Contra toda pureza: extremismo, fundamentalismo y derechos culturales de las mujeres

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la fotógrafa iraní Newsha Tavakolian)

La pasada semana se presentó el cuarto informe de la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, ampliando su informe anterior sobre el que ya hablamos en este espacio.

Junto a un detallado análisis terminológico y del marco legal internacional, el informe pretende ser, tal y como recoge en sus conclusiones, “una llamada de advertencia para nuestros tiempos. Nos enfrentamos a una avalancha de misoginia mundial que avanza en múltiples direcciones.”

Denunciando la extrema violencia que en todo el globo está impidiendo la protección del derecho a participar en la vida cultural, la libertad de la expresión artística, la libertad científica y el derecho a la educación de las mujeres, Karima Bennoune es tajante, “los derechos culturales de las mujeres no son un complemento de la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo; son un factor decisivo, sin el cual esta lucha no puede tener éxito”. Haciendo hincapié una vez más, en la línea de los informes anteriores de las dos relatoras, sobre el hecho de que el recorte en los derechos de las mujeres supone siempre una señal de alarma del avance social del extremismo y el fundamentalismo, hace un llamamiento a la desarticulación de los procesos de ingeniería cultural sobre los que se asientan. La reconfiguración de las culturas sobre cosmovisiones unívocas y rígidas, centradas en cualquier idea de pureza, la distorsión creciente del otro y la superioridad cultural y moral se identifican como ejes comunes sobre los que está avanzando el extremismo a nivel internacional.

IRAN. Mahmoudabad. Caspian Sea. 2011.

Particularmente interesante (dado que hasta la fecha no se había dado una referencia explícita) es la denuncia que se realiza en el informe, aún tímida pero importante, sobre los aspectos negativos de los modelos económicos dominantes sobre los derechos culturales de las mujeres, y el peligroso efecto que las medidas de austeridad han tenido sobre los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el derecho a la educación de las niñas. Los recortes en políticas culturales y educativas han alentado la proliferación de instituciones educativas privadas en todo el mundo, financiadas por movimientos fundamentalistas y extremismos religiosos, contrarios al avance de democracias culturales que fomenten la igualdad de género. Igualmente interesante, al hilo de la vulneración del derecho a la educación y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, es su análisis sobre la permisividad social creciente de los extremismos religiosos no violentos que “se están extendiendo en la corriente de pensamiento mayoritaria”, y que ilustra de modo inequívoco con la persecución que sufren las defensoras de los derechos reproductivos a manos del extremismo religioso cristiano en América Latina.

Invitando al debate sobre la discriminación que sufren las mujeres a nivel internacional para ejercer sus derechos religiosos especialmente asociados al acceso al liderazgo religioso o espiritual, se comparten también en el informe experiencias feministas muy interesantes para el avance del laicismo como medida de protección de mujeres y minorías, como es el caso de Secularism is a Women´s Issue.

 

 

En la imposición de purezas que acompaña a todo extremismo, se llama la atención sobre un punto ante el que existe una permisividad social alarmante. Es el hecho de invisibilizar la aportación cultural de las mujeres: “los fundamentalistas culturales a menudo tratan de eliminar la cultura de las mujeres y el carácter sincrético de la cultura y la religión, y acabar con la diversidad cultural”. El grado extremo que suponen los asesinatos a mujeres artistas en la esfera internacional (especialmente en el campo de las artes escénicas) no debería relajarnos ante procesos de violencia de menor intensidad basados en la invisibilización, apropiación y deslegitimación de las aportaciones culturales de las mujeres presentes en nuestro día a día.

La aportación que en este informe supone la conceptualización de la cultura de la vergüenza y el análisis de sus procesos de construcción social desde los extremismos, marca una interesante hoja de ruta para el diseño de políticas culturales contrahegemónicas que desarticulen la difamación, ridículo, ostracismo e impulso de policía moral que acompañan el auge de todo extremismo.

Recogiendo las palabras de Bennoune en su conclusión:

“Los derechos culturales de las mujeres, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos, son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las mujeres, el respeto de su diversidad cultural, la universalidad y la igualdad”

celebro junto a ella la danza valiente de Sheema Kermani en Sehwan días después de un brutal atentado terrorista.

Derecho a la tierra y cultura

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, “Wheatfield”, que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?

 

 

Derecho a crear y capacidades

 

Este verano conocí el trabajo realizado por la diseñadora centroamericana Isabella Springmühl. Isabella ha participado con su propia firma como creadora invitada en la Semana de la Moda de Londres, apostando por una colección que pone en el centro el cuidado a la diversidad corporal. Isabella Springmühl que, como explica ella misma “ha roto su propio paradigma”, es una mujer con síndrome de down.

Hizo que recordara el trabajo reciente de Anna Vives en la creación de un nuevo diseño tipográfico (“las letras de Anna”) que se extendió rápidamente llegando hasta la camiseta de Iniesta y la moto de Jorge Lorenzo, en la capacidad que tiene –a veces…- el deporte para amplificar valores que importan.

Más allá de los casos de gran y merecido éxito, en un nivel más cotidiano de protección del derecho a crear sin discriminación, me pregunto qué políticas culturales estamos desarrollando en España para garantizarlo. La focalización de los programas de creación en las grandes ciudades, la dependencia de dichos programas de organizaciones no gubernamentales y la consabida tiranía de la búsqueda de financiadores, el hecho de que las acciones de patrocinio y RSC que acompañan muchos de estos proyectos impongan a veces por intereses de comunicación y marca un sesgo de edad a favor de acciones sobre infancia y discapacidad desatendiendo los programas para personas mayores, el foco político (cuando existe…) en las acciones de acceso como público sin peso en las políticas de creación, la “desprofesionalización” de su formación cuando se da, son algunos de los elementos a los que se enfrentan cada día los creadores de capacidades diversas. Llama la atención también que todo lo relativo al día a día de las personas con discapacidad se englobe en el campo de las políticas de servicios sociales como si el resto de Ministerios o Consejerías pudiese desentenderse de la protección a la diversidad de la población española en cada una de sus acciones políticas, o como si la vulneración de los derechos culturales en nuestro país no fuese un tema propio del sector de la cultura.

 

 

Experiencias exitosas como Debajo del Sombrero, la compañía teatral Paladio Arte o tímidos avances como la programación en la anterior temporada por parte del Centro Dramático Nacional de la obra protagonizada por personas con discapacidad intelectual “Cáscaras Vacías”, no suplen la necesidad de programas públicos estatales de apoyo a la creación en la diversidad. Quienes somos familiares de personas con discapacidad soñamos con programas como el inglés UNLIMITED apoyado por el Arts Council England y con apoyo a la financiación desde el sistema de loterías que, entre otras acciones, está promoviendo un cambio de narrativa de lo más empoderador: “No les necesitamos, nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

El derecho humano a no tener que recibir siempre, a reivindicar la capacidad de dar y aportar al mundo la propia mirada, voz, creatividad y talento requieren políticas sensibles al acceso a la creación. Al fin y al cabo, no todas tendremos el talento de la escultora Judith Scott, pero queremos intentarlo.

Fanatismo y pertenencia

 

Ayer, observando las imágenes del atentado terrorista de Charlottesville me vino a la memoria una entrevista realizada a Hannah Arendt muchos años atrás. Contaba que durante el tiempo que estuvo recluida en el campo de concentración de Gurs, en los Pirineos, unos versos de Bertolt Brecht corrieron como la pólvora entre los prisioneros y fueron para ella un ancla de esperanza en mitad de la barbarie. Los versos eran:

Por el suave agua en movimiento

que vence a la dura piedra con el tiempo,

lo comprendes:

los fuertes sucumben.

Deteniéndome, con el eco de la pregunta ¿qué forma toman en la actualidad “los fuertes”?, en los rostros, muy jóvenes, de quienes encabezaban la marcha de los suprematistas blancos, entre quienes había un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad de Virginia,  nacían en mí dos preguntas: ¿qué es lo que nos lleva como sociedad a la construcción de identidades basadas en un único eje de pertenencia?, ¿qué elementos culturales y emocionales sirven de cemento al fanatismo? Y previniendo la previsible tentación del salvífico desplazamiento territorial, “pero esto aquí no pasa”, me preguntaba: ¿cuál es el grado de nuestra permisividad ante el “fanatismo cotidiano de baja intensidad” que sirve de caldo de cultivo a las explosiones de violencia?

Si bien ayer circulaban ya muchos análisis que ponían el foco de atención sobre las consecuencias del lenguaje del odio como acicate y cobertura intelectual de la violencia fanática en EEUU, en mí resonaron algunas de las urgentes aportaciones que en los últimos años están realizando intelectuales de Oriente Medio e India acerca de la necesidad cultural de construir una nueva concepción de la identidad y de desmontar los mecanismos de la pertenencia basados en la “buena conciencia”.

Resonaban en mí las palabras de Amartya Sen, “la teoría cultivada puede reforzar el fanatismo sencillo”, y toda su reflexión, pareja al pensamiento de Amin Maalouf, relativa a la violencia omnipresente que reside en las identidades únicas. En todo su trabajo intelectual enfocado hacia la desarticulación de la categorización de las personas en base a sistemas de división singulares y abarcadores, se detiene sobre el peso que la herencia marcial (que sigue teniendo un importante eco en los imaginarios organizativos de los partidos políticos, por ejemplo) tiene en la legitimación de pertenencias excluyentes: “la imposición de una identidad supuestamente única es a menudo un componente básico del arte marcial, el modo de fomentar el enfrentamiento sectario”

El hecho de que en la “demostración de fuerza” del suprematismo blanco que vimos ayer en Charlottesville la espectacularización del despliegue de sus propias milicias jugara, tanto estéticamente como “coreográficamente” en su ordenación a suplantar al Ejército legal de los EEUU generando una situación de total confusión en la ciudadanía allí presente, nos muestra en vivo la línea de preocupación apuntada por Sen y sus actuales derivas.

 

 

En la misma dirección que Sen acerca de la urgencia que toma para las políticas culturales la arquitectura de las identidades compuestas frente a una “concepción estrecha, exclusivista, beata y simplista que reduce toda identidad a una sola pertenencia”, subrayando la necesidad, frente a los repliegues identitarios del fanatismo, de dar mayor protagonismo y visibilidad socio-cultural al hecho de “ver en nosotros mismos, en nuestros orígenes y en nuestras trayectorias, diversos elementos confluentes, diversas influencias sutiles y contradictorias”, Maalouf nos conmina a desmontar culturalmente los mecanismos de la “buena conciencia”.

Ha sido Bert Hellinger y la psicoterapia sistémica, especialmente a través del trabajo terapéutico en procesos de construcción de paz por el que fue nominado al Premio Nobel en el 2012 (entre alemanes y judíos víctimas del Holocausto, conflictos de Oriente Medio o en el espacio de habla hispana, sobre las consecuencias de la guerra civil española o la dictadura argentina, por ejemplo) quien más se ha detenido sobre el papel que juega “la buena conciencia” para la legitimación del fanatismo y la violencia. Para Hellinger, “la conciencia es una sensación que nos permite percibir cómo debemos comportarnos para estar seguros de pertenecer al grupo que consideramos importante para nosotros”, “nuestra conciencia estará tranquila cuando nos comportemos de forma tal que podamos sentirnos seguros de tener permiso para pertenecer”, “en todos los grupos sabemos qué debemos hacer para pertenecer”. La buena conciencia se basaría por tanto en la construcción cultural por la cual aquellos a los que se permite pertenecer son los buenos, cuya “bondad” está basada en el hecho de rechazar y excluir aquello que colectivamente se ha construido como “malo”. El sentimiento de pertenencia al grupo se reforzaría precisamente a través de la espectacularización y ostentación de dicho rechazo, lo que permitiría “ganar puntos” ante la mirada de aprobación del grupo de pertenencia. Como apunta Hellinger, todas las guerras y expresiones de violencia colectiva se apoyan en la legitimación cultural de esta “buena conciencia”. El sentimiento de culpabilidad y la mala conciencia frente a la “traición” de los mecanismos dicotómicos de exclusión sobre los que se asienta la cohesión grupal, serían el precio a pagar por la autonomía personal y la construcción cultural y social de paz.

 

 

Desde esta perspectiva, que pone el acento una vez más en la necesidad de desmontar culturalmente los mecanismos de la obediencia y la construcción dicotómica del paradigma amigo-enemigo, frente a la construcción cultural neoliberal que ha sacado grandes réditos económicos gracias a ellos, se nos plantean áreas de actuación especialmente sensibles:

  • ¿cómo contribuimos responsablemente a la construcción de dichas “identidades integradas por múltiples pertenencias”?
  • ¿cómo construimos, tras el desmantelamiento neoliberal de la afectividad comunitaria y los vínculos territoriales, sentimientos de pertenencia no fanatizados ni basados en la salida fácil del enfrentamiento sectario (la salida en falso que estamos viendo a nivel internacional de la cohesión grupal-nacional a través de la construcción cultural fantasmática del “enemigo externo”)?
  • ¿cómo hacemos frente, ante el paradigma individualista y de éxito en solitario, a la necesidad de dar respuesta al muy humano deseo de pertenecer, de sentirse parte, generando un muro de contención frente a la utilización fanática de este legítimo derecho humano?

 

Relaciones culturales internacionales y derechos humanos

(Todas las imágenes pertenecen a la acción memorial colectiva mexicana Bordamos Por la Paz)

Escuchando y debatiendo hace unas semanas con compañeros del espacio cultural iberoamericano sobre cuáles habrían de ser en estos tiempos convulsos las prioridades de acción de las relaciones culturales internacionales, se hacía evidente la necesidad de consolidar el enfoque basado en derechos humanos también (y especialmente) en la acción cultural.

Ya en el Primer Encuentro Iberoamericano de Diplomacia Cultural celebrado en 2011 y en el documento emanado del mismo “Elementos para una agenda de la diplomacia cultural en Iberoamérica” se especificaba:

“Al mismo tiempo que se transforma el concepto y las prácticas de la cultura, ésta cobra gran relevancia en asuntos que son fundamentales en el entorno de las relaciones internacionales, como son los fenómenos de la globalización, los flujos migratorios, la afirmación de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales, la creciente importancia de las minorías y el incremento de la influencia de las nuevas tecnologías en la vida social y cultural de los ciudadanos.”

 

Frente a un modelo de gestión cultural que se concibe a sí mismo como actividad organizativa sin entrar a cuestionarse los marcos de acción en los que opera, con un cierto grado de automatismo de mercado en un polo o de activismo en el otro, la reflexión profunda sobre el significado de la cultura y su interrelación con el resto de derechos humanos sería en la actualidad la clave. Siguiendo las estrategias del enfoque basado en derechos humanos, nuestra acción cultural partiría en primer lugar de la reflexión sobre alguno de los siguientes ejes:

  • ¿qué grupos de población en nuestro nivel de acción son objeto de una mayor marginación, exclusión o discriminación en el acceso a la cultura y la participación cultural?, ¿qué elementos están identificando ellos mismos como ejes prioritarios para su desarrollo cultural y el respeto a sus derechos culturales?

 

  • ¿cómo está distribuido el poder en nuestra área de acción?, ¿y el poder cultural y simbólico?, ¿cómo podemos promover el empoderamiento e identificar los núcleos clave para que tenga el mayor impacto?, ¿hemos identificado bien a los titulares de derechos y a los titulares de deberes?

 

  • siguiendo la directriz: “las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo (cultural), en lugar de receptores pasivos de productos y servicios” ¿cómo vamos a hacerlo juntos, a garantizar la participación y la sostenibilidad?

 

Partiendo de este marco inicial de acción, el conocimiento de los documentos internacionales en materia de protección de derechos humanos así como el seguimiento actualizado de las líneas de trabajo que están buscando ampliar la base de los mismos (como el trabajo actual en relación al impulso del documento vinculante sobre transnacionales y derechos humanos que ya comentamos por aquí), serían el suelo inicial en el que afianzar la gestión.

La segunda competencia marco clave sobre la que debatimos podría definirse como una competencia de “mirada” precisamente por actuar en el nivel internacional: la visión de que nuestra intervención se da en sistemas complejos, es decir, en sistemas conectados, interdependientes, diversos, adaptativos, dependientes de los procesos y emergentes. Conscientes de que en un sistema de interdependencia nuestra gestión cultural tiene consecuencias para el conjunto, nuestra acción en el marco de las relaciones culturales internacionales debería moverse entre dos polos tras la pregunta ¿qué alimentamos con nuestra gestión cultural, qué reforzamos o hacemos crecer con ella?:

  • ¿Ante qué intervenciones o prácticas conviene inhibirse?

 

  • Con la mirada siempre atenta a los posibles impactos de nuestra acción y la medición de los mismos en materia de refuerzo de los derechos humanos, ¿qué elementos o acciones tendrían un carácter más estratégico para reforzar los derechos culturales en su conjunto?

 

 

Este punto se entiende mejor tomando como referencia el uso de los litigios estratégicos, cuya visión sería central para nuestro campo. Según la definición del Observatorio DESC:

“El litigio estratégico consiste en la judicialización de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos con el objetivo de avanzar en la implementación de soluciones tanto para las personas directamente afectadas como para el resto de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así, mediante el litigio de un caso representativo se persiguen varios objetivos: modificar criterios judiciales restrictivos en materia de derechos, cambiar leyes, reglamentos o prácticas administrativas que impidan el libre ejercicio de derechos, y en general elevar los estándares de protección de los derechos humanos. “

 

Observábamos la importancia que tendría en la actualidad promover un cambio en la narrativa política desde un discurso que ha fundamentado el valor de la cultura en función de su aportación al crecimiento económico hacia un discurso afianzado en el papel que juegan los derechos culturales en su interrelación reconocida con el resto de derechos humanos. El papel que juegan precisamente los derechos culturales para la construcción de comunidad, sentimiento de autoestima y pertenencia, conexión intergeneracional y vinculación emocional con los territorios, deberían hacernos reflexionar sobre su postergación reiterada en tiempos de hegemonía cultural neoliberal.

 

El CETA que no amaba a las mujeres

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.

Políticas del escuchar decir

Recordaba Federica Montseny que, de niña, un poquito frustrada por su poco éxito con las clases de piano, descubrió al poco tiempo lo feliz que le hacía escribir discursos. Después de redactar sus encendidos llamamientos infantiles, cogía a su perro, llamaba a su abuela y ante tal entregadísimo auditorio, discurseaba. Me pregunto qué calidad de escucha fue aquella que permitió que emergiera la Montseny a la que años más tarde los niños de diferentes ciudades españolas recibían al grito de “¡ya está aquí la señora que habla!”.

Contaban también de Ana María Matute que, en una ocasión durante una entrevista en la que pareció enmudecer de golpe, ante la insistencia del periodista, casi tuvo que gritarle: “¿pero hombre, por dios, no se ha dado cuenta de que se ha puesto a llover y de que es un placer escuchar la lluvia?

Volvían a mi mente estos dos recuerdos, leyendo esta semana en la revista argentino-uruguaya “Escucharnos decir” a la socióloga y activista indígena guatemalteca, Gladys Tzul que está proponiendo precisamente como concepto político de cambio el “escuchar decir”. Tras la experiencia frustrante de Gladys ante el conocimiento y realidad de su comunidad que quedaba fuera ante los “aparatajes, metodologías, tecnicismos y códigos en los que se nos obligaba a hablar y discutir” y recogiendo la petición y enfado de las mujeres que le repetían “queremos hablar de lo que nos interesa e importa ¡a nosotras!” consciente de que los auténticos debates de cambio, propuestas, ideas se estaban discutiendo de hecho en los espacios cotidianos, Gladys Tzul lanzó su pregunta sobre las condiciones materiales que, a día de hoy, están permitiendo o dificultando la escucha en nuestros espacios de vida y acción para permitirnos avanzar desde lo que, al hilo de su invitación, surja.

Si bien, desde mi punto de vista, se ha reflexionado mucho más sobre las políticas de enunciación y los marcos que las facilitan (quién tiene derecho a hablar, quién accede o no a la palabra, cómo se amplifica, distorsiona o deslegitima la enunciación), sobre la escucha, especialmente la escucha política transformadora, nos hemos detenido mucho menos.

Aunque existen algunos cauces legales para que la voz ciudadana llegue a las instituciones y tanto algunas organizaciones, partidos políticos, ayuntamientos hayan avanzado en las propuestas de consulta, ¿podemos decir que esta es una escucha política de calidad? Todas las modalidades y creatividad posibles del grito político, desde las concentraciones, caceroladas, huelgas, gritos silenciosos, escraches, ¿ante qué realidades de escucha se enfrentan?

 

 

Al hilo de la reflexión de Tzul se condensaban en mí tres preguntas que me llevaban del nivel más personal al nivel de nuestro espacio público:

1.- ¿Qué o quién está dificultándonos escuchar a los demás o ser escuchados?

2.- ¿Qué o quién nos está impidiendo escucharnos/escucharles y a través de qué mecanismos?

3.- ¿Qué o quién está monopolizando la escucha y por tanto excluyendo a quienes quieren ejercer su derecho a ser escuchados?

Teniendo en cuenta que el actual sistema socio-económico privilegia el sentido de la vista capturando nuestra atención y tiempo a través de la omnipresente imagen, la escucha sigue siendo uno de los elementos centrales a través de los que otorgar reconocimiento a la realidad del otro y su experiencia. Ser escuchados es una de las condiciones básicas para construir comunidad y generar sentido de pertenencia,  de hecho, no hay jerarquía o abuso de poder que no se sustente en la negación o limitación y ritualización de la escucha de aquellos sobre quienes se pretende ejercer el dominio.

Pero la escucha necesita condiciones materiales para poder darse. En la realidad de nuestros consultorios médicos, nuestras ventanillas de trámites, podemos comprobar cómo la escucha queda aplastada bajo el mandato de hiper-productividad, automatismo de la acción y demostración teatral de “no andar perdiendo el tiempo”. Esta vivencia cotidiana nos muestra que sin propiciar nuevos usos del tiempo y mecanismos no automatizados de presencia, la escucha no es posible y la calidad en la misma desaparece.

 

 

Mientras las izquierdas internacionales se quedaban atascadas en el heroísmo superlativo, dejando el campo abierto a la colonización neoliberal de nuestras poco aguerridas vidas cotidianas, las empresas multinacionales con sus correlativas consultorías de coaching se iban llenando de programas de escucha activa casi al mismo tiempo en el que se iban desmantelando los espacios culturales y sociales tradicionales en los que poder ser escuchados. De los confesores, las vecinas y los camareros aguantando parroquianos, pasamos sin apenas darnos cuenta a los sofisticados terapeutas de pago y el desahogo del exabrupto anónimo en redes sociales. ¿Qué espacios físicos o simbólicos estamos construyendo para propiciar la escucha social? ¿Dónde se está escuchando a la gente más de cinco minutos? ¿Dónde podemos sentir reconocida a través de la escucha nuestra palabra?

Se están empezando a dar algunas propuestas culturales que pretenden reflexionar sobre esta cuestión,  como el Observatorio de la Escucha en el País Vasco: “El proyecto parte de los contornos del lenguaje, la percepción y los consensos que practicamos para establecer nuestra convivencia, con el objetivo de plantearnos una serie de preguntas sobre cómo percibimos el entorno, lo social y lo urbano a través del oído y de la creación artística contemporánea: ¿Qué constricciones permite el silencio? ¿En qué se basa la comunicación con otras personas? ¿Cuánto del lenguaje no es verbal, humano o natural?” o el auge de la iniciativa Bibliotecas humanas en las que en lugar de lectura de libros se favorece la escucha de personas y que tanto impacto ha tenido en políticas locales de inclusión social.

Si cambiásemos el foco de atención desde la necesidad de decir a la ampliación y consolidación de nuestro escuchar, ¿qué transformaciones, como las propiciadas por la abuela de Federica, como la lluvia para Matute, posibilitaríamos quizá en nuestro entorno?

Políticas culturales, violencia expresiva y pedagogía de la crueldad

(Todas las imágenes pertenecen a la serie fotográfica #StreetsOfAddis del artista Girma Berta)

“Somos cómplices de lo que nos deja indiferentes.”

(George Steiner)

Inspirada por la noción de pedagogía creada por Hannah Arendt en su conceptualización de la “pedagogía de la traición” como soporte de las actitudes que permiten el surgimiento de los sistemas totalitarios, la antropóloga argentina residente en Brasil, Rita Laura Segato viene desarrollando un profundo estudio sobre los vínculos entre violencia y neoliberalismo, entre los cuales destaca una nueva “pedagogía de la crueldad”.

Como ha explicado en diferentes ocasiones, en la nueva fase del neoliberalismo global, la anestesia ante el dolor, la habituación a la crueldad, la creencia en la exterioridad frente a la responsabilidad personal del daño causado, el distanciamiento emocional y la deslegitimación cultural y política de la acción compasiva son ejes centrales.

 “Para esta fase del capital es indispensable que las personas se vuelvan menos empáticas, que sean menos vinculadas. Que el sufrimiento del cuerpo que tengo al lado no vibre en mí. Que se anule la solidaridad que es consecuencia de la empatía. Nos están entrenando para ser menos empáticos y tolerar el presente.”

“Es necesario entrenar a los sujetos para esa distancia, para esa crueldad, para la no identificación de la posición del otro y la no relacionalidad”

“Las estructuras económicas capitalistas de rapiña necesitan de la falta de empatía entre las personas para sostener su poder.”

 

 

De tal modo que la pedagogía de la crueldad que necesita como sustento el actual sistema neoliberal se apoyaría en la enseñanza de nuestra exterioridad a la vida, de ser exteriores a la propia vida (a la naturaleza, a nuestros propios cuerpos) “para desde esa exterioridad colonizar y dominar la vida, extorsionarla y rapiñarla de una forma nueva”. Desde la reflexión de Segato, esta exterioridad, junto a la consolidación de la “Segunda Realidad y Segunda Economía” formada por la red de intereses paraestatales retroalimentados por la complicidad del lavado de dinero negro de los bancos del Norte global que despliega al margen del Estado sus propias estrategias bélicas de defensa de la propiedad privada, serían los rasgos centrales del entrenamiento militar que se ha exacerbado en las guerras del presente así como en el despliegue de nuevas formas belicistas de la masculinidad.

Junto a esta exterioridad nos encontraríamos con el nuevo carácter expresivo que está tomando la violencia (la crueldad es gratuita, no se “gana” nada, más allá del refuerzo de pertenencia) frente a anteriores manifestaciones “utilitaristas”. La violencia se habría convertido así en un lenguaje a través del que transmitir un mensaje de impunidad y de poder de dominio sobre cuerpos y territorios, siguiendo la “contigüidad cognitiva” entre los mismos que señala reiteradamente Rita Segato. Como ella misma afirma:

“En la violencia expresiva, las mujeres funcionan como lienzo, como bastidor y como territorio para establecer los términos de la contienda.”

En su trabajo, a lo largo y ancho de América Latina, respecto a la mutación global de las formas de lo bélico y la exacerbada y creciente crueldad desplegada hacia los cuerpos de las mujeres, Rita Segato ha puesto en el centro las interconexiones entre el mandato de masculinidad y el capitalismo (tal y como ya apuntamos también hace unos meses, aunque en relación con la salud mental, en “Por una narrativa política de la vulnerabilidad”). Dicho mandato cultural de masculinidad por el que se obliga a los hombres a mostrarse merecedores del hecho de serlo, a ganarse la posición masculina siempre en entredicho (recordaba en uno de sus libros de memorias Jorge Semprún las anécdotas de un alto mando militar que en la guerra civil española lanzaba a sus soldados al combate al grito de “maricón el último”…), a comprobar mediante la mirada de aprobación de otros hombres su propia pertenencia, es un mandato construido sobre la necesidad de exhibir dominio, de exhibir potencia. En el hecho de que la masculinidad así entendida y vivida si no es demostrada no existe, toman forma las diversas “pruebas de valor” que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres (el también clásico “¿a que no hay cojones para…?” que viene asfixiando y cronificando el dolor también de los propios hombres):

“El poder tiene que expresarse por medio de la espectacularidad de la crueldad sobre el cuerpo y el territorio, modo de expresión del control sobre las personas en una fase de dueñidad, de señorío.”

 

Este mandato cultural de violación emanado de la grupalidad masculina (la cofradía, el clan, el búnker) se estaría viendo reforzado por otro de los procesos soporte de la globalización neoliberal: el desarraigo. Así, frente a estructuras comunitarias, paisajes y referencialidades que previamente habían servido como aglutinantes y constructores de pertenencia e identidad, la pérdida de dicha vivencia de cohesión ha derivado en la “espectacularización de la pertenencia”. Así, la construcción de nuevas claves identitarias que garanticen la necesidad humana básica de pertenecer está dependiendo de claves performativas y de “ostentación de clan” que están encontrando su lugar en el cuerpo de las mujeres y los cuerpos feminizados (toda la experiencia de Ciudad Juárez y Centroamérica así nos lo muestran) en los que “se graba con saña las señales de su antagonismo”

 

POLÍTICAS CULTURALES PARA UNA CONTRAPEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD

Frente a todo ello, quería cuestionarme el papel que pueden desarrollar las políticas culturales para contribuir a generar alternativas a la pedagogía de la crueldad (las “contrapedagogías de la crueldad”), apoyándome en una pregunta lanzada por Edurne Portela en “El eco de los disparos”, que afronta precisamente en su obra el papel de la cultura para legitimar o deslegitimar marcos de violencia:

“¿Podemos contribuir desde la cultura a hacer un cambio imaginativo sustancial?, (…) ¿podemos plantearnos los niveles de responsabilidad personal en el consentimiento de la violencia?”

Tejido comunitario frente a Estados:

Desde América Latina siguen llegándonos propuestas conceptuales y de política pública para nombrar y abordar las nuevas violencias neoliberales que están soportando en mayor grado las mujeres. Por ejemplo, la conceptualización del “acoso político” a las mujeres dentro de las estructuras de partido o en sus funciones de representación pública desarrollado por Parlaméricas y que aún no se ha planteado o desarrollado como tal en España; la violencia mediática contra las mujeres propuesta como categoría jurídica en el campo de los derechos humanos, propuesta ante la que los medios de comunicación en España tendrían mucho que decir para contribuir a fijar las posiciones de país en los organismos internacionales; la creación de nuevos marcos de derecho internacional que contemplen, por una parte, la categoría de femigenocidio o aborden los delitos de tortura no perpetrados por agentes estatales, como son los ejecutados por los sicariatos o las maras.

Son diversas, no obstante,  las autoras que están situando fuera del marco del Estado la creación de alternativas políticas y culturales a esta pedagogía de la crueldad. Tanto Rita Laura Segato, Raquel Gutiérrez o Silvia Rivera están llevando la atención hacia la urgente reconstrucción del tejido social comunitario, dado que es en la construcción de nuevos vínculos significativos y en la generación de nuevas modalidades de arraigo donde puede darse una protección mutua más efectiva y frenarse la “espectacularización de la pertenencia” basada en la violencia. Es fundamentalmente Raquel Gutiérrez quien está llamando a una nueva reflexión sobre las estructuras de los espacios relacionales, tanto culturales como políticos (“la estructuración del cómo inhibe el contenido y lo perpetúa”).

Alrededor de su propuesta en relación con la realidad española sólo me nacen preguntas:

  • ¿qué papel juega el placer en nuestra participación cultural?, ¿qué papel puede desempeñar la cultura en la generación de vínculos?
  • ¿cómo transformamos las políticas culturales volcadas al consumo en políticas culturales generadoras de arraigo?
  • ¿qué es el arraigo?, ¿qué elementos o significados constituyen el arraigo?, ¿cómo se disputa?
  • ¿qué se entiende por espacio comunitario en España? Nuestras organizaciones culturales, sociales, políticas ¿podrían entenderse como tejido comunitario? ¿O los elementos de dominación territorial, competición comparativa y mandatos de visibilidad ubicua propios del neoliberalismo están lastrando también la generación de vínculos y creación comunitaria en este nivel?

Deconstrucción del mandato de masculinidad:

El llamamiento a la desobediencia de los propios hombres al mandato de masculinidad es una de las líneas de acción centrales que están señalando todas las propuestas alternativas al neoliberalismo. La insumisión ante los mandatos de la “virilidad ostentosa del dominio”, el reconocimiento del propio dolor masculino sofocado bajo esta ley del más fuerte, la desarticulación de todas las estrategias de humillación que lo sostienen y que mantienen en pie los “edificios culturales de la obediencia” es una prioridad cultural y política.

  • ¿Están reforzando las políticas culturales y mediáticas en España este relato de la virilidad?
  • ¿Qué expresiones culturales y creativas podrían responder con mayor carga subversiva y eficacia este mandato?
  • ¿Qué expresiones del dolor masculino están permitidas en nuestro entorno?, ¿y de la desobediencia masculina?
  • ¿Cómo se construye en común un relato político que incluya y visibilice como tales a las “víctimas colaterales” de este modelo de “virilidad de Estado”? Por ejemplo, ¿se podría seguir considerando triunfal el relato de la transición española si se leyese desde la mirada de los 300.000 cuerpos de madres y bebés afectados por la red de robo de menores?

Cambio de relación con el dolor y con el propio cuerpo:

Si la pedagogía de la crueldad está basada en la noción de exterioridad hacia nuestros propios cuerpos, fundamentalmente a través de los mecanismos de huida, como el consumo o la embriaguez (la violencia también embriaga):

  • ¿qué relación con nuestros propios cuerpos podría invitar a dignificar la ternura hacia los demás, el cuidado, la acción compasiva, la comprensión, el respeto a los espacios y los tiempos?
  • ¿qué lugares podrían contener esta relación?, ¿qué papel jugaría el descanso?, ¿y el juego?, ¿y el silencio?
  • ¿puede el espacio público ser más compasivo con nuestra vulnerabilidad, nuestros cuerpos y su diversidad?, ¿cómo?

Ante una sociedad sostenida económicamente por la huida del dolor emocional:

  • ¿cómo generar alternativas a una visión sacrificial y resignada del sufrimiento?
  • ¿cómo visibilizar la realidad y dignidad del dolor fuera del marco héroes/mártires?
  • ¿desde dónde se pueden construir nuevas culturas, más inclusivas, del duelo?

˜˜˜

Sé que son muchas las líneas de reflexión abiertas que tenemos pendientes desde la cultura ante el marco de lectura y comprensión de la realidad propuesto por Rita Segato. Dejo aquí algunas de las preguntas que nacieron en mí del contacto con su obra, esperando seguir encontrando las respuestas a muchas de ellas juntos.

 

Retroceso internacional de la libertad artística: informe Freemuse 2016

En los últimos años, junto a un mayor esfuerzo por documentar y visibilizar los casos de persecución y silenciamiento de las voces y diversidad de expresiones artísticas, han sido varios los documentales que, a nivel internacional, han querido llevar nuestra mirada hacia la situación de vulnerabilidad específica que viven los y las músicas en el nuevo panorama político mundial.

Si el documental Pussy Riot: una plegaria punk puso el foco sobre la presión que los nuevos nacionalismos y los fundamentalismos cristianos (como comentábamos hace unos días) estaban ejerciendo sobre la libertad de creación y los cuerpos de las mujeres, tanto el documental Sonita como Mali Blues, presentado el año pasado en el Festival de Toronto, mostraban con claridad el carácter central que juega la música para celebrar y promover identidades que respondan desde dentro de las propias comunidades a la imposición de narrativas y visiones dominantes y excluyentes del mundo, en su caso ante el fundamentalismo islámico yihadista.

La organización internacional Freemuse presentó durante el mes de febrero su informe “Art under threat” en el que sistematiza la información relativa a las violaciones de la libertad artística y los casos de censura en todo el globo. Como recoge el documento, en 2016 se duplicaron los ataques a artistas en todo el mundo, dando cuenta de una tendencia progresiva a sofocar la creación y promover el silenciamiento de las expresiones artísticas, siendo 1028 los casos recogidos en el informe que alerta ante la obviedad de que en realidad se trata de muchos más.

Los ataques violentos más graves, con tres casos de muerte de artistas, se vinculan al mundo de la música que sigue siendo la forma de arte más afectada, seguida del teatro y las artes visuales, al igual que es el cine el que contabiliza un mayor número de casos de censura previa.

Irán sigue encabezando la lista de países en los que la persecución a la libertad artística cuenta con los ataques más graves, seguido de Turquía, Egipto, Nigeria, China y Rusia. La recuperación de la práctica de las listas negras de artistas ha posicionado a Ucrania en el primer puesto internacional respecto a la utilización de la censura.

Entre el reporte de casos cubiertos por Freemuse se identifican algunas pautas comunes respecto a los argumentos utilizados para encubrir la persecución de la libertad artística:

  • Es preocupante el auge que está viviendo el argumentario sobre los delitos de lesa majestad así como la permisividad internacional ante las graves consecuencias derivadas de los “supuestos daños ante la dignidad de una figura de autoridad o un Estado”. Los abusos del gobierno de Erdogan recogidos en el informe y la pasividad de la Unión Europea ante las presiones que ejerció el gobierno turco para la retirada, ante su incomodidad por “el daño a su imagen” de algunas publicaciones web de la UE que visibilizaban el genocidio armenio ejemplifican este punto. No obstante, en España no deberíamos olvidar la reciente persecución a las portadas de El Jueves en base a la misma argumentación.
  • También se alerta ante el creciente discurso relativo a la protección de los valores tradicionales y religiosos como marco promotor de la censura y la persecución artísticas, que imposibilita el debate sobre la evolución de dichos valores y la protección de la diversidad. La polémica desatada por el Obispo de Canarias durante el Carnaval de Las Palmas da buena cuenta de los argumentos que suelen aducirse para ejercer este tipo de censura.
  • La reflexión de fondo sobre la consolidación de prácticas de auto-censura a fuerza de intimidación y presión social y cultural recorre todo el trabajo de Freemuse. Aunque ejemplificado en el caso egipcio se señala el papel pre-censor que ejercen algunas organizaciones y sindicatos de artistas en la consolidación de “arte nacional y de aparato político”, igualmente relevantes por inadvertidos son los procesos de censura y limitación de la libertad artística sujetos a la “corrección política”, procesos que aún siendo de menor intensidad contribuyen a consolidar escenarios sociales permisivos con la censura y la persecución de la libertad de creación.

Por todo ello, ante la persecución creciente a la libertad artística y de expresión en España así como ante el incumplimiento reiterado de nuestro país de las recomendaciones de las relatoras de derechos culturales de Naciones Unidas, deberíamos obligarnos a leer el Informe de Freemuse como ese camino en el que no podemos seguir, retroceso tras retroceso, avanzando.

¿El mecenazgo como panacea?: derechos culturales, desequilibrios territoriales y financiación

En los últimos cinco años se han sucedido en nuestro país diversos análisis y grupos de trabajo que han tratado de poner la actual problemática sobre financiación cultural y de las artes en el centro del debate público. Si bien en los medios de comunicación la cuestión se ha circunscrito a la movilización alrededor del IVA cultural y desde el propio sector profesional (envidiando la vivacidad que Los Intermitentes tuvieron en Francia) se está haciendo un esfuerzo ingente por visibilizar la precariedad laboral de los trabajadores culturales, los efectos de la subcontratación abusiva así como la falta de transparencia y prácticas de corrupción política que han jalonado el empleo cultural en la última década, la poderosa retórica de la “solución público-privada” y el maná que llegará al sector a través del mecenazgo lo va inundando todo. Si, como ha afirmado el ministro Méndez de Vigo, la Nueva Ley de Mecenazgo, será la principal línea estratégica en materia de cultura del gobierno, será interesante detenernos en una perspectiva comparada de experiencias para abordar con el suficiente rigor este futuro debate.

Más allá del análisis de experiencias de éxito concretas en el campo del mecenazgo cultural y más allá también (especialmente en el ámbito municipal) de la necesidad de clarificar los límites entre patrocinio y mecenazgo y prevenir a través de rigurosos controles de transparencia posibles usos clientelares del mismo, ¿sobre qué certezas se está apoyando este cambio discursivo desde la concepción de la cultura como un servicio público a la lógica de la esponsorización? ¿Qué prácticas serían susceptibles de mecenazgo y en cuáles se está contribuyendo a reforzar la dejación de competencias públicas (dos ejemplos para el debate: la presencia de marcas en el centenario de Buero Vallejo y la financiación de la digitalización del archivo Miguel Delibes) Y en otro nivel: si el marco internacional en materia cultural avanza irremediablemente hacia el paradigma del fomento de la diversidad cultural y la consolidación de los derechos culturales en el marco de los derechos humanos, ¿España puede abordar el debate sobre financiación cultural al margen de este contexto internacional?

En el estudio comparativo realizado por Enrique Bustamante, España: la cultura en tiempos de crisis,  sobre los efectos del mecenazgo en Francia y Brasil y tras citar a Mulcahy “Una esfera cultural predominantemente privatizada está menos dispuesta a plantearse cuestiones sobre la diversidad estética, la accesibilidad pública y la representatividad cultural” se constata que:

  • Las donaciones culturales por parte de las marcas, atendiendo a criterios de visibilidad e impacto, tienden a concentrarse tanto en las grandes instituciones (precisamente aquellas que cuentan con una mayor dotación y seguridad presupuestaria pública) como en eventos puntuales que refuerzan, frente a paradigmas de creación de nuevos públicos o democratización en la accesibilidad, lógicas de espectacularización de la cultura.

 

  • En el caso francés se vivieron dos graves desequilibrios: el territorial, aglutinando las experiencias de mecenazgo cultural en la capital dado que garantizaba una mayor visibilidad mediática; el sectorial, marginando sectores como los espectáculos en vivo o la creación contemporánea.

 

  • En el caso del mecenazgo brasileño, la famosa Ley Rouanet, planteado como el gran modelo de éxito iberoamericano y a pesar de la creación de la Comisión Nacional de Incentivo Cultural que trataba de paliar el efecto de los desequilibrios territoriales, en palabras del ministro Juca Ferreira:

“generó concentración porque el 90% del presupuesto se quedó en Minas Gerais, el 80% en Río y São Paulo, el sudeste más desarrollado del país, y de ese 80%, un 60% va a parar a dos ciudades: Río de Janeiro y São Paulo y dentro de esas ciudades son siempre los mismos. ¿Quiénes? Aprobamos decenas de millares de proyectos y los departamentos de márketing de las empresas son los que deciden. Y los que eligen son aquellos que benefician a la imagen de la empresa y a los artistas que menos necesidades tienen, lo que supone un refuerzo de la desigualdad. Y además casi el 100% del dinero es público, un dinero público que se decide con criterios privados. No tiene futuro esa ley, yo la llamo el huevo de la serpiente en Brasil. Tiene una cara muy impresionante, pero un interior… Y además no ha creado mecenazgo en estos 20 años, si el dinero es público, no es mecenazgo.”

En otro interesante análisis comparado, El modelo español de financiación de las artes y la cultura en el contexto europeo, de Juan Arturo Rubio, Joaquim Rius y Santi Martinez tras analizar las experiencias de mecenazgo en EEUU, Reino Unido y Francia, y una vez más alertando sobre las pautas de fuerte concentración de las donaciones en determinados territorios y  grandes instituciones, se apuntan nuevos efectos a tener en cuenta:

  • Con motivo de la crisis económica, las aportaciones privadas a la cultura han vivido un importante descenso en todos los países y modelos observados, incluyendo los que cuentan con una sólida tradición y trayectoria de mecenazgo privado.
  • Las organizaciones y sistemas culturales más dependientes de esta vía de financiación sufrieron los efectos de los recortes de forma más prematura e intensa que los más dependientes de financiación pública.

Ante estas experiencias internacionales y teniendo en cuenta el debate que tendremos que afrontar en España si realmente se va a avanzar en una Ley de Mecenazgo, quizá sería interesante delimitar algunos ejes fundamentales que tendrán que estar presentes en su articulación:

  • De modo previo al debate sobre modelos de financiación cultural habría que afrontar, tanto por los compromisos internacionales suscritos por España como por mandato constitucional, cómo se va a garantizar en nuestro país la protección de los derechos culturales de toda la ciudadanía española y la igualdad en el acceso a la participación cultural. Sería desde este paradigma, al que ya se ha sumado a través de diferentes tratados y convenciones nuestro país, desde el que se podrían abordar con rigor las necesidades financieras que permitieran avanzar en el cumplimiento de dichos derechos y prevenir las desigualdades en el acceso a la cultura.
  • Si ha sido el nivel local el que, frente a los recortes presupuestarios en materia cultural, ha ejercido el papel de barrera de contención, un debate serio sobre una futura Ley de Mecenazgo, no podría ni invisibilizar ni suplantar la urgente rearticulación del sistema público cultural y la dotación de competencias y recursos a favor del Régimen Local.
  • La cultura, entre otras dimensiones, es un servicio público y como tal ha de tener garantizada una dotación presupuestaria que permita su prestación. El mecenazgo cultural no debería justificar en ninguna circunstancia acciones de recorte presupuestario encubierto.
  • Si las experiencias internacionales nos alertan sobre los efectos de concentración territorial de las donaciones culturales, ¿qué elementos y acciones se implementarían para proceder a una redistribución tanto temática como geográfica de las mismas? Ante el enorme desequilibrio territorial y demográfico que vive España, ¿qué efectos podría tener dicha Ley sobre los derechos culturales de la ciudadanía de la España rural? ¿Cómo se articularán medidas compensatorias para la protección de la cultura rural ante el previsible desequilibrio centralista?
  • ¿Qué papel jugarán, como propone de nuevo Enrique Bustamante, las aportaciones del mecenazgo social?:

Fomento del mecenazgo social: El mecenazgo puede y debería ser, más aun en tiempos de crisis fiscal, una gran herramienta de fomento y apoyo de la actividad cultural. A condición de que lo público, una agencia pública e independiente a ser posible, lo mida, gestione y oriente. Una nueva ley de Mecenazgo, exclusiva para el campo cultural (separada del resto de la “charity”), debería en ese sentido graduar sus desgravaciones y deducciones, desde las actuales cotas ya citadas hasta el 30 -70 % según criterios y labels precisos, públicos y transparentes: primando a los proyectos que promocionen la diversidad cultural interna y en cooperación con terceras culturas, a las obras y empresas que se adecuen a los planes estratégicos nacionales o sectoriales, a los trabajos articulados entre lo público y lo privado, a las donaciones privadas o de microfunding (por Internet, o no).

Estos serán algunos de los elementos clave sobre los que tendremos que debatir y profundizar para afrontar con garantías las tensiones que plantea la financiación cultural en España.