Responsabilidad empresarial en materia de derechos culturales

 

(Texto escrito como editorial para la Fundació Interarts, mayo de 2023)

Si prefieres leerlo en catalán, en este enlace, ¡gracias!

 

Aprovechando la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea y la celebración de la próxima Cumbre UE-CELAC durante el mes de julio, sería un buen momento para plantearnos tanto desde las políticas culturales como desde el mundo de la cooperación qué papel queremos desempeñar en el despliegue eficaz de la agenda de trabajo sobre empresas y derechos humanos en este marco multilateral.

Desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, especialmente a través del mandato de sus procedimientos especiales en materia de derechos culturales, derecho al desarrollo y el grupo de trabajo especializado en Empresas y Derechos Humanos, se están articulando desde hace tiempo procesos de diálogo multiactor y con la sociedad civil que tratan de incidir sobre el impulso de legislaciones nacionales más eficaces con regímenes de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos.

Más allá de la difusión y la aplicación efectiva de los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quizá haya llegado el momento de plantearnos desde las políticas culturales, especialmente desde Europa y mayoritariamente las vinculadas al desarrollo, cómo podemos contribuir a la renovación de dichos Principios para incorporar una nueva sensibilidad hacia la dimensión cultural del desarrollo, un mayor protagonismo de la protección de los derechos culturales frente a la acción empresarial, así como una implementación de la perspectiva de género más eficaz al incorporar una mirada interseccional tanto en los procesos de consulta previa como en las acciones de reparación empresarial efectiva.

Si bien las acciones de incidencia a favor del impulso de una Ley de Debida Diligencia en España cuentan ya con un largo recorrido de negociación, una sólida propuesta técnica y han logrado aglutinar a gran parte de la sociedad civil vinculada a la temática bajo el paraguas de la Plataforma por Empresas Responsables, no es menos cierto que el sector de las políticas culturales en general y de la cooperación cultural en particular no ha tenido un papel protagonista ni ha formado parte del llamamiento a la acción ante la ausencia de un marco legislativo en materia de derechos humanos y medioambientales de nuestra acción empresarial como país en el exterior. Tampoco la protección de los derechos culturales está siendo un eje de atención o movilización en el impulso de la Ley, lo que supone un vacío especialmente relevante y potencialmente lesivo en el marco de las relaciones comerciales y de inversión entre la Unión Europea y América Latina. Existe ya casuística y documentación suficiente sobre procesos de vulneración de los derechos culturales de los pueblos indígenas, los derechos lingüísticos de las comunidades en procesos de consulta previa o reparación, así como situaciones de expolio cultural realizadas por empresas transnacionales europeas, como para estar en alerta ante el olvido o minimización de esta dimensión específica de los derechos humanos.

Las últimas aportaciones realizadas tanto por Interarts como Fundación, así como por miembros de su equipo a los Informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, “Derechos culturales y desarrollo sostenible”, “Gobernanza del desarrollo y derechos culturales” así como el reciente informe sobre “Instituciones financieras de desarrollo y derechos humanos”, están tratando de superar el actual vacío existente en la identificación, medición y protección de los impactos de la acción empresarial vinculada al desarrollo sobre los derechos culturales así como promoviendo la creación de nuevas capacidades en el ecosistema de la medición y la inversión de impacto para el desarrollo de una nueva mirada más sensible a la dimensión cultural de los derechos humanos.

Esperemos, por tanto, que el marco propicio de la próxima Cumbre UE-CELAC sea definitivo para la adopción del enfoque basado en derechos humanos en toda la actividad empresarial y de inversión, que la dimensión de los derechos culturales esté presente en el diálogo multilateral y que el compromiso español con la legislación de Debida Diligencia en materia ambiental y de derechos humanos encuentre en este escenario su oportunidad para mostrarse al mundo. Así lo esperamos.

 

Estefanía Rodero, vocal del Patronato de la Fundación Interarts

 

——————————————-

  1. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, Naciones Unidas.
  2. Plataforma por Empresas Responsables.
  3. A/77/290 Development and cultural rights: the principles
  4. Call for inputs for the Working Group’s report on development finance institutions and human rights

Jornada professional de presentació del nou Pla Director de #BibliotequesBCN2030, 27 de febrero

(Aquí puedes descargar el Pla Director Biblioteques de Barcelona 2030)

(Aquí puedes ver el video del Acto de presentación del Pla Director 2030)

 

El próximo 27 de febrero de 9:30 a 13:30 horas, en la Biblioteca Jaume Fuster tendrá lugar la Jornada Profesional Biblioteques de Barcelona 2030: dret a la lectura, a l’accés a la informació i al coneixement; foment de les pràctiques creatives i de la participació comunitària.

Para participar es necesaria la inscripción previa, que puedes realizar aquí.

Replico aquí el programa de la Jornada. Para ampliar la información y acceder al documento de trabajo, visita la web de las Biblioteques de Barcelona.

Gracias a todo el equipo humano y a todas las profesionales de Biblioteques BCN que han impulsado y construído este proceso de reflexión, por la suerte de haber podido participar, desde el respeto a la dignidad de cada persona que protegen siempre los derechos culturales, en esta visión de un futuro más abierto y cálidamente cercano.

(Si quieres recordar la sesión sobre Equidad y cohesión social desde una perspectiva de derechos culturales, aquí la tienes. En el canal de Youtube de Bibliotecas de Barcelona están todas las sesiones).

 

PROGRAMA:

9.30 a 10 h – Obertura portes / acreditacions

10 a 10.30 h – Benvinguda i parlaments institucionals:

10.35 a 11.40 h – Debat entre els especialistes i ponents que van participar en les sessions participatives d’elaboració del pla:

Nicolás Barbieri, professor, Universitat Oberta de Catalunya
Nil Barutel, gestor cultural, Institut de Cultura de Barcelona i Associació Riborquestra; investigador, Universitat Pompeu Fabra

Pau Llonch, músic, educador, escriptor, economista i activista; impulsor del projecte Versembrant.

Gemma Lluch, catedràtica departament de Filologia Catalana, Universitat de València; especialista en lectura, discurs oral i escrit, entorn digital i literatura infantil i juvenil.

Antoni Garrell, enginyer, exdirector general FUNDIT-ESDi; especialista en gestió i en economia del coneixement

Estefanía Rodero, sociòloga de la cultura; especialista en gènere i polítiques d’igualtat, i emprenedoria social i cultural

11:45 h a 12:45 h – Conferència, a càrrec d’Elisabet Roselló. Fundadora de Postfuturear i investigadora cultural especialitzada en tendències i transformacions socials i culturals, innovació sostenible i estudis de futurs.

12:55 h a 13:10 h – Tancament, a càrrec de Daniel Granados. Músic, productor i investigador cultural. Delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona

 

Bibliodiversidad

 

Como disfruté muchísimo leyendo de un tirón este libro y me gustaría sembrar aquí una semilla para lograr su edición en castellano, comparto mi lectura y reflexión por si nos fortalece o inspira.

“Bibliodiversity. A manifesto for independent publishing” de la escritora y editora australiana Susan Hawthorne, al frente de la editorial feminista Spinifex es un manifiesto rotundo desde el mundo del libro y la lectura frente a los monocultivos de la mente, tal y como los nombra su también admirada Vandana Shiva, en quien se apoya en ocasiones para tender puentes de pensamiento fecundos entre la defensa de la biodiversidad y la defensa de entornos editoriales que promuevan el libro y el discurso “justos”, sirviendo también como publicación de referencia para conocer el trabajo de la Alianza Internacional de Editores Independientes.

Desde el reconocimiento inicial de la dificultad histórica que tanto las mujeres como las personas creadoras procedentes de pueblos colonizados y esclavizados u otros colectivos oprimidos han tenido para acceder a la palabra impresa, a la difusión de su propia voz e ideas en el mundo editorial, se pone de manifiesto el peligro real que la actual concentración editorial internacional supone tanto para la salud de nuestras democracias como para la defensa de la libertad de expresión en términos de equidad. Frente al riesgo que supone la conversión de la literatura en particular y el mundo del libro en general en una simple commodity, se pone de manifiesto la obviedad de que lo original, arriesgado, inventivo, creador de horizontes que marcará a las siguientes generaciones por tener algo nuevo y relevante que decir depende de la salud de un ecosistema editorial independiente. Ecosistema que se caracteriza, además, por su compromiso local, por un “habitar” cercano que nutre y se nutre del conocimiento situado y lo refuerza.

Desde la definición de la edición independiente como aquella que no recibe dinero o apoyo ni económico ni de ningún tipo de instituciones como partidos políticos, organizaciones religiosas, universidades…que marquen las decisiones editoriales, que determinen el programa editorial a desarrollar en base al control económico, Susan Hawthorne va más allá:

  • La edición independiente se caracterizaría por su habilidad para promover el debate sobre la importancia de la bibliodiversidad en la esfera pública, como un elemento constructor de democracia.
  • Hablaríamos en términos de ecosistema de la edición independiente, teniendo en cuenta la interdependencia de todos los actores implicados en el mundo del libro y la lectura, desde la creación, el papel que desempeñan las librerías y distribuidoras independientes, el importante rol de las bibliotecas para la salvaguarda y promoción de la bibliodiversidad, el diálogo con organizaciones locales y sectoriales vinculadas al mundo del libro…
  • La defensa de la bibliodiversidad viene marcada también, como el resto de políticas culturales basadas en un enfoque de derechos humanos, por el diálogo local-global, el establecimiento de conversaciones y redes internacionales, pero especialmente por la constitución de alianzas con otras editoriales independientes para la promoción de las co-ediciones y la traducción como ejercicio político y de justicia social de primera magnitud.

 

 

  • Desde el reconocimiento de la centralidad de la búsqueda de la originalidad, las nuevas voces, la palabra relevante que transforma que identifica al ecosistema de la edición independiente, Susan Hawthorne subraya el peligro de obviar la realidad: el hecho de estar operando en un mercado, en un entorno cargado políticamente que necesita nuestros ojos abiertos. Editar es una actividad social, cultural y transformadora que siempre corre el riesgo de ser cooptada.
  • Frente a procesos de homogeneización e infantilización mundiales que contribuyen tanto a rebajar las expectativas lectoras como a sofocar el cuestionamiento político o imaginativo del poder, a través de la reproducción en serie de “lo normal” (cada vez que leo “lo normal” recuerdo este poema de la poeta argentina Susy Shock), “lo no marcado”, Hawthorne subraya la correlación entre estas fórmulas editoriales y procesos de dominación históricos como el racismo basados precisamente en el dominio de “lo no marcado”, “lo que no es lo otro”.
  • Desde su experiencia de décadas como editora feminista, para Hawthorne no hay duda: un elemento esencial de la bibliodiversidad es el feminismo, poniendo el foco sobre un eje central. La feminización mundial de la pobreza tiene un impacto lacerante sobre la libertad de discurso de las mujeres, su posibilidad de hablar libremente y acceder a que su discurso sea escuchado. Así se impulsa el concepto “fair speech” para considerar con seriedad los efectos del silenciamiento y comprometerse en el impulso de un ecosistema del libro justo, en el que se promueva la escucha o la lectura de todas las voces socialmente expulsadas hacia los márgenes. Así, el libro justo, el discurso justo y el comercio justo del libro serían ejes centrales de un ecosistema del libro basado en los derechos humanos (son muy interesantes los ejemplos que utiliza Hawthorne para denunciar las prácticas comerciales abusivas del Norte global vinculadas al libro como el dumping editorial o las donaciones encubiertas como estrategias neocoloniales que ahogan el impulso de estrategias editoriales y de conocimiento locales y en lengua materna, por ejemplo)

Apoyándose tanto en la conceptualización feminista del conocimiento situado como en la definición del investigador ugandés Paul Wangoola de multiversidad, que tienen en cuenta el lugar y el contexto de quien conoce, poniendo en valor tanto el conocimiento local como a las personas conocedoras, respetando los conocimientos nacidos desde la experiencia y no sólo a través de la investigación y el estudio, Susan Hawthorne es tajante: la salud de un sistema ecosocial puede medirse por la salud de su industria editorial y su bibliodiversidad, por el rango de voces variadas que pueden escucharse. Así, desde el reconocimiento, una vez más (las que hagan falta) de que “los universales estéticos” tienden a trabajar contra los miembros más desfavorecidos de una sociedad, las posturas multiversalistas reconocen un mundo en el que la existencia de múltiples formas de conocimiento alternativas son importantes para el conocimiento humano en su conjunto.

 

Particularmente interesante me ha resultado su reflexión sobre la importancia que la protección de los derechos morales de las creadoras juega en el ecosistema de la edición independiente, dado que muchas veces, dado el carácter de las resistencias al poder que encarnan y al que dan voz, tienen que hacer frente no sólo a campañas de difamación sino a estrategias de distorsión (de su imagen, sus palabras) e invisibilización o apropiación de sus ideas y discursos (la luz de gas como violencia económica y política). Desde la consciencia de que la producción de la bibliodiversidad ha habitado tradicionalmente los márgenes (sociales, políticos, geográficos, lingüísticos) el hecho de poner el foco sobre la defensa de la integridad moral de las autoras es estratégico en términos de profundización democrática.

 

Así, el manifiesto culmina con la defensa de un ecosistema editorial independiente orgánico, no sólo que tenga en cuenta con responsabilidad las conexiones entre medio ambiente y acción editorial, sino que tome conciencia de que los mismos procesos de concentración empresarial mundial, expansión del monocultivo y silenciamiento de alternativas que se han vivenciado en otras esferas, como la agroindustria mundial, encuentran su correlato en el ámbito cultural en organizaciones e instituciones favorecedoras de los “monocultivos de la mente”. Así la protección de la bibliodiversidad supondría en último término la defensa de la equidad de expresión sin la que no se puede hablar, si queremos hacerlo en serio, de democracia.

 

Lectura muy recomendable, ¡ojalá una traducción (o varias) pronto!

 

Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia

(Todas las imágenes son obras de Magda Sayeg)

Esta reflexión se compartió en la Jornada Repensar las políticas culturales locales que se celebró en Valladolid el 9 de mayo de 2019.

Si no te apetece leer, puedes ver o escuchar la intervención en este enlace. ¡Que sume! (que falta nos hace, compañeros, que falta nos hace…)

 

Más allá de las identidades: articulación local-global del sector cultural para la profundización democrática

La política cultural local está viviendo un momento clave. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, que tiene su reflejo en una nueva narrativa que entiende la política cultural desde un enfoque de derechos humanos.

La política cultural local está reivindicando para sí misma el protagonismo que tiene como constructora de democracia de proximidad y como promotora de una de las facetas indivisibles de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Desde lo local en los últimos años nos estamos dando cuenta de lo estratégico que resulta para la profundización democrática sintonizarnos con los debates y el marco normativo cultural internacional, que ha recogido de un modo más rápido y sensible las aportaciones recientes de las ciencias sociales, por ejemplo, la libre elección de la identidad cultural, la importancia de la protección de la disidencia cultural y su impacto sobre la innovación social, la noción de diáspora y los criterios culturales de descendencia o la dimensión culturales de los espacios naturales y los territorios. Nos ayuda también a resituar la importancia de los derechos culturales para la salud democrática de un país, obligándonos a llevar el foco a la vinculación de los derechos culturales con la economía de la credibilidad, es decir, con el modo en que una sociedad configura la palabra que cuenta, lo visible, lo audible, el relato legítimo y que puede, por tanto, reforzar procesos más amplios de desigualdad.

Esta armonización local-global en España se traduce en una ampliación de los campos de intervención de la política cultural local y en una actualización del debate sobre qué entendemos por democracia cultural.

Así, en un repaso muy rápido, hemos encontrado inspiración desde lo local en el nuevo constitucionalismo iberoamericano que hizo de los derechos culturales un eje central de transformación social; en el impulso que ha supuesto la Agenda 21 de la Cultura y la red global que demanda un mayor protagonismo de las ciudades como interlocutoras internacionales; en la actualidad, en las propuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel que ha de jugar la cultura para su cumplimiento, sin olvidar tanto las Declaraciones sobre Diversidad de la UNESCO como el trabajo de los diez últimos años de las relatoras de derechos culturales de la ONU, especialmente para la protección de los derechos culturales de las mujeres y la protección del derecho a la disidencia. Menciono aparte, por lo difícil que me resulta entender lo mucho que desaprovechamos la mención explícita a la economía social de la cultura, la Carta cultural iberoamericana, y que nos da un paraguas de actuación para la política cultural local más abierto aún a procesos comunitarios. Bajo este marco, la política cultural local se redimensiona, sabiendo que es en el nivel local donde estas propuestas se hacen reales, medibles, tangibles.

 

 

Políticas culturales locales y nueva agenda de derechos

Se entiende, por tanto, que desde este reconocimiento de la política cultural local desde un enfoque de derechos humanos podemos política y sectorialmente ser punta de lanza para la apertura de una nueva agenda de derechos, saliendo del riesgo de posiciones defensivas o reactivas, generando desde lo local contrapesos a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos viviendo.

Tendremos que hacer un nuevo énfasis sobre el acceso igualitario a la producción artística, pero haciendo mucho más hincapié en el acceso a los canales de distribución y exhibición desde criterios más democráticos y plurales, así como tomarnos más en serio la articulación de políticas de comunicación locales y nuestro modo de plasmar en lo local el derecho a la información.

Sabiendo que avanzamos hacia el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, desde lo local tendremos que preguntarnos cómo vamos a proteger los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza o los de las generaciones futuras. Cómo impacta sobre nuestro patrimonio inmaterial local (gastronomía, artesanía) la generalización de los tratados de libre comercio, cómo vamos a prepararnos para la protección de la creación colectiva, la autoría colectiva (mucho más trabajada en los contextos relacionados con los pueblos indígenas) ante procesos de extractivismo multinacional en el sector cultural ante los que el mundo rural español está especialmente desprotegido, como nos muestran los casos tanto del pleito de los municipios de Vilariño de Conso y Viana do Bolo contra Dolce & Gabanna por plagio o el reto que supone el reconocimiento de la dehesa castellana y extremeña como paisaje cultural de la UNESCO frente al extractivismo minero que amenaza, por ejemplo, el Campo Charro.

Desde lo local también tendremos que concretar mucho más la protección de los derechos lingüísticos y el reflejo de su diversidad, no sólo de las lenguas oficiales, sino de las que están en riesgo de extinción, como el astur-leonés o los derechos lingüísticos de la ciudadanía migrante, especialmente en las segundas y terceras generaciones ante el riesgo de perder en muchos casos las lenguas maternas de sus padres.

 

Ministerio de las Culturas, Ley de Derechos Culturales, 1% presupuestario: la democracia cultural en la conversación internacional como inspiración para lo local

Por eso, en esta armonización local-global que estamos desgranando, más allá del reparto competencial, podemos encontrar horizontes de resonancia e ir condensando otras propuestas de política pública, por ejemplo:

1.- Desde la innovación institucional pública en el ámbito cultural:

¿Cómo podríamos reflejar en lo local el espíritu, por ejemplo, de la creación del Ministerio de las Culturas chileno? ¿Podría ser una apuesta para agrietar la herencia centralista de las políticas culturales españolas?, ¿qué juego podría darnos este tipo de innovación en la institucionalidad cultural para hacer emerger y socializar nuestra propia historia de diversidad cultural, cuestionando relatos mayores en los que se inserta? (el peso en Castilla y León, por ejemplo, del relato cultural imperial)

2.- Desde la vertiente económica y la dotación presupuestaria:

Qué correlato podría tener en lo local, por ejemplo, las movilizaciones internacionales del sector cultural alrededor de la reivindicación del 1% del PIB para la cultura recomendado por la UNESCO, que ha sido una propuesta que ha hecho suya el activismo cultural de base (por ejemplo en Bolivia a través del Colectivo Telartes o en la campaña #ActForCulture ante las elecciones europeas) y a la que en España no hemos hecho demasiado caso.

3.- Desde el avance legislativo:

Cómo impulsar, acompañar desde lo local la creación de nuevas leyes de derechos culturales, que en España ha tenido su primer hito en Navarra, recogiendo experiencias previas de Cartas municipales de derechos culturales como la de Barcelona o leyes de acceso a la cultura como la del País Vasco. Supone un hecho muy importante en España, no sólo por el reflejo que pueda tener en otros espacios autonómicos o en el avance hacia una ley estatal en la próxima legislatura, sino por el marco de acción para la política cultural de proximidad que promueve:

  • Desde la definición de política cultural pública como aquella (y yo añadiría “y sólo aquella”) que defiende el valor de la cultura como bien común.
  • Por el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural y la necesidad de articular desde todos los niveles competenciales medidas de protección para trabajadoras y emprendedoras de las industrias cultural y creativa.
  • La exigencia de medidas fiscales específicas para el trabajo cultural y la creación de fondos e instrumentos de crédito, apostando por la economía social de la cultura.
  • El protagonismo que da a la función de los mediadores culturales y artísticos.
  • Y dos líneas que pueden ser claves para las políticas culturales locales especialmente de la España vaciada:
    • La participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, ante el riesgo de parquetematización y presión turística.
    • La incorporación ya en una ley en España que reconoce el derecho al patrimonio como un derecho humano, frente al riesgo de expolio y las redes internacionales de mercado negro de arte.

 

Políticas culturales locales frente a los discursos del odio

Quería terminar como empecé, desde este cambio de visión para unas políticas culturales en clave de derechos humanos, teniendo en cuenta también el llamamiento a la acción del sector cultural que se ha lanzado en toda Europa frente al auge de los discursos del odio, apuntando a algunas cuestiones que se pueden abordar desde la política cultural local:

La cultura puede mejor que ningún otro campo, cortocircuitar la creación de “la Otredad”, del “Otro amenazador” creando espacios de acercamiento a lo que conocemos menos, vinculados a climas afectivos diferentes al miedo o la sospecha, como pueden ser la alegría, lo festivo, el placer de descubrir.

Desde la política cultural local tendremos que detenernos con mayor profundidad a analizar qué imaginarios y horizontes aspiracionales reforzamos con nuestra programación desde lo público, siempre teniendo en cuenta que no somos los únicos que estamos actuando en la creación de dichos imaginarios:

  • ¿Qué fechas conmemorativas reforzamos?
  • ¿Qué “traumas y glorias locales” designamos como significativos y cuáles no?
  • ¿Cuáles son nuestras culturas de honor y reconocimiento locales y especialmente qué régimen de mirada imponen: qué se invisibiliza y excluye del “nosotros” local?
  • Importante también en este punto el análisis de nuestros lutos públicos y la definición de lo que consideramos llorable.

Todos estos temas son fundamentales por el papel que juega en el auge de los discursos del odio el enfrentamiento sobre la herencia, la autoctonía y la ancestralidad. Por tanto, nuestra política cultural local, ¿qué imaginarios y horizontes aspiracionales refuerza por activa o por pasiva?

Hago hincapié en ello porque cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural, parece que nos centráramos exclusivamente en el acceso al consumo cultural y dejásemos a un lado lo más importante: el derecho a participar en la construcción de sentido.

También el refuerzo, frente al auge del odio, de dos acciones en la política cultural local:

  • El impulso de acciones de diplomacia cultural local.
  • La transversalidad de lo cultural en toda la política local. Pongo siempre de ejemplo en este punto, el reflejo que tuvo en la Carta de derechos y compromisos culturales de Barcelona el derecho a respetar la diversidad de las tradiciones funerarias. Pues bien, eso también es política cultural.

Por último, dado que los discursos del odio tienden a expresiones simplificadoras o limitadoras de la identidad cultural y que todos los estudios sobre el auge del extremismo señalan a los climas de impotencia como su principal caldo de cultivo, medidas de política cultural local que refuercen el sentido de agencia, transformaciones que se vean, palpables y que hayan nacido en la comunidad, que tengan como fin el refuerzo de esa vivencia personal.

Por todo ello, creo que la armonización local-global tiene un sentido estratégico para la profundización democrática en España y confiere al ámbito local un protagonismo clave en la defensa desde la cultura de los derechos humanos.

 

El siglo de la diversidad (¿Hacia dónde vamos? El Correo Vasco)

 

Este artículo se escribió gracias a la invitación de El Correo Vasco y para su sección ¿Hacia dónde vamos? enfocada en la reflexión común sobre nuevos horizontes de acción y construcción de futuros posibles. Se publicó el domingo 25 de noviembre de 2018.

Ha querido la vida que hoy, día post-elecciones andaluzas, este texto aterrice en este espacio. Vaya dedicado por tanto a quienes levantan los olivos.

 

Hace unos meses escuché afirmar con rotundidad al maestro en políticas culturales recientemente fallecido, Eduard Miralles, que la diversidad sería para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX. Nos animaba así a sumar a la libertad, la igualdad y la fraternidad, la diversidad que, según él,  faltaba para que las tres anteriores fuesen realmente ciertas. Frente a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos afrontando y que se sostiene especialmente sobre el odio a las mujeres y las niñas y la presión sobre las minorías de todo signo, propongo, a modo de construcción de un horizonte común, que concentremos nuestra mirada en la agenda de derechos por conquistar que nos corresponde colectivamente alcanzar en este siglo.

Apoyándonos en el calendario de trabajo de la próxima década tanto en el seno de Naciones Unidas como de la UNESCO y dándole la razón al sociólogo Alain Touraine que afirmó hace unos años categórico “la lucha social de hoy es por los derechos culturales”, en la conversación global empezaremos a escuchar con más fuerza algunos de los siguientes temas:

  • El cambio hacia un nuevo paradigma cultural sustentado en la interdependencia y la protección de la vulnerabilidad como ejes de profundización de nuestras democracias que está impulsando el feminismo en todo el globo frente al actual modelo cultural en descomposición del “homo economicus” que subyace bajo el modelo económico global (el héroe irreal sin vínculos hecho a sí mismo que jamás se cansa ni enferma, envejece o muere y, por tanto, ni forma parte de la Naturaleza ni necesita afecto o cuidado)

 

  • Frente a la idolatría tecnológica, cobrará fuerza la necesidad de rehumanizar nuestros sistemas educativos para prevenir el riesgo creciente de incitación al odio, construcción cultural de chivos expiatorios y extremismo global. En esta labor de rehumanización inclusiva se seguirá poniendo en cuestión la actual exclusión en nuestros libros de texto y nuestros cánones sociales de conocimiento tanto del legado cultural de las mujeres como de las minorías así como nuestra ceguera colectiva ante nuestra propia historia de diversidad cultural.

 

  • Asistiremos cada vez con más fuerza a la reivindicación tanto de las mujeres como de todas las minorías de su derecho a participar en la creación de la vida cultural en condiciones de igualdad, no sólo en el campo de las artes y las ciencias, no sólo en consideración a su dimensión como audiencias o públicos, sino a través de su derecho de acceso a la creación artística, la igualdad de condiciones en la distribución y exhibición de sus obras y el reconocimiento económico de su trabajo. Jugará un papel estratégico global, como lleva años mostrándonos la maestra Maider Maraña, la conquista del derecho a identificar y definir qué consideramos como “patrimonio de los pueblos” y las acciones colectivas que desplegaremos para que toda la riqueza de nuestra diversidad cultural (la creación de las mujeres, las culturas campesinas y obreras, las culturas migrantes) se vea reflejada y forme parte de lo que celebramos como Patrimonio de la Humanidad.

 

  • Frente al canto de cisne de los liderazgos de la crueldad, el modelo regresivo actual, emergerán nuevos liderazgos culturales que pondrán en cuestión la sostenibilidad del modelo de masculinidad militarizada y heroica. Desde los campos activistas, por ejemplo, de la diversidad funcional o la diversidad mental se nos obligará a incorporar a la conversación social la necesidad de articular políticas públicas, también políticas públicas culturales, que afronten la necesidad de reconstrucción del lazo social, la realidad del dolor afectivo en nuestras sociedades y la prevención de la soledad como pandemia de este siglo, como hemos visto en la reciente creación del Ministerio de la Soledad en Reino Unido y ante la que tanta labor de prevención y articulación comunitaria puede desplegar la acción cultural.

 

  • El reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, especialmente los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras será una de las exigencias impostergables de este siglo. Afrontaremos, por ejemplo, sin duda, diversas iniciativas para impulsar una nueva Declaración de la UNESCO que dé mayor protagonismo a la protección de los derechos lingüísticos y la salvaguarda de las lenguas minorizadas, como ya avanzó todo el trabajo desarrollado por el Protocolo de Donostia.

 

  • Afrontaremos un reto decisivo alrededor del reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano, sobre el que descansa no sólo la protección de nuestras culturas rurales y todo el legado patrimonial de nuestros conocimientos campesinos y de montaña, sino también la necesidad urgente de proteger a las defensoras ambientales que están sufriendo niveles inenarrables de violencia en todo el globo.

 

Por todo ello, la realidad en los próximos años nos exigirá desarrollar una mirada abarcadora que tenga en la inclusión uno de sus pilares fundamentales y se ampare en la humildad para reconocer que sólo la diversidad protegerá nuestras democracias.

 

 

Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad

 

(Artículo escrito para el número de despedida de la Revista Pueblos que puedes leer aquí)

Allá por el año 1980, la publicación de la UNESCO “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocida como Informe McBride, que pretendió generar alternativas a las desigualdades comunicativas globales para promover así una cultura de paz, ya alertó sobre el hecho de que los medios de comunicación funcionaban de facto como instrumentos de poder claves para perpetuar la desigualdad económica global,  la estandarización de contenidos y fuentes de información sería imparable si no se articulaban con urgencia medidas de protección que garantizasen el acceso a canales informativos múltiples y que cada vez se hacía más urgente impulsar la elaboración de un código de ética periodística mundial.

Desde este Espíritu McBride (que sería tan interesante impulsar de nuevo dentro de las actuales negociaciones del Tratado vinculante de la ONU sobre Transnacionales y derechos humanos), que en su momento provocó tanto el silenciamiento y ostracismo de Sean McBride como la salida de la UNESCO de los EEUU de Reagan, ofendido por la defensa de la diversidad mediática global, me gustaría concentrarme, por su urgencia para el presente, en la naturaleza del derecho al acceso a la comunicación como un derecho humano.

Si tenemos en cuenta el papel central que juegan los medios de comunicación como creadores y transmisores de cultura, es obvio pensar que, entre otras aristas, no existe protección del derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad sin que la comunicación esté al alcance de todos en términos de dignidad humana y no discriminación, así como dentro de marcos legales que protejan el derecho a la identidad cultural, uno de cuyos elementos más evidentes sería la protección de la diversidad lingüística.

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante para la creación de climas de respeto o persecución, entre otros, de los derechos culturales y de las minorías, dada su capacidad para construir y legitimar visiones del mundo y redes de significado que definen “lo que realmente existe”, “lo que deviene real” merced a su acceso a la representación y la visibilidad.

El derecho a la comunicación como derecho humano no se centra por tanto tan sólo en el derecho a recibir información, en la protección de la pluralidad de lo recibido, sino en la capacidad generadora de esa misma información. Sin tener acceso a los instrumentos a través de los cuales se construye el sentido, se identifica lo que es relevante y no, lo que participa en el desarrollo y evolución de valores y conductas plausibles y en general a las herramientas por las que se construye “la realidad que se ve” (y por lo tanto que definen también las zonas de silencio y sombra) no se puede hablar en ningún caso de respeto a los derechos humanos.

Desde esta mirada a los medios de comunicación como legitimadores de discursos y conductas y constructores de “la voz pública”, la definición de quién tiene derecho a hablar y quién queda relegado del derecho a la palabra, sería urgente llevar nuestra mirada crítica tanto para el corto como para el medio plazo hacia lo que Dolores Juliano ha denominado los “criterios de credibilidad”. Como afirma Dolores Juliano, “los sectores que tienen mayor poder monopolizan a su favor el supuesto de veracidad (…) Se da así una correlación directa entre poder y credibilidad”, por la que los sectores con mayor acceso al poder y por tanto con mayor control mediático, logran presentar sus intereses como algo objetivo y universal.

 

 

Si queremos atender al llamamiento a la reciprocidad en el intercambio de información que reclamaba el Informe McBride es fundamental que atendamos, por tanto, a la construcción social de la credibilidad y al acceso a la comunicación como un elemento constructor de soberanía llevando nuestra atención y análisis hacia:

  1. La producción mediática de la ausencia y la inexistencia, como ha señalado Boaventura de Sousa en su identificación de cómo se construye “la alternativa no creíble de lo que existe”, siempre en términos de alguno de estos 5 ejes: lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local/particular y lo improductivo. El vacío informativo, por ejemplo, de la realidad rural e interior de España podría ilustrar de modo elocuente este punto.
  2. La exotización cultural como forma de simplificación y silenciamiento, dado que, si como afirmaba Fanon “en la posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder”, la condena a ser hablados y esencializados impide cualquier discurso contextualizado y en primera persona. Los suplementos de viajes de los grandes grupos mediáticos en España, que desgajan los destinos de cualquier marco contextual ejemplifican este eje.
  3. La dimensión lingüística de la credibilidad, dado que todo lo que queda fuera del “globish” como lo ha bautizado François Jullien, será desacreditado como perversión de lo universal que, obviamente, ha de nombrarse en la lengua de los centros económicos de poder.
  4. El desarrollo de una nueva sensibilidad hacia los privilegios epistémicos atendiendo a los conocimientos denegados como tales, a las razones por las que se deslegitiman esos conocimientos y a quienes los poseen y a la identificación de los intereses económicos que subyacen en la validación del conocimiento. Toda la gama de expertos presentes en medios de comunicación y sus criterios de selección, así como el papel legitimador que juegan para afianzar el paradigma de los rankings del conocimiento mundial nos sirven de ejemplo.
  5. La invisibilización de la posición desde la que se habla y el control de la perspectiva y campo de la percepción como mecanismos legitimadores del poder. La naturalización del lugar de enunciación como si fuese un espacio de neutralidad aséptica, y que contribuye a negar las tensiones y luchas por el acceso a la enunciación y al papel que juega para lograr imponer interpretaciones válidas para todos los miembros de una sociedad.
  6. La homogeneidad presente en los espacios de “respetabilidad de la palabra” y de “construcción de prestigio” (en su vertiente económica, social y cultural) así como la imposición de genealogías intelectuales y de referencialidad que apuntalan la voz válida y que ayudan a construir pertenencias: eres de los nuestros si te referencias en los nuestros.
  7. ¿Qué climas emocionales necesitamos generar para que un determinado discurso sea eficaz y creíble? Resulta muy interesante analizar las estrategias emocionales que suelen seguirse para deslegitimar las voces críticas en los medios de comunicación (estrategias que pueden llegar a ser mortíferas como estamos viendo en la persecución a defensoras de derechos humanos en toda América Latina):
    • Infantilización de quien comunica.
    • Degradación y ridiculización espectacularizante.
    • Utilización de clichés para fines como los que apunta Santiago Alba Rico: “el cliché no degrada al otro solo para dominarlo más fácilmente sino para exonerar al vencedor de toda responsabilidad”
    • Utilización de la vergüenza y la estigmatización como herramienta de silenciamiento público.

Es por todo ello por lo que debemos seguir enmarcando el derecho a la comunicación como derecho humano y eje central para la soberanía real de los pueblos ya que como afirma Achille Mbembe los medios de comunicación tienen capacidad “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”, y por tanto la falta de acceso a los mismos es una forma de violencia que retroalimenta al resto, definiendo qué vidas importan y qué muertes no.

 

Desplazar el centro: la lucha por las libertades culturales

 

“En lugar de imponerse sobre el mundo, se impregnarán de él.”

Ngugi wa Thiong´o

 

Me refugiaba estos días, como en mi propia casa, en la lectura del libro del escritor y comparatista literario Ngugi wa Thiong´o “Desplazar el centro. La lucha por las libertades culturales” que ha editado Rayo Verde en castellano (muy hermoso el colofón final de la edición “La voluntad de los libros de ensayo de Rayo Verde es la de desplazar el centro. Mirar el mundo desde la perspectiva de las personas sin poder, mostrar la historia que no se explica.”)

Me resultaban particularmente sugestivos para el momento actual cinco ejes repetidos a lo largo del conjunto de artículos que componen el ensayo:

  • Desplazar el centro como vía de acción política: no sólo desde la visión crítica del canon occidental que se otorgó a sí mismo el título de “centro del universo” y que permea toda nuestra formación intelectual sino  también desplazar el centro dentro de las dinámicas de poder de cada nación promoviendo la proliferación de una multiplicidad de centros descentrados. La necesidad de esta vía de acción, desde la lectura de Thiong´o vendría sustentada por la urgencia de reclamar nuestro derecho a la autodefinición y la autorrepresentación desde nuestros propios centros. No se trataría en exclusiva de reivindicar nuestro derecho a darle nombre al mundo, sino también de arrojar luz sobre la violencia que supone el hecho de ser definidos por otros, desde sus centros y prejuicios. Aportando un ejemplo demoledor basado en la lectura de Karen Blixen (Isak Dinesen), nos confronta con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de representar la realidad y promover determinadas visiones del mundo, señalando con ejemplos en ocasiones muy dolorosos, los efectos psicológicamente destructivos que tiene la exposición reiterada a ciertas representaciones.

  • El papel de los intelectuales: desde su extensa labor creativa y académica desde un departamento de Literaturas comparadas (comparatistas del mundo, ¡uníos!), y con un compromiso inamovible con el papel que ha de jugar la cultura y en especial la literatura a favor de la justicia social, Ngugi wa Thiong´o nos plantea:

 

“¿Qué riegan los intelectuales? ¿Para quién escribe el escritor?(…) ¿Para él la realidad puede cambiarse o es inmutable? Presentar una realidad estática o atrapada en un bucle inalterable, es sucumbir a la desesperanza (…) Al fin y al cabo, los escritores que presentan realidades mutables están diciendo a los que ostentan el poder que también su momento, tarde o temprano, quedará atrás.”

 

El llamamiento a la responsabilidad vuelve a ser central, sin obviar el análisis del silencio de los intelectuales tanto africanos como europeos ante la vulneración de los derechos humanos en general y en particular ante la persecución de creadores y procesos creativos en todo el globo (el ilustrador guineano Ramón Esono sigue en prisión) , así como los procesos de autocensura muchas veces motivados tanto por el mantenimiento de espacios de visibilidad y supuesto prestigio o por motivos económicos.

 

 

  • Una mirada política a los canales: no sólo señalando los sesgos eurocentristas de editoriales, medios de comunicación y canales de publicación, sino haciendo un llamamiento a la necesidad de crear nuevas plataformas de publicación desde el Sur y para el Sur, espacios de protección y difusión de lenguas minorizadas, multiplicación de centros lingüísticos. Thiong´o reconoce en editores, traductores y nuevos distribuidores culturales agentes de transformación social claves para el momento actual. La experiencia editorial de El perro y la rana podría ilustrar este punto.

 

  • Todas las lenguas maternas: resonando con el avance progresivo hacia una Declaración internacional de los derechos lingüísticos, se nos confronta con la pasividad internacional con la que asumimos como algo natural el hecho de que entre las lenguas oficiales de la ONU no haya ninguna lengua de origen africano. Ante esta geopolítica lingüística, Ngugi wa Thiong´o comparte sus propios recuerdos en relación al uso de las lenguas como herramientas de dominación colonial:

“Hablé también de casos de niños que eran castigados si se les descubría hablando en sus lenguas nativas. A menudo éramos azotados, o se nos colgaba al cuello una placa de metal con inscripciones como “Soy un estúpido” o “Soy un burro”. A veces se nos castigaba del siguiente modo: se nos llenaba la boca con bolas de papel recogidas de la papelera, y se iban pasando esas bolas de boca en boca hasta llegar al último de los infractores. Relacionar el uso de nuestra lengua con la humillación era la clave.”

  • Sesgo en los duelos: Una vez más, desde las propuestas de acción política que se enraízan en el internacionalismo y la interseccionalidad (“Y hoy, tanto las luchas obreras como los movimientos feministas, pacifistas y por los derechos de las minorías raciales forman parte de las fuerzas democráticas por el cambio”), se vuelve a dirigir la atención a los sesgos presentes en el reconocimiento y la vivencia de los duelos colectivos. ¿Cuál es “nuestro dolor” y cuál es el dolor “de los otros”? ¿Por qué nos duele menos? Ngugi wa Thiong´o en este punto es demoledor:

“El Holocausto judío vino precedido de un no menos importante holocausto negro; no conviene olvidarlo”

Las reacciones internacionales ante el reciente atentado en Egipto nos vuelven a despertar ante la realidad de nuestros propios sesgos.

 

 

Inspirada por la generosidad de Thiong´o y su fe en la capacidad de la cultura para crear justicia social siembro también aquí para terminar su visión y deseo:

“Podríamos establecer los cimientos de una cultura mundial que se basara realmente en todos los pueblos del mundo, con sus lenguas y experiencias propias, y que bebiera de ellas. Nuestro internacionalismo estaría verdaderamente fundamentado en todos los pueblos del planeta.”

 

 

Todas las lenguas maternas: protección de los derechos lingüísticos en España

4644117221_62cc39809f_o

Cuando en España se habla de diversidad lingüística, el electoralismo suele entrar en escena como elefante en cacharrería, impidiendo el sosiego necesario para hacer llegar a la opinión pública la percepción de toda la belleza y riqueza de lo que realmente se está hablando, la herencia que se transmite en cada lengua materna. No me refiero sólo al reconocimiento de facto de la oficialidad de las lenguas en la Constitución o los Estatutos de Autonomía de nuestro país, sino a la obviedad de que más allá de medidas simbólicas, las lenguas minorizadas necesitan acciones de protección efectiva para sobrevivir.

Según datos de la UNESCO, más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo pueden desaparecer en las próximas generaciones, no sólo amenazadas por el fallecimiento de sus últimos hablantes, como en el caso de muchas lenguas indígenas, sino por la persistencia de políticas culturales neoliberales que ven en la protección de la diversidad lingüística, como estamos viendo en Europa con las negociaciones del TTIP o el CETA, un freno al paradigma del “Libre Comercio”.

La falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos ha dejado este otoño un ejemplo paradigmático en Castilla y León. Mientras el astur-leonés (junto al aragonés) ya ha sido incluído en el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro y a pesar de que España ha ratificado tanto la Declaración por la Diversidad Cultural como las Convenciones de protección del patrimonio inmaterial y la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias, la Junta de Castilla y León se ha negado una vez más, desoyendo tanto al Procurador del Común como a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años protegiendo este patrimonio lingüístico en riesgo, a desarrollar el art. 5.2 del Estatuto de Autonomía que reconoce la importancia de la diversidad lingüística en Castilla y León.

9341991434_5d7dbd3982_k

Estamos hablando, por tanto, del reiterado incumplimiento y negación por parte de las instituciones españolas (también con fricciones importantes relacionadas con la política lingüística en Aragón) de la legislación internacional de protección de los derechos lingüísticos, mucho más en aquellos casos en los que el peligro de desaparición de las lenguas va asociado a la pervivencia del mundo rural bajo la amenaza permanente de la despoblación. Cuando hablamos de estas formas “sutiles” de epistemicidio rural, una no puede dejar de recordar como símbolo extremo la belleza del planteamiento lingüístico sobre el quechua mostrado en la oscarizada película peruana “La teta asustada”.

Ante la pervivencia de modelos de política cultural en nuestro país que no se detienen a reflexionar sobre la vulnerabilidad de lo minoritario, sobre el incuestionable papel como protectores públicos y promotores de la pervivencia de este patrimonio inmaterial que deberían estar protagonizando las instituciones públicas, es urgente cambiar el paradigma de actuación de las políticas culturales de nuestro país hacia la defensa de los derechos lingüísticos en todos los territorios y la protección de su diversidad.

Esta misma semana se presentará en Donostia la propuesta de aprobación de un Protocolo de Garantía de los Derechos Lingüísticos, que pondrá de nuevo en el centro de la agenda mediática la necesidad de protección de las lenguas minorizadas, el papel que dicha protección puede jugar como elemento de construcción de paz y dimensión de los derechos humanos, así como contribuirá a aumentar la sensibilidad y conocimiento por parte de la sociedad en su conjunto de la riqueza que aporta la diversidad lingüística en nuestro país. Medidas de comunicación como el proyecto Idiomas en Peligro, impulsado por la Alianza para la diversidad lingüística, o el apoyo económico estratégico a todas las medidas de defensa de la bibliodiversidad que impulsen desde el mundo editorial la presencia y permanencia de lenguas minorizadas, se muestran absolutamente esenciales para divulgar con mayor impacto el conocimiento de nuestros derechos lingüísticos.