Cuidar el legado: ante el 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural

                          (Alcázar de Sevilla)

 

“Desarrollar un discurso auténticamente democrático y participativo en cuanto al patrimonio europeo, incluido el de las minorías religiosas y étnicas (…) pidiendo a los estados miembros que reflexionen sobre la ética y los métodos de presentación del patrimonio cultural y que tengan en cuenta la diversidad de interpretaciones.”

Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo

 

Ante la grave crisis que afronta la construcción y adhesión a la muy maltrecha y siempre en disputa “identidad europea”, expuesta ante su propia sombra tanto en el nuevo auge de los fascismos como en su trato a los refugiados y el grito permanente de su frontera sur y espoleada por las grietas cada vez más visibles en el sentido de pertenencia a un espacio común que declara la ciudadanía europea, la Unión Europea ha nombrado el 2018 como Año del Patrimonio Cultural, tratando de, apoyándose en la memoria y legado común, reconstruir de algún modo el marco de los valores compartidos europeos.

Teniendo en cuenta que entre los objetivos generales del Año Europeo se ha optado por una visión economicista del patrimonio frente al más que urgente paradigma de socialización y protección del patrimonio desde un enfoque de derechos humanos, quería aprovechar esta última entrada del año para plantear algunos temas que podríamos incluir en la agenda y el debate público aprovechando la celebración anual, como herederas y herederos que somos llamados a cuidar y celebrar nuestro común legado:

  • El 2018 puede ser una buena oportunidad para debatir acerca de los procesos de apropiación discursiva del patrimonio para el apuntalamiento de identidades excluyentes. Llevar al centro los propios criterios de selección y su construcción sobre qué merece preservarse y qué no, qué patrimonio sí es representativo de la “identidad europea” (y merece, por ejemplo el Sello de patrimonio europeo, dada su “relevante aportación a la historia de Europa”) y cuál no, con qué narrativas se arropan nuestras políticas de patrimonio, qué papel está jugando la ciudadanía en estos procesos, así como llamar la atención sobre aquellos temas que suelen quedar subordinados será una tarea interesante para el 2018. La gravedad, por ejemplo, del uso excluyente del patrimonio que está haciendo la ultraderecha polaca, la utilización discursiva por parte del gobierno de Macron del Año Europeo del Patrimonio Cultural para resucitar el fantasma de la grandeza de la “civilización europea” o, en el más cercano caso español, la argumentación de la candidatura de Numancia a la Lista de Patrimonio de la UNESCO, que frente al obvio marco de su papel de resistencia frente al Imperio, que permitiría su hermanamiento con otros lugares de resistencia clásica como Alexia o Masada, haya optado por un discurso de herencia nacional-católica, nos muestran la importancia de llevar nuestra atención a estos procesos.

 

(Alcázar de Segovia)

 

  • Frente al más diluido encuadre de la “gobernanza participativa” del patrimonio centrado fundamentalmente en el diálogo entre los diferentes niveles institucionales, ¿qué papel ha de jugar la ciudadanía tanto en la puesta en valor y protección del patrimonio como en todos los procesos de construcción memorial y resignificación de espacios? Teniendo en cuenta que una de las líneas de acción previstas para el 2018 se centra en el debate sobre la resignificación de espacios religiosos y militares, será interesante ver cómo logramos democratizar realmente estos procesos.

 

  • El Año Europeo del Patrimonio Cultural nos permitirá también abordar sesgos importantes en las actuales políticas de protección: la presión de la esponsorización que deja desprotegidos campos completos de nuestro patrimonio cultural (patrimonio documental, archivos…); el sesgo rural-urbano en la protección patrimonial; la protección del legado patrimonial de las mujeres en toda Europa.

 

  • Junto al tradicional enfoque del tráfico ilícito de bienes culturales presente entre las acciones estratégicas del Año, centrado especialmente en la política exterior, afrontar el debate sobre el más cotidiano lucro alrededor de la compra-venta de bienes culturales, el peso y estela de las inmatriculaciones para nuestras actuales políticas de protección del patrimonio, así como los desequilibrios norte-sur tanto dentro de la propia Unión Europea relativos a la restitución de bienes culturales salidos de forma ilegal tanto de territorios de estados miembro como en el marco de sus relaciones culturales internacionales haciendo frente a las reclamaciones de responsabilidad y restitución activas acerca de su pasado colonial.

(Alcázar de Sevilla)

  • El marco que nos ofrece el 2018 puede ser una buena ocasión para llevar al centro de nuestra agenda cultural la exigencia de la coherencia inter-políticas. El llamamiento presente en el documento europeo de referencia “Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo” para la búsqueda de sinergias entre las políticas de protección del patrimonio cultural y las políticas medioambientales, podría reactualizarse para poner el foco de atención sobre las consecuencias del cambio climático sobre la salvaguarda del patrimonio, especialmente el gastronómico y los paisajes culturales, así como para abordar la incompatibilidad entre la política comercial y las actuales negociaciones de tratados de libre comercio de la Unión Europea y sus políticas de protección del patrimonio, especialmente en su labor de cuidado de los conocimientos locales, la preservación de la autenticidad patrimonial, la digitalización del patrimonio y el derecho al libre acceso por parte de la ciudadanía al mismo o las medidas de protección de la diversidad lingüística europea.

 

  • El 2018 puede ser también una oportunidad interesante para remarcar la importancia de la educación artística y humanística y la necesidad de crear espacios de relación intergeneracionales que permitan un acercamiento al patrimonio de un modo más emocional y directo, reforzando así el sentido de comunidad y pertenencia del que tanto se está doliendo la realidad europea.

 

Junto a todo lo anterior, la pregunta de fondo de siempre frente a la oficialidad de nuestros legados: ¿qué y quiénes han quedado fuera de lo considerado como herencia a preservar por los Estados?, ¿cómo iluminar los márgenes para dejarle a las siguientes generaciones un legado de más amplitud,mayor  respeto a la diversidad y polifonía?

Aprovechando esta última entrada del 2017, para quienes se asomen a este espacio (¡hola, me hace feliz que estés ahí!), el deseo, de todo corazón, de que en el 2018 seamos felices y logremos ser cada día más humanamente cálidas, cálidos.

 

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.