Cabalgar el dragón: UNESCO, diversidad cultural y tratados de libre comercio

 

La presentación la semana pasada del Nuevo Informe Mundial sobre Cultura de la UNESCO, Re-pensar las políticas culturales, nos ha traído, como en la anterior evaluación del 2015, un nuevo análisis comparado de Véronique Guévremont “The Convention in other international forums: a crucial commitment” sobre el peso que las negociaciones de los tratados de libre comercio están jugando sobre el respeto a la soberanía cultural de los Estados así como sobre el papel que pueden y deben jugar las políticas culturales en los foros de comercio mundial.

Junto al compromiso adquirido por todos los Estados firmantes de la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de promover transversalmente los principios de la misma en el resto de foros internacionales de acción, lo que se lleva de nuevo al centro del debate internacional, junto al gran problema de sub-representación de las mujeres en el marco de las políticas culturales y la creciente vulnerabilidad de los artistas ante las amenazas del fundamentalismo y extremismo global, son las persistentes trabas comerciales a los bienes y servicios culturales de los países del Sur, la repercusión que el actual sistema de comercio tiene para la protección de la diversidad cultural y la libertad artística y, de un modo cada vez más explícito, la urgencia de incorporar al marco de protección de los “bienes y servicios” medidas específicas de protección a los profesionales de la cultura, entendiendo que no puede haber protección y promoción cultural al margen de la protección y promoción de los derechos humanos de quienes crean. Sirva como ejemplo de la urgencia de incorporar esta dimensión el hecho de que difícilmente se podrán implementar políticas eficaces de movilidad artística sin tener en cuenta que “los artistas del Sur global sólo pueden viajar a 75 países sin necesidad de visa, mientras que los artistas del Norte global pueden ingresar al doble de países sin un permiso especial”.

En el análisis comparado sobre el tratamiento que está recibiendo la cultura en las negociaciones de los tratados de libre comercio, junto al llamamiento a la sociedad civil para que incorpore en sus estrategias de presión la dimensión cultural amparándose en la Convención del 2005 como marco de protección, se recomienda a modo de mínimos, la introducción en los tratados de cláusulas y compromisos de protección de la diversidad cultural, la incorporación de medidas de ayuda y tratamiento preferencial cultural o la implementación de estatutos específicos de bienes y servicios culturales que queden al margen de las negociaciones. Teniendo en cuenta que el verdadero campo de batalla actual para la cultura dentro de los tratados de libre comercio se está librando alrededor del sector audiovisual, en sus dimensiones de emisión y retransmisión, en concreto sobre la concentración de las plataformas de distribución basadas en internet, así como sobre la liberalización del comercio electrónico y los contenidos culturales digitales, no es de extrañar que se estén dando ya declaraciones internacionales alertando sobre la urgencia de hacer efectiva la protección de la diversidad de las expresiones en el entorno digital en el sistema de comercio internacional y proteger más eficazmente el pluralismo cultural, como manifestó el pasado julio a través de la Déclaration D´Abidjan la Organización Internacional de la Francofonía.

No obstante, el análisis comparado de la UNESCO sigue centrándose en exclusiva en el marco de las industrias culturales y creativas, sin abordar el efecto que otras áreas de negociación (pienso, por ejemplo, en las negociaciones agro-industriales o las relativas a la liberalización de servicios públicos, con el desmantelamiento de la aplicación de cláusulas sociales en la contratación o la articulación de políticas de igualdad) pueda tener sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales, en especial sobre las culturas y el patrimonio rural, la protección de lenguas minorizadas en el entorno digital o la implementación de medidas que hagan frente a los sesgos de género actuales en la protección del patrimonio, por poner sólo un ejemplo. Dejar fuera del análisis del impacto sobre la cultura de los tratados de libre comercio toda la vinculación territorial también impulsada en el seno de la UNESCO a través de la protección del patrimonio natural y los paisajes culturales o en el marco de la ONU a través de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, nos impide visibilizar una de las grandes áreas de fricción (y violencia) actuales entre políticas culturales y liberalización comercial, así como tomar consciencia de la total interdependencia entre las políticas culturales y el resto de áreas de negociación comercial.

No obstante, desde mi punto de vista y en relación al papel que pueda jugar la UNESCO como paraguas de protección de la diversidad cultural frente a la uniformización de los tratados de libre comercio, cabe subrayar tres puntos de avance presentes en el Nuevo Informe Mundial sobre Cultura:

  • El llamamiento a una mejor articulación entre los sectores culturales nacionales e internacionales para hacer lobby frente al sistema de comercio internacional, buscando tener impacto real sobre las políticas comerciales y de inversión en el extranjero, teniendo en cuenta que con la “excepción cultural” del pasado no basta y advirtiendo sobre la centralidad que para la agenda cultural del presente debería tener la respuesta ante la amenaza de la homogeneidad cultural internacional apoyada en el rodillo comercial digital.
  • Sin profesionales de la cultura no hay cultura, sin medidas de protección laboral, remuneración justa a los artistas y entornos seguros, no hay bienes ni servicios culturales que proteger. Frente a una visión extractiva, rehumanizar la producción cultural desde un enfoque basado en los derechos humanos y que desplace la mirada desde la diversidad objetual a la diversidad cultural “encarnada”, es un camino relevante para avanzar en la superación de los desequilibrios comerciales culturales Norte-Sur.
  • La exigencia de transparencia en la negociación de los tratados de libre comercio junto al reconocimiento del papel que ha de jugar la sociedad civil en la formulación de las políticas culturales, especialmente en el planteamiento de los límites de su faceta comercial, están también presentes en esta nueva evaluación sobre la aplicación efectiva de la Convención.

Quedaría, por tanto, plantearnos qué importancia le estamos otorgando desde las políticas culturales nacionales a la articulación de una respuesta eficaz para la protección de la diversidad de nuestras expresiones culturales frente a la presión homogeneizadora inherente a las negociaciones de los tratados de libre comercio, qué papel podría jugar el espacio cultural iberoamericano como adalid de dicha protección y cómo podría articular una voz global de contrapeso y cómo nos estamos organizando como sector cultural para ser un actor de impacto real en la esfera de negociación comercial.

Repensar las políticas culturales

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Con motivo de la celebración de los diez años de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO, se ha elaborado uno de los Informes Culturales Mundiales de mayor calado y trascendencia ante los retos que las desigualdades generadas por la globalización y las derivas del Libre Comercio mundial están dejando en el panorama político internacional, Re-Pensar las políticas culturales. Aprovechando su reciente publicación en español, comparto una lectura sobre los principales ejes del mismo.

Entre las aportaciones clave que aportó en el 2005 la Convención estuvo, sin lugar a dudas, el reconocimiento explícito del “derecho soberano de los gobiernos para introducir políticas que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales”. Se estableció así a nivel normativo un necesario contrapeso a la entrada masiva de bienes culturales occidentales en los mercados internacionales, así como se promovió un análisis crítico del gran desequilibrio comercial que estaba sofocando manifestaciones culturales, identidades y valores al margen del modelo hegemónico neoliberal promovido por la globalización. Como ya  hemos abordado en otras ocasiones la importancia de la defensa de las soberanías culturales del Sur, quiero detenerme ahora en algunas de las tendencias en el diseño de políticas culturales que identifica el Informe, a diez años de la firma de la Convención, ratificada por 140 Estados-parte.

  • Sociedad civil y políticas culturales: una de las líneas de acción más importantes que se están abriendo paso a nivel internacional es la implementación de estrategias de co-diseño de las políticas culturales. El papel de las organizaciones de la sociedad civil gana protagonismo a través del diálogo entre las políticas de participación ciudadana y las culturales. Se reconoce también la necesidad de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar, seguir y evaluar las políticas culturales, aún hoy muy débil, tanto en relación con procesos de transparencia como de cumplimiento de objetivos. Si bien en el caso español estas prácticas (muy focalizadas en las grandes ciudades, prácticamente inexistentes en el resto de España) se han implementado en el nivel local, aún nos faltaría fortalecer esta dimensión dialogante y exigente de la sociedad civil española en materia de cultura a nivel estatal, la socialización y apertura del diseño de las políticas culturales como algo que afecta y puede mejorar sin duda nuestra vida cotidiana.
  • Diversidad mediática: Son varias las preocupaciones que recoge el Informe en materia de medios de comunicación. La constatación de que un mayor número de plataformas no tiene por qué garantizar la diversidad de contenidos y expresiones, la falta de cobertura y contenidos mediáticos relativos a minorías o que garanticen la igualdad de género, la invisibilización de la agenda del Sur global y la íntima relación entre diversidad mediática y construcción de democracia. Resulta interesante aplicar  algunos de los indicadores para la medición de este eje a la realidad española, no sólo en lo relativo a la libertad de leyes informativas y exclusión de la censura, ampliamente contestadas en las movilizaciones contra las Leyes Mordaza, sino al pluralismo en la propiedad de los grupos de comunicación o a los baremos de inclusión mediática de grupos históricamente marginalizados y la equidad en el tratamiento de los grupos sociales vulnerables, denunciado una y otra vez, por ejemplo, desde el campo de la salud mental y su tratamiento informativo.

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  • El papel de las mujeres como artistas y productoras de bienes y servicios culturales: una de las áreas más importantes del Informe reconoce explícitamente “la relación simbiótica entre la igualdad de género, los derechos culturales y la diversidad cultural”. Se hace hincapié especialmente en la necesidad de garantizar la igualdad en los espacios de decisión de las políticas públicas y de incentivar medidas que contrarresten la invisibilización de la creación artística de las mujeres. Frente a las carencias evidentes que aún arrastra España en este aspecto, iniciativas como MAV, Clásicas y Modernas o CIMA están señalando la obligación que tiene España a la hora de cumplir con esta dimensión contemplada en la Convención de la UNESCO ratificada en el 2006.
  • Acceso y participación: ¿Qué medidas está implementando cada país para promover el acceso a expresiones culturales diversas? No se trataría simplemente de implementar medidas de democratización cultural sino de ampliar aún más la mirada. Como señala Nina Obuljen en el primer apartado del Informe, algunas de las acciones para profundizar en esta dirección serían: “ promover el acceso y la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos autóctonos, jóvenes y mujeres en la vida cultural; promover el acceso y la participación de las personas desfavorecidas socialmente, con discapacidad, ancianos, así como la población en áreas rurales; mejorar la educación cultural; reducir las barreras en precios para acceder a los bienes culturales a través de medidas como IVA reducido o exento”. En España aún no está asentado el paradigma de los derechos culturales que contemple en toda su amplitud la protección de las culturas minoritarias, así como falta mucho por hacer en el desarrollo de políticas culturales específicas para el medio rural (interesante la línea abierta en esta dirección por la Diputación de Barcelona a través del programa Cultura i petits municipis). De igual manera, tanto la participación cultural como la producción artística de las personas con diversidad funcional aún está muy acotada y la financiación de sus programas tiene a día de hoy un mayor cariz privado que público.

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  • Libertad artística: Como afirma Ole Reitov, director ejecutivo de Freemuse, en su contribución al Informe, “el reconocimiento y la protección de la libertad artística concierne no sólo a la existencia y la práctica creativa de los propios artistas, sino también a los derechos de todos los profesionales de la cultura”. Incorpora así la dimensión del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y a la necesaria protección legal y económica de su actividad como un elemento clave para poder hablar de verdadera libertad artística. Muy centrado en el papel que la censura y la persecución por motivos políticos que sufren aquellos artistas que denuncian la brutalidad policial, los intereses corporativos, la corrupción o el abuso de poder, el Informe recoge en un párrafo una de las realidades que la creación artística está viviendo en España: “En algunos países los artistas abiertamente críticos de un gobierno aún son perseguidos sistemáticamente con acusaciones de separatismo, terrorismo o de ser antipatrióticos” Al llevar nuestra mirada al ámbito del derecho internacional de la cultura nos damos cuenta de que situaciones como las vividas con el caso de los titiriteros o el juicio de Cesar Strawberry en España quedarían muy lejos de las directrices en materia de protección de la libertad artística. Como desafío pendiente se identifica la necesidad de impulsar una comunidad conectada de activistas a nivel internacional por la libertad de expresión en el sector cultural, red de activistas muy presentes en el sector ambiental o feminista, pero no tanto en el campo de la cultura.

Por todo lo analizado sería importante tanto desde el sector profesional cultural como desde las diferentes asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la cultura en España profundizar tanto en el conocimiento como en el uso estratégico de la Convención exigiendo que las políticas culturales en nuestro país cumplan los objetivos recogidos en la misma y se armonicen, al igual que se está haciendo en otros Estados firmantes, con las líneas de fuerza identificadas en Repensar las políticas culturales.