Régimen del 78, masculinidad franquista y violencia

La semana pasada, las últimas reflexiones compartidas por Ángela Davis en su conferencia en el CCCB de Barcelona, permitieron que, a modo de pequeños cristales que siguen unificándose para crear una estructura mayor, identificásemos, con mayor nitidez si cabe, como nuevo eje discursivo clave ante la crisis del régimen del 78 que estamos viviendo, la crisis estructural del modelo de masculinidad heredado del franquismo, hasta ahora institucionalmente intocado en España.

Si bien en su último libro, La libertad es una batalla constante, Davis ya apuntaba claramente en esta dirección:

“Deberíamos entender los vínculos entre la violencia pública y la privada o la privatizada”

“La violencia íntima no está desvinculada de la violencia estatal”

no fue sino hasta el momento en el que se permitió una digresión fundamental alrededor de los procesos de militarización de la policía a nivel global y su impacto sobre la re-militarización cultural de las masculinidades (naturalizar el hecho de que en cada hombre veamos un cuerpo para la lucha, un potencial soldado), que algunas vivencias generizadas de los últimos días relacionadas con el derecho a decidir en Catalunya pudieron leerse desde esta óptica.

En esta alerta repetida por todas las grandes intelectuales feministas internacionales acerca del nuevo proceso de legitimación cultural y simbólica de la masculinidad militarizada (y del que ya hemos hablado también aquí), se inscribirían, a modo de ejemplo sintomático, las invectivas recibidas por Maruja Torres por atreverse a señalar estos días, en mitad de la polarización identitaria, los peligros de hacer un pan como unas tortas contribuyendo de modo poco consciente desde la izquierda a reafirmar lógicas sacrificiales o modelos de obediencia grupal que tan bien le vienen en estos momentos al capitalismo. Podemos reírnos lo que queramos del barco de Piolín en el puerto de Barcelona, pero no convendría subestimar el papel que el mandato de la demostración de la hombría, dañada y sometida a burla pública a cuenta del esperpento ilustrado, haya podido jugar en la propia espectacularización de la brutalidad policial desplegada en Catalunya.

Dirigidos a la raíz aparecían de pronto los llamamientos al diálogo tanto de WILPF España como la invitación asamblearia de Aristofánicas, señalando como uno de los ejes centrales de la actual crisis de régimen el protagonismo de un modelo de masculinidad que creíamos en retroceso. La retirada esta semana de los baluartes del militarismo global, EEUU e Israel, de la UNESCO, ese espacio multilateral creado para impulsar las “mariconadas”  propias de la cultura de paz, la educación y la diversidad, reforzaba el contexto global en el que la crisis del modelo de masculinidad de la dictadura aún no contestado en España se amplía.

 

 

Desde una lectura de la crisis actual que se deje llevar por una visión épica y numérica de “las luchas que tocan”, corremos el riesgo de no escuchar o saber leer a tiempo otras acciones de corte más cualitativo que están señalando las costuras de género y silencio sobre las que se ha construido la legitimidad simbólica del régimen nacido tras la transición y que ahora se tambalea (costuras de género y silencio que empiezan a visibilizarse así).

Quienes en la imagen de hombres de 50 y 60 años bajo la lluvia de un día gris en Astorga sosteniendo una pancarta “Todos lo vivimos y ellos lo encubrieron” denunciando los abusos sexuales vividos décadas atrás en el seminario, vimos claramente la señal  de un gran iceberg de silencio que empezaba a derretirse, no podemos excluir en el llamamiento a la “interseccionalidad de las luchas” que tanto se oye repetir estos días, el grito para que incorporemos una lectura sobre la continuación acrítica de los modelos masculinos heredados del franquismo y que han vuelto a emerger en su faceta más violenta como de las sombras durante las últimas semanas, aunque en la prensa oficialista mostrasen su buena salud desde hace tiempo (como analizó Iñigo F. Lomana).

 

 

 

El nuevo auge del fascismo en España no puede desvincularse del silencio impuesto (y por tanto del desconocimiento generalizado por parte de las nuevas generaciones) sobre la violencia que el modelo de masculinidad militarizada y estatalizada del franquismo y postfranquismo ejerció sobre los propios hombres españoles, ya fuese en los múltiples casos de abusos sexuales a niños en la iglesia nacional-católica obviados por el Concordato, las redes organizadas de pederastia vinculadas al Régimen que a día de hoy siguen silenciándose y por estudiar, el modelo hegemónico de paternidad autoritaria (“aquí se hace lo que yo diga por mis santos cojones”) y la permisividad social ante el maltrato infantil que estará inscrito como una marca indeleble en el cuerpo de muchos de nuestros hombres, los casos de violencia, violaciones y suicidio tanto en el Ejército como en espacios educativos de inspiración religioso-castrense así como todas las humillaciones y vejaciones sufridas por los hombres que vivieron el franquismo vinculadas a la construcción cultural de la obediencia de las cadenas de mando y que se trasladó sin duda al campo de las relaciones laborales que, probablemente, encontraran una vía de alivio y escape a través de los altos índices de alcoholismo también altamente alentados durante la dictadura, por no salir de las zonas más evidentes de represión y que mayores “silencios y secretos de país” acumulan. ¿Dónde ha ido a parar todo este dolor acumulado?, ¿cuándo se verbalizó?

El llamamiento a poner en el centro de la lectura de la actual crisis del Régimen del 78  la propia crisis del modelo de masculinidad heredado de la dictadura que lo sustenta no es un tema periférico sino un eje central de las movilizaciones necesarias, también desde España, para frenar el proceso de remilitarización de la masculinidad en todo el globo que necesita la fase cada vez más feroz del neoliberalismo.

 

 

Inmatriculaciones o la verdadera Cultura de la Transición

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Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública .

Si, como dice Amador Fernández Savater “la Cultura de la Transición se asegura siempre el monopolio de los temas y los enfoques”, la crítica a la propia CT ha dejado fuera de foco, por su mayor incidencia en provincias despobladas y el medio rural español, uno de los campos en los que los privilegios otorgados por el franquismo permanecen a día de hoy intactos.

Tal y como vienen denunciando las diferentes plataformas que integran la  Coordinadora, el procedimiento de inmatriculación de bienes propiedad de los pueblos por parte de la Iglesia Católica viene realizándose desde 1946, cuando la dictadura franquista otorgó poderes a los obispos para inmatricular (inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que no estaba registrado) con un simple certificado y sin acreditar título de propiedad. Este mecanismo se ha visto perpetuado en tiempos de democracia bajo un sistema de dudosa constitucionalidad.

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Como sabemos, no existe hasta la fecha ninguna relación pública de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y la falta de transparencia al respecto es total, incluyendo aquellos procesos en los cuales estos bienes patrimoniales inmatriculados están siendo utilizados por parte de los obispados para obtener crédito hipotecario. La solicitud de datos al Ministerio de Justicia, tal y como recoge Jesús de Larrainzar en el libro “No Robarás” quedó saldada con la mínima respuesta institucional “no es un área de nuestra competencia”.

La incorporación, junto a ayuntamientos, especialistas y plataformas vecinales, de la iglesia de base en la recién creada Coordinadora estatal, a través de la presencia de Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, nos señala que más allá del fantasma del anticlericalismo y los miedos electoralistas que esta acusación lleva aparejados, la respuesta al problema de las inmatriculaciones en nuestro país es una lucha democrática contra los privilegios. Al fin y al cabo, España es uno de los países que se sumó a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial de 1972 de la UNESCO en la que se sostiene que, frente a intereses económicos particulares que imposibiliten el acceso al patrimonio de los pueblos, “(para poder transmitirlo a las generaciones futuras) los Estados han de instituir servicios de protección de su patrimonio (…) adoptando las medidas jurídicas y administrativas necesarias”.

Lo que está, por tanto, sobre la mesa con este tema es en realidad uno de nuestros mayores déficits democráticos como país, poniendo de relieve que la jerarquía católica y sus privilegios forman parte indisoluble del andamiaje del Régimen del 78, privilegios jerárquicos que, como ya hemos dicho, por interés netamente electoralista, se han mantenido inmutables desde la Transición.

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(Monasterio de San Miguel de Escalada, inmatriculado por el Obispado de León)

En el 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 4 de noviembre de 2014 tuvo que declarar arbitrario el procedimiento por el  que la Ley Hipotecaria española equiparaba el certificado de cualquier obispo católico al de otros funcionarios públicos. Tanto el Partido Popular como el PSOE, meses más tarde,  impidieron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que hubiese podido declarar nulas con efecto retroactivo las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la fecha, condenando a particulares y ayuntamientos a un larguísimo calvario de presentación a título individual de recursos de inconstitucionalidad bien por bien en toda España.

Por todo ello, se hace evidente que desde el campo de las políticas culturales deberíamos retomar, tal y como está demandando incesantemente la sociedad civil, este caballo de batalla precisamente en este periodo post-electoral en el que va a ser necesario un replanteamiento profundo del texto constitucional, teniendo en cuenta , no sólo que el problema de las inmatriculaciones apunta a uno de los ejes de flotación y centro de gravedad claves del Régimen del 78, sino que incide además sobre el necesario fortalecimiento de nuestro Régimen Local y, tal y como hemos señalado otras veces, la necesidad de una mayor clarificación y dotación competencial municipal en materia de cultura.