Innovación social

(Todas las imágenes son obra de JR)

 

“Para que el amor se convierta en un fenómeno social y no en una excepción individualista y marginal, nuestra estructura social necesita cambios importantes y radicales (…) El principio sobre el que se basa la sociedad capitalista y el principio del amor son incompatibles”

(Erich Fromm)

Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.

 

Hace unas semanas, preparando una formación en emprendimiento social para mujeres, me paraba a pensar en los ciclos de cooptación de determinadas palabras. Enredada en otros temas caí en la cuenta de que ya nadie a mi alrededor desde hacía años había vuelto a nombrar o a hablar de innovación social, desconozco si por la vía de la prudencia ideológico-lingüística o por el desbordamiento propio del término que reconoce posibilidades de agencia transformadora mucho más allá de los cauces partidarios. Lo cierto es que se afianzó en mí el deseo, no sólo de reconquistar el término, sino de que las mujeres lideremos el sector de la innovación social en España (como ya venimos haciendo, por otra parte) conscientes de la importancia que esta invitación a la innovación tiene para nuestras democracias en el momento actual (me animó a escribir esta entrada la nueva convocatoria del CCCB del Premio Internacional de Innovación cultural)

Como se ha venido recogiendo en algunas de las publicaciones más recientes para la clarificación del término y su uso tanto en el Tercer Sector como en el ámbito cultural, la innovación social busca no sólo reconocer y tratar una necesidad social, resolver un problema socialmente relevante sino crear nuevos modelos de relación que aumenten la capacidad de decisión y acción de individuos y comunidades. El hecho, nada inocente, de que hayamos terminado por identificar innovación con tecnología, ha eclipsado las múltiples posibilidades que abre la innovación social que pone el foco tanto en ideas, productos, servicios, procesos, estructuras, organizaciones, comportamientos, prácticas…

Si reconocía la importancia que tiene para nuestras democracias en estos momentos retomar el impulso de la innovación social se debía en gran parte al hecho de que: a) la incorporación de sus propuestas a la agenda política y legislativa es consustancial al sector; b) los procesos de escalabilidad de las soluciones a problemas sociales desde el nivel micro hasta el nivel de política pública también son propios de este campo (¿a nivel estatal se está hablando y visibilizando demasiado poco el trabajo ingente recogido en propuestas referentes como PRESURA 2018 o soy yo, la territorialmente susceptible?); c) si no se orienta al bien común, no es innovación social; d) si no incorpora procesos participativos, colaborativos en los que intervengan los diferentes colectivos afectados, no es innovación social; e) implica mejoras cuantificables respecto a soluciones previas, en términos de eficacia, eficiencia o sostenibilidad; f) transforma comportamientos y prácticas sociales y cotidianas en distintos niveles.

 

 

El hecho de volver a poner en el centro la intencionalidad de provocar cambios y la capacidad colectiva de plantear acciones planificadas y coordinadas para lograrlos, no sólo desde estructuras de partido, no sólo desde los movimientos sociales, sino desde la mayor apertura posible de agencia para la capacidad transformadora que seamos capaces de lograr, me parece decisiva en estos momentos de repliegue a la obediencia.

 

Si sabemos que la innovación social tiende a multiplicarse en determinadas condiciones:

  • A través de la combinación de roles y recursos ya existentes más que de la creación de elementos novedosos en sí.
  • En la superación y amalgama de fronteras organizacionales, sectoriales, disciplinares.
  • En el “roce” de individuos y grupos que previamente se mantenían aislados entre sí, que “no tenían inicialmente nada que ver”

¿qué podríamos crear (más allá de los urbanísimos makerspace…por favor) que pudiese consolidar estos espacios deliberativos enfocados al bien común y no a la polarización debilitante?

En las apuestas por la aplicación de la innovación social a nivel territorial que ha puesto el foco una vez más sobre el hecho de que no puede darse ningún proceso innovador al margen de su contexto cultural, como el caso de Soria que hemos enlazado antes, así como a las que ponen el foco en los procesos de aprendizaje colectivo y el impulso de la innovación pública sigue latiendo la búsqueda de cambios sistémicos que no puede, por muy políticamente melancólicos que nos hayamos puesto, ser desechada sin más.

 

 

Como nos enseñaron los procesos desarrollados por la Plataforma de Escucha Comunitaria de Montreal, si nos detenemos con seriedad a analizar la dimensión cultural de los procesos de innovación social, tratando de desentrañar los valores y creencias compartidos sobre los que se sustenta así como las narrativas de autodefinición en las que se basa o que pretende transformar, en algún momento del proceso tendremos que detenernos DE NUEVO conjuntamente a hablar de:

  • ¿cuáles son las historias que estamos contando sobre nosotras mismas?
  • ¿hacia dónde camina nuestra comunidad, ciudad, sociedad, país?
  • ¿dónde están nuestras potencialidades y retos?
  • ¿cuáles son las relaciones de poder en este espacio?
  • ¿qué queremos hacer conjuntamente?

Por tanto, incorporar a las políticas de impulso de la innovación social la construcción de narrativas de transformación social enfocadas al bien común, no es precisamente un asunto menor en los tiempos que corren.

Planteo esta mínima sugerencia mientras sigo recorriendo el camino. Mujeres al frente de la innovación social en España. Mantengo este horizonte cerca. Suena la canción de Anoushka Shantar. Baila dentro de mí, la vida baila.

 

 

 

Derecho a crear y capacidades

 

Este verano conocí el trabajo realizado por la diseñadora centroamericana Isabella Springmühl. Isabella ha participado con su propia firma como creadora invitada en la Semana de la Moda de Londres, apostando por una colección que pone en el centro el cuidado a la diversidad corporal. Isabella Springmühl que, como explica ella misma “ha roto su propio paradigma”, es una mujer con síndrome de down.

Hizo que recordara el trabajo reciente de Anna Vives en la creación de un nuevo diseño tipográfico (“las letras de Anna”) que se extendió rápidamente llegando hasta la camiseta de Iniesta y la moto de Jorge Lorenzo, en la capacidad que tiene –a veces…- el deporte para amplificar valores que importan.

Más allá de los casos de gran y merecido éxito, en un nivel más cotidiano de protección del derecho a crear sin discriminación, me pregunto qué políticas culturales estamos desarrollando en España para garantizarlo. La focalización de los programas de creación en las grandes ciudades, la dependencia de dichos programas de organizaciones no gubernamentales y la consabida tiranía de la búsqueda de financiadores, el hecho de que las acciones de patrocinio y RSC que acompañan muchos de estos proyectos impongan a veces por intereses de comunicación y marca un sesgo de edad a favor de acciones sobre infancia y discapacidad desatendiendo los programas para personas mayores, el foco político (cuando existe…) en las acciones de acceso como público sin peso en las políticas de creación, la “desprofesionalización” de su formación cuando se da, son algunos de los elementos a los que se enfrentan cada día los creadores de capacidades diversas. Llama la atención también que todo lo relativo al día a día de las personas con discapacidad se englobe en el campo de las políticas de servicios sociales como si el resto de Ministerios o Consejerías pudiese desentenderse de la protección a la diversidad de la población española en cada una de sus acciones políticas, o como si la vulneración de los derechos culturales en nuestro país no fuese un tema propio del sector de la cultura.

 

 

Experiencias exitosas como Debajo del Sombrero, la compañía teatral Paladio Arte o tímidos avances como la programación en la anterior temporada por parte del Centro Dramático Nacional de la obra protagonizada por personas con discapacidad intelectual “Cáscaras Vacías”, no suplen la necesidad de programas públicos estatales de apoyo a la creación en la diversidad. Quienes somos familiares de personas con discapacidad soñamos con programas como el inglés UNLIMITED apoyado por el Arts Council England y con apoyo a la financiación desde el sistema de loterías que, entre otras acciones, está promoviendo un cambio de narrativa de lo más empoderador: “No les necesitamos, nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

El derecho humano a no tener que recibir siempre, a reivindicar la capacidad de dar y aportar al mundo la propia mirada, voz, creatividad y talento requieren políticas sensibles al acceso a la creación. Al fin y al cabo, no todas tendremos el talento de la escultora Judith Scott, pero queremos intentarlo.

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.