Descolonizar Castilla: de imaginarios imperiales que se resisten a morir

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la artista Melanie Cervantes.)

Cuando leemos el Informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre los pueblos indígenas de Canadá, es inevitable plantearse cuándo llegará el momento de abordar este proceso en el espacio iberoamericano y cómo Portugal y en nuestro caso, España, enfrentarán definitivamente no sólo los genocidios y epistemicidios históricos, sino el debate sobre sus propias identidades y su interesada construcción histórica a través de un reconocimiento nuevo de su amplia diversidad. Al fin y al cabo, como afirma la relatora especial sobre los derechos culturales Farida Shaheed en su informe Procesos de preservación de la memoria histórica: “El acceso de las personas a una memoria colectiva pluralista forma parte de los derechos humanos”.

Atendiendo a sus propias recomendaciones en las que queda patente que “la preservación de la memoria histórica ha de entenderse como un proceso que aporta a los afectados por la violación de los derechos humanos los espacios necesarios para articular sus relatos. Las prácticas en ese ámbito deben estimular y fomentar el compromiso cívico, el pensamiento crítico y el debate sobre la representación del pasado y sobre los desafíos contemporáneos que representan la exclusión y la violencia”, nos permitimos ahora una breve reflexión sobre la continuidad del imaginario imperial en Castilla y León y el peso que tiene aún hoy sobre el concepto de “hispanidad“.

Al fin y al cabo, las estrategias de descolonización no pueden ser plenas si únicamente centran su atención sobre las realidades colonizadas sin afectar al polo que ejerció la dominación. Como afirma Boaventura de Sousa en su obra Descolonizar el saber, reinventar el poder, “el fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología, por el contrario continuó reproduciéndose de modo endógeno”. O si no, prestemos atención a los ecos aún vigentes en el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León y al debate pendiente sobre las fechas y actos conmemorativos del espacio cultural iberoamericano en un nuevo contexto de respeto a los derechos culturales.

Desde mi punto de vista la reflexión acerca de la polémica y la legitimidad de la celebración del “Día de la Hispanidad” es un desplazamiento hacia el espacio iberoamericano de una cuestión no resuelta en el Estado español. Dicho debate no puede darse sin afrontar dos tareas que quedaron pendientes durante la Transición española: 1.- la deconstrucción de la definición de la “identidad española” heredada del franquismo y 2.- la tarea decolonial que tanto a nivel histórico como en manifestaciones del  imaginario actual posiciona a nuestro país ante el espejo de su realidad no asumida como metrópoli colonizadora y esclavista. La utilización vivida durante el régimen franquista, especialmente en las primeras décadas de mayor eco simbólico fascista,  del discurso de la grandeza imperial y la retórica católica de conquista del Antiguo Régimen, (especialmente a través de la utilización de las figuras -y cuerpos- femeninos de Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús como referencias históricas legitimadoras de la definición franquista de “lo español” y la “raza” unidas a la religión, y que tantos esfuerzos para una recuperación “otra” están provocando, veáse la relectura que hacen Ana Rossetti o Julia Kristeva sobre Teresa de Jesús), no puede obviarse ni resignificarse sin más a través del simple paso del tiempo sin afrontar un debate público y serio sobre la identidad española que, para mí, es el eje problemático de la polémica alrededor del 12 de octubre. No sólo se trataría, por tanto, de preguntarnos fuera del marco colonizador cuál es el significado de ser “español” y qué papel está jugando esta identidad heredada en el debate territorial de nuestro país sino también abordar el colonialismo español en América Latina desde el siglo XV y la pendiente revisión y tratamiento histórico, educativo, mediático que queda recogida en el Informe de Farida Shaheed alrededor de la memoria histórica en relación con los vínculos coloniales también con Filipinas, Guinea o el Sahara.

Este traspaso “acrítico” desde la dictadura franquista a la democracia de la definición de la identidad española forjada en el nacionalcatolicismo y en la que un determinado modelo de relación con Iberoamérica es uno de sus ejes constitutivos –siendo coincidente con un modelo negacionista de la diversidad territorial, lingüística, histórica de la propia “nación” española- queda, por ejemplo, de manifiesto en el preámbulo del actual Estatuto de autonomía de Castilla y León en el que se recoge:

“A partir de la unión definitiva de los Reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III, la Corona de Castilla y León contribuirá decisivamente a la conformación de lo que más tarde será España, y se embarcará en empresas de trascendencia universal, como el descubrimiento de América en 1492 (…)De estas tierras surgió también la gran aportación a la humanidad que supuso la Escuela del Derecho de Gentes de Salamanca, donde destacaron nombres como Suárez o Vitoria. Y en estas tierras, Bartolomé de las Casas defendió la dignidad de los indígenas del Nuevo Mundo en la célebre Controversia de Valladolid (1550-1551)… En estas tierras nacieron o pasaron una parte importante de sus vidas hombres y mujeres que contribuyeron a la formación de la cultura hispánica. Cultura, humanismo y configuración institucional que después del descubrimiento se implantó en América. El Tratado de Tordesillas, además de trazar la línea de demarcación clara y precisa para la presencia de la Corona de Castilla y León, primero, y de España, después, en el Nuevo Mundo, impulsó el modelo de organización municipal como fundamento de la vida ciudadana y la Audiencia como órgano judicial y de gobierno, implantada por primera vez en Santo Domingo (1510)… Comunidad histórica y cultural reconocida, Castilla y León ha forjado un espacio de encuentro, diálogo y respeto entre las realidades que la conforman y definen. Su personalidad, afianzada sobre valores universales, ha contribuido de modo decisivo a lo largo de los siglos a la formación de España como Nación y ha sido un importante nexo de unión entre Europa y América.” (negritas personales)

La “personalidad de Castilla y León” se ve enlazada así con la perpetuación acrítica del relato histórico del “descubrimiento” y el mecanismo de la “implantación” de la civilización. Llama la atención el modo en el que, sin tomar conciencia de la incongruencia, se invoque el legado histórico de Bartolomé de las Casas en relación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas mientras se perpetúa un relato unívoco en el que ha desaparecido completamente la voz de “los descubiertos” y “los colonizados”. Si como afirma Shaheed, “la preservación de la memoria histórica ha de entenderse como un proceso que aporta a los afectados por la violación de los derechos humanos los espacios necesarios para articular sus relatos”, es obvio que en relación a la construcción memorial del relato de la colonización española no se puede hablar de relatos plurales e inclusivos. Como ya señalaba Gayatri Spivak al señalar la importancia de los márgenes del discurso, de los “centros silenciosos o silenciados” de circuitos marcados por la violencia epistémica: “¿puede realmente hablar el individuo subalterno haciendo emerger su voz desde la otra orilla (…) dentro y fuera de la violencia epistémica de una legislación imperialista?”

En mi opinión, la celebración del 12 de octubre como fecha central de celebración del Espacio cultural iberoamericano estaría lastrada por la política nacional española y dificultaría una resignificación memorial en profundidad. Los marcos internacionales tanto de la Carta Cultural Iberoamericana como de la Declaración de Guadalajara se podrían invocar, no tanto para favorecer su permanencia, sino precisamente para promover otra efeméride común que dignificase el sufrimiento histórico y reconociese la multiplicidad de identidades. De hecho, en España la total ausencia en la esfera pública de un reconocimiento explícito al genocidio indígena y la falta de presión de los estados y diplomacia iberoamericana para que dicho reconocimiento se haga patente en territorio español nos muestran un camino a recorrer en los próximos años.

Minorías: anatomía discursiva del silenciamiento político

 

(Todas las imágenes obra y propiedad del artista Kehinde Wiley)

La semana pasada me sorprendía en los periódicos la simultaneidad de dos debates relacionados con el silenciamiento de la voz pública tanto de minorías como del disenso político y la legitimidad de los mismos en la esfera pública. Mientras las organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad se concentraban frente al Tribunal Constitucional en la campaña Mi Voto Cuenta por el derecho al voto (y a la voz) de las más de 100.000 personas que no pueden ejercerlo debido a sentencias que  modifican su capacidad legal y denunciando una vez más los déficits democráticos por los cuales en nuestro país siguen sin poder acceder a la información y al proceso electoral en igualdad de condiciones, asistíamos por otra parte y ante la actualidad congresual de los partidos políticos españoles a una creciente y generalizada banalización de la persecución del disenso y los procesos a través de los cuales se produce y construye el silenciamiento político. El tono risueño y burlón con el que han aparecido en nuestros medios las “purgas”, los “paseos militares” o una combinatoria similar del simbolismo de la dominación ante la presencia del adversario político debería alertarnos al recordar la definición a la que apelaba Kate Millet para hablar de los derechos políticos de las minorías: “un grupo minoritario es cualquier grupo de personas que, por causa de sus características físicas o culturales, se halla sometido a discriminación respecto a los demás miembros de la sociedad en la que vive, recibiendo de ésta un trato diferente e injusto”.

Se unían de pronto para mí estas dos noticias, aparentemente alejadas entre sí, apuntando a una misma problemática bajo la pregunta ¿quiénes tienen derecho a hablar políticamente y quién otorga ese derecho? o como ya se cuestionó Gayatri Spivak, ¿puede hablar el sujeto subalterno?, ¿cómo medimos lo que queda al margen del discurso público, “el centro silencioso o silenciado de un circuito marcado por la violencia epistémica”? Se unían también estas dos manifestaciones del derecho a la voz política en relación a la similitud de argumentos que suelen utilizarse para sofocarla y que se repiten en la señalética de la palabra minoritaria: la argumentación relativa a la inferioridad en criterios de inteligencia, la incontrolable naturaleza emocional e infantilización, así como la construcción discursiva de una irrefrenable tendencia al engaño.

En el análisis valiente y pormenorizado que realizó Judith Butler sobre la construcción del descrédito de la voz política y el disenso recogido en Vida precaria: el poder del duelo y la violencia se remarcaban tres focos clave a la hora de comprender los procesos de silenciamiento político:

  • No puede entenderse la esfera pública sin prestar atención al hecho de que la misma se construye en base a lo que no puede ser dicho y lo que no puede ser mostrado. Como cita la propia Butler: “Los límites de lo decible, los límites de lo que puede aparecer, circunscriben el campo en el que funciona el discurso político y en el que ciertos tipos de sujetos aparecen como actores viables”. Como también señalaba Spivak, “el discurso mismo produce violencia por medio de la omisión” siendo las elipsis, lo que no se nombra, lo que no se ve la auténtica medida del ejercicio del poder entendido como dominación.

 

  • Hay que tener en cuenta que todo proceso de dominación va acompañado (precedido) de un proceso de descrédito de la voz pública, de una paulatina deslegitimación de la palabra y la valoración de la misma como comentario político. En el análisis pormenorizado que realiza Butler respecto a la utilización de la acusación de antisemitismo que sofoca las críticas a determinadas actuaciones políticas del Estado de Israel, señala: “el disenso queda en parte ahogado por medio de la amenaza del sujeto que habla con una identidad inhabitable. Precisamente por no querer perder el estatus de ser hablante, uno no dice lo que piensa.”

 

 

  • Se van abriendo paso así las pautas comunes que se repiten en los procesos de arrinconamiento y silencio progresivo de determinadas opiniones políticas y minorías: a través de la acusación repetida de deslealtad a la identidad grupal se provoca la construcción del recelo y la vigilancia, el acoso y la persecución visual en primera instancia, para avanzar en una progresiva deshumanización del otro, la insensibilidad frente a la concreción de su sufrimiento, especificidad o duelo. En esta búsqueda de identificaciones “insoportables y estigmatizadas con las que la mayoría de la gente quiere evitar ser identificada” lo que realmente se está construyendo es la legitimidad de lo que puede y no puede ser pronunciado en voz alta en la esfera pública, “amenazas que, al establecer los límites de lo decible, deciden los límites definitorios de la esfera pública”

Alrededor de estos tres ejes en los que se desgrana tanto la importancia de narrarse como el derecho estratégico a acceder a la propia narración (“If we don´t tell our story the wrong people will”, Khaled Beydoun) se evidencia el papel que juega la obediencia a la oficialidad de los relatos grupales como elemento central de los procesos tanto de exclusión social como  de dominación, alertándonos de que todo retroceso democrático inicia su alerta en las palabras. Por eso, ante el  progresivo avance de las  prácticas políticas del silencio convendría llevar al centro no tanto lo que se está diciendo como la pregunta: ¿qué no está permitido decirse? para, como nos anima Judith Butler: “crear un sentido de lo público en el que las voces opositoras no sean intimidadas, degradadas o despreciadas, sino valoradas como impulsoras de una democracia más sensible”.