Soberanías culturales del Sur y democracia

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Artículo escrito para -y en diálogo con- la Red de participación y articulación del sector cultural boliviano Telartes

Publicado en Grito Cultural nº7 2017

“Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo.”

(Audre Lorde)

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea colectiva de impulsar, desde nuestros respectivos países, en este amplio Sur Global en el que también se encuentra España y la Europa mediterránea, políticas culturales transformadoras que nos permitan incidir en la profundización democrática y la universalización del respeto a los derechos humanos, no podemos obviar ni por un instante que históricamente nos estamos enfrentando al triunfo del paradigma neoliberal a nivel internacional y que nuestras acciones se inscriben también y a nuestro pesar en este sistema social omnipresente que atraviesa cual hilos invisibles atando a Gulliver en la playa todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.

Abordo a quemarropa esta cuestión, dado que es en la invisibilidad de los mecanismos de dominación del capitalismo tardío donde reside la clave de su éxito y en la estetización y maridaje con determinadas prácticas culturales donde encuentra el disfraz de deseo perfecto para hacer olvidar la desigualdad estructural sobre la que se mantiene.

Junto al diálogo y las demandas sectoriales de los diferentes colectivos artísticos y la más que urgente protección laboral de la cultura, lo que está en juego en estos momentos es nuestra propia soberanía cultural, no sólo entendida como el patrimonio creativo colectivo acumulado a través del tiempo y del cual somos herederos, sino como eje fundamental para poder hablar de verdadera democracia.

Me detendré, por tanto, a través de este artículo, situada como estoy en el tiempo en este momento de crisis de identidad europea y en el espacio en la España rural y despoblada de este Sur, en algunos de los escenarios en los que la soberanía cultural se muestra con mayor claridad en juego.

 

Epistemicidio rural

Si bien el concepto de epistemicidio se ha abierto paso con fuerza especialmente a través de la denuncia e investigación del epistemicidio indígena latinoamericano, en España aún no hemos descubierto la potencialidad transformadora que incorporar esta sensibilidad podría tener en el diseño de nuestras políticas culturales.

Frente a la definición habitual centrada en la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano, la más amplia concepción de epistemicidio como “liquidación de formas de apre(he)nder, crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios, especialmente tras el nacimiento y uso del método científico como el único validador por parte de las clases dominantes” nos permitiría por fin nombrar dinámicas ocultas.

Desde este marco de reflexión que pone en el centro la crítica al conocimiento hegemónico y hace visibles las relaciones de poder involucradas (¿qué conocimientos viven en los márgenes?, ¿qué se escucha?, ¿qué y quiénes tienen el derecho a ser mirados?, ¿cómo se construye socialmente la respetabilidad y el reconocimiento cultural?) podríamos avanzar en el reconocimiento de perspectivas epistémicas y herencias culturales subalternas en España.

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En primer lugar, poniendo en el centro del debate el epistemicidio rural y la desaparición acelerada del acervo cultural de nuestros pueblos, ante las prácticas crecientes de “parque-tematización uniforme” de la ruralidad europea. Ello nos permitiría también abordar la presión de los modelos agro-industriales transnacionales que a través de sus lobbies y con la herramienta eficaz de los tratados de libre comercio que veremos después, ponen en riesgo la herencia afectivo-cultural hacia paisajes y territorios. Modelo agro-industrial que está encontrando en la despoblación rural que azota nuestro continente una oportunidad sin precedentes para la apropiación de esta gran “materia prima” que es la tierra, sin tener que soportar presión alguna por parte de la población (envejecida o inexistente) que haga valer la defensa de sus derechos. Este epistemicidio rural podría señalarse entonces como una faceta más de la violencia del neoliberalismo y como condición sine qua non de su tentacular asentamiento territorial. Podríamos abordar así la invisibilización de las culturas rurales frente al modelo urbano y clarificar la centralidad que tiene el desarraigo como forma de dominación en el actual sistema económico. Este hilo en la madeja nos llevaría a redimensionar las relaciones entre cultura y territorios, creando modelos más eficaces a la hora de responder al hegemónico avance del “marketing-marca territorial”.

Identidades frente a identidad

Siguiendo las líneas de trabajo que ya ha abierto América Latina en esta denuncia del epistemicidio y el reconocimiento a la diversidad de sus herencias culturales, desde España quizá, al mirarnos en su espejo, tendríamos que plantearnos por qué concebimos que las Declaraciones Internacionales de la UNESCO no nos interpelan como país. De entrada, tendríamos que afrontar nuestra asunción acrítica de la “identidad española” legada por la dictadura franquista y que dejó fuera (junto a las identidades territoriales) elementos importantes de nuestra herencia. A saber: la tradición judía, la morisca, la indígena esclavizada en territorio español, la afrodescendiente y la cultura romaní. Aún son muy pocos los estudios y las voces críticas en esta dirección y el mecanismo de ridiculización de estas demandas opera con fuerza. La “Ley de concesión de nacionalidad a sefardíes originarios de España” ha pasado sin pena ni gloria y hemos desaprovechado un momento importante para hacer mayor incidencia política sobre el reconocimiento a la diversidad que está siendo, una vez más, mercantilizada y desideologizada. Como muestra de esto último valgan, por ejemplo la creación de la red turística de ciudades “Sefarad” o la folklorización remota (es pasado, no presente) de la diversidad.

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Transmisión generacional y comunidad

El papel que la transmisión generacional ha jugado y juega en muchas de las prácticas artísticas de la cultura popular, especialmente en las que suelen encuadrarse en el campo de la artesanía, debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de ecosistemas crearía un modelo en el que dicha transmisión desapareciese.  No podemos obviar que el epistemicidio tiene rostro de mujer y que en la desaparición de estos conocimientos comunitarios, tradiciones, cosmovisiones y modos de transmisión basados en la oralidad y la experiencia hay una pérdida irrecuperable, a mayores, del conocimiento que nuestras madres y abuelas legaron al mundo.

El triunfo global de un modelo cultural individualizado que parte siempre desde cero sin reconocer lo anterior es, entre otras cosas, un modelo desempoderador y que pone en riesgo nuestro patrimonio. En dichos procesos de transmisión y aprendizaje no sólo se pone la atención sobre el “qué”, sino que entran en juego los “cómo” y el vínculo es en sí vehículo de creación. Este papel de la comunidad como entorno de aprendizaje debería ser tenido en cuenta tanto en el nivel discursivo como práctico de los programas de profesionalización de la gestión cultural. El neoliberalismo va adscrito a un modelo y praxis cultural que tiene como elementos centrales la individualización y la conversión de las relaciones sociales en relaciones de mercado. Sería importante para defender nuestra propia soberanía cultural, plantearnos al menos qué diálogos posibles podrían establecerse desde la cultura con las “economías otras” o cómo establecer mecanismos de protección laboral más eficaces, que defiendan a los trabajadores culturales de un modelo que los atomiza, fragiliza y sobrecarga.

De igual manera deberíamos estar atentos a los procesos de usurpación, explotación y apropiación de creaciones comunitarias por parte de la industria, que no sólo descontextualizan las mismas, sino que niegan su origen  y laminan la profundidad simbólica de las prácticas y objetos artísticos.

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Soberanía cultural y Tratados de Libre Comercio

Sin lugar a dudas, es en el terreno de los Tratados de Libre Comercio internacionales donde, a día de hoy, se está librando la batalla más importante en la defensa de la soberanía cultural. Si con la llegada del NAFTA a principios de los años 90, empezamos a vislumbrar la articulación del poder económico supranacional frente a la soberanía de los pueblos, asistiendo también al nacimiento del altermundismo como respuesta, a día de hoy nos enfrentamos a la sofisticación y oscurantismo extremos en la redacción y negociación de estos Tratados.

La generalización en la aplicación de los mecanismos ISDS, esos tribunales privados de resolución de conflictos entre inversionistas y estados, por los cuales los países no pueden reformar sus legislaciones nacionales fuera del corsé de los tratados, sin correr el riesgo de sufrir graves sanciones económicas, deberían llevarnos a una mayor movilización en la defensa de nuestra soberanía.

Junto a los ISDS, los mecanismos de certificación que llevan incorporados siguen beneficiando los intereses comerciales de los EEUU, garantizando que puedan suspender (ellos sí) el cumplimiento del acuerdo unilateralmente. Es importante recalcar que la dominación que ejerce esta faceta del “libre comercio internacional” no es (sólo) geográfica: asistimos al triunfo de los intereses de una élite económica mundial, que en la financiarización de la economía, ha logrado imponer como sentido común las “democracias sin pueblo” y la política como “gestión técnica”.

La movilización ante los tratados de libre comercio desde el sector cultural ha tomado matices distintos en América Latina y el Sur de Europa. Mientras en la movilización contra el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación económica promovido por Estados Unidos en el que están incluidos México, Perú y Chile junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá, ha tenido un carácter central la defensa de la soberanía cultural y los efectos del Tratado sobre la legislación de derechos de autor y patentes, en Europa esta temática sigue teniendo un carácter secundario en las movilizaciones contra el CETA y el TTIP.

Especialmente relevante, visto desde España, ha sido el trabajo de la organización chilena Derechos Digitales socializando la denuncia de que el aumento del plazo de protección de derechos de autor, desde su muerte hasta los 70 años posteriores (¡100 en México!), es lesivo para el dominio público e impide el acceso al conocimiento y la cultura de los pueblos y beneficia el modelo de gran industria cultural frente al agente medio y pequeño. El hecho de hacer bandera de un modo protagónico de las materias de propiedad intelectual e internet mostrando cómo en la firma de estos tratados de libre comercio se dejan sistemáticamente fuera las recomendaciones de foros internacionales de corte más democrático como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o los Foros de Gobernanza de Internet, representa un hecho diferencial frente a Europa.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra la pérdida de medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad lingüística europea o el mantenimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas gastronómicas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense.

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Es en este escenario en el que, desde las políticas culturales, nos estamos desenvolviendo hoy y que exigen de nosotros, también desde la cultura, un mayor compromiso con la democratización económica. La propia conciencia del sector cultural, no sólo como “un porcentaje del PIB” sino como defensor y garante de los derechos culturales de un país, será clave para el fortalecimiento de nuestras soberanías culturales frente a la presión de organismos internacionales no sometidos a garantías democráticas.

El Tratado de Marrakech: derechos culturales de las personas ciegas

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“Cada año, de los millones de libros

que se publican en todo el mundo,

solamente entre el 1% y el 7% se pone

a disposición de los 285 millones de

personas ciegas.”

Esta semana ha entrado en vigor el Tratado de Marrakech, fruto de la negociación internacional por la que 22 países hasta la fecha, se han puesto de acuerdo para establecer límites comunes a sus legislaciones sobre copyright y favorecer  así “el derecho a leer”, como bautizó la Unión Mundial de Ciegos esta campaña en favor de los derechos culturales de las personas con discapacidad visual. El Tratado permitirá el intercambio libre de libros en formatos adaptados (braille, audio…) en todo el mundo.

Tras este primer logro, se plantean otros dos objetivos a medio plazo: la incorporación a dicho Tratado de todos los países que suscribieron la Convención de la ONU a favor de los derechos de las personas con discapacidad, así como el seguimiento de la puesta en marcha efectiva del mismo a través del compromiso firme de las organizaciones de discapacidad, bibliotecas, editoriales, autores y gobiernos.

Junto a este primer y necesario paso siguen estando sobre la mesa algunas cuestiones importantes para seguir debatiendo, (algunas ya las hemos ido señalando):

  • ¿qué papel podría jugar el diálogo entre la cultura libre y los Estados para garantizar con plenitud los derechos culturales de las personas con discapacidad, derechos reconocidos tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en la mayor parte de los textos constitucionales bajo la obligación de garantizar el acceso a la participación en igualdad en la vida cultural de un país?

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  • Igual que la OMPI ha logrado esta serie de excepciones al copyright en relación con los derechos de las personas con discapacidad, ¿se podría lograr este mismo debate en su seno relacionado con el impacto de las normativas de propiedad intelectual sobre el acervo de minorías lingüísticas y étnicas o sobre el derecho de acceso a la cultura en contextos globalizados de fuerte desigualdad social?

Sin duda, el Tratado de Marrakech es un paso adelante en la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía, paso adelante que habrá de ampliarse hacia muchos más colectivos para saciar el “hambre de libros mundial” a la que hace referencia el mismo tratado.

#GCultural2016: La cultura como servicio público

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Ayer se celebró la Cuarta Mesa del I Congreso Online de Gestión Cultural, “La gestión cultural desde las bases” que reunió experiencias y reflexiones sobre cultura y territorio desde Argentina, Bolivia, México, Perú y Uruguay.

Junto al reconocimiento de un escenario y problemática común (¿cuál es el papel de los partenariados en la gestión cultural?; ¿cómo gestionamos y desde dónde la colaboración con instituciones público-privadas?; ante la creciente disminución de financiación pública, ¿qué papel juega la financiación privada?, ¿qué peso tiene el financiador/patrocinador sobre el diseño último de los programas?; el desequilibrio en tamaño y poder de los agentes implicados en un mismo proyecto cultural, ¿afecta al trabajo en red?…), me pareció especialmente interesante el debate que se abrió paso sobre autogestión y sustentabilidad de los proyectos culturales.

Al hilo de una reflexión por parte de Centros MEC, “cuando hay un tejido sólido de instituciones, hay mejores procesos en el territorio”, me vino a la cabeza un artículo de Eduard Miralles que ya desde el título es una declaración de intenciones: “Hermanos, ¿cuándo fue que se comenzó a joder aquello de entender la cultura como servicio público en España?”

Desde mi propio trabajo en cultura y territorio a veces constato que trabajamos por proyectos temporales y en estructuras laborales desprotegidas o apenas sustentables, no tanto por elección, sino por la falta de implantación institucional de políticas culturales con visión a medio y largo plazo, que nos permitan de alguna manera, y como sector profesional, salir de las intervenciones puntuales o de programaciones aisladas que no terminan de garantizar con la suficiente fuerza el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

Me consta que es un leitmotiv personal, pero considero que si colectivamente hemos logrado el reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos es nuestra obligación alentar, presionar, incidir, inspirar…para que este paradigma sea el que rija las políticas culturales de cada uno de nuestros países. Desde mi punto de vista, como profesionales de la cultura, no sólo deberíamos conformarnos con una visión post-política y aséptica de la gestión cultural, papel que le resulta tan cómodo y que puede reforzar tanto a nuestro pesar, el actual sistema de desigualdad estructural, sino como tantas veces  repetimos ayer (trabajamos con un horizonte de autonomía en nuestras comunidades, la cultura genera afectos, la cultura es identidad…), sabernos defensores y defensoras de uno de los ejes clave de los derechos humanos, especialmente ahora, cuando la violencia económica, especialmente en su faceta extractiva, está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las formas de relación entre identidades culturales y modos de relación y protección del territorio. Cambiar el paradigma de la gestión falsamente desideologizada (la no ideología es ideología dominante) a favor de la exigencia y el ejercicio de nuestros derechos culturales como ciudadanía. Desde España, sólo puedo mirar con envidia y afán de esponja, los programas de cultura-país que están desarrollando bajo este prisma, aunque desde diferentes perspectivas, países como Bolivia, Chile o Colombia.

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Yo también me pregunto, con Eduard Miralles, en qué momento quedaron “anticuados” Jon Hawkes con su convencimiento de que la cultura es el cuarto pilar del Estado del Bienestar o Amartya Sen que desnudó aquel concepto de desarrollo que no tenía en cuenta a la cultura.

Me pregunto en qué momento el sector cultural de mi país y su sociedad civil (que poco o nada han mostrado en las calles, marea que nos falta, su descontento ante la ferocidad de los recortes culturales y el desmantelamiento de la cultura como servicio público), me pregunto, decía, cuándo el sector cultural y nuestra sociedad civil han dejado de considerar que la falta de integración de la formación artística en nuestro sistema educativo general, la insuficiente red de bibliotecas públicas, los bajos índices de lectura, el vacío legal competencial de la Administración Local en materia de cultura, la privatización de la gestión de los equipamientos culturales públicos, así como la creciente externalización de servicios culturales y proliferación de opacas fundaciones ajenas a todo control público y criterio de transparencia, han dejado de ser demandas importantes de nuestro sector profesional.

Se hace evidente que la atomización del sector y su dura pelea cotidiana por la sustentabilidad económica de los proyectos, nos han influido a la hora de constituirnos como un agente social con más fuerza para negociar de modo colectivo precisamente las condiciones en las que se ejerce nuestro trabajo y que dependen directamente de esas mismas políticas culturales sin visión a medio y largo plazo de las que necesitamos cambiar el paradigma.

 

#GCultural2016: Cultura libre y comunidades

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“No tenemos un público, formamos parte de una comunidad.”

Barbi Couto, editora de Ediciones de la Terraza

 

Al hilo de lo debatido en la Mesa 1 del Congreso Online de Gestión Cultural, “Gestión cultural para la producción de cultura libre”, surge una reflexión en mí vehiculada por cuatro ideas fuerza que se repitieron en la conversación:

  • La importancia de saberse parte de una comunidad y encontrar en el contexto fortalezas, rompiendo a través de dinámicas de colaboración aquellas estructuras que generan márgenes. En relación, por ejemplo a las iniciativas de mapeo cultural compartidas, me parece clave un aspecto: el modo en el que rompen el control, democratizándolo, de la visibilidad de las iniciativas, visibilidad que suele ser utilizada por parte de los distintos “poderes institucionales” para definir qué puede ser considerado cultura y qué no y así poder llevar hacia los márgenes aquellas iniciativas cuyos relatos puedan tener mayor fuerza para desestabilizar el poder o que lo cuestionen de un modo más frontal. La democratización en la visibilidad y en la constitución de las agendas culturales de un territorio contribuye a cuestionar la verticalidad y la imposición de definiciones, así como pone en cuestión algunos de los ejes del discurso neoliberal: la deslocalización económica y el mandato de aislamiento (los territorios en los que se asientan las iniciativas son intercambiables) y el acaparamiento de la “mirada”, la visibilidad (la ubicuidad) como mecanismo de dominio y concentración de valor económico. ¿Competir para ser más vistos? No, generar ecosistemas de miradas de ida y vuelta horizontal.
  • La necesidad de liberarnos de un paradigma finalista y objetual, para pasar a la reflexión sobre los procesos. Los proyectos culturales no son estáticos, ni lineales, pensamiento contaminado por una noción económica del crecimiento ilimitado y de una definición de desarrollo anticuada, sino que viven procesos de transformación que nos llevan a plantearnos la necesidad de cambiar la medición del valor en nuestras sociedades. No se trataría, en la evidente necesidad de avanzar en la creación de indicadores y estadísticas culturales más fiables, de volver a caer en la tentación finalista, sino de lograr incorporar todas las dimensiones cualitativas y de creación de comunidad que la cultura genera. Avanzar desde la cultura libre en la afirmación y creación de otras culturas económicas, en las que el valor económico no pueda deslindarse del medioambiental, del social y del impacto democrático.

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  • Siguiendo las reflexiones de la economía feminista que tratan de llevar al centro la conversación sobre la “sostenibilidad de la vida”, seguimos necesitando darnos voz para hablar sobre el voluntarismo, activismo y precariedad en la que viven muchos gestores de proyectos culturales, así como el riesgo de cooptación y reapropiación por parte de los mecanismos del mercado, que fagocita los resultados de lo construido por creadores y comunidades, monetizándolo y dejando fuera precisamente a creadores y comunidades. Sigue siendo uno de los elementos de mayor desprotección (y dolor) del sector y quizá en los próximos años debamos llevar la atención a dos aspectos: a) qué discursos en el sector cultural legitiman (y nos convencen) para aceptar como natural y consustancial al trabajo cultural esta vulnerabilidad; b) cómo podemos generar mecanismos colectivos para protegernos de la “depredación del conocimiento colectivo” y mejorar las condiciones laborales del sector.
  • Entre las líneas de trabajo apuntadas en esta primera mesa se plasmó la necesidad de crear una nueva institucionalidad cultural que, junto a la necesidad de dinámicas de democratización cultural, pasase a procesos de democracia cultural, cuestionándose los propios cauces de participación: quién los define, desde dónde, en qué condiciones de materialidad, con qué sesgos cuenta, quiénes pertenecen, quiénes quedan fuera… En mi opinión es en esta dirección en la que la cultura libre puede tener uno de los recorridos de mayor calado: en su contribución a la creación de comunidades auto-educadoras, reflexivas, críticas que se expongan con mayor libertad y facilidad a distintas experiencias artísticas y de creación e innovación, convirtiéndose en agentes e interlocutores clave para el diseño de políticas culturales municipales y procesos de programación colaborativa. Desde mi punto de vista, en esta función de “creación de públicos desde abajo”, es en la que la cultura libre puede desarrollar su mayor potencial y generar sinergias transformadoras en la institucionalidad, intuyendo su potencialidad en el medio rural y sus espacios de gobernanza (juntas vecinales, mancomunidades, comarcas).

 

#GCultural2016 : Construyendo democracia cultural

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Ayer, a través de una conversación en directo en la que confluyeron simultáneamente más de 70 profesionales internacionales, se inauguró el I Congreso Online de Gestión Cultural. Desde el 12 de septiembre hasta el 10 de octubre se estará tejiendo un debate libre y horizontal acerca de los principales retos que afronta la profesión así como de su papel clave como agentes de construcción de democracia, en un ejercicio de polifonía y multisoportes, que ha buscado también la complicidad de los blogs culturales como espacios de profundización en el debate y modelo alternativo de cobertura mediática.

Este evento online, organizado por Aforo Gestión Cultural, Ártica Centro Cultural Online, Baixa Cultura, Comandante Tom, Comunicación Abierta y Gestión Cultural UY en el que se dan cita actores de toda América Latina y España ha seleccionado como ejes de diálogo los siguientes temas:

  • Experiencias y proyectos de cultura y activismo digital.
  • Gestión cultural para la producción de cultura libre.
  • Gestión cultural en las bases.
  • Comunicación en red y herramientas TIC para la gestión cultural.
  • Espacios culturales y comunidad en red.
  • Profesionalización en gestión cultural.

Al hilo de la selección de las diferentes ponencias por parte de los organizadores, surgen ante mí algunos debates clave que tendremos tiempo de elaborar hasta el 10 de octubre:

  • Sobre la sustentabilidad de los proyectos culturales:
    • ¿Qué respuestas colectivas se están articulando para visibilizar y frenar la precariedad laboral-vital de los trabajadores del sector?
    • Como sector profesional, ¿estamos articulando bien este discurso?, ¿estamos realizando conjuntamente una reflexión sobre nuestros propios derechos laborales? ¿Cuál es nuestra capacidad de negociación colectiva para mejorar las condiciones de vida socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cultura? ¿Existen experiencias de sindicación cultural en los diferentes países?, ¿cuáles son?, ¿son replicables en otros territorios?
    • En el actual paradigma económico neoliberal, ¿qué papel se le da a la cultura?, ¿cómo nos posicionamos frente a la “generación de contenidos”, la lucha por la visibilidad o la cooptación del valor del diseño como elemento distintivo conformador de desigualdad social simbólica?

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  • Sobre nuevas políticas de participación, cultura y ciudad:
    • ¿en qué momento se encuentra la aplicación de la Agenda 21 de la cultura?, ¿qué papel estamos jugando como co-diseñadores de las políticas culturales municipales?
    • ¿estamos reflexionando sobre la utilización que se está haciendo de la cultura para apoyar ciertos procesos de gentrificación?
    • ¿cuál es la capacidad del sector cultural en cada país para marcar la agenda política?, ¿tenemos capacidad para impulsar marcos legislativos que amplíen las vías de participación comunitaria?
    • Frente al paradigma de la cultura espectáculo, ¿deberíamos reflexionar sobre nuestra capacidad de impulsar un nuevo paradigma que ponga en el centro los derechos culturales frente a la pasividad de la cultura mercancía?
  • Sobre la vinculación con territorios y comunidades:
    • Frente a la hegemonía cultural anglosajona, ¿qué papel pueden jugar los “Sures”? ¿Puede la cultura impulsar una reflexión transformadora sobre el papel interesante que puede jugar el Sur de Europa en el nuevo escenario internacional?
    • ¿Cómo puede contribuir la cultura digital a la promoción de la diversidad cultural?
    • En una dinámica global en la que el peso demográfico se va a concentrar en las ciudades, ¿qué papel va a jugar el mundo rural y sus culturas a nivel internacional? ¿Cómo se vive en estos dos mundos la gestión de espacios culturales y el concepto de autogestión?
    • ¿Se está garantizando el acceso a la cultura como servicio público? ¿Son las experiencias de democratización cultural replicables?

Sin duda van a ser días de diálogo profesional interesante, que ampliará nuestros puntos de vista a través del conocimiento de diferentes experiencias y en las que se irán tejiendo redes de preguntas con sus múltiples respuestas.

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Corrupción, cultura y Partido Popular

Publicado en Tribuna de Salamanca el 14 de marzo de 2016

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Celebrábamos en Salamanca el pasado sábado el primer encuentro sobre “Corrupción y Cultura: las puertas giratorias en el arte” tratando de visibilizar la relación entre las principales tramas corruptas del Partido Popular en nuestro país (Púnica, Gürtel…) y la situación de la cultura y los medios de comunicación en nuestra comunidad. Coincidía, casualidades del destino, la publicidad del acto con la imputación por prevaricación, malversación y fraude del Secretario General de Cultura de la Junta de Castilla y León en la trama “Perla Negra”, vinculada también con el gran escándalo de las eólicas, y relacionada con las operaciones para la construcción del edificio ADE en Arroyo (Valladolid).

Compartía la museóloga vallisoletana María Velázquez la denuncia sobre la actual situación de los principales museos de nuestra comunidad (ejemplificados en lo vivido en el Patio Herreriano) en los que se ha asentado la práctica del uso de las instituciones públicas para fines privados, siendo los propios artistas los mayores damnificados dentro de un circuito pervertido que entiende el arte como herramienta de especulación. El papel de empresas y multinacionales (que tanto conocemos en Salamanca gracias a la “cultura Revuelta” que cede al mejor postor espacios que son de todos), principales dueñas de las colecciones que albergan nuestros museos castellanos, y que ven en el arte un valor refugio garante de “cash” es clave para entender esta deriva. Estos mismos bancos, constructoras, empresas, casualmente siempre cercanos al Partido Popular… se benefician del dinero público destinado a la conservación, difusión y comunicación de las mismas obras que terminarán “retirando” de nuestros mismos museos públicos, impugnando el régimen de comodato si hace falta, cuando necesiten “efectivo”, gracias al dinero de todos, con su valor multiplicado a expensas de la ciudadanía.

Pero estas prácticas no llegan, precisamente, a terreno baldío. Existe en nuestra comunidad un ecosistema legal y comunicativo que ha dado soporte al maridaje entre corrupción, cultura y Partido Popular en Castilla y León. Al fin y al cabo, las principales cabeceras informativas y grupos de comunicación en nuestra comunidad están en “buenas manos”. Las de José Luis Ulibarri, también constructor, imputado en la trama Gürtel y la trama Púnica, siempre envuelto en escándalos por dudosas adjudicaciones o las del íntimo amigo de Aznar y condenado por corrupción a 7 años y 3 meses (de los que cumplió nueve meses y aquí paz y después gloria) Méndez Pozo, que comparten el control de la Televisión de Castilla y León. Sin olvidar nunca a nuestro local y gacetero José Muñoz, del que los afiliados de base del Partido Popular denunciaban que junto al alcalde Mañueco y la diputada María Jesús Moro, estaba al tanto de todo lo relativo a los sobres de Bárcenas. A nadie sorprenderá, por tanto, encontrar a la empresa constructora del señor Ulibarri, mano a mano con León de la Riva, relacionada con el declive, por ejemplo, del Centro de Documentación y Biblioteca del Patio Herreriano.

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Aunque la pieza perfecta que permite el engranaje entre Partido Popular, dinero público, designaciones, clientelismo y corrupción se encuentra en lo que la organización PLADEPU ha bautizado como “Administración B”, el conjunto de Fundaciones, empresas públicas y participadas, institutos, agencias…, en total unos 200 entes de estas características en Castilla y León, con 57 Fundaciones de las que 44 dependen directamente de los presupuestos de la Junta y que concentran unos 77 millones de euros. Que existan unos 2.000 asesores de libre designación en estos espacios, caracterizados por su menor control presupuestario, su falta de transparencia, el menor control de las contrataciones y la paulatina pérdida de derechos laborales de sus trabajadores, tendría que hacernos pensar por qué el Partido Popular no deja de impulsar “chiringuitos” de estas características.

Quizá haya que recordarle al Partido Popular que la Fundación Siglo ya fue denunciada por eludir los sistemas de control público de contrataciones y que el 66% de sus contratos se hacían de forma fraccionada para eludir la publicidad. Que fue denunciada también por excesos en gastos de prensa a medios “afines” (también habitual en el Ayuntamiento de Salamanca) y que ya se hizo pública la presencia de “falsos autónomos” en el MUSAC y el Museo de la Evolución de Burgos. Que aún estamos reponiéndonos del escándalo sin precedentes de la Fundación de la Lengua Española y de aquellos cuatro millones de euros para la elaboración de “El juego del español” del que aún no hemos visto ni el juego, ni el dinero. Que nuestros docentes de enseñanzas artísticas superiores se ven envueltos laboralmente en fundaciones y similares, sin formar parte de los convenios que les corresponden ni beneficiándose de las garantías del personal del sistema educativo público. Que los patrocinios en nuestra comunidad y nuestros espacios municipales siguen sin aparecer en las escuetas webs de transparencia existiendo en muchos casos una correlación bastante sospechosa entre dichos patrocinios y futuras adjudicaciones.

Definitivamente el escándalo del IVAM valenciano no se trata de un caso aislado de corrupción del Partido Popular. Asistimos a una práctica generalizada del primer partido imputado por corrupción de la historia de España que se ha servido, también en materia cultural y también en Castilla y León, de un entramado de fundaciones creadas ad hoc, adjudicaciones, relaciones personales y dinero público puesto al servicio del latrocinio, que se ha servido del arte, de la cultura y de los trabajadores del sector, para el robo de lo que es de todos.

No sólo seguiremos denunciando el uso que el Partido Popular hace de la cultura como especulación y lucro de élites viejas en nuestra comunidad, sino que seguiremos construyendo la nueva política cultural que permita el cambio  real que ponga de una vez por todas las instituciones culturales de Castilla y León al servicio de lo que importa y proteja a artistas, creadores, docentes, trabajadores de la cultura y el arte en general frente a un modelo que se lucra a su costa y no les respeta.