Cuerpos-territorio, omisión de protección y negligencia deliberada

Durante el mes de noviembre el GAIPE, el equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional creado a petición tanto de la familia como de las comunidades y organizaciones de las que formaba parte Berta Cáceres para garantizar una investigación independiente al margen de la realizada por el estado hondureño, presentó su informe de investigación y recomendaciones legales sobre el caso “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”.

Leyéndolo, junto a la centralidad que ha tenido en el asesinato la vulneración por parte del Estado hondureño del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes recogida en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Honduras, ha quedado resonando dentro de mí como en una campana todo el entramado de “no haceres”, omisiones, impunidad y negligencias deliberadas respecto al deber de proteger que sostienen el edificio de la persecución y muerte de defensoras territoriales por toda América Latina.

Si bien todos los relatores internacionales y equipos legales y de investigación independientes en materia de derechos humanos que están tratando de proteger y crear algún tipo de cortafuegos in extremis, al igual que las comunidades, ante la masacre creciente de defensoras de derechos humanos alertan una y otra vez sobre los pasos que están siguiendo los procesos de hostigamiento, a saber:

  • La militarización de las empresas de seguridad privada contratadas por la industria extractiva (energética, agroindustrial, pero también y esto es importante en relación a la exigencia de responsabilidad en el campo de las relaciones culturales internacionales, la empresa turística)
  • La instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social.
  • La implementación de campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje de las comunicaciones.
  • Cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad.

resulta particularmente sangrante, dadas las consecuencias que este no hacer ni ver ni decir están teniendo sobre la vida y la muerte de las comunidades en América Latina, el peso de la omisión y las negligencias deliberadas en el crecimiento de la violencia.

 

 

Es especialmente reseñable dado que, más allá de la autoría material y la autoría intelectual de los crímenes, la paulatina desaparición, aunque sólo fuese creíble ya a un nivel teórico, del deber de protección de los Estados ejerce un efecto dominó devastador sobre la percepción de seguridad y confiabilidad de la sociedad en su conjunto, al margen de los proyectos de despojo territorial empresarial que están detrás de los asesinatos a defensores. Si a la impunidad y arbitrariedad que se repiten en todos los procesos, sumamos un clima social de “no tener bajo qué guarecerse”, ¿cómo no prever, tal y como estamos viendo en Honduras, el riesgo de colapso que afronta toda la arquitectura democrática?

Poniendo el foco sobre la omisión, se nos plantea por ejemplo: todos los consultores de proyectos de desarrollo de infraestructuras y territoriales que describen los riesgos sociales de los mismos, que evalúan los sistemas de seguridad, todos los bancos financiadores de dichos proyectos, todos los organismos que suman sus logotipos y evalúan positivamente las intervenciones territoriales, ¿no tendrían algo que decir? La comunidad internacional, ante la subcontratación de la subcontratación de la seguridad privada de las transnacionales que operan en los países del Sur, que ha derivado en la escalada del sicariato en la región, ¿qué medidas de monitoreo y auditoría social alrededor de las violaciones de derechos humanos está implementando?

¿Cómo rastreamos, ante todo ello, la omisión y la negligencia? ¿Cómo se puede atajar el “no hacer”? En un marco cultural internacional que mitifica la acción por la acción, entrenado en su mirada para los rastros de los hechos, ¿cómo se desarticulan los miles de microprocesos que están sustentando estos niveles de violencia a base de negligencias consentidas y omisión de protección? No estamos hablando exclusivamente de corrupción o de fortalecimiento de estructuras paralelas al Estado. Estamos hablando de toda la complejidad de los entornos que sostienen una persecución de estas características, del nivel local al internacional, sabiendo que “el día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana”  sin que nadie diga nada.

 

 

Frente al alarde de dominación territorial y visión extractiva que está en la base de esta violencia, contrastan las iniciativas comunitarias que están tratando de contrarrestar las acciones de ruptura del tejido social. También durante el mes de noviembre el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo presentó su Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios, “Mapeando el cuerpo-territorio” en el que se lleva al centro la necesidad de establecer otros modelos de relación con los espacios que habitamos.

Afirman:

“Cuando pensamos el cuerpo-territorio, éste nos ayuda a mirar cómo la violencia deja pasos en nuestros cuerpos pero además se conecta con las invasiones más globales a nuestros territorios, y con los intereses económicos de los de arriba”

“Pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos (…) No cabe duda que sobre el cuerpo queda impreso lo que ocurre en los territorios.”

Así, apoyándose en la educación popular y todo su potencial tanto para la reflexión como para la articulación de nuevos imaginarios, desde el Colectivo proponen avanzar con urgencia hacia nuevos modelos de relacionarnos espacialmente más allá del modelo invasión-dominación:

“¿Cuándo un espacio nos recuerda quiénes somos? ¿Cuándo lo habitamos y lo hacemos nuestro? ¿Cuál es la relación entre habitar e imaginar? ¿Cómo un espacio cobra vida?”

Interpelada sin remedio por esta violencia urgente del presente y uniendo en mí el trabajo del GAIPE y de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo quería acabar así, abruptamente como acabaron con la vida de Berta, dejando abierta la última pregunta ante la necesidad urgente de transformar nuestra vivencia, imaginarios y relación personal y colectiva con la tierra.

 

 

 

 

Desplazar el centro: la lucha por las libertades culturales

 

“En lugar de imponerse sobre el mundo, se impregnarán de él.”

Ngugi wa Thiong´o

 

Me refugiaba estos días, como en mi propia casa, en la lectura del libro del escritor y comparatista literario Ngugi wa Thiong´o “Desplazar el centro. La lucha por las libertades culturales” que ha editado Rayo Verde en castellano (muy hermoso el colofón final de la edición “La voluntad de los libros de ensayo de Rayo Verde es la de desplazar el centro. Mirar el mundo desde la perspectiva de las personas sin poder, mostrar la historia que no se explica.”)

Me resultaban particularmente sugestivos para el momento actual cinco ejes repetidos a lo largo del conjunto de artículos que componen el ensayo:

  • Desplazar el centro como vía de acción política: no sólo desde la visión crítica del canon occidental que se otorgó a sí mismo el título de “centro del universo” y que permea toda nuestra formación intelectual sino  también desplazar el centro dentro de las dinámicas de poder de cada nación promoviendo la proliferación de una multiplicidad de centros descentrados. La necesidad de esta vía de acción, desde la lectura de Thiong´o vendría sustentada por la urgencia de reclamar nuestro derecho a la autodefinición y la autorrepresentación desde nuestros propios centros. No se trataría en exclusiva de reivindicar nuestro derecho a darle nombre al mundo, sino también de arrojar luz sobre la violencia que supone el hecho de ser definidos por otros, desde sus centros y prejuicios. Aportando un ejemplo demoledor basado en la lectura de Karen Blixen (Isak Dinesen), nos confronta con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de representar la realidad y promover determinadas visiones del mundo, señalando con ejemplos en ocasiones muy dolorosos, los efectos psicológicamente destructivos que tiene la exposición reiterada a ciertas representaciones.

  • El papel de los intelectuales: desde su extensa labor creativa y académica desde un departamento de Literaturas comparadas (comparatistas del mundo, ¡uníos!), y con un compromiso inamovible con el papel que ha de jugar la cultura y en especial la literatura a favor de la justicia social, Ngugi wa Thiong´o nos plantea:

 

“¿Qué riegan los intelectuales? ¿Para quién escribe el escritor?(…) ¿Para él la realidad puede cambiarse o es inmutable? Presentar una realidad estática o atrapada en un bucle inalterable, es sucumbir a la desesperanza (…) Al fin y al cabo, los escritores que presentan realidades mutables están diciendo a los que ostentan el poder que también su momento, tarde o temprano, quedará atrás.”

 

El llamamiento a la responsabilidad vuelve a ser central, sin obviar el análisis del silencio de los intelectuales tanto africanos como europeos ante la vulneración de los derechos humanos en general y en particular ante la persecución de creadores y procesos creativos en todo el globo (el ilustrador guineano Ramón Esono sigue en prisión) , así como los procesos de autocensura muchas veces motivados tanto por el mantenimiento de espacios de visibilidad y supuesto prestigio o por motivos económicos.

 

 

  • Una mirada política a los canales: no sólo señalando los sesgos eurocentristas de editoriales, medios de comunicación y canales de publicación, sino haciendo un llamamiento a la necesidad de crear nuevas plataformas de publicación desde el Sur y para el Sur, espacios de protección y difusión de lenguas minorizadas, multiplicación de centros lingüísticos. Thiong´o reconoce en editores, traductores y nuevos distribuidores culturales agentes de transformación social claves para el momento actual. La experiencia editorial de El perro y la rana podría ilustrar este punto.

 

  • Todas las lenguas maternas: resonando con el avance progresivo hacia una Declaración internacional de los derechos lingüísticos, se nos confronta con la pasividad internacional con la que asumimos como algo natural el hecho de que entre las lenguas oficiales de la ONU no haya ninguna lengua de origen africano. Ante esta geopolítica lingüística, Ngugi wa Thiong´o comparte sus propios recuerdos en relación al uso de las lenguas como herramientas de dominación colonial:

“Hablé también de casos de niños que eran castigados si se les descubría hablando en sus lenguas nativas. A menudo éramos azotados, o se nos colgaba al cuello una placa de metal con inscripciones como “Soy un estúpido” o “Soy un burro”. A veces se nos castigaba del siguiente modo: se nos llenaba la boca con bolas de papel recogidas de la papelera, y se iban pasando esas bolas de boca en boca hasta llegar al último de los infractores. Relacionar el uso de nuestra lengua con la humillación era la clave.”

  • Sesgo en los duelos: Una vez más, desde las propuestas de acción política que se enraízan en el internacionalismo y la interseccionalidad (“Y hoy, tanto las luchas obreras como los movimientos feministas, pacifistas y por los derechos de las minorías raciales forman parte de las fuerzas democráticas por el cambio”), se vuelve a dirigir la atención a los sesgos presentes en el reconocimiento y la vivencia de los duelos colectivos. ¿Cuál es “nuestro dolor” y cuál es el dolor “de los otros”? ¿Por qué nos duele menos? Ngugi wa Thiong´o en este punto es demoledor:

“El Holocausto judío vino precedido de un no menos importante holocausto negro; no conviene olvidarlo”

Las reacciones internacionales ante el reciente atentado en Egipto nos vuelven a despertar ante la realidad de nuestros propios sesgos.

 

 

Inspirada por la generosidad de Thiong´o y su fe en la capacidad de la cultura para crear justicia social siembro también aquí para terminar su visión y deseo:

“Podríamos establecer los cimientos de una cultura mundial que se basara realmente en todos los pueblos del mundo, con sus lenguas y experiencias propias, y que bebiera de ellas. Nuestro internacionalismo estaría verdaderamente fundamentado en todos los pueblos del planeta.”

 

 

Interdependencia, vulnerabilidad y nueva cultura política de izquierdas

Frente al sentimiento de impotencia interesadamente inducido por la actual crisis de Estado que atraviesa España, volvía estos días a Judith Butler con el fin de repensar con claridad, reubicar las intenciones desde las que parte toda política cultural transformadora y hacerme permeable a otras visiones de agencia política.

Nos contaba Butler en Marcos de guerra:

“Los marcos mediante los cuales concebimos la izquierda necesitan ser reformulados a la luz de las nuevas formas de violencia estatal, especialmente las que tratan de suspender los condicionamientos jurídicos en nombre de la soberanía o se inventan sistemas cuasi jurídicos en nombre de la seguridad nacional (…) Se hace necesario reorientar la política de la izquierda hacia una consideración de la precaridad como sitio real y prometedor para el intercambio coalicional.”

A través de las nociones de precaridad, entendida como “la condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte”, vida vulnerable y precaria o distribución diferencial del duelo, Butler lleva años señalando el  hecho de que las nuevas coaliciones políticas de corte transformador no fundarán su éxito en base a la suma y movilización de identidades fijas sino en base al reconocimiento de la vulnerabilidad común frente a la violencia, al reconocimiento de la verdadera transversalidad basada en la realidad de la dañabilidad intrínseca de toda vida. Este continuo de vulnerabilidad propuesto por Butler como horizonte para una izquierda del siglo XXI capaz de superar el lastre de la concepción rígida de la identidad y su acción política ya comprobada a nivel internacional que suele devenir en luchas de poder de cuotas identitarias o procesos de instrumentalización de movimientos sociales, nos obligaría a pensar en “ese sujeto que yo soy que está ligado al sujeto que no soy”, es decir, en la interdependencia como eje vertebrador de toda acción política.

Como afirma Butler:

“Lo que mantiene móvil una alianza es el continuado centrarnos en esas formaciones de poder que exceden la estricta definición de identidad aplicada a quienes están incluidos en dicha alianza.”

 

 

Entre las preguntas clave para las políticas culturales que compartiría con nosotros este enfoque estarían:

  • ¿Cómo se construye cultural y mediáticamente lo que es “digno de duelo”, vidas y daños susceptibles de ser llorados?
  • ¿Qué estamos dejando fuera de los marcos de reconocibilidad como vidas dignas de atención? Esta pregunta se tornaría urgente, por ejemplo, ante la impasibilidad internacional con la que estamos asistiendo al genocidio de la minoría rohingya en Birmania.
  • Si los marcos de guerra y las nuevas formas de violencia estatal se sostienen sobre la presentación selectiva del mundo y el control de las perspectivas así como sobre la anestesia afectiva respecto a según qué imágenes y sonidos, ¿qué vías alternativas de comunicación del sufrimiento que induzcan a la replicabilidad de las resistencias podrían articularse? ¿Cómo podríamos ampliar los focos y las perspectivas desde las que mirar la realidad? Vienen a mi cabeza tanto la iniciativa estadounidense Amplifier de socialización de diseños de resistencia, como todas las propuestas de cambio de mirada impulsadas desde los movimientos políticos de las personas con discapacidad (aquí una conversación más que interesante entre la activista por los derechos de las personas con discapacidad Sunaura Taylor y Judith Butler)

  • Si los actuales sistemas de violencia estatal están basados en la negación de la vulnerabilidad y el hecho real de que uno de los elementos constitutivos de toda vida es su capacidad de ser dañable, ¿qué propuestas podríamos implementar para hacer de los duelos herramientas de acción política? La iniciativa artística colombiana Cuerpos gramaticales (a la que pertenecen todas las fotografías de esta entrada) está explorando de nuevo estéticamente esta confrontación entre cuidado de lo vulnerable y violencia del Estado.
  • ¿Cuáles son las condiciones culturales que construyen la humanización y la ciudadanía?, ¿qué sería nuestro “fuera”?, ¿quiénes están ahí?, ¿quiénes cuentan como “quién”? ¿Cómo se podría avanzar, tal y como apunta el sociólogo Tariq Modood, no sólo hacia el reconocimiento de ciudadanía sino hacia la capacidad para debatir sobre los términos de dicho reconocimiento?
  • ¿Qué herramientas podríamos utilizar para no eliminar la complejidad de la esfera del debate político, para no deslizarnos hacia la dicotomía?

Si la nueva cultura política transformadora nos invita a “luchar contra esas nociones del sujeto político que suponen que la permeabilidad y la dañabilidad pueden ser monopolizadas en un lugar y rechazadas por completo en otro” en palabras de Butler, ¿cómo rompemos los marcos de enfrentamiento identitario dicotómico para ampliar nuestra acción hacia marcos de interdependencia?

 

Resistencia cultural frente a la nueva estetización del fascismo

Seguía estas últimas semanas los resultados de los procesos electorales europeos con preocupación creciente ante la progresiva entrada de los partidos fascistas en los parlamentos de Europa. Ante la pauta común del discurso anti-inmigración, la persecución de los refugiados y la islamofobia como elementos de movilización electoral, desde la República Checa se añadía, por si a estas alturas quedase algún fantasma del siglo XX sin resucitar, el discurso anti-gitano y la llamada a la persecución y demonización de los doce millones de ciudadanas y ciudadanos romaníes de la Unión Europea.

El hecho de que los partidos liberales se hayan apropiado de los programas de la ultra-derecha y hayan hecho suya su agenda, como el partido ultra-derechista y antisemita austriaco FPö ha repetido una y otra vez ante la victoria de Kurz (con quien formará gobierno), nos confrontan con los procesos que están construyendo la normalización social y cultural del nuevo fascismo europeo y con nuestra propia capacidad, tanto desde las relaciones culturales internacionales como desde el diseño de políticas públicas educativas y culturales para hacer frente a la permisividad del odio.

Haciendo un barrido mediático de la cobertura de los últimos procesos electorales, me frenó en seco el auge de artículos de formato “publi-reportaje de moda” (aquí un ejemplo de estetización del giro ultraderechista austriaco) que, obviando contextos, silenciando propuestas políticas e invisibilizando las consecuencias concretas (sobre los cuerpos concretos) de estas mismas políticas, están arropando estéticamente el discurso del odio europeo. Contribuyendo a enmascarar el fascismo de “mano dura” bajo el arquetipo masculino del tiburón de éxito neoliberal representado para el consumo masivo a través de la réplica estética del Christian Grey de 50 sombras, asistimos a una nueva vuelta de tuerca de la utilización del enmascaramiento propia del fascismo.

Ante esta construcción mediática de “embellecimiento del odio y la exclusión” recordé, por puro paralelismo, dos obras clave que en los últimos años ya alertaron y pusieron el foco sobre la necesaria resistencia ante la manipulación estética y comunicativa del odio.

Si por una parte Juan Mayorga en su obra Himmelweg (para mí en aquel montaje con un Pere Ponce que no olvidaré jamás) nos confronta con nuestra propia pasividad ante el modo en el que “nos construyen” los relatos y las imágenes de lo que realmente acontece así como nos obliga a cuestionarnos sobre el papel del arte y en concreto el teatro, ante la espectacularización creciente de la dominación, que maneja a su antojo la mirada del “público” y los procesos mediáticos de ocultamiento, recordé también el documental El último de los injustos que recoge una serie minuciosa de entrevistas de Claude Lanzmann a Benjamin Murmelstein, último presidente del Consejo Judío, encargado de las labores de “embellecimiento” del campo de concentración de Theresienstadt, uno de los campos modelo de enmascaramiento diseñados por el nazismo.

Ante el desolador comienzo “yo sobreviví porque tenía un cuento que contar que a ellos les interesaba” resulta de especial relevancia para el momento actual la reflexión realizada por Murmelstein acerca de la legitimación y normalización social y cultural  de la corrupción que, en su opinión, fue el caldo de cultivo propicio para la articulación de la tergiversación de la realidad necesaria para la ejecución de la “Solución Final”. Desde su punto de vista, la instauración de la simulación generalizada que permitía el sostenimiento de las grandes cadenas de corrupción en la jerarquía nazi, supuso el paso material previo que sostuvo la construcción cultural de la mentira y la negación propiciadas por el nazismo ante el genocidio judío, la perversión del lenguaje que lo arropó y la normalización del colapso de la experiencia directa de la realidad (me hizo recordar la huelga de “no cobrar” el “salario” de las “voluntarias para trabajar” que impulsó la superviviente antifascista Neus Catalá en Ravensbruck rompiendo la prostitución del lenguaje nazi reivindicándose como la prisionera real que era).

Si bien en los últimos años se han planteado a nivel internacional propuestas marco educativas para la prevención de la construcción cultural de chivos expiatorios, la deshumanización y la prevención del genocidio, especialmente a través de la Educación sobre el Holocausto y la promoción de la Educación para la Ciudadanía Mundial, me pregunto si el enfoque memorial de estas iniciativas no nos está impidiendo tomar consciencia de la urgencia del hoy.

La necesidad acuciante de formación de públicos críticos mediáticos, la nueva alfabetización informacional, especialmente la vinculada a los soportes audiovisuales, la desarticulación de la ya muy real y muy avanzada islamofobia en toda Europa, nuevos acercamientos de aprendizaje sobre cómo se legitimó el antisemitismo que nos permitan comprender claves para actuar en la prevención del odio hoy, la dotación de herramientas críticas frente a la manipulación del lenguaje, el desarbolamiento del cinismo cultural que legitima la corrupción y allana la manipulación autoritaria, la emergencia de articular nuevos mecanismos de protección de las minorías europeas ante el nuevo escenario político, así como la necesidad de contestar y contrarrestar estéticamente el embalaje con lazo en el que mediáticamente se están envolviendo los discursos del odio necesitan de toda nuestra inteligencia, entusiasmo y organización, no vinculados en exclusiva al sostenimiento de los procesos memoriales del pasado, sino al urgente HOY.

 

Régimen del 78, masculinidad franquista y violencia

La semana pasada, las últimas reflexiones compartidas por Ángela Davis en su conferencia en el CCCB de Barcelona, permitieron que, a modo de pequeños cristales que siguen unificándose para crear una estructura mayor, identificásemos, con mayor nitidez si cabe, como nuevo eje discursivo clave ante la crisis del régimen del 78 que estamos viviendo, la crisis estructural del modelo de masculinidad heredado del franquismo, hasta ahora institucionalmente intocado en España.

Si bien en su último libro, La libertad es una batalla constante, Davis ya apuntaba claramente en esta dirección:

“Deberíamos entender los vínculos entre la violencia pública y la privada o la privatizada”

“La violencia íntima no está desvinculada de la violencia estatal”

no fue sino hasta el momento en el que se permitió una digresión fundamental alrededor de los procesos de militarización de la policía a nivel global y su impacto sobre la re-militarización cultural de las masculinidades (naturalizar el hecho de que en cada hombre veamos un cuerpo para la lucha, un potencial soldado), que algunas vivencias generizadas de los últimos días relacionadas con el derecho a decidir en Catalunya pudieron leerse desde esta óptica.

En esta alerta repetida por todas las grandes intelectuales feministas internacionales acerca del nuevo proceso de legitimación cultural y simbólica de la masculinidad militarizada (y del que ya hemos hablado también aquí), se inscribirían, a modo de ejemplo sintomático, las invectivas recibidas por Maruja Torres por atreverse a señalar estos días, en mitad de la polarización identitaria, los peligros de hacer un pan como unas tortas contribuyendo de modo poco consciente desde la izquierda a reafirmar lógicas sacrificiales o modelos de obediencia grupal que tan bien le vienen en estos momentos al capitalismo. Podemos reírnos lo que queramos del barco de Piolín en el puerto de Barcelona, pero no convendría subestimar el papel que el mandato de la demostración de la hombría, dañada y sometida a burla pública a cuenta del esperpento ilustrado, haya podido jugar en la propia espectacularización de la brutalidad policial desplegada en Catalunya.

Dirigidos a la raíz aparecían de pronto los llamamientos al diálogo tanto de WILPF España como la invitación asamblearia de Aristofánicas, señalando como uno de los ejes centrales de la actual crisis de régimen el protagonismo de un modelo de masculinidad que creíamos en retroceso. La retirada esta semana de los baluartes del militarismo global, EEUU e Israel, de la UNESCO, ese espacio multilateral creado para impulsar las “mariconadas”  propias de la cultura de paz, la educación y la diversidad, reforzaba el contexto global en el que la crisis del modelo de masculinidad de la dictadura aún no contestado en España se amplía.

 

 

Desde una lectura de la crisis actual que se deje llevar por una visión épica y numérica de “las luchas que tocan”, corremos el riesgo de no escuchar o saber leer a tiempo otras acciones de corte más cualitativo que están señalando las costuras de género y silencio sobre las que se ha construido la legitimidad simbólica del régimen nacido tras la transición y que ahora se tambalea (costuras de género y silencio que empiezan a visibilizarse así).

Quienes en la imagen de hombres de 50 y 60 años bajo la lluvia de un día gris en Astorga sosteniendo una pancarta “Todos lo vivimos y ellos lo encubrieron” denunciando los abusos sexuales vividos décadas atrás en el seminario, vimos claramente la señal  de un gran iceberg de silencio que empezaba a derretirse, no podemos excluir en el llamamiento a la “interseccionalidad de las luchas” que tanto se oye repetir estos días, el grito para que incorporemos una lectura sobre la continuación acrítica de los modelos masculinos heredados del franquismo y que han vuelto a emerger en su faceta más violenta como de las sombras durante las últimas semanas, aunque en la prensa oficialista mostrasen su buena salud desde hace tiempo (como analizó Iñigo F. Lomana).

 

 

 

El nuevo auge del fascismo en España no puede desvincularse del silencio impuesto (y por tanto del desconocimiento generalizado por parte de las nuevas generaciones) sobre la violencia que el modelo de masculinidad militarizada y estatalizada del franquismo y postfranquismo ejerció sobre los propios hombres españoles, ya fuese en los múltiples casos de abusos sexuales a niños en la iglesia nacional-católica obviados por el Concordato, las redes organizadas de pederastia vinculadas al Régimen que a día de hoy siguen silenciándose y por estudiar, el modelo hegemónico de paternidad autoritaria (“aquí se hace lo que yo diga por mis santos cojones”) y la permisividad social ante el maltrato infantil que estará inscrito como una marca indeleble en el cuerpo de muchos de nuestros hombres, los casos de violencia, violaciones y suicidio tanto en el Ejército como en espacios educativos de inspiración religioso-castrense así como todas las humillaciones y vejaciones sufridas por los hombres que vivieron el franquismo vinculadas a la construcción cultural de la obediencia de las cadenas de mando y que se trasladó sin duda al campo de las relaciones laborales que, probablemente, encontraran una vía de alivio y escape a través de los altos índices de alcoholismo también altamente alentados durante la dictadura, por no salir de las zonas más evidentes de represión y que mayores “silencios y secretos de país” acumulan. ¿Dónde ha ido a parar todo este dolor acumulado?, ¿cuándo se verbalizó?

El llamamiento a poner en el centro de la lectura de la actual crisis del Régimen del 78  la propia crisis del modelo de masculinidad heredado de la dictadura que lo sustenta no es un tema periférico sino un eje central de las movilizaciones necesarias, también desde España, para frenar el proceso de remilitarización de la masculinidad en todo el globo que necesita la fase cada vez más feroz del neoliberalismo.

 

 

Patrimonio de la Humanidad contra el extractivismo: la candidatura de la dehesa

A pesar de que el trabajo previo lleva años fraguándose, la semana pasada se comunicó oficialmente la presentación de la candidatura conjunta de la dehesa y el montado portugués para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, en su vertiente de paisaje cultural, por parte de la UNESCO.

Junto a la alegría, personal e intransferible, que supone la mera existencia de una candidatura para la protección del patrimonio rural desde lo rural, y el progresivo avance tanto de la conceptualización como de la visión de las posibilidades que entraña el reconocimiento y cuidado de nuestros paisajes culturales, surgió pronto en mí el pellizco de la pena. Entre los 17 organismos que impulsan la candidatura, no hay ninguna organización que represente a la dehesa salmantina ni, por supuesto, Castilla y León tiene presencia alguna en la articulación de este proyecto para la salvaguarda de uno de los paisajes más representativos del sur de su comunidad. Junto al obvio diferente color político que gobierna en las dos comunidades, me resultó frustrante el hecho de que la dehesa más amenazada del territorio español, la del Campo Charro, sobre la que pende la próxima apertura de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, autorizada y justificada por la Junta de Castilla y León, quede fuera de las actuaciones de revalorización, protección y promoción que vendrán de la mano de la candidatura a la lista de Patrimonio.

Ilusa como soy a estas alturas del partido, me preguntaba si ningún Grupo de Acción Local salmantino, plataforma ciudadana, defensores del ecosistema de la dehesa o expertos políticos tanto en desarrollo rural como en cultura iban a tratar de hacer ver el contraste entre el lanzamiento de la candidatura de protección de la dehesa extremeña y la barra libre al extractivismo que está sufriendo el mismo paisaje cultural a pocos kilómetros de diferencia.

 

 

Si, como afirman Rocío Silva y Víctor Fernández en sus “Claves para el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO”

“Todos los paisajes poseen argumentos culturales, aunque estos no se hayan estructurado en un relato. La aceptación social de este relato es lo que los convierte en patrimoniales.”

me preguntaba qué espesor emocional y de reconocimiento guardamos ante esta forma sempiterna del medio rural español y cuánto de su olvido estará ligado tanto al olvido mayor que sufren las áreas de nuestro país con menores densidades demográficas como al desprecio de la España democrática, también la de izquierdas, a sus culturas rurales y su diversidad. Me preguntaba cuánto del relato asociado a la dehesa, durante tanto tiempo estereotipado y cañí, no sería puro y urbanísimo desconocimiento así como símbolo de la rendición de la izquierda post-78 para disputar “la Meseta” y su tejido simbólico-identitario.

Me resulta igualmente llamativo que en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la dehesa sí se señalen el incremento de la carga ganadera o el abuso de los productos químicos, pero no se haga mención explícita alguna a la presión extractiva y los intereses políticos que están poniendo en riesgo estos paisajes culturales protegidos y que han pasado ya de ser una amenaza latente a una realidad. Junto a ello, me sumo a la advertencia que están realizando diferentes estudiosos del sistema de la dehesa, referentes a no descuidar, frente al enaltecimiento de los valores naturales, la denuncia del actual descuido de la arquitectura vernácula presente en la dehesa española, por no hablar del estado calamitoso en el que se encuentra el patrimonio religioso, especialmente ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, ante la desatención de tirios y troyanos.

 

 

Quizá el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2012, con vigencia de 10 años (que no incluía de modo explícito mención alguna a la protección de la dehesa), debería incluir con urgencia en su identificación de riesgos la presión multinacional extractiva sobre el paisaje cultural español, así como las acciones preventivas de protección que desde el Instituto de Patrimonio podrían impulsarse cuando estas amenazas, como es el caso que sufre la dehesa salmantina, amenazan de modo flagrante el patrimonio de todos.

Para terminar, permitidme un último momento iluso: ¿no sería una alegría mayor que la candidatura de la dehesa extremeña y portuguesa pudiese servir para proteger a la dehesa salmantina de la cruz de mina que lleva encima? ¿Podría ver la UNESCO en la movilización de las comunidades locales para la protección de este riesgo, ahora que tienen un nuevo peso y protagonismo en sus protocolos de valoración, un elemento sustantivo para tomar, un poco más si cabe, la candidatura en cuenta?

 

Contra toda pureza: extremismo, fundamentalismo y derechos culturales de las mujeres

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la fotógrafa iraní Newsha Tavakolian)

La pasada semana se presentó el cuarto informe de la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, ampliando su informe anterior sobre el que ya hablamos en este espacio.

Junto a un detallado análisis terminológico y del marco legal internacional, el informe pretende ser, tal y como recoge en sus conclusiones, “una llamada de advertencia para nuestros tiempos. Nos enfrentamos a una avalancha de misoginia mundial que avanza en múltiples direcciones.”

Denunciando la extrema violencia que en todo el globo está impidiendo la protección del derecho a participar en la vida cultural, la libertad de la expresión artística, la libertad científica y el derecho a la educación de las mujeres, Karima Bennoune es tajante, “los derechos culturales de las mujeres no son un complemento de la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo; son un factor decisivo, sin el cual esta lucha no puede tener éxito”. Haciendo hincapié una vez más, en la línea de los informes anteriores de las dos relatoras, sobre el hecho de que el recorte en los derechos de las mujeres supone siempre una señal de alarma del avance social del extremismo y el fundamentalismo, hace un llamamiento a la desarticulación de los procesos de ingeniería cultural sobre los que se asientan. La reconfiguración de las culturas sobre cosmovisiones unívocas y rígidas, centradas en cualquier idea de pureza, la distorsión creciente del otro y la superioridad cultural y moral se identifican como ejes comunes sobre los que está avanzando el extremismo a nivel internacional.

IRAN. Mahmoudabad. Caspian Sea. 2011.

Particularmente interesante (dado que hasta la fecha no se había dado una referencia explícita) es la denuncia que se realiza en el informe, aún tímida pero importante, sobre los aspectos negativos de los modelos económicos dominantes sobre los derechos culturales de las mujeres, y el peligroso efecto que las medidas de austeridad han tenido sobre los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el derecho a la educación de las niñas. Los recortes en políticas culturales y educativas han alentado la proliferación de instituciones educativas privadas en todo el mundo, financiadas por movimientos fundamentalistas y extremismos religiosos, contrarios al avance de democracias culturales que fomenten la igualdad de género. Igualmente interesante, al hilo de la vulneración del derecho a la educación y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, es su análisis sobre la permisividad social creciente de los extremismos religiosos no violentos que “se están extendiendo en la corriente de pensamiento mayoritaria”, y que ilustra de modo inequívoco con la persecución que sufren las defensoras de los derechos reproductivos a manos del extremismo religioso cristiano en América Latina.

Invitando al debate sobre la discriminación que sufren las mujeres a nivel internacional para ejercer sus derechos religiosos especialmente asociados al acceso al liderazgo religioso o espiritual, se comparten también en el informe experiencias feministas muy interesantes para el avance del laicismo como medida de protección de mujeres y minorías, como es el caso de Secularism is a Women´s Issue.

 

 

En la imposición de purezas que acompaña a todo extremismo, se llama la atención sobre un punto ante el que existe una permisividad social alarmante. Es el hecho de invisibilizar la aportación cultural de las mujeres: “los fundamentalistas culturales a menudo tratan de eliminar la cultura de las mujeres y el carácter sincrético de la cultura y la religión, y acabar con la diversidad cultural”. El grado extremo que suponen los asesinatos a mujeres artistas en la esfera internacional (especialmente en el campo de las artes escénicas) no debería relajarnos ante procesos de violencia de menor intensidad basados en la invisibilización, apropiación y deslegitimación de las aportaciones culturales de las mujeres presentes en nuestro día a día.

La aportación que en este informe supone la conceptualización de la cultura de la vergüenza y el análisis de sus procesos de construcción social desde los extremismos, marca una interesante hoja de ruta para el diseño de políticas culturales contrahegemónicas que desarticulen la difamación, ridículo, ostracismo e impulso de policía moral que acompañan el auge de todo extremismo.

Recogiendo las palabras de Bennoune en su conclusión:

“Los derechos culturales de las mujeres, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos, son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las mujeres, el respeto de su diversidad cultural, la universalidad y la igualdad”

celebro junto a ella la danza valiente de Sheema Kermani en Sehwan días después de un brutal atentado terrorista.

Derecho a la tierra y cultura

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, “Wheatfield”, que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?

 

 

Derecho a crear y capacidades

 

Este verano conocí el trabajo realizado por la diseñadora centroamericana Isabella Springmühl. Isabella ha participado con su propia firma como creadora invitada en la Semana de la Moda de Londres, apostando por una colección que pone en el centro el cuidado a la diversidad corporal. Isabella Springmühl que, como explica ella misma “ha roto su propio paradigma”, es una mujer con síndrome de down.

Hizo que recordara el trabajo reciente de Anna Vives en la creación de un nuevo diseño tipográfico (“las letras de Anna”) que se extendió rápidamente llegando hasta la camiseta de Iniesta y la moto de Jorge Lorenzo, en la capacidad que tiene –a veces…- el deporte para amplificar valores que importan.

Más allá de los casos de gran y merecido éxito, en un nivel más cotidiano de protección del derecho a crear sin discriminación, me pregunto qué políticas culturales estamos desarrollando en España para garantizarlo. La focalización de los programas de creación en las grandes ciudades, la dependencia de dichos programas de organizaciones no gubernamentales y la consabida tiranía de la búsqueda de financiadores, el hecho de que las acciones de patrocinio y RSC que acompañan muchos de estos proyectos impongan a veces por intereses de comunicación y marca un sesgo de edad a favor de acciones sobre infancia y discapacidad desatendiendo los programas para personas mayores, el foco político (cuando existe…) en las acciones de acceso como público sin peso en las políticas de creación, la “desprofesionalización” de su formación cuando se da, son algunos de los elementos a los que se enfrentan cada día los creadores de capacidades diversas. Llama la atención también que todo lo relativo al día a día de las personas con discapacidad se englobe en el campo de las políticas de servicios sociales como si el resto de Ministerios o Consejerías pudiese desentenderse de la protección a la diversidad de la población española en cada una de sus acciones políticas, o como si la vulneración de los derechos culturales en nuestro país no fuese un tema propio del sector de la cultura.

 

 

Experiencias exitosas como Debajo del Sombrero, la compañía teatral Paladio Arte o tímidos avances como la programación en la anterior temporada por parte del Centro Dramático Nacional de la obra protagonizada por personas con discapacidad intelectual “Cáscaras Vacías”, no suplen la necesidad de programas públicos estatales de apoyo a la creación en la diversidad. Quienes somos familiares de personas con discapacidad soñamos con programas como el inglés UNLIMITED apoyado por el Arts Council England y con apoyo a la financiación desde el sistema de loterías que, entre otras acciones, está promoviendo un cambio de narrativa de lo más empoderador: “No les necesitamos, nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

El derecho humano a no tener que recibir siempre, a reivindicar la capacidad de dar y aportar al mundo la propia mirada, voz, creatividad y talento requieren políticas sensibles al acceso a la creación. Al fin y al cabo, no todas tendremos el talento de la escultora Judith Scott, pero queremos intentarlo.

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.