Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio

 

“Es tan sencillo pasar por alto el dolor del otro.”

Elaine Scarry

“Nadie define el nosotros en solitario”

Carolin Emcke

 

Con la crueldad política del cierre de los puertos italianos en portada a las más de seiscientas personas refugiadas necesitadas, en primer lugar, del más elemental de los derechos al reconocimiento de la humanidad común, quería la coincidencia que estuviese leyendo Contra el odio de Carolin Emcke.

En la misma dirección de otros libros de emergencia como fueron Identidades asesinas de Amin Maalouf o Identidad y violencia de Amartya Sen, la filósofa alemana se ha sentado a escribir con la urgencia sentida ante las explosiones sociales de odio vividas en su país (aunque no sólo) frente a la llegada de refugiados. Ante la constatación de la permisividad y normalidad con la que estamos asistiendo al crecimiento del clima de fanatismo en toda Europa, aporta Emcke en este libro algunos conceptos que me resultan interesantes y útiles para ampliar nuestra mirada.

  • Retórica para la transformación social: en la línea de grandes lingüistas y comparatistas literarios y como cada vez que el fantasma del fascismo vuelve a entrar en escena, Emcke pone en el centro la necesidad de afianzar nuestras capacidades críticas colectivas frente a los usos del lenguaje y las narrativas del odio. Humanistas y lingüistas aparecen como actores clave para protagonizar esta labor de prevención colectiva (no en balde, la UNESCO usa un eslogan en la misma dirección en todas sus campañas de educación contra el antisemitismo: “El Holocausto empezó en las palabras”)

Dice Emcke:

“Observar el funcionamiento del odio siempre implica señalar en qué casos habría sido posible hacer otra cosa, cuándo alguien podría haber tomado otra decisión, en qué circunstancias alguien podría haber intervenido, cuándo alguien podría haber renunciado. Analizar las estrategias retóricas, las metáforas y demás imágenes que generan y canalizan el odio entraña siempre la determinación de mostrar aquellos puntos del entramado narrativo por donde el odio y la violencia pueden ser interrumpidos y socavados.”

Si según Didier Eribon, en cita de Emcke, los grupos y entornos especialmente proclives al fanatismo y el racismo son aquellos que construyen su cohesión alrededor de su sentimiento de impotencia frente a la realidad social, es obvio el papel incendiario que pueden desempeñar determinados modelos de comunicación para reforzar dicha sensación colectiva de impotencia.

 

  • Muy interesante, y no por mil veces repetido deja de ser una emergencia, es la llamada hacia nuestra capacidad colectiva de detectar e intervenir sobre los actuales Regímenes de mirada por los que solo vemos a los individuos como representantes de colectivos, “en bloque” (“están viendo a unas personas asustadas, pero no perciben el miedo ni a las personas”):

“No ser visto ni reconocido, ser invisible para los demás, es la forma de desprecio más esencial. Los invisibles, los que no son percibidos en la sociedad, no pertenecen a ningún nosotros.”

“¿Qué tipo de afectos promueven esa forma de mirar que hace que unos sean visibles y otros invisibles? ¿Qué ideas alimentan esa actitud que anula o enmascara a los demás? ¿Quién o qué conforma esa actitud? ¿Cómo se transmite? ¿Qué relatos históricos sustentan esos regímenes de miradas que distorsionan y ocultan a las personas? ¿En qué marco se fijan los patrones interpretativos según los cuales determinadas personas son catalogadas como invisibles e insignificantes o como amenazantes y peligrosas?”

 

 

  • Una nueva dimensión del “odio espectáculo”: Nos llama Emcke a no pasar por alto, si bien fruto de una larguísima herencia histórica, la necesidad de articular medidas de resistencia civil ante las nuevas escenificaciones del odio “que se dirige contra unas víctimas que no pueden negarse a participar en una escenificación que los denigra”. Entiende como parte de esta escenificación (no sólo con la viralidad de las redes al fondo) aquella caja de resonancia necesaria formada a base de silencio que reafirma las prácticas cotidianas de exclusión que recuerdan a las víctimas del odio el hecho de que su vulnerabilidad puede ser atacada arbitrariamente por cualquiera y en cualquier momento. Emcke nos llama a reflexionar como sociedad sobre el hecho de que el odio no necesita una base ni un pretexto real, le basta con la proyección y fabrica su propio objeto a medida. ¿Qué estrategias de cortafuegos podemos desarrollar como sociedad frente a ello?

 

  • Su apuesta por el desarrollo de una nueva cultura política del error y la duda me ha resultado inspiradora:

“Para los representantes políticos, reconocer posibles errores en su forma de pensar y de actuar es tan elemental como para los medios de comunicación y los miembros de la sociedad civil.”

No sólo aboga Carolin Emcke por el reconocimiento y visibilización de los errores en sí, como medida contrapuesta a la seguridad total y certeza absoluta que necesita el odio, sino a la clarificación de nuestras perspectivas, a nuestra capacidad de crítica de nuestros propios esquemas perceptivos que pueden estar equivocados en mil formas diferentes y no sólo por tiempo y lugar y al reconocimiento de los límites de nuestros propios cánones de conocimiento que imposibilitan en muchas ocasiones el reconocimiento de la diversidad (“la resistencia civil contra el odio también implica, a mi modo de ver, reconquistar los espacios de la imaginación”)

 

 

  • Me interesa especialmente, aunque está tratado de un modo muy somero en el libro, la identificación de una tendencia creciente en toda Europa (y que se ha visto de un modo terrible en los ataques al memorial de Auschwitz en Polonia): la utilización por parte de los partidos neofascistas de las instituciones culturales, especialmente las vinculadas a las políticas de patrimonio, para la construcción de un concepto de identidad nacional con carácter sustancial y basado en la exclusión. Creo que es un tema que habría que abordar con urgencia en este 2018, Año Europeo del Patrimonio.

 

Cierro mi lectura urgente de un libro de emergencia con una de sus reflexiones finales, el hecho de que “nadie define el nosotros en solitario”, el nuevo llamamiento al reconocimiento urgente de nuestra interdependencia y su hermosa manera de nombrarlo para este final: “existir en plural”.

 

 

 

La voz legítima: feminismo y derechos culturales

(Gracias a Pikara Magazine por publicar una versión resumida de este artículo.)

 

(Ilustraciones de Mercedes deBellard con fuente de Silvia Fernández)

(Lo que vas a leer fue contado primero de viva voz y con alegría gracias a la invitación de la Universidad de Aguascalientes a su IV Cátedra en Arte y Cultura celebrada en el Instituto de México en España)

Los procesos de deslegitimación de la palabra pública de las mujeres que hemos vivido en las últimas semanas en España me llevaban a reflexionar sobre la urgencia de consolidar una nueva narrativa de los derechos culturales en nuestro país desde una perspectiva feminista, identificando cinco grandes desafíos a los que nuestras políticas culturales – en interrelación con las políticas económicas, sociales y ambientales- tendrán que dar respuesta tanto en el presente más inmediato como en el inminente medio plazo si realmente quieren promover, como oímos repetir últimamente en tantos discursos para la foto, la dimensión de los derechos culturales dentro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Una política cultural a través de la que pongamos en el centro la promoción de nuestros derechos culturales  debería ser sensible a:

1.- El avance de los discursos del odio y la construcción de nuevos chivos expiatorios en Europa, como estamos viendo, entre otras con la presión creciente a las minorías europeas (en la resurrección de las leyes antigitanos en Eslovaquia, por ejemplo o la creciente islamofobia) que afectan directamente a las mujeres y niñas de las minorías españolas, a nuestras mujeres migrantes y refugiadas. También debería ser una política cultural que diera respuesta al auge de los nuevos procesos y discursos racistas y deshumanizadores así como a la creciente criminalización de nuestras comunicadoras y artistas.

 

2.- El auge de nuevos modelos de extremismo y fundamentalismo religioso y su presión sobre los derechos humanos y la corporalidad de las mujeres, que en tiempos de políticas de austeridad y recortes educativos han cobrado nueva fuerza, legitimidad y posiciones estratégicas de poder en nuestro ámbito educativo.

 

3.- La consolidación del paradigma de libre comercio y la firma regional de tratados comerciales que tienen un impacto devastador tanto sobre las políticas de igualdad, consideradas como costes y por tanto como medidas a desmantelar, así como sobre la protección de la diversidad cultural y sus expresiones (especialmente en el caso europeo la protección de la diversidad lingüística o las medidas de promoción local de las culturas gastronómicas, con un impacto directo sobre el empleo de las mujeres rurales). De igual manera, el auge de dichos tratados contribuye, aún más, al desmantelamiento europeo de la cultura entendida como servicio público  dificultando enormemente la gestión cultural en el nivel local, especialmente a través de las modificaciones en las normas de contratación pública con criterios sociales o de proximidad.

 

 

4.- La realidad acuciante del cambio climático, que están afrontando a cuerpo descubierto y en primera línea las mujeres del Sur global y que junto a los interesantes procesos internacionales de negociación de nuevos marcos de protección del derecho a la tierra y la soberanía alimentaria de los pueblos y la creación de un documento vinculante que impida la vulneración de derechos humanos por parte de las transnacionales nos obligan a dar nuevas respuestas para la protección del patrimonio natural ante la presión del sector agro-industrial y extractivo, su impacto sobre la protección de los paisajes culturales y la protección de las culturales rurales europeas (en proceso de parque-tematización por un lado o desaparición por otro). De igual manera tendremos que hacer frente en Europa a los modelos de relación entre cultura y territorios frente al actual modelo turístico, así como repensar qué papel podría desempeñar la economía social de la cultura como alternativa de empleo para las mujeres, piedra angular de la supervivencia rural en nuestro país, que pudiese ayudar a frenar los procesos de desarticulación territorial que vive España.

 

5.- Tendremos que afrontar también desde las políticas culturales qué papel queremos y podemos jugar como contrapeso de las actuales políticas de seguridad de la Unión Europea y cómo podemos afrontar y desde qué actuaciones, tal y como nos está enseñando Angela Davis, la presión creciente de las multinacionales de seguridad privada en todo el globo, en el caso español de modo lacerante en el Mediterráneo. Cómo vamos a introducir con fuerza la perspectiva de género en nuestras relaciones culturales internacionales, en nuestra cooperación cultural internacional y cómo puede incidir el feminismo en la carrera diplomática. Cómo vamos a redefinir nuestra diplomacia cultural para cambiar su lógica desde el actual “ornato previo a la firma de acuerdos comerciales” hacia una auténtica labor diplomática asentada en un enfoque de derechos humanos.

 

Ante la situación de emergencia glocal que describen estos cinco ejes, que se suman a los grandes procesos no resueltos del desequilibrio comercial cultural Norte-Sur, la protección de la diversidad de fuentes de producción, difusión y distribución comercial cultural y las medidas que garanticen su acceso a las mujeres y que nos permitan afrontar los procesos de homogeneización cultural mundial, junto a la presión aún en pie del canon eurocéntrico, este modelo que se ha pretendido universal y que es Norte, varón, blanco, adulto, burgués, heterosexual y capacitista, me parece una medida de acción urgente situarnos en un marco que comprenda la política cultural como una política de derechos humanos.

 

Reconociendo el papel que juega la protección y promoción de los derechos culturales tanto en la Agenda 21 de la Cultura como en la Carta Cultural Iberoamericana, especialmente en su apuesta por la economía social y solidaria en el campo de la cultura, quiero poner en valor, por las vías de acción práctica y la orientación estratégica que han venido desarrollando las Relatoras de derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed y Karima Bennoune, para las que la protección los derechos culturales de las mujeres ha sido una prioridad.

 

 

De su trabajo, en colaboración y escucha permanente con organizaciones y movimientos feministas internacionales, ha emergido un cambio de paradigma clave para la protección de los derechos culturales de las mujeres en todo el mundo, cambiando la perspectiva desde un discurso que consideraba la cultura (tradiciones, costumbres, prácticas) como un obstáculo que se interponía en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres y las niñas, virando el enfoque hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad. Ha sido muy interesante lograr en los últimos años la ruptura de la noción estática de cultura frente a nuevos abordajes (ya muy consolidados en las ciencias sociales y los estudios culturales) que consideran la cultura como un campo de poder en disputa y permanente tensión en el que las desigualdades en el acceso a los recursos económicos, políticos, simbólicos, dejan su huella profunda.

Así la pelea actual por los derechos culturales de las mujeres no se está centrando tanto, siendo fundamental también,  en el acceso, participación en la vida cultural y promoción de la creación de las mujeres, sino de un modo creciente en el papel que juegan en la construcción de la identidad de sus pueblos y la articulación de proyectos y relatos de país, dado que la identidad de un país está íntimamente ligada a la forma en la que garantiza el ejercicio de los derechos culturales a su ciudadanía.

De ahí que las preguntas que desde esta perspectiva están llegando a la agenda pública sean:

  • Qué tradiciones, qué valores, qué prácticas culturales deben mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente.
  • Cómo están participando las mujeres en estos debates públicos y en qué condiciones, qué miembros de la comunidad, del país, están facultados para definir la identidad cultural y el significado de ésta.
  • Por el carácter estratégico que juegan las políticas de patrimonio como apoyo simbólico (y reflejo más evidente de los relatos y estructuras de poder), ¿qué papel están desempeñando las mujeres (y en general todos los colectivos que quedan fuera del “universal reducido”) en los procesos de identificación e interpretación del patrimonio, del legado recibido a través de las generaciones que nos ha permitido ser quienes somos?

 

 

Así, el trabajo a favor de los derechos culturales de las mujeres está desbordando el paradigma de la cultura circunscrita a las bellas artes e incluso el paradigma de la cultura entendida exclusivamente en su papel industrial, para situarse en la reivindicación de la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas y tomar para sí tanto la capacidad para dar nueva vida a los significados como su protagonismo a la hora de decidir en pie de igualdad qué queremos transmitir como país a las generaciones futuras, qué queremos preservar o transmitir y  bajo qué dimensión de valores estamos comprendiendo nosotras el patrimonio y “la herencia”. ¿Cómo se está negociando qué eventos o duelos de país merecen o no merecen procesos memoriales? , ¿cómo estamos creando fechas conmemorativas de país y bajo qué criterios? Por ejemplo, la ausencia total de procesos memoriales o simbólicos de duelo público (monumentalidad, programaciones culturales temáticas y de “Estado”, días memoriales adscritos etc.) que hagan referencia a la violencia sexual sufrida durante la Guerra Civil española o a la desaparición y robo de bebés durante nuestra dictadura y reciente democracia serviría como punta de lanza para comprender esta cuestión. La reciente acción de guerrilla artística por parte de Madridiversa rebautizando el Paseo del Doctor Vallejo Nágera como Paseo de los Bebés Robados muestran en la acción esta temática.

De igual manera frente a la presión que enfrentan muchas mujeres en todo el globo para  perpetuar o convertirse en guardianas de la reproducción de la cultura dominante, desde las políticas culturales que ponen en el centro la promoción de los derechos culturales de las mujeres se está enfocando la acción hacia la recuperación de todo el legado histórico de impugnación de las normas y valores culturales dominantes realizado por ellas.

Quería señalar la importancia, por tanto, de denunciar la exclusión e invisibilización que sufren las mujeres como creadoras de cultura y conocimiento, no sólo en la dimensión de la creación de bienes, artefactos, productos culturales, sino en esta dimensión más antropológica como articuladoras y creadoras de proyectos de significación regionales y proyectos de país.

Si, como ha dicho Alain Touraine, la disputa por la ampliación de los derechos culturales será la batalla clave de nuestro siglo XXI, tendremos que estar especialmente atentas a cómo construyen nuestras sociedades la exclusión de su disfrute. Si la ausencia de protección de los derechos culturales incide directamente sobre el sentido de pertenencia social y dignidad humana, jugando un papel determinante tanto para la feminización de la pobreza como para la creación de colectivos en riesgo de exclusión, tendremos que articular políticas culturales sensibles a:

  • ¿quiénes están siendo excluidas de la negociación de los significados sociales? Pensando en esta cuestión me reía mucho hace unos días cuando, ante una cascada de exabruptos por lo inadecuado e incomprensible que era para algunos la inclusión de la ilustración de una mujer asiática en la cartelería de las madrileñas fiestas de San Isidro de este año, una genia en redes contestó: “Pero compañeros, ¿dónde vais con mantón de Manila, dónde vais con vestido chiné?” Genia.
  • ¿a quiénes se les está negando el acceso a los espacios de palabra pública y toma de decisión?
  • ¿quiénes están siendo “humilladas epistémicamente”, a quienes no se está reconociendo como creadoras de conocimiento o cultura válidos?, ¿quiénes están creando “cultura que no vale”, “cultura que no es verdadera cultura” en nuestra sociedad, quedando desprotegidas ante la presión del extractivismo cognitivo ante el actual paradigma de comercio? Los procesos de apropiación por parte de multinacionales textiles españolas de diseños artesanales mexicanos, concretamente los tenangos, sin contraprestación económica alguna a las artesanas y sus comunidades, visibilizan de modo alarmante esta cuestión.
  • ¿a quién se le está diciendo en nuestros procesos de diseño de políticas culturales: “tú quién eres para hablar”: a nuestro medio rural, a nuestras mujeres mayores, a nuestra diversidad funcional y mental, a nuestras niñas, a quién?

 

 

Me apoyo para esta reivindicación de la protección de los derechos culturales de las mujeres entendidos como los apoyos necesarios para garantizar y proteger la legitimidad de su propia experiencia y voz, tanto en la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui que está impulsándonos “a plantear políticamente las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima en nuestras sociedades” (y que hemos aprendido a fuego con la sentencia del caso de La Manada) como en la aportación de la filósofa feminista Miranda Fricker, que está dirigiendo nuestra mirada hacia el hecho de que no podemos hablar de sociedades que respetan los derechos culturales, y mucho menos los de las mujeres, si no cuestionamos cómo estamos construyendo en nuestras democracias nuestras “economías de la credibilidad”.

 

Así, nuestras políticas culturales tendrán que desarrollar una nueva sensibilidad hacia la injusticia testimonial, en palabras de Fricker:

  • “La identificación de cuándo los prejuicios identitarios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”

que se comprende de un modo inmediato, por ejemplo, al escuchar a las mujeres del documental de José Heredia “El Amor y la Ira: cartografía del acoso antigitano en España”

Y una nueva sensibilidad hacia la injusticia hermenéutica:

  • “Cuando nos faltan los recursos de interpretación colectivos que sitúan a alguien, a colectivos completos, en situación de desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Idea que llegamos a hacer cuerpo escuchando a las mujeres con discapacidad intelectual que tienen que afrontar procesos de esterilización forzosa en España o a quienes pelean por el derecho a la creación cultural de las personas con diversidad funcional.

 

Comprendiendo que es en esta construcción y reconocimiento social de la legitimidad de la voz el proceso a través del cual se comprende mejor la indivisibilidad de los derechos culturales de las mujeres en relación al resto de sus derechos humanos, al intuir de modo inmediato la violencia extrema que reside en la negación de la experiencia e interpretación de la realidad del otro y su condena social al silencio, creo que queda del todo claro que es urgente situarnos en el paradigma de las políticas culturales desde un enfoque feminista y de derechos humanos, entendiendo que no podemos permitirnos el lujo de seguir hablando de democracia, sin que se respete, de hecho, la verdadera democracia cultural.

Derechos culturales e igualdad de género: tejiendo puentes México-España

(Para más información, este enlace)

Desde la gratitud por la invitación, nos hacemos eco de la apertura de las inscripciones a la IV Cátedra en Arte y Cultura Universidad Autónoma de Aguascalientes que versará sobre Derechos culturales y que se celebrará en Madrid los días 8, 9 y 10 de mayo. Un placer siempre tender puentes entre México y España.

Reproducimos la información:

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada y el Instituto de México en España, en
coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el Centro de las Artes y la Cultura, tiene el honor de invitar al público en general al curso-taller dentro del marco de la IV Cátedra en Arte y Cultura Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La identidad de un país está implícitamente ligada a la forma en que garantiza el ejercicio de los
Derechos Culturales a sus ciudadanos. Los Derechos Culturales son esenciales para la dignidad humana y deben interpretarse según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Estos derechos son la base de una ciudadanía plena y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura, y esa cultura además se proyecta hacia las distintas manifestaciones artísticas.
No podemos hablar del arte y la cultura sin el ejercicio pleno del derecho a la expresión a través
de la participación artística, del disfrute de los bienes culturales y las garantías plenas para su
producción y consumo. Por medio del taller Derechos Culturales en México, se busca presentar
la diversidad cultural y artística del país a través de los distintos instrumentos y plataformas que
promueven el ejercicio de estos derechos dentro de las manifestaciones urbanas, rurales e indígenas del país, entre otras.

 

 

Mesa de encuentro:
Derechos culturales e igualdad de género
Jueves 10 de mayo de 18:30 horas

Instituto de México en España, Carrera de San Jerónimo, 46

Esta mesa busca reflexionar sobre la diversidad de la realidad cultural de nuestras sociedades, sus
mecanismos de conservación, reelaboración y transmisión, y sobre la importancia de escuchar
todas las voces que la conforman para garantizar la libertad de expresión y el desarrollo inclusivo y
respetuoso de toda la población. En este encuentro hablaremos de arte, de cultura, de derecho y, a la
vez, intentaremos visibilizar a uno de los colectivos con menor representación en el sector: las mujeres.

Participan:
Irlanda Godina Machado- Universidad Autónoma de Aguascalientes

Estefanía Rodero Sanz- Socióloga de la cultura y teórica literaria

Lourdes Lucía Aguirre- Co-fundadora de Attac y presidenta de su filial en Madrid.

 

 

De la injusticia epistémica y el extractivismo cognitivo: un diálogo

 

 “La palabra legítima le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos.”

Silvia Rivera Cusicanqui

“Es obvio que determinadas ventajas materiales generarán la pretendida ventaja epistemológica.”

Miranda Fricker

“La alternativa al extractivismo es la reciprocidad profunda.”

Lianne Simpson

 

Terminaba de leer estos días (gracias a la recomendación reiterada en el blog del maestro Fernando Broncano, El laberinto de la identidad), el libro de la filósofa Miranda Fricker Injusticia epistémica que ha estado dialogando de modo permanente en mi cabeza con la denuncia que desde la teoría descolonial y los pueblos indígenas de toda América se está articulando respecto al papel central que está jugando el extractivismo cognitivo (la apropiación de artefactos culturales y conocimientos, por ejemplo así) en la consolidación del neocolonialismo neoliberal. Como muchas de las dinámicas de apropiación y expolio territorial vividas en su gradación más violenta en América Latina se están trasladando en una versión suavizada pero con idéntico afán extractivista al cada vez más despoblado medio rural europeo y español, me parece urgente tal y como afirma también Miranda Fricker “desarrollar formas nuevas de analizar la ética del poder en nuestra vida en cuanto sujetos de conocimiento”.

Como vienen denunciando desde hace décadas autoras como Silvia Rivera, Lianne Simpson, Ramón Grosfoguel… , es necesario desarmar los ejes sobre los que se sostiene la mentalidad extractivista, la apropiación de todo objeto cultural, tecnología o idea producida por las culturas indígenas (y añado yo aquí, colectivos minorizados o en posiciones subalternas) que sea útil para quienes ostentan el poder, siendo extraida y asimilada sin tomar en cuenta a los pueblos que han producido dichos conocimientos, invisibilizando a sus creadoras, descontextualizando y despolitizando sus aportaciones.

Partiendo de la base de que el “extraer sin devolver es el principio de destrucción de la vida”, la necesidad de construir reciprocidad, de avanzar hacia el reconocimiento del principio de reciprocidad no sólo en el intercambio entre culturas sino como eje rector para la construcción de alternativas sociales y políticas en el siglo XXI, nace con idéntico carácter de urgencia que la alerta ante la cooptación sistemática de “palabras fetiche” (el “buen vivir”, el “Ubuntu”…) descontextualizadas y previamente desarmadas de su capacidad transformadora. La llamada reiterada de Silvia Rivera a iluminar las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima, la lucha por el control de las palabras que dominan la agenda redunda en la necesidad de hacernos más sensibles como sociedad ante la persistencia de las injusticias epistémicas como una de las facetas clave que perpetúan la opresión.

 

 

En esta línea el trabajo de Miranda Fricker nos dota (al menos así lo he sentido yo: balsámica) de herramientas prácticas de análisis para sensibilizar mirada y escucha ante lo que no se deja decir en las palabras y sí dicen los silencios.

Como explica Fricker:

La injusticia testimonial se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido; la injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Sería por tanto urgente llevar nuestra atención respecto a la economía de la credibilidad en nuestras sociedades: a quién se cree sistemáticamente, a quiénes no se puede creer, a quiénes “sobrecreemos”, a quién no se escucha de modo reiterado, quiénes son negados como sujetos de conocimiento válido, quiénes tienen que gritar para hacerse oír, quiénes aunque griten no son escuchados, quiénes tienen palabra, quiénes ya ni lo intentan.

“Toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento y, por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana; y el modo particular en que la injusticia testimonial lo produce es llevando a un oyente a lesionar a un hablante en su capacidad como portador de conocimiento, como informante.”

 

El respeto y el trabajo a favor de los derechos culturales vendría a ser una de las herramientas presentes para construir sociedades en las que disminuyésemos paulatinamente la injusticia epistémica, dado que ésta, especialmente en su carácter de injusticia testimonial es uno de los nutrientes clave de la ideología y los discursos del odio, dado que la fiabilidad epistémica se construye colectivamente alrededor del reconocimiento de la competencia y sinceridad de quien habla.

 

“Muchos de los estereotipos de los grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres, los negros o la gente de clase trabajadora, implican de diverso modo una asociación con algún atributo inversamente relacionado con la competencia, la sinceridad o ambos rasgos: exceso de emotividad, falta de lógica, inferior inteligencia, inferioridad evolutiva, incontinencia, falta de educación, falta de determinación moral, ambición desmedida, etc.”

 

“La exclusión es una forma habitual de injusticia testimonial: aquellos grupos sociales que están sometidos a prejuicio identitario y son, por ello, susceptibles de padecer un déficit de credibilidad injusto, también tendrán tendencia, por la misma razón, a que sencillamente no se les pida que compartan sus pensamientos, sus juicios ni sus opiniones. Este tipo de injusticia testimonial tiene lugar en silencio. La actuación netamente estructural del poder identitario puede controlar qué aportaciones acaban siendo públicas y cuáles no en función de quién las presenta.”

(Tenemos un ejemplo en España en relación al derecho a voto de las personas con discapacidad)

 

 

El papel que juega el poder identitario, el carácter distorsionador de los estereotipos compartidos por una sociedad tanto para desautorizar a determinados sujetos como portadores de conocimiento legítimo, así como para acallar directamente la diversidad de expresiones y aportaciones sociales, tendría que alertarnos ante nuestra posible “arrogancia epistémica”. La práctica reflexión de Miranda Fricker (junto al papel que juega esta dimensión en la vulneración de los derechos humanos) respecto al enorme desperdicio de conocimiento valioso sobre el que se asientan nuestras sociedades y organizaciones muestra el papel polifacético que puede tomar la injusticia epistémica, sin obviar en ningún momento la violencia real que se ejerce a través de las estrategias desplegadas para minar la confianza tanto en la propia opinión de los grupos subalternos como sobre sus propias capacidades intelectuales para analizar la realidad (la pérdida de confianza intelectual construida socialmente), a través entre otras de la invisibilización y referencialidad a la autoría (recuerdo aquí una “lucha perdida” hace años desde la Oficina de Igualdad de Género de la Complutense respecto a la importancia de visibilizar con nombre y apellidos a las mujeres en las bibliografías académicas, rompiendo la “comodidad” de las iniciales tras las que se escondía el género, Kristeva, J., ya saben), la negación de acceso a los espacios de poder –políticos, académicos, económicos…- en los que se negocian los significados sociales imperantes.

Por todo lo anterior, me resultan especialmente sugerentes tanto la invitación de Fricker como de los teóricos y activistas descoloniales para construir comunidades resistentes ante la injusticia epistémica, incorporando con urgencia esta sensibilidad también en el espacio español y europeo. Me quedo, por tanto, con las aportaciones de James Montmarquet recogidas por Miranda Fricker respecto a la necesidad de afianzarnos, frente a la humillación epistémica (cállate, tú qué sabes, tú quién eres para hablar) en la valentía intelectual: a) en la voluntad de concebir y examinar alternativas a las creencias sostenidas popularmente; b) en la perseverancia cuando haya que enfrentar la oposición interesada de los demás; c) en la determinación necesaria para llevar a término los proyectos.

 

 

Ministerio de las Culturas y 1% presupuestario

Se presentaban la semana pasada, alejadas en el espacio pero confluyentes en mi tiempo, dos iniciativas de política pública cultural que venían a alimentar (¿seré la única?) mi necesidad palmaria de horizontes de acción y esperanza.

Si hace unas semanas, resoné con una frase de Eduard Miralles en un reciente foro sobre Relaciones culturales internacionales en la UE  que decía que “la diversidad cultural será para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX”, el avance de la institucionalidad cultural en América Latina viene a darle la razón.

Después de dos años de conversaciones sectoriales y un importante proceso de integración territorial, Chile presentó la semana pasada su nuevo “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. Como afirmó en declaraciones de prensa el ministro Ernesto Ottone:

“Con este hito se inicia una nueva etapa en la relación del Estado con las culturas de nuestro país, reconocidas y comprendidas en su diversidad territorial y originaria”.

Tanto en la campaña de presentación del Ministerio de las Culturas (que ha usado como hilo conductor el discurso y la voz del poeta Raúl Zurita al recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y que sólo por eso voy a enlazar aquí) como en la difusión de su Plan Nacional de Cultura, “Cultura y desarrollo humano: derechos y territorio” queda patente el reconocimiento de la cultura entendida como el cuarto pilar del desarrollo, a pesar de que los ODS fuesen interesadamente ciegos una vez más a la centralidad de esta dimensión.

 

 

 

Si el explícito reconocimiento constitucional de los derechos culturales que marcó la última década en América Latina ya se veía  en España como un horizonte de acción a alcanzar, la creación en nuestro país también de un “Ministerio de las Culturas” llevaría al centro del debate público el reconocimiento de nuestra diversidad cultural desde otros prismas, contribuiría a agrietar la herencia vertical y centralista de las políticas culturales españolas y nos obligaría a reconocer también la diversidad cultural y religiosa de nuestra herencia histórica sofocada por un relato identitario de país unívoco y desfasado respecto a los avances internacionales en materia de política cultural (por cierto, una alegría la creación reciente de la Academia Nacional del judeoespañol).

 

Por otra parte, desde la sociedad civil europea a través de Culture Action Europe se lanzaba esta semana la campaña Supporting Culture is Supporting Europe! que hace suyas las sugerencias tanto de la UNESCO como de las relatoras de derechos culturales que vienen reiterando la necesidad de garantizar un 1% de los presupuestos generales de cada país a la Cultura (del presupuesto europeo en este caso) y que, al igual que en el caso de la presentación del Ministerio de las Culturas chileno, nos recuerda que sin políticas culturales no hay sociedades inclusivas capaces de enfrentar el reto de la creciente desigualdad global (por no hablar de la urgencia de afrontar desde la cultura europea el nuevo auge del fascismo, mientras esperamos a que alguien escriba nuestro Sobre Horacios y Curiacios de época)

“We affirm that a fully democratic European Union is a cultural project. In view of polarising trends in Europe, we must strengthen the European community and respect its diversity!”

 

 

Teniendo en cuenta que en los presupuestos generales de 2017 en España, la dotación presupuestaria destinada a cultura alcanzó el 0,2% de la dotación total, las acciones enfocadas al logro de este 1% que están replicándose a nivel internacional supondrían un interesante comienzo. La inspiradora movilización en relación a la exigencia de este 1% desarrollada en Bolivia por la Red Telartes nos daría un ejemplo replicable en contextos de habla hispana.

En esta necesidad personal de conjurar la imposición de ventanas estrechas para la mirada  a través de la construcción de horizontes de inclusión cada vez más amplios, las políticas culturales siguen teniendo todo por decir, sigamos.

 

Políticas culturales y derechos humanos

 

(Todas las imágenes hacen referencia a la activista por los derechos de los migrantes, Sophie Cruz, que reivindica como hija su derecho a que sus padres no sean deportados, a poder vivir con ellos y a ser feliz.)

 

“Imaginar un futuro más favorable a los derechos y darle cuerpo.”

Andaba a vueltas con el nuevo informe de la relatora especial de la ONU para los derechos culturales, dedicado en exclusiva a las prácticas artísticas y culturales que obedecen a un compromiso social, centradas en la construcción y promoción de los derechos humanos, cuando estallaba en España esta semana horrible para la libertad de expresión y creación (me pilló leyendo “precisamente porque las expresiones culturales y artísticas son poderosas corren peligro de ser atacadas, manipuladas o controladas por quienes tienen el poder o aspiran a él”). Como se invoca repetidamente en esta nueva aportación a la discusión global por parte de la experta en derecho internacional Karima Bennoune, elijo yo también tomar refugio en la capacidad para la creación de nuevos horizontes que reside en la cultura, subrayando algunas ideas que me han parecido interesantes para la consolidación del enfoque de derechos humanos dentro de las políticas culturales, así como, desde mi punto de vista, para abrir o consolidar vías de pensamiento y acción.

  • Mentalidades de exclusión y construcción de la confianza social:

Se viene repitiendo en los trabajos de las relatoras el llamamiento (desesperado) a abordar colectivamente los procesos sociales y culturales de “creación del enemigo”, la búsqueda de la complicidad de creadores y artistas para cortocircuitar la simplificación, la esclerotización de identidades binarias así como para investigar, debatir, avanzar, dialogar sobre la construcción de pertenencia social desde criterios no excluyentes (“eres de los nuestros porque no eres de los suyos”). En la identificación del problema creciente a nivel global respecto a la caída en picado de los niveles de confianza social junto a los niveles de confianza en las instituciones se nos lanza el reto: ¿cómo se construye la confianza social? Mucho más trabajado en escenarios de post-conflicto y justicia transicional, la pregunta resulta retadora también en nuestras democracias de baja intensidad (el Ministerio de la Soledad inglés da buena cuenta de ello): ¿qué políticas están destruyendo los vínculos sociales y la confianza en los demás en todo el globo?, ¿qué papel pueden jugar las prácticas artísticas y culturales para reconstruir los lazos rotos?, ¿qué tenemos que hacer para crear confianza, cómo se moviliza políticamente?

 

 

  • Revisión y negociación de las propias identidades culturales:

Los artistas y creadores son agentes privilegiados para la revisión y negociación de las tradiciones, valores, prácticas que constituyen las propias identidades culturales. Es en estos procesos de contraposición en los que se logra intercambiar visiones de futuro y “desnaturalizar” los discursos dominantes. Desde este marco internacional se hace hincapié en “el derecho de los artistas a disentir, a utilizar símbolos políticos, religiosos y económicos como contraposición al discurso de los poderes dominantes y a expresar sus propias creencias y visión del mundo”. En el trabajo desarrollando por la USDAC para la creación de una democracia cultural a través de la socialización y réplica, por ejemplo, de la práctica de los debates ciudadanos sobre el “estado de las personas de la nación” se visibilizan este tipo de acciones enfocadas a la “desarticulación” de las identidades dominantes.

 

  • Trauma colectivo y transmisión intergeneracional:

Viene a través del ámbito anglosajón a anidar en este informe, aunque aún de un modo tibio, la petición de profundizar en la investigación de los procesos de transmisión intergeneracional del trauma colectivo. Sorprende el olvido (por no decir la confusión de genealogías) al que especialmente  la izquierda europea ha sometido las grandes aportaciones realizadas por quienes, siendo inicialmente discípulos (¡DISCÍPULAS!) de Lacan, avanzaron, alejándose de sus posiciones de partida, hacia la investigación tanto psicogenealógica como del peso de las emociones políticas colectivas en la psique individual. Que ante la situación actual europea no estemos releyendo y reivindicando a figuras como María Torok, Françoise Dolto o la muy curtida en la Resistencia Francesa, Anne-Ancelin Schützenberger y toda su obra debería, al menos, sorprendernos. Es, en la actualidad, a través del trabajo con pueblos indígenas, los colectivos de autogestión en salud mental y los procesos de construcción de paz, con sus debates asociados respecto a los límites de los procesos y las actividades artísticas memoriales, los que están llevando al centro del debate social la cuestión: qué peso tienen en nuestras vidas los duelos colectivos, traumas sociales y políticos no resueltos de las generaciones anteriores, qué impacto sobre la identidad colectiva, cómo se transmiten generacionalmente las emociones políticas, cómo se transmite generacionalmente la construcción del enemigo y qué parte de nuestra identidad queda asociada precisamente a la distorsión de ese otro.

 

 

  • Cultura y dignidad humana:

Me resulta inspirador el modo en el que se está abriendo paso el discurso que liga la cultura no sólo con la universalidad de los derechos humanos sino con el reconocimiento de la “dignidad humana”. Situar nuestras políticas culturales en este marco, nos permitiría abordar desde otro ángulo, por ejemplo, tanto los modelos económicos y laborales presentes en los intercambios comerciales culturales nacionales e internacionales y valorar su impacto en términos de respeto a la dignidad humana, como responsabilizarnos también desde las políticas públicas culturales de los crecientes procesos de deshumanización (articulados culturalmente, no crecen en el aire) que presionan a las minorías de todo el globo, con ímpetu creciente en Europa.

 

Compartiendo el reconocimiento de que “las actividades que se realizan en el ámbito del arte y la cultura pueden ayudar considerablemente a crear, desarrollar y preservar unas sociedades en las que se hagan efectivos, cada vez más, todos los derechos humanos”, me quedo con estos cuatro ejes transversales recogidos de soslayo en el informe, dada la urgencia de lo que señalan y el camino colectivo que alimentan.

 

 

 

Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.

 

Cabalgar el dragón: UNESCO, diversidad cultural y tratados de libre comercio

 

La presentación la semana pasada del Nuevo Informe Mundial sobre Cultura de la UNESCO, Re-pensar las políticas culturales, nos ha traído, como en la anterior evaluación del 2015, un nuevo análisis comparado de Véronique Guévremont “The Convention in other international forums: a crucial commitment” sobre el peso que las negociaciones de los tratados de libre comercio están jugando sobre el respeto a la soberanía cultural de los Estados así como sobre el papel que pueden y deben jugar las políticas culturales en los foros de comercio mundial.

Junto al compromiso adquirido por todos los Estados firmantes de la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de promover transversalmente los principios de la misma en el resto de foros internacionales de acción, lo que se lleva de nuevo al centro del debate internacional, junto al gran problema de sub-representación de las mujeres en el marco de las políticas culturales y la creciente vulnerabilidad de los artistas ante las amenazas del fundamentalismo y extremismo global, son las persistentes trabas comerciales a los bienes y servicios culturales de los países del Sur, la repercusión que el actual sistema de comercio tiene para la protección de la diversidad cultural y la libertad artística y, de un modo cada vez más explícito, la urgencia de incorporar al marco de protección de los “bienes y servicios” medidas específicas de protección a los profesionales de la cultura, entendiendo que no puede haber protección y promoción cultural al margen de la protección y promoción de los derechos humanos de quienes crean. Sirva como ejemplo de la urgencia de incorporar esta dimensión el hecho de que difícilmente se podrán implementar políticas eficaces de movilidad artística sin tener en cuenta que “los artistas del Sur global sólo pueden viajar a 75 países sin necesidad de visa, mientras que los artistas del Norte global pueden ingresar al doble de países sin un permiso especial”.

En el análisis comparado sobre el tratamiento que está recibiendo la cultura en las negociaciones de los tratados de libre comercio, junto al llamamiento a la sociedad civil para que incorpore en sus estrategias de presión la dimensión cultural amparándose en la Convención del 2005 como marco de protección, se recomienda a modo de mínimos, la introducción en los tratados de cláusulas y compromisos de protección de la diversidad cultural, la incorporación de medidas de ayuda y tratamiento preferencial cultural o la implementación de estatutos específicos de bienes y servicios culturales que queden al margen de las negociaciones. Teniendo en cuenta que el verdadero campo de batalla actual para la cultura dentro de los tratados de libre comercio se está librando alrededor del sector audiovisual, en sus dimensiones de emisión y retransmisión, en concreto sobre la concentración de las plataformas de distribución basadas en internet, así como sobre la liberalización del comercio electrónico y los contenidos culturales digitales, no es de extrañar que se estén dando ya declaraciones internacionales alertando sobre la urgencia de hacer efectiva la protección de la diversidad de las expresiones en el entorno digital en el sistema de comercio internacional y proteger más eficazmente el pluralismo cultural, como manifestó el pasado julio a través de la Déclaration D´Abidjan la Organización Internacional de la Francofonía.

No obstante, el análisis comparado de la UNESCO sigue centrándose en exclusiva en el marco de las industrias culturales y creativas, sin abordar el efecto que otras áreas de negociación (pienso, por ejemplo, en las negociaciones agro-industriales o las relativas a la liberalización de servicios públicos, con el desmantelamiento de la aplicación de cláusulas sociales en la contratación o la articulación de políticas de igualdad) pueda tener sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales, en especial sobre las culturas y el patrimonio rural, la protección de lenguas minorizadas en el entorno digital o la implementación de medidas que hagan frente a los sesgos de género actuales en la protección del patrimonio, por poner sólo un ejemplo. Dejar fuera del análisis del impacto sobre la cultura de los tratados de libre comercio toda la vinculación territorial también impulsada en el seno de la UNESCO a través de la protección del patrimonio natural y los paisajes culturales o en el marco de la ONU a través de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, nos impide visibilizar una de las grandes áreas de fricción (y violencia) actuales entre políticas culturales y liberalización comercial, así como tomar consciencia de la total interdependencia entre las políticas culturales y el resto de áreas de negociación comercial.

No obstante, desde mi punto de vista y en relación al papel que pueda jugar la UNESCO como paraguas de protección de la diversidad cultural frente a la uniformización de los tratados de libre comercio, cabe subrayar tres puntos de avance presentes en el Nuevo Informe Mundial sobre Cultura:

  • El llamamiento a una mejor articulación entre los sectores culturales nacionales e internacionales para hacer lobby frente al sistema de comercio internacional, buscando tener impacto real sobre las políticas comerciales y de inversión en el extranjero, teniendo en cuenta que con la “excepción cultural” del pasado no basta y advirtiendo sobre la centralidad que para la agenda cultural del presente debería tener la respuesta ante la amenaza de la homogeneidad cultural internacional apoyada en el rodillo comercial digital.
  • Sin profesionales de la cultura no hay cultura, sin medidas de protección laboral, remuneración justa a los artistas y entornos seguros, no hay bienes ni servicios culturales que proteger. Frente a una visión extractiva, rehumanizar la producción cultural desde un enfoque basado en los derechos humanos y que desplace la mirada desde la diversidad objetual a la diversidad cultural “encarnada”, es un camino relevante para avanzar en la superación de los desequilibrios comerciales culturales Norte-Sur.
  • La exigencia de transparencia en la negociación de los tratados de libre comercio junto al reconocimiento del papel que ha de jugar la sociedad civil en la formulación de las políticas culturales, especialmente en el planteamiento de los límites de su faceta comercial, están también presentes en esta nueva evaluación sobre la aplicación efectiva de la Convención.

Quedaría, por tanto, plantearnos qué importancia le estamos otorgando desde las políticas culturales nacionales a la articulación de una respuesta eficaz para la protección de la diversidad de nuestras expresiones culturales frente a la presión homogeneizadora inherente a las negociaciones de los tratados de libre comercio, qué papel podría jugar el espacio cultural iberoamericano como adalid de dicha protección y cómo podría articular una voz global de contrapeso y cómo nos estamos organizando como sector cultural para ser un actor de impacto real en la esfera de negociación comercial.

Contra toda pureza: extremismo, fundamentalismo y derechos culturales de las mujeres

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la fotógrafa iraní Newsha Tavakolian)

La pasada semana se presentó el cuarto informe de la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, ampliando su informe anterior sobre el que ya hablamos en este espacio.

Junto a un detallado análisis terminológico y del marco legal internacional, el informe pretende ser, tal y como recoge en sus conclusiones, “una llamada de advertencia para nuestros tiempos. Nos enfrentamos a una avalancha de misoginia mundial que avanza en múltiples direcciones.”

Denunciando la extrema violencia que en todo el globo está impidiendo la protección del derecho a participar en la vida cultural, la libertad de la expresión artística, la libertad científica y el derecho a la educación de las mujeres, Karima Bennoune es tajante, “los derechos culturales de las mujeres no son un complemento de la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo; son un factor decisivo, sin el cual esta lucha no puede tener éxito”. Haciendo hincapié una vez más, en la línea de los informes anteriores de las dos relatoras, sobre el hecho de que el recorte en los derechos de las mujeres supone siempre una señal de alarma del avance social del extremismo y el fundamentalismo, hace un llamamiento a la desarticulación de los procesos de ingeniería cultural sobre los que se asientan. La reconfiguración de las culturas sobre cosmovisiones unívocas y rígidas, centradas en cualquier idea de pureza, la distorsión creciente del otro y la superioridad cultural y moral se identifican como ejes comunes sobre los que está avanzando el extremismo a nivel internacional.

IRAN. Mahmoudabad. Caspian Sea. 2011.

Particularmente interesante (dado que hasta la fecha no se había dado una referencia explícita) es la denuncia que se realiza en el informe, aún tímida pero importante, sobre los aspectos negativos de los modelos económicos dominantes sobre los derechos culturales de las mujeres, y el peligroso efecto que las medidas de austeridad han tenido sobre los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el derecho a la educación de las niñas. Los recortes en políticas culturales y educativas han alentado la proliferación de instituciones educativas privadas en todo el mundo, financiadas por movimientos fundamentalistas y extremismos religiosos, contrarios al avance de democracias culturales que fomenten la igualdad de género. Igualmente interesante, al hilo de la vulneración del derecho a la educación y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, es su análisis sobre la permisividad social creciente de los extremismos religiosos no violentos que “se están extendiendo en la corriente de pensamiento mayoritaria”, y que ilustra de modo inequívoco con la persecución que sufren las defensoras de los derechos reproductivos a manos del extremismo religioso cristiano en América Latina.

Invitando al debate sobre la discriminación que sufren las mujeres a nivel internacional para ejercer sus derechos religiosos especialmente asociados al acceso al liderazgo religioso o espiritual, se comparten también en el informe experiencias feministas muy interesantes para el avance del laicismo como medida de protección de mujeres y minorías, como es el caso de Secularism is a Women´s Issue.

 

 

En la imposición de purezas que acompaña a todo extremismo, se llama la atención sobre un punto ante el que existe una permisividad social alarmante. Es el hecho de invisibilizar la aportación cultural de las mujeres: “los fundamentalistas culturales a menudo tratan de eliminar la cultura de las mujeres y el carácter sincrético de la cultura y la religión, y acabar con la diversidad cultural”. El grado extremo que suponen los asesinatos a mujeres artistas en la esfera internacional (especialmente en el campo de las artes escénicas) no debería relajarnos ante procesos de violencia de menor intensidad basados en la invisibilización, apropiación y deslegitimación de las aportaciones culturales de las mujeres presentes en nuestro día a día.

La aportación que en este informe supone la conceptualización de la cultura de la vergüenza y el análisis de sus procesos de construcción social desde los extremismos, marca una interesante hoja de ruta para el diseño de políticas culturales contrahegemónicas que desarticulen la difamación, ridículo, ostracismo e impulso de policía moral que acompañan el auge de todo extremismo.

Recogiendo las palabras de Bennoune en su conclusión:

“Los derechos culturales de las mujeres, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos, son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las mujeres, el respeto de su diversidad cultural, la universalidad y la igualdad”

celebro junto a ella la danza valiente de Sheema Kermani en Sehwan días después de un brutal atentado terrorista.

Derecho a la tierra y cultura

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, “Wheatfield”, que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?