Del silencio atronador: cultura y bebés robados en España

“Madres e hijas”, Adriana Lestido.

Hace unos años, Susan Sontag, en su aclamado ensayo “Ante el dolor de los demás” detenía su atención por un momento precisamente sobre aquellas grandes vivencias históricas de sufrimiento del siglo XX que no habían sido elegidas socialmente para la reflexión (por ejemplo, la desmemoria colectiva y la niebla que se cernía sobre “la violación de ochenta mil chinas en 1937, la llamada Masacre de Nanjing o la de unas ciento treinta mil mujeres y niñas –entre las que diez mil se suicidaron- por parte de los soldados soviéticos victoriosos cuando fueron desatados por sus comandantes en Berlín en 1945”), grandes áreas de sombra atravesadas, entre otros, por el género, sobre las que no quedan apenas rastros fotográficos o cobertura periodística, poniendo el foco sobre la construcción de esta elección de los sufrimientos que colectivamente importan.

Recordaba su lucidez al preguntarse metódica y políticamente sobre el silencio y la ausencia de mirada ante determinados dolores sociales al leer la noticia esta semana sobre la posibilidad abierta de iniciar un Pacto de Estado en España contra la impunidad de los casos de bebés robados y adopciones ilegales, a petición de las asociaciones de afectadas.

Desde una perspectiva comparada, sería interesante preguntarnos por qué en España las 100.000 desapariciones forzadas cuantificadas por las asociaciones de bebés robados apenas han tenido eco sobre nuestro imaginario colectivo desde la Transición hasta la actualidad (ni en las críticas al Régimen del 78 tienen prácticamente presencia “las madres españolas”), no han logrado interpelar la sensibilidad de autores, creadores… y por qué este trauma colectivo español en el que se engarzan interseccional y simbólicamente las diferentes facetas de la dominación (por clase social, género,nivel educativo, edad, distribución diferencial de la credibilidad, construcción de la estigmatización apoyada en criterios legales, médicos y psiquiátricos – no olvidemos que muchas de las madres biológicas que se atrevieron a hablar tuvieron que hacer frente a diagnósticos “oficiales” de locura-) sigue en el limbo de lo que no nos moviliza colectivamente.

Llama poderosamente la atención que la poquísima actividad creadora vinculada a esta temática haya sido amparada, lejos de posiciones más amplias y críticas, por Telecinco con la producción hace años de una miniserie o el grupo Atresmedia con la publicación en Planeta tanto de las novelas “Mientras pueda pensarte” de Inma Chacón o “Mientras duró tu ausencia” del principal abogado de la causa de los bebés robados en España, Enrique Vila Torres. Al margen de la más reciente “Tuyo es el mañana” de Pablo Martín Sánchez en Acantilado, la literatura española apenas se ha acercado al tema, siendo en el ensayo más general sobre la represión de las mujeres durante la dictadura en el que ha encontrado más eco, por ejemplo en “Las desterradas hijas de Eva” de Consuelo García del Cid y su interesante diálogo posterior con el colectivo artístico Generando Arte.

De igual manera, es sintomático que los pocos documentales alrededor de una de las vulneraciones de derechos humanos más graves vividas en nuestro país y aún activa en plena democracia, hayan sido producidos, financiados y presentados fuera de España (excepto “Ladrones de vidas. Niños robados en la comunidad valenciana”), tanto en el caso de “¿Dónde estás” Les enfants volés” emitido en la televisión francesa o “La herencia de Franco: los niños robados de España” de la documentalista alemana Inga Bremer, financiado en parte por el canal europeo Arte. ¿No deberían ser programados también en la televisión pública española ahora que se empezará a hablar sobre el Pacto de Estado?

Hablaba antes de la necesidad de incorporar una perspectiva cultural comparada sobre este silencio atronador de la cultura española dada la amplísima experiencia del espacio cultural iberoamericano alrededor de la movilización social y cultural relativa a la reivindicación del “derecho a la identidad”.

Quizá en iniciativas culturales tan consolidadas como el “Teatro por la Identidad” argentino y todo el desborde gráfico, el trabajo de ilustradores, la replicabilidad de programaciones, etc., encontrásemos un espejo colectivo en el que tomar consciencia del abandono emocional cultural al que estamos condenando por omisión a las madres españolas víctimas del robo institucionalizado de sus hijos.

Afirmaba la portavoz de los colectivos que han impulsado la petición del Pacto de Estado, Inés Madrigal,  hace unos meses en el Congreso de los Diputados, que el Estado Español tenía una deuda moral que afrontar con su historia más reciente. Quería dejar al hilo de sus palabras abierta la pregunta aquí: ¿por qué este trauma de país no nos ha interpelado colectivamente, no ha encontrado aún abrigo cultural y no hemos sido capaces de abrazar con nuestra creatividad, generadora de visibilidad, procesos críticos y reconocimiento social, a las madres españolas que aún están buscando a sus hijos?

Retos actuales de los derechos culturales en España

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“Reafirmando que los derechos humanos son universales,

indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son,

al igual que los otros derechos humanos, expresión y exigencia

de la dignidad humana”

Declaración de Friburgo

 

Cuando, desde Europa, hablamos de derechos culturales, de modo inconsciente tendemos a asimilarlos con el campo de la cooperación al desarrollo y más concretamente con la defensa de los derechos de los grupos minoritarios y los pueblos indígenas y su derecho a la protección de sus lenguas, territorios y acceso a los recursos naturales. No es menos cierto que, dentro del campo de los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, son estos últimos los que, hasta la fecha, han recibido una menor atención. Sin embargo, ya nos alertaba el sociólogo Alain Touraine en una entrevista allá por el lejano año 2000: “Actualmente, el tema fundamental es la defensa de los derechos culturales. Es el principal punto de la agenda en un mundo de consumo de masas, de comunicación de masas, donde el poder social no se limita más al poder político sino que se ha extendido al poder económico y ahora al poder cultural con los mass media. El asunto de los derechos culturales es central.”

Si, como han señalado desde la ciencia política, los derechos civiles y políticos estarían asociados a la libertad, los derechos económicos y sociales llevarían a la práctica el principio de igualdad, la fraternidad no se entendería sin el respeto de los derechos culturales.

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¿En qué situación se encuentra el respeto a los derechos culturales en España? Más allá de los tres grandes campos recogidos en el artículo 15 del Pacto Internacional por los derechos económicos, sociales y culturales: la participación en la vida cultural, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y la protección de los derechos de autor que ya nos obligarían a analizar, entre otras cosas, los medios de apoyo y financieros que está destinando el Estado español para garantizar su cumplimiento, me gustaría detenerme un poco más en las propuestas detalladas recogidas en la Declaración de Friburgo y las preguntas que me suscita.

  • En relación a la disponibilidad de bienes y servicios culturales: ¿están nuestros espacios disponibles para la ciudadanía?, nuestros centros culturales, bibliotecas, museos, eventos, ¿para qué USOS están disponibles?, ¿bajo qué formatos de gestión?, ¿los horarios actuales disminuyen o aumentan esta disponibilidad?, ¿existen protocolos de acceso?, ¿quién los ha diseñado?, ¿estos espacios son netamente públicos?, en el caso de que no sea así, ¿eso ha aumentado o ha disminuido los índices de disponibilidad? ¿Hay espacios infrautilizados?
  • En relación a la accesibilidad: ¿se está discriminando a algún colectivo por motivos de raza, sexo, idioma, religión, convicciones políticas, ascendencia, origen nacional o étnico, origen o condición social o lugar de nacimiento? En nuestras políticas culturales ¿nos estamos planteando quién, por motivos de horario, movilidad, diversidad funcional, renta, edad… se queda fuera? ¿En los proyectos culturales el análisis de la accesibilidad tiene un carácter transversal? ¿Se está garantizando a día de hoy por igual el acceso a la cultura en el medio rural español que en el medio urbano? ¿Hemos sopesado el impacto que la creciente privatización de los servicios culturales tiene sobre las rentas más bajas? ¿Hemos desarrollado indicadores para medir la accesibilidad cultural?

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  • En relación con el respeto a nuestra propia diversidad: ¿Cómo se relaciona España con la herencia cultural gitana?, ¿tenemos acceso abierto a su acervo cultural?, ¿se respeta la lengua caló?, ¿el pueblo gitano actualmente tiene reconocidos los mismos derechos culturales? ¿Se está respetando el derecho de las personas migrantes al mantenimiento de su identidad cultural?, ¿y a su acceso a los bienes, servicios e instituciones culturales? ¿Se está respetando la pluralidad religiosa en nuestro país o se priman unas manifestaciones religiosas por encima del resto? ¿Qué papel le da España actualmente a la diversidad de su pasado cultural? ¿Qué relación mantiene con su propia tradición musulmana y judía? ¿Se está respetando el derecho de petición de la nacionalidad española de la población sefardita? ¿Bajo qué circunstancias y en qué condiciones? ¿Cuál ha sido el relato de España en relación a su pasado colonial? ¿Se ha procedido a la escucha e incorporación del relato de los países colonizados y está presente en nuestro sistema educativo en toda su complejidad y profundidad? ¿Cuál es el papel de nuestro país en relación con su historia común con Filipinas, Sahara y Guinea? ¿Se reconoce este acervo cultural, tiene un espacio, se ha reconocido su presencia y nuestra responsabilidad? ¿Se respeta y protege la riqueza lingüística en nuestro país? ¿Qué medidas de protección ha tomado España respecto al aragonés y al asturleonés, reconocidas como lenguas en peligro de extinción por la UNESCO? ¿Qué papel juegan las lenguas signadas en España?

 

  • En sintonía con “el derecho a recibir una información libre y pluralista que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su identidad cultural”, ¿se siguen manteniendo tópicos en nuestros medios de comunicación? El tratamiento de la información, ¿privilegia a unos colectivos sobre otros, unas áreas geográficas sobre otras, unas lenguas sobre otras?

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  • En nuestra política exterior, especialmente en política comercial a través del papel de las multinacionales españolas ¿estamos teniendo en cuenta los derechos culturales de los pueblos?, ¿cómo se sitúa España respecto a los actuales genocidios culturales que circundan a Europa?, ¿qué tipo de relaciones mantienen el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sobre qué temas? ¿Qué presupuesto destina España a la cooperación cultural y qué criterios sigue en dicha cooperación? ¿Se respeta en España la justiciabilidad de los derechos culturales y existen políticas de reparación adecuadas?
  • En relación a los derechos de los profesionales de la cultura: llevando la atención de modo específico a la situación laboral y económica del sector cultural en España, ¿se están respetando sus derechos laborales?, ¿qué papel ha tenido la negociación colectiva en el reconocimiento de los derechos del sector?, ¿existen ramas sindicales o sindicatos propios para los profesionales de la cultura?, ¿existen convenios colectivos específicos por áreas?, ¿existe un Estatuto del Artista?, ¿qué papel está jugando la contratación pública para el reconocimiento y el respeto de los derechos del sector?, ¿quiénes han sido hasta el momento los interlocutores de la cultura con rango de oficialidad en el ámbito de las instituciones?, ¿hay algún sector que no esté representado? En el ámbito fiscal y de protección económica, ¿se tienen en cuenta las especificidades de los bienes y servicios culturales, más allá de su valor comercial?

A bote pronto, éstas son las preguntas que me asaltan respecto a los retos actuales en materia de derechos culturales en nuestro país y las principales líneas de acción que se derivan de ellos, junto al necesario diálogo con las políticas educativas y las relacionadas con el derecho a la libertad de expresión.