuación ante el auge del discurso del odio y los nuevos procesos de extremismo  y fundamentalismo violento, quería tomar de la mano por un momento (afortunada yo) a Edward Said que dedicó los últimos esfuerzos de su vida a reflexionar sobre las potencialidades democráticas del humanismo, al menos para cuestionarnos si el carpetazo dado en programas y presupuestos a esta conversación mundial, se ha dado por agotamiento o podría iluminar algunas emergencias del hoy.

Tal y como Said se enfrentó a la cuestión en “Humanismo y crítica democrática: la responsabilidad pública de escritores e intelectuales”:

“El humanismo podría ser un proceso democrático que diera lugar a una mentalidad crítica cada vez más libre (…) Comprender el humanismo en su conjunto, para nosotros, significa comprender que se trata de algo democrático, abierto a todas las clases y trayectorias sociales, y entendido como un proceso de revelación, descubrimiento, autocrítica y liberación. Obtiene su fuerza y relevancia de su carácter democrático, secular y abierto (…) No hay contradicción alguna entre la práctica del humanismo y la práctica de la ciudadanía participativa.”

 

 

Así Said, conjurando los cantos de sirena del siglo XX que promulgaron un retorno a las torres de marfil frente a la irrupción abrupta de las identidades (“la literatura de los esclavos, los pobres y las minorías”) y los imperativos de la realidad socio-económica, situó la supervivencia de la educación humanística precisamente en el escrutinio crítico de toda tergiversación del poder y sus lenguajes así como en la resistencia a los estereotipos, la supervivencia humanística por la vía de la mundanidad. Así, la capacidad de ofrecer alternativas de conocimiento silenciadas o no disponibles en los medios de comunicación, la labor de invalidación y desmantelamiento de representaciones prefabricadas, cosificadas o directamente deshumanizadoras, así como la desmitificación de las múltiples “supremacías” se erigirían como programa clave de acción para el humanismo del siglo XXI:

“Jamás ha habido una ignominiosa injusticia secreta, ni un cruel castigo colectivo, ni un plan de dominación imperialista manifiesto que no pudieran ponerse al descubierto, explicarse o criticarse. Sin duda, todo esto también reside en el corazón de la educación humanística.”

 

“Creo firmemente que el humanismo debe ahondar en los silencios, en el mundo de la memoria, de los grupos nómadas que apenas consiguen sobrevivir, en los lugares de la exclusión y la invisibilidad, en ese tipo de testimonios que no aparecen en los informes.”

 

“No puede haber un verdadero humanismo cuyo alcance se vea limitado a ensalzar patrióticamente las virtudes de nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras grandes obras (…) Tal como entiendo hoy día su relevancia, el humanismo no es un modo de consolidar y afirmar lo que “nosotros” siempre hemos sabido y sentido, sino más bien un medio para cuestionar, impugnar y reformular gran parte de lo que se nos presenta como certezas ya mercantilizadas, envasadas, incontrovertibles y acríticamente codificadas.”

 

 

Así frente a las amenazas al humanismo (la construcción dicotómica del nosotros contra ellos, el fervor religioso e identitario, la utilización política de la exclusión, la tergiversación de la memoria, el reduccionismo, el cinismo, la homogeneización) Said nos proponía retomar como punto clave para nuestras agendas políticas, la ciencia de la lectura:

“Sólo los actos de lectura llevados a cabo cada vez con mayor minuciosidad, con mayor atención, con mayor amplitud, con mayor receptividad y resistencia pueden dotar al humanismo del adecuado ejercicio de su esencial valía.”

En un contexto global en el que observamos un rebrote de las “misiones nacionales”, me pregunto si esta apuesta por el humanismo como proceso democrático no podría dotarnos de herramientas (¡inmediatas!) y prácticas para generar cortafuegos ante el avance del discurso del odio, situando en la lectura crítica de todos los lenguajes una línea central de actuación y en la protección de los periodos prolongados de reflexión una vacuna. Me preguntaba por todo ello estos días, tratando de entrever cómo no deslizarnos hacia discursos dicotómicos, protegiendo toda multiplicidad y complejidad o cómo sembrar desde nuestros respectivos compromisos con el conocimiento “campos de coexistencia en lugar de campos de batalla”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de las Culturas y 1% presupuestario

Se presentaban la semana pasada, alejadas en el espacio pero confluyentes en mi tiempo, dos iniciativas de política pública cultural que venían a alimentar (¿seré la única?) mi necesidad palmaria de horizontes de acción y esperanza.

Si hace unas semanas, resoné con una frase de Eduard Miralles en un reciente foro sobre Relaciones culturales internacionales en la UE  que decía que “la diversidad cultural será para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX”, el avance de la institucionalidad cultural en América Latina viene a darle la razón.

Después de dos años de conversaciones sectoriales y un importante proceso de integración territorial, Chile presentó la semana pasada su nuevo “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. Como afirmó en declaraciones de prensa el ministro Ernesto Ottone:

“Con este hito se inicia una nueva etapa en la relación del Estado con las culturas de nuestro país, reconocidas y comprendidas en su diversidad territorial y originaria”.

Tanto en la campaña de presentación del Ministerio de las Culturas (que ha usado como hilo conductor el discurso y la voz del poeta Raúl Zurita al recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y que sólo por eso voy a enlazar aquí) como en la difusión de su Plan Nacional de Cultura, “Cultura y desarrollo humano: derechos y territorio” queda patente el reconocimiento de la cultura entendida como el cuarto pilar del desarrollo, a pesar de que los ODS fuesen interesadamente ciegos una vez más a la centralidad de esta dimensión.

 

 

 

Si el explícito reconocimiento constitucional de los derechos culturales que marcó la última década en América Latina ya se veía  en España como un horizonte de acción a alcanzar, la creación en nuestro país también de un “Ministerio de las Culturas” llevaría al centro del debate público el reconocimiento de nuestra diversidad cultural desde otros prismas, contribuiría a agrietar la herencia vertical y centralista de las políticas culturales españolas y nos obligaría a reconocer también la diversidad cultural y religiosa de nuestra herencia histórica sofocada por un relato identitario de país unívoco y desfasado respecto a los avances internacionales en materia de política cultural (por cierto, una alegría la creación reciente de la Academia Nacional del judeoespañol).

 

Por otra parte, desde la sociedad civil europea a través de Culture Action Europe se lanzaba esta semana la campaña Supporting Culture is Supporting Europe! que hace suyas las sugerencias tanto de la UNESCO como de las relatoras de derechos culturales que vienen reiterando la necesidad de garantizar un 1% de los presupuestos generales de cada país a la Cultura (del presupuesto europeo en este caso) y que, al igual que en el caso de la presentación del Ministerio de las Culturas chileno, nos recuerda que sin políticas culturales no hay sociedades inclusivas capaces de enfrentar el reto de la creciente desigualdad global (por no hablar de la urgencia de afrontar desde la cultura europea el nuevo auge del fascismo, mientras esperamos a que alguien escriba nuestro Sobre Horacios y Curiacios de época)

“We affirm that a fully democratic European Union is a cultural project. In view of polarising trends in Europe, we must strengthen the European community and respect its diversity!”

 

 

Teniendo en cuenta que en los presupuestos generales de 2017 en España, la dotación presupuestaria destinada a cultura alcanzó el 0,2% de la dotación total, las acciones enfocadas al logro de este 1% que están replicándose a nivel internacional supondrían un interesante comienzo. La inspiradora movilización en relación a la exigencia de este 1% desarrollada en Bolivia por la Red Telartes nos daría un ejemplo replicable en contextos de habla hispana.

En esta necesidad personal de conjurar la imposición de ventanas estrechas para la mirada  a través de la construcción de horizontes de inclusión cada vez más amplios, las políticas culturales siguen teniendo todo por decir, sigamos.

 

Cabalgar el dragón: UNESCO, diversidad cultural y tratados de libre comercio

 

La presentación la semana pasada del Nuevo Informe Mundial sobre Cultura de la UNESCO, Re-pensar las políticas culturales, nos ha traído, como en la anterior evaluación del 2015, un nuevo análisis comparado de Véronique Guévremont “The Convention in other international forums: a crucial commitment” sobre el peso que las negociaciones de los tratados de libre comercio están jugando sobre el respeto a la soberanía cultural de los Estados así como sobre el papel que pueden y deben jugar las políticas culturales en los foros de comercio mundial.

Junto al compromiso adquirido por todos los Estados firmantes de la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de promover transversalmente los principios de la misma en el resto de foros internacionales de acción, lo que se lleva de nuevo al centro del debate internacional, junto al gran problema de sub-representación de las mujeres en el marco de las políticas culturales y la creciente vulnerabilidad de los artistas ante las amenazas del fundamentalismo y extremismo global, son las persistentes trabas comerciales a los bienes y servicios culturales de los países del Sur, la repercusión que el actual sistema de comercio tiene para la protección de la diversidad cultural y la libertad artística y, de un modo cada vez más explícito, la urgencia de incorporar al marco de protección de los “bienes y servicios” medidas específicas de protección a los profesionales de la cultura, entendiendo que no puede haber protección y promoción cultural al margen de la protección y promoción de los derechos humanos de quienes crean. Sirva como ejemplo de la urgencia de incorporar esta dimensión el hecho de que difícilmente se podrán implementar políticas eficaces de movilidad artística sin tener en cuenta que “los artistas del Sur global sólo pueden viajar a 75 países sin necesidad de visa, mientras que los artistas del Norte global pueden ingresar al doble de países sin un permiso especial”.

En el análisis comparado sobre el tratamiento que está recibiendo la cultura en las negociaciones de los tratados de libre comercio, junto al llamamiento a la sociedad civil para que incorpore en sus estrategias de presión la dimensión cultural amparándose en la Convención del 2005 como marco de protección, se recomienda a modo de mínimos, la introducción en los tratados de cláusulas y compromisos de protección de la diversidad cultural, la incorporación de medidas de ayuda y tratamiento preferencial cultural o la implementación de estatutos específicos de bienes y servicios culturales que queden al margen de las negociaciones. Teniendo en cuenta que el verdadero campo de batalla actual para la cultura dentro de los tratados de libre comercio se está librando alrededor del sector audiovisual, en sus dimensiones de emisión y retransmisión, en concreto sobre la concentración de las plataformas de distribución basadas en internet, así como sobre la liberalización del comercio electrónico y los contenidos culturales digitales, no es de extrañar que se estén dando ya declaraciones internacionales alertando sobre la urgencia de hacer efectiva la protección de la diversidad de las expresiones en el entorno digital en el sistema de comercio internacional y proteger más eficazmente el pluralismo cultural, como manifestó el pasado julio a través de la Déclaration D´Abidjan la Organización Internacional de la Francofonía.

No obstante, el análisis comparado de la UNESCO sigue centrándose en exclusiva en el marco de las industrias culturales y creativas, sin abordar el efecto que otras áreas de negociación (pienso, por ejemplo, en las negociaciones agro-industriales o las relativas a la liberalización de servicios públicos, con el desmantelamiento de la aplicación de cláusulas sociales en la contratación o la articulación de políticas de igualdad) pueda tener sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales, en especial sobre las culturas y el patrimonio rural, la protección de lenguas minorizadas en el entorno digital o la implementación de medidas que hagan frente a los sesgos de género actuales en la protección del patrimonio, por poner sólo un ejemplo. Dejar fuera del análisis del impacto sobre la cultura de los tratados de libre comercio toda la vinculación territorial también impulsada en el seno de la UNESCO a través de la protección del patrimonio natural y los paisajes culturales o en el marco de la ONU a través de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, nos impide visibilizar una de las grandes áreas de fricción (y violencia) actuales entre políticas culturales y liberalización comercial, así como tomar consciencia de la total interdependencia entre las políticas culturales y el resto de áreas de negociación comercial.

No obstante, desde mi punto de vista y en relación al papel que pueda jugar la UNESCO como paraguas de protección de la diversidad cultural frente a la uniformización de los tratados de libre comercio, cabe subrayar tres puntos de avance presentes en el Nuevo Informe Mundial sobre Cultura:

  • El llamamiento a una mejor articulación entre los sectores culturales nacionales e internacionales para hacer lobby frente al sistema de comercio internacional, buscando tener impacto real sobre las políticas comerciales y de inversión en el extranjero, teniendo en cuenta que con la “excepción cultural” del pasado no basta y advirtiendo sobre la centralidad que para la agenda cultural del presente debería tener la respuesta ante la amenaza de la homogeneidad cultural internacional apoyada en el rodillo comercial digital.
  • Sin profesionales de la cultura no hay cultura, sin medidas de protección laboral, remuneración justa a los artistas y entornos seguros, no hay bienes ni servicios culturales que proteger. Frente a una visión extractiva, rehumanizar la producción cultural desde un enfoque basado en los derechos humanos y que desplace la mirada desde la diversidad objetual a la diversidad cultural “encarnada”, es un camino relevante para avanzar en la superación de los desequilibrios comerciales culturales Norte-Sur.
  • La exigencia de transparencia en la negociación de los tratados de libre comercio junto al reconocimiento del papel que ha de jugar la sociedad civil en la formulación de las políticas culturales, especialmente en el planteamiento de los límites de su faceta comercial, están también presentes en esta nueva evaluación sobre la aplicación efectiva de la Convención.

Quedaría, por tanto, plantearnos qué importancia le estamos otorgando desde las políticas culturales nacionales a la articulación de una respuesta eficaz para la protección de la diversidad de nuestras expresiones culturales frente a la presión homogeneizadora inherente a las negociaciones de los tratados de libre comercio, qué papel podría jugar el espacio cultural iberoamericano como adalid de dicha protección y cómo podría articular una voz global de contrapeso y cómo nos estamos organizando como sector cultural para ser un actor de impacto real en la esfera de negociación comercial.

Patrimonio de la Humanidad contra el extractivismo: la candidatura de la dehesa

A pesar de que el trabajo previo lleva años fraguándose, la semana pasada se comunicó oficialmente la presentación de la candidatura conjunta de la dehesa y el montado portugués para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, en su vertiente de paisaje cultural, por parte de la UNESCO.

Junto a la alegría, personal e intransferible, que supone la mera existencia de una candidatura para la protección del patrimonio rural desde lo rural, y el progresivo avance tanto de la conceptualización como de la visión de las posibilidades que entraña el reconocimiento y cuidado de nuestros paisajes culturales, surgió pronto en mí el pellizco de la pena. Entre los 17 organismos que impulsan la candidatura, no hay ninguna organización que represente a la dehesa salmantina ni, por supuesto, Castilla y León tiene presencia alguna en la articulación de este proyecto para la salvaguarda de uno de los paisajes más representativos del sur de su comunidad. Junto al obvio diferente color político que gobierna en las dos comunidades, me resultó frustrante el hecho de que la dehesa más amenazada del territorio español, la del Campo Charro, sobre la que pende la próxima apertura de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, autorizada y justificada por la Junta de Castilla y León, quede fuera de las actuaciones de revalorización, protección y promoción que vendrán de la mano de la candidatura a la lista de Patrimonio.

Ilusa como soy a estas alturas del partido, me preguntaba si ningún Grupo de Acción Local salmantino, plataforma ciudadana, defensores del ecosistema de la dehesa o expertos políticos tanto en desarrollo rural como en cultura iban a tratar de hacer ver el contraste entre el lanzamiento de la candidatura de protección de la dehesa extremeña y la barra libre al extractivismo que está sufriendo el mismo paisaje cultural a pocos kilómetros de diferencia.

 

 

Si, como afirman Rocío Silva y Víctor Fernández en sus “Claves para el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO”

“Todos los paisajes poseen argumentos culturales, aunque estos no se hayan estructurado en un relato. La aceptación social de este relato es lo que los convierte en patrimoniales.”

me preguntaba qué espesor emocional y de reconocimiento guardamos ante esta forma sempiterna del medio rural español y cuánto de su olvido estará ligado tanto al olvido mayor que sufren las áreas de nuestro país con menores densidades demográficas como al desprecio de la España democrática, también la de izquierdas, a sus culturas rurales y su diversidad. Me preguntaba cuánto del relato asociado a la dehesa, durante tanto tiempo estereotipado y cañí, no sería puro y urbanísimo desconocimiento así como símbolo de la rendición de la izquierda post-78 para disputar “la Meseta” y su tejido simbólico-identitario.

Me resulta igualmente llamativo que en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la dehesa sí se señalen el incremento de la carga ganadera o el abuso de los productos químicos, pero no se haga mención explícita alguna a la presión extractiva y los intereses políticos que están poniendo en riesgo estos paisajes culturales protegidos y que han pasado ya de ser una amenaza latente a una realidad. Junto a ello, me sumo a la advertencia que están realizando diferentes estudiosos del sistema de la dehesa, referentes a no descuidar, frente al enaltecimiento de los valores naturales, la denuncia del actual descuido de la arquitectura vernácula presente en la dehesa española, por no hablar del estado calamitoso en el que se encuentra el patrimonio religioso, especialmente ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, ante la desatención de tirios y troyanos.

 

 

Quizá el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2012, con vigencia de 10 años (que no incluía de modo explícito mención alguna a la protección de la dehesa), debería incluir con urgencia en su identificación de riesgos la presión multinacional extractiva sobre el paisaje cultural español, así como las acciones preventivas de protección que desde el Instituto de Patrimonio podrían impulsarse cuando estas amenazas, como es el caso que sufre la dehesa salmantina, amenazan de modo flagrante el patrimonio de todos.

Para terminar, permitidme un último momento iluso: ¿no sería una alegría mayor que la candidatura de la dehesa extremeña y portuguesa pudiese servir para proteger a la dehesa salmantina de la cruz de mina que lleva encima? ¿Podría ver la UNESCO en la movilización de las comunidades locales para la protección de este riesgo, ahora que tienen un nuevo peso y protagonismo en sus protocolos de valoración, un elemento sustantivo para tomar, un poco más si cabe, la candidatura en cuenta?

 

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

Patrimonio, espiritualidad, mujeres

 

“Cuando Adán miró a Eva quedó lleno de toda sabiduría.”

Hildegarda de Bingen

“Durante toda la eternidad Dios está en la cama de parto dando a luz.

La esencia de Dios es Parir.”

Maestro Eckhart

Hace unos días, la UNESCO incluía en su Lista de Patrimonio Mundial la isla japonesa de Okinoshima, dedicada al culto shintoista y cuyo acceso está vetado a las mujeres. El hecho de que en el año 2004, sin movernos de Japón, la designación para la misma Lista de los Sitios Sagrados y Rutas de Peregrinación de los Montes Kii que tampoco admiten la presencia de mujeres (“por considerarse un sitio sagrado y, por lo tanto, puro. Debido a la menstruación y al parto, la mujer es considerada impura en determinadas sectas budistas y, por lo tanto, mancharían el sitio si entraran en él” como nos explica esta guía turística japonesa) provocase una enorme movilización, no ha sido suficiente para que el Comité de Valoración haya tenido en cuenta la perspectiva de género y la propia Estrategia en materia de derechos humanos, adoptada por la UNESCO en el 2003.

A pesar de los esfuerzos de los últimos años tanto en el reconocimiento y  protección de los derechos culturales de las mujeres como en la propuesta para una aplicación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial con perspectiva de género, como afirma Mechtild Rössler, directora del Centro del Patrimonio Mundial, en su artículo “¿Patrimonio Mundial con perspectiva de género?”:

“El “patrimonio marcado por el género” se ha convertido en un tema esencial, en particular, en vista del cambio de rumbo hacia la consideración de las comunidades locales (…) El género desempeña un papel evidente en la identificación, protección, conservación, rehabilitación y transmisión del patrimonio cultural y natural a futuras generaciones (…) En general, la asignación de espacios a hombres y mujeres, se basa en acuerdos sociales entre otros, que forman, producen y replican estructuras marcadas por el género.”

 

 

Como nos cuenta Rössler, los béguinagues flamencos son uno de los pocos sitios del Patrimonio Mundial dedicados a la mujer, y aún es difícil encontrar lecturas desde una perspectiva de género de otros lugares patrimoniales, como el Sitio Arqueológico de Cirene que ella misma cita, cuya economía floreció históricamente vinculada al silfio, una planta abortiva y anticonceptiva que se vendió tanto por la región mediterránea que llegó a extinguirse.

Removida por este escenario de debate patrimonial surgió en mí otra pregunta de fondo: ¿dónde está en la esfera internacional la espiritualidad de las mujeres?, ¿quién protege las creaciones que puedan emanar de la misma?, ¿dónde están las autoridades espirituales femeninas no subordinadas?

Si bien se suelen citar repetidamente los beguinatos (hay una antología de textos en español muy hermosa en la editorial Paidos, “Mujeres trovadoras de Dios”), no es menos cierto que el patrimonio documental asociado a las beguinas ha sido largamente ignorado y subestimado, que la creación poética de este movimiento religioso femenino no ha encontrado aún como se merece su lugar en el canon literario internacional y que si no hubiésemos contado con el interés del feminismo de la diferencia en la genealogía histórica, su reconocimiento fuera de su foco nacional sería aún una sombra. La centralidad que tomó la experiencia directa y personal en su camino religioso frente a mediaciones jerárquicas (“Ser Dios con Dios”, como decía Hadejwich de Amberes después de incitar a las mujeres del siglo XIII “a que se informen, pregunten y estudien”) y el hecho de que muchas de ellas sufrieran calumnias y persecución por parte del clero (Matilde de Magdeburgo por ejemplo o Margarita Porete que se negó a aceptar cualquier legitimidad del muy politizado Tribunal de la Inquisición que le tocó en suerte y que murió, por tanto, en la hoguera) son algunas de las causas que explican la pérdida para las mayorías de la historia de la espiritualidad femenina en el entorno cultural cristiano.

Aunque en los últimos años ha habido un interés creciente por esta dimensión experiencial de las mujeres (la publicación en español de “El Dios de las mujeres” de Luisa Muraro por ejemplo), las aportaciones de grandes pensadoras como Ivone Gebara, las líneas de acción transformadora nacidas desde la teología feminista o el actual y efervescente paradigma de la espiritualidad ecofeminista en América Latina quedan aún reducidos a espacios especializados. ¿Qué pueden aportar estas visiones al debate actual sobre el fanatismo?, ¿proponen colectivamente alternativas desde la propia vivencia y lenguaje espiritual al actual escenario de extremismo religioso?, ¿suponen una apuesta por la democratización de los espacios religiosos?, ¿están planteando lecturas sobre el papel que la religiosidad oficializada y jerárquica desempeña en el sostenimiento de la desigualdad económica y social mundial? En los actuales debates sobre populismo internacional y las interpelaciones religiosas sobre las que se están apoyando políticas excluyentes, ¿podría esta experiencia espiritual “otra” suponer una respuesta incluyente y de respeto a la diversidad?

Si bien en el espacio diplomático internacional se ha empezado a ver a líderes religiosas femeninas, como en el trabajo realizado por The Global Freedom Network y el encuentro interreligioso en el Vaticano para finalizar con la esclavitud moderna, me pregunto si para la colina del siglo XXI que estamos escalando juntos, la recuperación internacional de la historia de la espiritualidad vivida y desarrollada por las mujeres, su legado patrimonial y sus voces actuales pueden incitar de alguna manera nuevos modos de mirar o mirarnos o modos diferentes de generar comunidad.

Pope Francis (front 3rd R) poses with religious leaders during a meeting at the Pontifical Academy of Sciences at the Vatican December 2, 2014. REUTERS/Osservatore Romano

 

Diversidad cultural y nuevas narrativas: sobre Le Livre Blanc du Collége de la Diversité

 

“Il n´est pas banal de dire que nous n´existons jamais au singulier”

Emmanuel Levinas

El último boletín de la Fundación Interarts vino a recordarme mi lectura pendiente del Libro Blanco del Collége de la Diversité del Ministerio de Cultura francés, publicado después de su primer año de actividad. Como me ha resultado sugerente e inspirador, quería dejar por aquí algunas de las claves contenidas en el mismo que podrían dialogar también con la realidad española y la necesaria transformación de sus políticas culturales hacia un paradigma de derechos.

En primer lugar, me interesa el marco desde el que se ha realizado el trabajo de propuestas:

“Es crucial y urgente que nuestra política cultural se pregunte cómo está contribuyendo a generar sentimientos de exclusión”

Desde esta premisa, y de modo paralelo a la aprobación de la nueva ley francesa sobre la libertad de creación que ha recogido en su artículo 2 de modo central el respeto a los derechos culturales, se entiende que la construcción y el ejercicio de la ciudadanía no puede ser verdaderamente democrática sin atender a esta dimensión de los derechos humanos.

Así, el trabajo colectivo que ha derivado en este Libro Blanco, se ha articulado en tres ejes interesantes: el análisis de la diversidad centrada en las personas (sesgos sociales, económicos, étnicos al acceso cultural), la presencia de la diversidad territorial (descentralización de los circuitos y nodos formativos) y el cuidado de la diversidad de las expresiones artísticas (el papel de la educación artística y cultural en la política pública entre otros).

Sin embargo, han sido otros los focos que han captado mi atención: la importancia que ha tenido el trabajo de análisis de la semántica y las narrativas sobre la diversidad y las representaciones postcoloniales, el protagonismo que ha tenido a nivel ministerial el diálogo con las redes y asociaciones de educación popular (con la longeva red Peuple et Culture) y la equiparación como grandes y urgentes retos políticos globales del siglo XXI del cambio climático y la progresiva pérdida de diversidad cultural ante la uniformización que no cesa.

Deteniéndome brevemente en el aspecto discursivo sobre la diversidad recogido en el Libro Blanco, me ha interesado el diálogo que se ha dado entre el movimiento crítico postcolonial y el ámbito institucional.

Mientras a nivel parlamentario se tramitaban los proyectos de ley tanto sobre la libertad de creación, como sobre la nueva organización territorial en Francia (la ley NOTRe), cuyo artículo 103 supone un paso adelante para las políticas culturales en toda Europa:

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

 

surgía en 2016 a nivel social el movimiento asociativo “Décoloniser les Arts” que a través de su Carta-manifiesto fundacional interpelaba de modo directo a la cultura francesa:

“¿Dónde están los negros, los árabes, los asiáticos, los latinos, los franceses de culturas minorizadas en los teatros de Francia?”

A través de su denuncia de la discriminación racial tanto en los espectáculos en vivo como en los circuitos artísticos, compartían en la esfera pública su llamamiento a la protección de la diversidad cultural como único modo de afrontar los peligrosos repliegues identitarios, haciendo un llamamiento a la responsabilidad del sector cultural respecto a pautas excluyentes que puedan reforzarlos. Su reflexión sobre la necesidad urgente, junto a lo anterior, de que la población migrante se sienta reconocida e implicada en la esfera cultural así como la desarticulación del “fantasma de una sociedad una e indivisible que no es más que la representación de una minoría dominante” venía de la mano de una difusión no exenta de humor relativa al léxico y las narrativas que actualmente se utilizan para hablar de diversidad cultural en Francia. Toda esta movilización social, acompañada de actos de debate, denuncia pública de espectáculos y presencia en medios de comunicación, ha quedado recogida e impregna gran parte del Libro Blanco que ha incorporado muchas de sus propuestas.

Respecto a la “traslación” de alguna de estas iniciativas a la realidad española, no sólo tenemos pendiente, más allá de los casos de éxito de la Agenda 21 de la cultura, un debate colectivo y no únicamente sectorial o académico respecto al actual nivel de respeto a los derechos culturales en España, debate que ya se ha articulado en diferentes niveles territoriales franceses, sino un debate profundo sobre los riesgos reales que afrontamos respecto a la pérdida de nuestra diversidad cultural: los sesgos territoriales y geográficos en el acceso a la cultura y el avance del epistemicidio rural; la desprotección de la diversidad lingüística; la invisibilización de las culturas minorizadas españolas; el reto del avance en la laicidad y el respeto institucional a la diversidad religiosa; la revisión de nuestra historia colonial reciente y su reflejo en nuestros contenidos educativos; la revisión de la “narrativa de la España imperial” aún presente en algunos de nuestros textos legales que vulneran las últimas Declaraciones de la UNESCO firmadas por España; la igualdad de género en todas las fases del proceso cultural y artístico, especialmente en la toma de decisiones; el reconocimiento y participación de la población migrante en nuestras políticas culturales; la siempre pendiente descentralización cultural española; la ampliación de competencias en material cultural en el Régimen Local; el reconocimiento constitucional de los derechos culturales…entre otras muchas líneas de acción.

Comparto por tanto la lectura de este documento, dado lo sugestivo que me resulta el peso creciente que el análisis narrativo está tomando tanto para los ámbitos de decisión política como para los movimientos sociales del ámbito cultural.

 

 

Los derechos culturales de las mujeres

 

(Las imágenes pertenecen a la exposición Intersecciones de la artista paquistaní-americana

Anila Quayyum Agha)

 

Aprovechando que este 21 de mayo hemos celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural y que el pasado 19 de este mismo mes se cerró el periodo de consultas abierto por la relatora especial de la ONU en materia de derechos culturales, Karima Bennoune, para la recogida de información sobre el impacto del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, quería detenerme sobre este último punto para compartir algunos de los interesantes trabajos internacionales realizados en los últimos años en esta dirección.

Sin duda el documento marco es el Informe “Derechos culturales de las mujeres” elaborado por la anterior relatora Farida Shaheed que supuso un cambio de paradigma clave en el modo en el que, hasta la fecha, se contemplaba la cultura en el trabajo a favor de la igualdad. Shaheed rompió con la tendencia a considerar la cultura como un obstáculo que se interponía en el empoderamiento de las mujeres y las niñas virando el discurso hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad.

Dichos derechos incluirían tanto el acceso como la participación y la promoción de la creación de las mujeres y su contribución al desarrollo cultural de los pueblos. Entre los aspectos estratégicos recogidos por Shaheed destacaron tanto el papel de las mujeres en la identificación e interpretación del patrimonio cultural así como su protagonismo a la hora de decidir qué tradiciones, valores y prácticas culturales deberían mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente. De hecho, frente a los peligros de la fijación cultural disecada y esencializada incorpora una profunda reflexión sobre la cultura como campo de poder en disputa permanente.

 

 

Como se recogía en el Informe:

“Los derechos culturales deben verse como derechos que también guardan relación con qué miembros de la comunidad están facultados para definir la identidad cultural de esta. La realidad de la diversidad dentro de las comunidades hace imperativo garantizar que se escuchen todas las voces de una comunidad.”

Se volvía a poner así en el foco de atención internacional el riesgo que supone el hecho de considerar las identidades colectivas como abarcadoras de todas las características de los individuos, instando a seguir generando políticas públicas sensibles al papel que desempeñan las identidades en los procesos de exclusión social de las mujeres.

“La identidad colectiva entraña poner en tela de juicio significados y definiciones y está siempre vinculada a las estructuras y dinámicas de poder subyacentes en relación con el acceso y el control de los recursos económicos, políticos y culturales (…) Reconocer y proteger la multiplicidad de identidades ayuda a resistir y superar aquellas fuerzas políticas, en particular las políticas de identidad, que pretenden anular toda posibilidad de pluralismo en la persona y en la sociedad, así como la igualdad entre los géneros.”

 

Reflexionando también sobre la pauta de invisibilización de las aportaciones y funciones de las mujeres en el campo cultural, el Informe, frente a la tendencia al estudio del papel ejercido por las mujeres en la perpetuación de determinados valores culturales o como guardianas de la reproducción de la cultura dominante de su comunidad, se atrevía a apuntar tímidamente una línea de trabajo que nos tocará recorrer en los próximos años: el papel histórico de las mujeres en la impugnación de las normas y los valores culturales dominantes.

En esta visión de los derechos culturales como derechos empoderadores, lógicamente ligados al disfrute de otros derechos (muy interesante el estudio sobre las tradiciones culturales de derecho a la tierra de las mujeres y cómo estos elementos tradicionales sí se han visto debilitados y rechazados), se pone un especial énfasis en la participación de las mujeres en la adopción de decisiones:

“La participación activa en la esfera cultural, en particular la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas ofrece a las mujeres, así como a otros grupos e individuos marginados, posibilidades cruciales para dar nueva forma a los significados (…) ¿Quiénes son la voz legítima dentro de la comunidad?”

 

Al hilo de las propuestas recogidas en el Informe de Shaheed, en el 2015 la UNESCO publicó el interesante estudio “Igualdad de género, patrimonio y creatividad” en el que se ponía de manifiesto el hecho de que el patrimonio y su salvaguarda son un reflejo de las estructuras de poder, no sólo relacionadas con la participación en los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que “ninguna comunidad se esforzará por preservar o transmitir aquello que no valora” y constatando que “las mujeres son invisibles y subestimadas en la forma en que son retratadas a través del patrimonio de una nación” implementaba en formato de guía “un enfoque de igualdad de género sobre el patrimonio que tuviese en cuenta las diferentes formas en que se ven afectados los géneros por las estructuras de poder dentro de una comunidad y sus familias.”

 

  • ¿Quién define qué es patrimonio y su importancia?
  • ¿Quién decide la identidad colectiva?
  • ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es escuchado?
  • ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado?
  • ¿Quién puede acceder al patrimonio y disfrutar de él?
  • ¿Quién decide las limitaciones al patrimonio?
  • ¿Quién tiene el poder de tomar decisiones sobre los recursos de las personas y de la comunidad?
  • ¿Quién decide qué expresiones del patrimonio merecen ser protegidas?

 

 

He querido recoger en este espacio este Informe y trabajo de referencia de la UNESCO soñando con debates futuros en España al respecto (mientras llega el momento de ponernos a la altura del nuevo constitucionalismo iberoamericano, recogiendo en nuestra Constitución los derechos culturales…) preguntándonos por la protección de los derechos culturales de las mujeres en nuestro país, cómo estamos protegiendo y visibilizando el patrimonio vinculado a ellas y cómo estamos contribuyendo las mujeres al cuestionamiento de nuestras identidades culturales y la valoración sobre qué se debe o no se debe transmitir como país a las generaciones futuras.