Pan y rosas hoy: el empoderamiento económico de las mujeres

(Todas las imágenes hacen referencia a la movilización global por los derechos de las trabajadoras domésticas)

 

Para todas las que me escuchan, pan y rosas, pan y rosas

 

Hace unas semanas, la Secretaría General Iberoamericana presentó un informe de conclusiones importante  “Estrategias legales para el empoderamiento económico de las mujeres” en el que se ponían en el centro los obstáculos legales a los que aún tenemos que enfrentarnos las mujeres de la región para poder acceder en igualdad de condiciones a la gestión de nuestro propio dinero. Como, para mi sorpresa, esta línea de acción básica para el impulso de la riqueza de los pueblos, no encontró las portadas ni la apertura de telediarios que merecía, queriendo sumarme yo también a este impulso y al debate al que invita, recopilé parte del conocimiento vivo que en relación a la economía cotidiana de las mujeres toca día a día mis oídos, mi jornada laboral y “la-embajada-que-siempre-recibe-a-altas-dignatarias-llegadas- de-todos-los-pueblos-del-mundo-a-las-que-llamáis-migrantes” y en la que los faltos de espíritu ven una simple mesa.

 

Teniendo en cuenta la resistencia profunda que subyace ante el hecho de negarnos a ser encasilladas como “consumidoras”, esa suculenta parte del pastel que supone hoy día conquistar a las mujeres como “mercado”, para reivindicarnos hoy e históricamente como productoras de riqueza, invisibilizada tradicionalmente por los instrumentos de medición del PIB, estamos asistiendo, desde distintos focos y matices pero con un horizonte común, a la reivindicación del reconocimiento de las mujeres como lo que son: la abundancia de sus pueblos.

Cuando escucho, desde el centro de mi corazón, hablar a las mujeres de su empoderamiento económico me cuentan:

  • El reconocimiento del derecho a la tierra como derecho humano, prioridad estratégica del feminismo global:

Aunque hemos venido hablando de este tema en ocasiones anteriores (aquí y aquí), tanto en España como en Europa esta emergencia se percibe como “algo que queda lejos”, como si parte de la migración económica femenina y crisis de refugiadas pudiese desvincularse de los efectos que produce la creciente degradación de la calidad del suelo, sus efectos sobre la alimentación y el hambre, el acaparamiento de tierra y persecución a defensoras territoriales o el creciente desmantelamiento del tejido económico local frente a la presión de las transnacionales (Inciso para periodistas en la sala: ¿de verdad no va a haber ningún periodista que ponga en el centro de la cobertura de la Caravana migrante centroamericana un análisis con perspectiva de género que denuncie las consecuencias devastadoras para toda una sociedad que ha tenido la adopción de las Zonas Económicas Especiales y el modelo laboral de la maquila sustentado en la explotación laboral extrema de las mujeres? Si degradas económica y laboralmente a las mujeres, por los índices de repercusión económica local que tiene tradicionalmente el empoderamiento económico de las mujeres -gastamos nuestro dinero CERCA, en producción local, en niveles muy superiores a los hombres, reinvertimos tradicionalmente los beneficios en nuestro entorno-, las comunidades se desintegran, lo que muere es un país). El reconocimiento del derecho a la tierra es una prioridad estratégica feminista global que actualmente está en disputa en el seno de Naciones Unidas y de la que España no puede ni debe desentenderse. Cual mantra de este espacio, lo vuelvo a repetir: la presión extractiva en el Sur global, llega a Europa por nuestro Sur rural europeo.

 

  • La desigualdad económica no salta a la vista: redefinición cultural de los criterios de éxito económico y riqueza

 

Entre las cosas más sorprendentes que me han enseñado las mujeres se encuentra el aplastante éxito que el modelo del “homo economicus que tiene que competir a muerte en un mundo de escasez” ha tenido sobre nuestros imaginarios cotidianos. El reparto doblemente desigual para las mujeres de la riqueza y los recursos está felizmente enmascarado bajo la fantasía de la escasez. Suelo romperme varias veces al día al escuchar a mujeres absolutamente aplastadas por el sobreesfuerzo decir que quizá no se han esforzado lo bastante para alcanzar el éxito económico en un mundo en el que la feminización de la pobreza ha llegado a naturalizarse. Deben ser mis ojos, que cada vez que escucho la palabra “abundancia”, son incapaces de comprender qué realidad materialmente concreta se esconde bajo el índice Dow Jones y, sin embargo, se solazan en campos de trigo y amapolas y en manos que amasan pan. Hay una inmensa tarea cultural pendiente en esta dirección, reconquistar la definición colectiva de riqueza y volver a vincularla con la inmensa paciencia de la tierra (el ecosocialismo nos tira con un zapato por tardar tanto en llegar)

 

 

 

  • Discurso iberoamericano sobre emprendimiento en Europa:

Entre las muchas cosas que el espacio cultural iberoamericano ha conquistado para el resto está su disputa sobre la conceptualización del emprendimiento. El modo en que ha logrado vincularlo con criterios de refuerzo comunitario y visión territorial, el impulso al emprendimiento socio-cultural como modo tanto de protección como de reactualización del patrimonio cultural, su apuesta por los modelos de emprendimiento inclusivo y el impulso estratégico decisivo del emprendimiento de las mujeres vinculado a procesos más amplios de empoderamiento desde la base (otro mantra de esta web: no en balde la Carta Cultural Iberoamericana lleva en su seno la apuesta por la economía social de la cultura) chocan con el abrasador y dicotómico debate en España “emprendimiento panacea/emprendimiento Satanás”, apartándonos del reconocimiento de las posibilidades que la innovación social también desde la empresa puede tener tanto para nuestros territorios como para la reconstrucción de comunidad (¿no teje el pequeño comercio ciudad?).

 

  • Sindicalismo feminista e interseccional:

 

Hay una escena de “La ciudad no es para mí” que a veces me sirve como metáfora íntima de país y me hace sonreír por dentro. Es una frase de Paco Martínez Soria que, dolido ante esa nuera que reniega y se avergüenza de sus orígenes rurales, del hambre y el trabajo del que procede, espeta: “Tanto Luchy, tanto Luchy y se llama Luciana”. Viene continuamente a mi memoria cuando la realidad laboral de las trabajadoras domésticas y las internas toca en cualquier grado mi día a día, el barómetro del CIS de mi mesa. España: tanto Luchy, tanto Luchy y te llamas Luciana.  A la petición permanente para ampliar el conocimiento de los derechos laborales de las mujeres en nuestro país, se une la emergencia de impulsar un nuevo modelo, fuera del formato “liberado”, de sindicalismo feminista e interseccional que logre articular respuestas a las cadenas de explotación en las que participamos las mujeres. Para mí, sin duda, la punta de lanza para el avance de los derechos laborales de las mujeres en todo el globo (junto a las mujeres campesinas) está representada por la lucha de los derechos de las internas, trabajadoras domésticas sobre las que se está encarnando la sombra del ficticio boom económico español y cuya explotación, en muchos de los casos en régimen de auténtica semi-esclavitud, está dándose en la reclusión de nuestros espacios domésticos. Hemos pasado de ser un país que, en su domesticidad, besaba los mendrugos de pan antes de tirarlos a la basura a convertirse en centros de explotación laboral hacia mujeres migrantes, racializadas. La protección y fuerza sindical del sector, aunque ya presente, aún es escasa y son la clase obrera más vulnerable de este país. Asi que, como escucharían mis abuelas castellanas los domingos, habrá que decir: “Que manden obreras a esta mies, que la labor es mucha.”

 

 

  • Incidencia feminista en la política económica: techos de cristal y suelos pegajosos A LA VEZ

Quienes queremos apostar por una mirada y participación social, económica, política entrenada en el reconocimiento de la interdependencia, no podemos caer en la trampa de las falsas dicotomías. Los techos de cristal que impiden a las mujeres el acceso a la toma de decisiones y los suelos pegajosos de la precariedad son un continuo de explotación, el final de ambos, desde una mirada de integración, se dará a la vez. El hecho de que las mujeres seamos sólo el 8% de las inversoras en este país y que en ese 8% se haya refugiado gran parte de la inversión socialmente responsable y de impacto social también es una prioridad: las mujeres estamos fuera de la decisión sobre qué sectores productivos MERECEN crecer e impulsarse y sobre qué criterios tomamos en cuenta como país para definir qué es lo rentable. A lo mejor, si ocupamos este espacio, quién sabe, logremos desarrollar indicadores en productos de inversión que certifiquen que la explotación hacia las mujeres ya no cotiza en Bolsa y repliquemos en todo el tejido empresarial lo que, para el tejido social feminista, nos han enseñado iniciativas de financiación como el Fondo Calala.

 

  • Genealogías económicas de las mujeres

¿Cuál ha sido la relación histórica de las mujeres con el dinero?, ¿incorporamos también las heridas de explotación económica entre mujeres, “las criadas y las señoras”, el dolor punzante de las cholas?, ¿cuál ha sido nuestra aportación diferencial a la riqueza de nuestros países?, ¿qué hicieron nuestras mayores para sobrevivir económicamente, cuáles fueron sus estrategias frente a la pobreza, frente al hambre?, ¿cómo crearon cajas de resistencia?, ¿quiénes se batieron el cobre para que las siguientes pudiésemos tener acceso a nuestro dinero?, ¿quiénes consiguieron estos cambios legales?, ¿qué empresarias amamos nosotras sin que nos las imponga nadie?, ¿qué redes de solidaridad económica entre mujeres se saltaron todas las barreras sociales habidas y por haber para avanzar juntas?, ¿lograremos que sean duelo de país algún día nuestras muertas en accidentes laborales?

 

  • Salud mental y empoderamiento económico de las mujeres:

La pobreza y la precariedad tienen un impacto devastador sobre la salud mental de las mujeres. El tejido emocional de la precariedad está asentado sobre la vergüenza y el sentimiento de soledad de muchas de ellas. En un reciente informe del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid sobre la situación laboral de las mujeres migrantes, todo el mundo quedó sorprendido por un puntaje inesperado: su prioridad demandada no era trabajo, la prioridad era salir de la pandemia contemporánea de soledad. Los climas laborales enrarecidos por la temporalidad y las prácticas depredatorias, la individualización y retorno al espacio doméstico del trabajo de las mujeres y la desigualdad en la capacidad de negociación están teniendo un efecto de lo más real no sólo sobre la salud física, sino sobre la salud mental de las mujeres en nuestro país. El dolor de las demás es nuestro.

 

Recojo pues, por aquí, un hilo más para este reto global, impulsada también por un recuerdo. Cuando una de mis castellanísimas bisabuelas, tratando de salir de la persecución política, la guerra y el hambre se plantó en mitad de un corral y empezó a cobrar por arreglar bicicletas con sus propias manos, estaba empoderando a las mujeres futuras de un país. En reconocimiento a ti y a todo lo callado en aquel gesto, bisabuela, hoy seguimos.

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

En el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana

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“La cultura como instrumento, cada vez más poderoso, de dignificación

de los ciudadanos y de diálogo entre los pueblos.”

(Preámbulo de la Carta Cultural Iberoamericana)

Ha querido la casualidad que el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana venga a coincidir con las elecciones estadounidenses en las que la relación con la comunidad hispana ha estado en el centro de la polémica y en las que, además, el peso del voto hispano va a resultar la llave definitiva para entrar en la Casa Blanca. No en vano, hay 12 millones de votantes procedentes del espacio iberoamericano llamados a votar este martes 8 de noviembre y son más de 40 millones de latinoamericanos (casi el 12% de su población) los residentes en EEUU.

Aprovechemos esta coincidencia para reflexionar sobre la actualidad y el desarrollo de los compromisos de la Carta, llamada al fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano y celebración de su propia diversidad cultural y lingüística.

Si bien el avance más visible en materia de políticas culturales tras la aprobación de la Carta  ha estado centrado en la protección de la diversidad y en el paulatino avance (con todas las dificultades y tensiones que genera esta dimensión dentro del actual sistema económico) en el reconocimiento de las culturas tradicionales, indígenas, de afrodescendientes y de poblaciones migrantes (muchas veces, reconozcamos la deriva, vinculado al desarrollo turístico), también hay que reconocer  la creciente consolidación del marco discursivo de los derechos culturales. Quiero detenerme, no obstante, en uno de los elementos diferenciales de la Carta iberoamericana respecto a otros documentos culturales internacionales y en los que se suele incidir poco.

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Se trata, junto a las reflexiones sobre la necesaria defensa de la soberanía nacional y cultural en el espacio iberoamericano, del papel protagónico que se le otorga a la economía solidaria en el ámbito cultural. Partiendo del reconocimiento de que “el proceso de mundialización parte de profundas inequidades y asimetrías y se desarrolla en un contexto de dinámicas hegemónicas y contrahegemónicas”, es interesante no perder de vista la importancia central que se le otorga a la cultura en la lucha contra la desigualdad económica.

Entre los hechos diferenciales que aporta el compromiso iberoamericano en la esfera internacional se encuentra la apuesta directa por un nuevo modelo económico que privilegie a las pequeñas y medianas empresas y a los agentes culturales individuales, profundamente vinculados a sus territorios, mundos simbólicos y comunidades, frente a la gran industria cultural y creativa transnacional. De igual manera no se entiende la implementación de una política cultural que no esté imbricada en un compromiso con la cultura de la sustentabilidad, es decir aquella que promueva una economía ecológica y solidaria que tome en consideración los límites del crecimiento. Es interesante el posicionamiento que realiza el espacio iberoamericano subrayando la relación de la diversidad cultural con modelos de relación integrales con el contexto natural, sin que puedan darse medidas de protección a la cultura deslindadas de la reflexión territorial y de acceso a los recursos naturales. Se redimensionan así también las políticas de protección ambiental, mostrando la transversalidad que ha de tener la cultura para una implementación eficaz de las mismas.

Desde la reflexión sobre la inserción asimétrica en la economía moderna que han tenido los pequeños y medianos actores culturales del espacio iberoamericano, es interesante también el impulso que se ha dado en la creación de cuentas satélites en las economías nacionales de la región, sistemas de información económica sobre la cultura, su peso específico sobre el PIB y en general un mayor conocimiento sobre las aportaciones que realiza el sector cultural para la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, que permite no sólo una toma de decisiones más informada sino la socialización del propio diseño de las políticas culturales. ¿Se está respetando el compromiso del 1% del presupuesto nacional para la cultura planteado en la Agenda 21?, ¿qué partidas se dedican a la consolidación de la educación artística?, ¿se está apostando por un modelo de cultura pública o primando la participación, a través de la responsabilidad social corporativa, del mecenazgo privado?

Sin duda, la apuesta realizada por la economía solidaria y en general por el diálogo del sector cultural con nuevos modelos económicos que tengan en cuenta los triples balances (social, económico y ambiental), así como el compromiso de la cultura en la lucha contra la desigualdad creciente en las sociedades del espacio iberoamericano, serán dos de las líneas de trabajo más urgentes de los próximos años.