Liderazgo cultural en tiempos neoliberales: sobre #ArtSummitMalta 2016

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La pasada semana se celebró la 7ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en Malta  organizada por IFACCA, la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (más de 80 países).

Tal y como planteaba el documento de discusión previo al encuentro y comentaba Nina Obuljen, la directora del mismo (y recién nombrada ministra de cultura en Croacia): “El foco de discusión del encuentro serán los retos del Liderazgo Cultural en el siglo XXI. Podemos decir que las artes y la cultura se encuentran en una encrucijada, confrontadas con importantes retos y oportunidades en los niveles global, nacional y local tales como el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y distribución de servicios y bienes culturales; las amenazas a la seguridad global; los nuevos procesos migratorios; contextos culturales cambiantes a nivel nacional tras las políticas de recortes y nuevos planteamientos de reforma; la aspiración de artistas y operadores culturales de amplificar su impacto y relación con otros sectores, todo ello garantizando la libertad de expresión y la protección de la diversidad cultural.”

Si bien entre algunos asistentes y quienes desde el sector hemos estado realizando el seguimiento del encuentro (España no ha tenido presencia político-institucional; sí presencia académica y sí presencia profesional)  existía cierto temor a que la implementación de conceptos de “neo-management” de espectáculo en política cultural sofocasen los incuestionables matices y debates que existen alrededor del “liderazgo”, el encuentro ha dejado voces poderosas en defensa de la democracia cultural e importantes discursos críticos reclamando la garantía de los derechos culturales sobre la mesa.

Ya en los documentos de trabajo previos se nos ofrecía una panorámica regional que hacía hincapié en los siguientes puntos:

  • Desde Asia se ponían en cuestión las definiciones de liderazgo cultural occidentales, la visión de base individual de la creatividad artística abriendo el debate sobre la protección de la creatividad artística comunal y su potencialidad para establecer nuevos modelos de liderazgo.
  • Las agencias culturales africanas no obviaban la desigualdad de acceso a los circuitos internacionales y el reto de confrontar la creación pasando de una historia colonial a la actual era de la globalización.

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  • Desde el Pacífico se reclamó el respeto a la diversidad cultural también en la elaboración discursiva, afianzando su propia tradición oratoria frente a los usos occidentales y se reflexionó sobre las distintas “culturas de la edad” y la sacralización de la juventud como valor en sí mismos que lleva implícito el modelo neoliberal.
  • Desde América Latina, la experta regional Lucina Jiménez, introdujo en la definición de liderazgos culturales las dimensiones de creación de mayor democracia y el reconocimiento como derecho fundamental de ciudadanía de las identidades múltiples y cambiantes. Especialmente relevante fue su reflexión sobre si en contextos de “vientos neoliberales” el liderazgo cultural no debería encarnar sin duda la defensa, refuerzo y reestructuración de las instituciones culturales.
  • Las agencias culturales europeas también hicieron hincapié sobre el reto de la consolidación de una identidad europea que permitiese afrontar colectivamente los retos de disgregación que enfrenta la región (personalmente eché en falta un discurso más crítico sobre la barrera económica Norte/Sur y el papel de la relación europea con el Mediterráneo, así como un cuestionamiento mínimo ante la correlación entre el impulso de programas de liderazgo cultural regional –como el Programa LINC holandés- de modo simultáneo al desmantelamiento de los presupuestos nacionales de Cultura en toda Europa y de su concepción como servicio público).

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  • Todas ellas pusieron el foco sobre el papel que las ciudades y los gobiernos locales pueden desempeñar como agentes de cambio cultural y garantes de la diversidad, aunque el reto estará como señala Lluís Bonet en “cómo actualizar la institucionalidad cultural ante la diversidad de expresiones sin atomizar sus efectos”.
  • También la UNESCO, por su parte, incorporó tres matices fundamentales para poder hablar de nuevos liderazgos culturales: la transparencia en todos los procesos de gestión cultural pública; la participación sectorial y ciudadana en el diseño de las políticas culturales y la articulación de respuestas ante las graves condiciones de desigualdad que viven las mujeres a nivel internacional dentro del sector cultural y en el campo de la garantía a sus derechos. También relatores de IFACCA y UNESCO ahondaron en el vínculo indisoluble entre liderazgo cultural y defensa de los derechos humanos.

Pero, sin duda, desde mi punto de vista, fueron cuatro las ponencias clave que reivindicaron la potencialidad de la cultura para visibilizar y enfrentar los mecanismos de dominación y construir más democracia.

  • La intervención de Arn Chorn-Pond desde Camboya compartiendo el protagonismo de la cultura (la música) en situaciones de post-conflicto y la dimensión comunitaria de la creación como constructora de nuevas identidades en el marco del respeto a los derechos humanos.
  • El discurso de Arundhati Ghosh, de India Foundation for the Arts, explicitando que, ante un paradigma economicista que premia la homogeneidad y que impone una determinada gestión del tiempo, la protección de la diversidad cultural no puede ser calculada en dichos términos, poniendo como ejemplo que, ante la “economía y rapidez” que supondría aceptar en su agencia el uso de una o dos lenguas, el hecho de trabajar y comunicar en las más de 58 lenguas del Estado Indio es una medida de política cultural de primera magnitud. También llamó a no olvidar la capacidad de la cultura para crear ciudadanía crítica.
  • Marina Barham, desde el Teatro Al-Harah de Palestina no quiso obviar el peligro de compartimentalizar la cultura, negando la dimensión cultural clave que tiene el diseño del resto de políticas públicas. También incorporó la dimensión emocional de los liderazgos culturales: la cultura en muchos lugares sigue siendo un motivo para seguir levantándose y hacer oír su voz cada mañana.
  • Y por último, la más que movilizadora intervención de Jo Verrent, del programa estatal inglés Unlimited confrontándonos con la capacidad que tiene la cultura para cuestionar y cambiar las narrativas sobre discapacidad. “No les necesitamos: nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

A la espera del siguiente encuentro internacional que se celebrará en Indonesia, tímidamente se van identificando nuevos marcos discursivos que, frente a la justificación del protagonismo cultural en función de su aportación al desarrollo económico de los territorios, van ampliando el foco hacia la dimensión de la cultura como elemento de profundización democrática y puntal de los propios derechos humanos.

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Artistas europeos contra el TTIP

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(Gracias a Periódico Diagonal por hacerse eco de este artículo, 13 de octubre de 2016)

Hace unos días, me sorprendió sorprenderme ante el hecho de que la Red Europea de Artes Escénicas IETM, en su plenario anual que se celebrará en noviembre en Valencia, hubiese programado un grupo de trabajo específico sobre los efectos del TTIP sobre la cultura europea. Mi “sorpresa” por el fuerte carácter sectorial de la reivindicación devino en alegría al conocer el llamamiento a la intervención de la UNESCO para la defensa de la diversidad cultural europea que han promovido las principales asociaciones culturales y artísticas austriacas, así como la oposición a la firma del Tratado y la defensa de la excepción cultural lanzada por Culture Action Europe.

Interesante ha sido también la movilización de los artistas ingleses a través de la iniciativa Artists against TTIP, que en colaboración con las iniciativas de la organización War on Want y el periódico The Guardian, están acercando a la opinión pública la reflexión sobre el impacto que esta nueva herramienta del neoliberalismo global tiene sobre la cultura, así como están haciendo una labor de puente con las movilizaciones contra los Tratados presentes también en los EEUU.

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Aunque ya analizamos en profundidad en otros artículos los efectos del TTIP en la cultura europea, me pareció remarcable realizar, precisamente en la Semana en la que se celebra el Otoño en Resistencia (#niCETAniTTIP, del 8 al 15 de octubre)  un breve análisis comparado del papel que el sector cultural español ha desarrollado en las movilizaciones.

La aún pobre presencia de los artistas españoles en las campañas contra el TTIP (Nacho Vegas, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Kiko Veneno…) sigue realizándose a título individual o dentro de la esfera de acción de los partidos políticos sin que se haya logrado hasta la fecha articular ni discursiva ni organizacionalmente una reivindicación sectorial que logre trasladar al modo de Artists against TTIP, el impacto demoledor que sobre la  muy precaria situación de las políticas culturales en España podría tener la puesta en marcha del Tratado.

Junto a la urgente reflexión que ha venido desarrollándose en estos dos últimos años en España sobre el papel que pueden jugar los artistas como constructores de sentido y como creadores de nuevos paradigmas frente a las lógicas más feroces del mercado, también se han empezado a oír voces críticas dentro del sector cultural ante el hecho de haber focalizado demasiado la atención en el IVA cultural, en detrimento de otros aspectos que también están asfixiando a los trabajadores de la cultura en nuestro país.

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El compromiso #CulturaEsRiqueza impulsado por la compañía teatral FeelGood, la plataforma Seguir Creando o la denuncia sobre las condiciones de contratación que han hecho oír artistas como la soprano Miren de Miguel, iniciativas aún esporádicas, han mostrado una realidad más poliédrica que nos obliga a abrir el foco y a construir un discurso más amplio como sector profesional que logre poner las condiciones socio-laborales y la exigencia de políticas que garanticen la protección de los derechos culturales en nuestro país. Como ya analizamos, el TTIP por su efecto sobre los derechos laborales y su progresivo desmantelamiento de algunas de las herramientas de protección de la diversidad cultural (con un impacto especialmente lesivo sobre la cultura y las economías rurales) no haría sino agravar la precaria situación que desde esta multiplicidad de voces se viene denunciando.

Quizá desde el sector cultural podríamos aprovechar la sinergia de esta semana europea de movilizaciones contra el TTIP, las conclusiones que dejará el encuentro de IETM en Valencia y la articulación coral de todo lo que ya están trasladando los artistas españoles en sintonía con sus iguales europeos para consolidar una visión sectorial más fuerte en la defensa de nuestros derechos que logre llegar con más nitidez a la sociedad española.

 

#GCultural2016: La cultura como servicio público

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Ayer se celebró la Cuarta Mesa del I Congreso Online de Gestión Cultural, “La gestión cultural desde las bases” que reunió experiencias y reflexiones sobre cultura y territorio desde Argentina, Bolivia, México, Perú y Uruguay.

Junto al reconocimiento de un escenario y problemática común (¿cuál es el papel de los partenariados en la gestión cultural?; ¿cómo gestionamos y desde dónde la colaboración con instituciones público-privadas?; ante la creciente disminución de financiación pública, ¿qué papel juega la financiación privada?, ¿qué peso tiene el financiador/patrocinador sobre el diseño último de los programas?; el desequilibrio en tamaño y poder de los agentes implicados en un mismo proyecto cultural, ¿afecta al trabajo en red?…), me pareció especialmente interesante el debate que se abrió paso sobre autogestión y sustentabilidad de los proyectos culturales.

Al hilo de una reflexión por parte de Centros MEC, “cuando hay un tejido sólido de instituciones, hay mejores procesos en el territorio”, me vino a la cabeza un artículo de Eduard Miralles que ya desde el título es una declaración de intenciones: “Hermanos, ¿cuándo fue que se comenzó a joder aquello de entender la cultura como servicio público en España?”

Desde mi propio trabajo en cultura y territorio a veces constato que trabajamos por proyectos temporales y en estructuras laborales desprotegidas o apenas sustentables, no tanto por elección, sino por la falta de implantación institucional de políticas culturales con visión a medio y largo plazo, que nos permitan de alguna manera, y como sector profesional, salir de las intervenciones puntuales o de programaciones aisladas que no terminan de garantizar con la suficiente fuerza el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

Me consta que es un leitmotiv personal, pero considero que si colectivamente hemos logrado el reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos es nuestra obligación alentar, presionar, incidir, inspirar…para que este paradigma sea el que rija las políticas culturales de cada uno de nuestros países. Desde mi punto de vista, como profesionales de la cultura, no sólo deberíamos conformarnos con una visión post-política y aséptica de la gestión cultural, papel que le resulta tan cómodo y que puede reforzar tanto a nuestro pesar, el actual sistema de desigualdad estructural, sino como tantas veces  repetimos ayer (trabajamos con un horizonte de autonomía en nuestras comunidades, la cultura genera afectos, la cultura es identidad…), sabernos defensores y defensoras de uno de los ejes clave de los derechos humanos, especialmente ahora, cuando la violencia económica, especialmente en su faceta extractiva, está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las formas de relación entre identidades culturales y modos de relación y protección del territorio. Cambiar el paradigma de la gestión falsamente desideologizada (la no ideología es ideología dominante) a favor de la exigencia y el ejercicio de nuestros derechos culturales como ciudadanía. Desde España, sólo puedo mirar con envidia y afán de esponja, los programas de cultura-país que están desarrollando bajo este prisma, aunque desde diferentes perspectivas, países como Bolivia, Chile o Colombia.

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Yo también me pregunto, con Eduard Miralles, en qué momento quedaron “anticuados” Jon Hawkes con su convencimiento de que la cultura es el cuarto pilar del Estado del Bienestar o Amartya Sen que desnudó aquel concepto de desarrollo que no tenía en cuenta a la cultura.

Me pregunto en qué momento el sector cultural de mi país y su sociedad civil (que poco o nada han mostrado en las calles, marea que nos falta, su descontento ante la ferocidad de los recortes culturales y el desmantelamiento de la cultura como servicio público), me pregunto, decía, cuándo el sector cultural y nuestra sociedad civil han dejado de considerar que la falta de integración de la formación artística en nuestro sistema educativo general, la insuficiente red de bibliotecas públicas, los bajos índices de lectura, el vacío legal competencial de la Administración Local en materia de cultura, la privatización de la gestión de los equipamientos culturales públicos, así como la creciente externalización de servicios culturales y proliferación de opacas fundaciones ajenas a todo control público y criterio de transparencia, han dejado de ser demandas importantes de nuestro sector profesional.

Se hace evidente que la atomización del sector y su dura pelea cotidiana por la sustentabilidad económica de los proyectos, nos han influido a la hora de constituirnos como un agente social con más fuerza para negociar de modo colectivo precisamente las condiciones en las que se ejerce nuestro trabajo y que dependen directamente de esas mismas políticas culturales sin visión a medio y largo plazo de las que necesitamos cambiar el paradigma.

 

#GCultural2016: A vueltas con la accesibilidad: innovación social y cultura libre

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A propósito de la experiencia de Gabriela Giurlani en su trabajo con artistas y escritores con discapacidad, y sin duda impulsada por la reflexión de Daniel Daza referente a los procesos de creación de redes libres, abiertas y comunitarias (ambas presentadas al I Congreso de Gestión Cultural Online), se entrelazan dentro de mí algunas cuestiones sobre la accesibilidad cultural.

Junto a otros elementos clave que configuran lo que denominamos accesibilidad cultural y que ponen sobre la mesa factores económicos, geográficos, de distribución del tiempo o de impacto de las barreras subjetivas, me interesa en este momento detenerme sobre la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional.

En España, más allá de lo que aguante el papel en la “Estrategia integral española de cultura para todos”, encontramos muy pocos proyectos de política cultural pública vinculados a este tema. Las (muy necesarias) Jornadas estatales sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, que como su nombre indica, tienen carácter sectorial y no cubren el resto de las manifestaciones artísticas ni la pluralidad de espacios de creación, así como el programa estatal “Teatro accesible” que, en la actualidad, está siendo desarrollado por la Fundación Vodafone. Si bien la reflexión sobre la accesibilidad física y la eliminación de barreras arquitectónicas de los espacios culturales  ha sido más desarrollada, fuera de las organizaciones y fundaciones especializadas en el sector de la discapacidad, aún existe muy poca información y formación (y muy pocos recursos económicos) relativos a la superación de otro tipo de barreras de acceso.

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Siguiendo la línea reflexiva que se está articulando en el Congreso relacionada con la capacidad de la cultura libre para contribuir a impulsar un nuevo sistema económico, así como con nuestra capacidad como gestores para lograr que se reconozca la accesibilidad de la cultura como valor medible de retorno social, me planteo algunas cuestiones:

  • Algunos espacios post-15M que centraron su acción sobre los derechos de las personas con diversidad funcional ya ensayaron fórmulas en las que, a través del diálogo y el vínculo con la cultura maker y el diseño universal, utilizaron los espacios de innovación ciudadana y los labs que empezaban a crearse al servicio de la creación de herramientas tecnológicas que facilitaban tanto la vida cotidiana como la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional. ¿Qué pasaría si esta fuese una línea de trabajo a impulsar horizontal e institucionalmente en todos los Labs ya creados?, ¿qué pasaría si las alternativas que definen a la cultura libre se aplicasen de modo sistemático al sector de la innovación social y se impulsasen desde lo público, frente a los riesgos de la cooptación neoliberal que hoy enfrenta? “Ser hecho por uno mismo, el control sobre el acceso al código, a estudiarlo, modificarlo, compartir las mejoras de cualquier creación”.
  • Las fundaciones privadas o subvencionadas que hoy se ocupan del desarrollo de tecnologías de apoyo en el sector cultural, ¿qué criterios siguen en relación con las patentes?, ¿comercializan de forma privada después estos desarrollos?, ¿la política de precios de los mismos los vuelve accesibles a toda la ciudadanía afectada?, ¿nuestros organismos culturales públicos han incorporado ya cláusulas específicas en los pliegos de contratación que puntúen la garantía de accesibilidad en espacios y espectáculos?
  • ¿Por qué la cultura libre no está reivindicando el papel protagonista que le correspondería en el sector de la accesibilidad cultural?, ¿por qué colectivamente estamos realizando esta dejación de funciones a favor de las fundaciones y el sector privado? ¿Qué relación mantenemos sectorialmente con la innovación y el emprendimiento social?
  • Más allá del acceso como espectadores o usuarios, ¿qué políticas culturales estamos desarrollando para garantizar los derechos como creadores de las personas con diversidad funcional? En nuestros circuitos y programaciones, ¿está incorporada esta mirada?

Sin duda, junto al seguimiento y la exigencia de cumplimiento y transparencia relativos a la aplicación de la “Estrategia integral española de cultura para todos” y la deseable mayor apertura, dinamismo y relación con la sociedad del Foro de Cultura Inclusiva, éstas son líneas de desarrollo pendientes para la gestión cultural pública.

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#GCultural2016: Cultura libre y comunidades

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“No tenemos un público, formamos parte de una comunidad.”

Barbi Couto, editora de Ediciones de la Terraza

 

Al hilo de lo debatido en la Mesa 1 del Congreso Online de Gestión Cultural, “Gestión cultural para la producción de cultura libre”, surge una reflexión en mí vehiculada por cuatro ideas fuerza que se repitieron en la conversación:

  • La importancia de saberse parte de una comunidad y encontrar en el contexto fortalezas, rompiendo a través de dinámicas de colaboración aquellas estructuras que generan márgenes. En relación, por ejemplo a las iniciativas de mapeo cultural compartidas, me parece clave un aspecto: el modo en el que rompen el control, democratizándolo, de la visibilidad de las iniciativas, visibilidad que suele ser utilizada por parte de los distintos “poderes institucionales” para definir qué puede ser considerado cultura y qué no y así poder llevar hacia los márgenes aquellas iniciativas cuyos relatos puedan tener mayor fuerza para desestabilizar el poder o que lo cuestionen de un modo más frontal. La democratización en la visibilidad y en la constitución de las agendas culturales de un territorio contribuye a cuestionar la verticalidad y la imposición de definiciones, así como pone en cuestión algunos de los ejes del discurso neoliberal: la deslocalización económica y el mandato de aislamiento (los territorios en los que se asientan las iniciativas son intercambiables) y el acaparamiento de la “mirada”, la visibilidad (la ubicuidad) como mecanismo de dominio y concentración de valor económico. ¿Competir para ser más vistos? No, generar ecosistemas de miradas de ida y vuelta horizontal.
  • La necesidad de liberarnos de un paradigma finalista y objetual, para pasar a la reflexión sobre los procesos. Los proyectos culturales no son estáticos, ni lineales, pensamiento contaminado por una noción económica del crecimiento ilimitado y de una definición de desarrollo anticuada, sino que viven procesos de transformación que nos llevan a plantearnos la necesidad de cambiar la medición del valor en nuestras sociedades. No se trataría, en la evidente necesidad de avanzar en la creación de indicadores y estadísticas culturales más fiables, de volver a caer en la tentación finalista, sino de lograr incorporar todas las dimensiones cualitativas y de creación de comunidad que la cultura genera. Avanzar desde la cultura libre en la afirmación y creación de otras culturas económicas, en las que el valor económico no pueda deslindarse del medioambiental, del social y del impacto democrático.

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  • Siguiendo las reflexiones de la economía feminista que tratan de llevar al centro la conversación sobre la “sostenibilidad de la vida”, seguimos necesitando darnos voz para hablar sobre el voluntarismo, activismo y precariedad en la que viven muchos gestores de proyectos culturales, así como el riesgo de cooptación y reapropiación por parte de los mecanismos del mercado, que fagocita los resultados de lo construido por creadores y comunidades, monetizándolo y dejando fuera precisamente a creadores y comunidades. Sigue siendo uno de los elementos de mayor desprotección (y dolor) del sector y quizá en los próximos años debamos llevar la atención a dos aspectos: a) qué discursos en el sector cultural legitiman (y nos convencen) para aceptar como natural y consustancial al trabajo cultural esta vulnerabilidad; b) cómo podemos generar mecanismos colectivos para protegernos de la “depredación del conocimiento colectivo” y mejorar las condiciones laborales del sector.
  • Entre las líneas de trabajo apuntadas en esta primera mesa se plasmó la necesidad de crear una nueva institucionalidad cultural que, junto a la necesidad de dinámicas de democratización cultural, pasase a procesos de democracia cultural, cuestionándose los propios cauces de participación: quién los define, desde dónde, en qué condiciones de materialidad, con qué sesgos cuenta, quiénes pertenecen, quiénes quedan fuera… En mi opinión es en esta dirección en la que la cultura libre puede tener uno de los recorridos de mayor calado: en su contribución a la creación de comunidades auto-educadoras, reflexivas, críticas que se expongan con mayor libertad y facilidad a distintas experiencias artísticas y de creación e innovación, convirtiéndose en agentes e interlocutores clave para el diseño de políticas culturales municipales y procesos de programación colaborativa. Desde mi punto de vista, en esta función de “creación de públicos desde abajo”, es en la que la cultura libre puede desarrollar su mayor potencial y generar sinergias transformadoras en la institucionalidad, intuyendo su potencialidad en el medio rural y sus espacios de gobernanza (juntas vecinales, mancomunidades, comarcas).

 

#GCultural2016 : Construyendo democracia cultural

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Ayer, a través de una conversación en directo en la que confluyeron simultáneamente más de 70 profesionales internacionales, se inauguró el I Congreso Online de Gestión Cultural. Desde el 12 de septiembre hasta el 10 de octubre se estará tejiendo un debate libre y horizontal acerca de los principales retos que afronta la profesión así como de su papel clave como agentes de construcción de democracia, en un ejercicio de polifonía y multisoportes, que ha buscado también la complicidad de los blogs culturales como espacios de profundización en el debate y modelo alternativo de cobertura mediática.

Este evento online, organizado por Aforo Gestión Cultural, Ártica Centro Cultural Online, Baixa Cultura, Comandante Tom, Comunicación Abierta y Gestión Cultural UY en el que se dan cita actores de toda América Latina y España ha seleccionado como ejes de diálogo los siguientes temas:

  • Experiencias y proyectos de cultura y activismo digital.
  • Gestión cultural para la producción de cultura libre.
  • Gestión cultural en las bases.
  • Comunicación en red y herramientas TIC para la gestión cultural.
  • Espacios culturales y comunidad en red.
  • Profesionalización en gestión cultural.

Al hilo de la selección de las diferentes ponencias por parte de los organizadores, surgen ante mí algunos debates clave que tendremos tiempo de elaborar hasta el 10 de octubre:

  • Sobre la sustentabilidad de los proyectos culturales:
    • ¿Qué respuestas colectivas se están articulando para visibilizar y frenar la precariedad laboral-vital de los trabajadores del sector?
    • Como sector profesional, ¿estamos articulando bien este discurso?, ¿estamos realizando conjuntamente una reflexión sobre nuestros propios derechos laborales? ¿Cuál es nuestra capacidad de negociación colectiva para mejorar las condiciones de vida socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cultura? ¿Existen experiencias de sindicación cultural en los diferentes países?, ¿cuáles son?, ¿son replicables en otros territorios?
    • En el actual paradigma económico neoliberal, ¿qué papel se le da a la cultura?, ¿cómo nos posicionamos frente a la “generación de contenidos”, la lucha por la visibilidad o la cooptación del valor del diseño como elemento distintivo conformador de desigualdad social simbólica?

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  • Sobre nuevas políticas de participación, cultura y ciudad:
    • ¿en qué momento se encuentra la aplicación de la Agenda 21 de la cultura?, ¿qué papel estamos jugando como co-diseñadores de las políticas culturales municipales?
    • ¿estamos reflexionando sobre la utilización que se está haciendo de la cultura para apoyar ciertos procesos de gentrificación?
    • ¿cuál es la capacidad del sector cultural en cada país para marcar la agenda política?, ¿tenemos capacidad para impulsar marcos legislativos que amplíen las vías de participación comunitaria?
    • Frente al paradigma de la cultura espectáculo, ¿deberíamos reflexionar sobre nuestra capacidad de impulsar un nuevo paradigma que ponga en el centro los derechos culturales frente a la pasividad de la cultura mercancía?
  • Sobre la vinculación con territorios y comunidades:
    • Frente a la hegemonía cultural anglosajona, ¿qué papel pueden jugar los “Sures”? ¿Puede la cultura impulsar una reflexión transformadora sobre el papel interesante que puede jugar el Sur de Europa en el nuevo escenario internacional?
    • ¿Cómo puede contribuir la cultura digital a la promoción de la diversidad cultural?
    • En una dinámica global en la que el peso demográfico se va a concentrar en las ciudades, ¿qué papel va a jugar el mundo rural y sus culturas a nivel internacional? ¿Cómo se vive en estos dos mundos la gestión de espacios culturales y el concepto de autogestión?
    • ¿Se está garantizando el acceso a la cultura como servicio público? ¿Son las experiencias de democratización cultural replicables?

Sin duda van a ser días de diálogo profesional interesante, que ampliará nuestros puntos de vista a través del conocimiento de diferentes experiencias y en las que se irán tejiendo redes de preguntas con sus múltiples respuestas.

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Bailar con las manos atadas: Régimen Local y políticas culturales en España

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Principio de subsidiariedad: ningún servicio público que pueda residir en un nivel cercano de la Administración debe quedar en otro más lejano.

 

En vísperas de la primera gran conferencia internacional tras la aprobación de la Agenda 2030, Hábitat 3, que se celebrará durante el mes de octubre y en la que se debatirán las nuevas líneas de actuación mundiales en materia de desarrollo urbano sostenible, llama la atención no sólo el silencio mediático en nuestro país al respecto, sino el silencio aún más sorprendente por parte de gran parte del municipalismo español.

La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales está desarrollando una importante labor de presión frente a la ONU para lograr que se tenga en cuenta como interlocutores tanto a las propias ciudades como a las organizaciones territoriales del nivel local, así como está haciendo suya la defensa de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura como eje clave para el desarrollo urbano sostenible.

Sorprende, como decía, el silencio de gran parte del municipalismo español, como si aún no fuese consciente del desequilibrio que existe entre los diferentes niveles de gobernanza, así como si no se creyese demasiado, más allá de fórmulas huecas o fogonazos mediáticos, el papel fundamental que juega la cultura para la profundización democrática así como el protagonismo clave que tienen los gobiernos locales en la propia defensa de los derechos culturales en España.

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Jordi Font, en su lúcido análisis “Radiografía de la política cultural local” nos alerta sobre el estancamiento competencial, legal y financiero en el que se ha situado al régimen local en materia de cultura sin que se esté dando batalla alguna al respecto.

Mientras que el gasto público en España se sitúa, con pocas variaciones, en porcentajes del 57% para la Administración Central, 30% para el nivel autonómico y 13% para la Administración Local, si llevamos nuestra atención al gasto público en materia de cultura nos encontramos ante el hecho de que la Administración Central dedica un 0,5% de su presupuesto a cultura, un 4% la Administración autonómica y un 8% la Administración Local, siendo esta última la que cuenta con menor definición (y por tanto mayor vaguedad) de competencias. Sin embargo, una mirada rápida a nuestro país nos confronta con la realidad de que es la Administración Local la que se hace cargo de la mayor parte de los servicios culturales en España.

Por tanto ambigüedad competencial, financiación estancada…pero también interlocución de “segunda categoría”. ¿No resulta paradójico que quienes están afrontando el mayor peso de la política cultural en nuestro país, el nivel municipal, no formen parte de la Conferencia Sectorial de Cultura? La Conferencia, nacida como el órgano de cooperación con las comunidades autónomas en materia de cultura, llamada a buscar la coherencia y la colaboración entre los diferentes organismos, así como la búsqueda de una cierta armonización legal, no sólo no reconoce en su reglamento ningún papel orgánico al nivel local, sino que, en el caso de darse algún debate (en las dos reuniones contempladas por año, por cierto) sólo prevé la invitación de alguna de las asociaciones de entidades locales con mayor implantación, sin dejar claro en absoluto si se les reconocería más allá de la voz el voto.

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A todas luces, y no sólo en cultura, es éste un debate permanentemente aplazado y no considerado urgente, dado que traería consigo una reflexión profunda sobre el actual Régimen Local en nuestro país y la necesidad de afrontar un proceso de reequilibrio hacia la Administración Local que en tiempos como los actuales de pura crisis de régimen, no toca.

Me pregunto también si el triunfo del paradigma neoliberal en gestión cultural y la implantación de las lógicas de “marca territorio” y city branding, con las estrategias de diferenciación y posicionamiento asociadas a las mismas, no están impidiendo de alguna manera a nuestros gobiernos locales reconocerse en una problemática común que les permitiese unificar voces y hacer valer su protagonismo como interlocutores clave en materia de política cultural en nuestro país y que les llevase a reivindicar como gobiernos locales la importancia de garantizar el principio de subsidiariedad  en España.

 

El relato pendiente de la España Vacía

 

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(Todas las imágenes corresponden a la obra de los artistas salmantinos Pablo Sánchez Herrero y David de la Mano)

Descubrimos que algo que necesitaba ser dicho por fin se ha nombrado cuando, al salir a la luz, nos reconocemos en ello y nos lo apropiamos. Que “La España Vacía” de Sergio del Molino ha conseguido llevar la mirada y la reflexión hacia un espacio hasta el momento silenciado lo muestra no sólo el poder metafórico del título que en pocos meses se ha convertido en término de referencia sino también los múltiples artículos y alusiones que han nacido a raíz del ensayo (valga como ejemplo el listado de películas seleccionado por Filmin bajo el mismo epígrafe, “La España Vacía”).

Hay una idea central que Sergio del Molino, a modo de línea de bajo sosteniendo una composición, traslada una y otra vez en su obra: “A la España vacía le falta un relato en el que reconocerse…”; “Esto se debe a que la España vacía casi nunca se ha narrado a sí misma, se ha resignado a ser narrada.”; “Es preferible un pueblo susceptible a un pueblo que no tiene forma de responder al relato que otros hacen de él”; “Nunca ha sido dueña de sus propias palabras. Siempre ha sido contada por otros.”

Quienes en algún momento desde la política cultural trasladamos a los actuales partidos, en mitad de los dos últimos años febriles que está viviendo España, la necesidad, si realmente se pretendía un cambio sustancial frente a la España nacida del Régimen del 78, de desmontar el relato hegemónico sobre esta parte del país, especialmente Castilla y León, herencia aún no contestada desde el franquismo, así como reclamamos una crítica profunda sobre su invisibilidad mediática, sobre “la historia de crueldad y desprecio que influye fuertemente en el país tal y como es hoy, pero que casi nunca se tiene en cuenta” tal y como afirma Sergio del Molino, fuimos apartados como odres viejos.

Ha tenido que venir una parálisis institucional y la lucidez de este ensayo  para que se oiga a nivel estatal por primera vez que no habrá soluciones al encaje territorial en nuestro país sin tener en cuenta que “las provincias despobladas nunca han visto sus intereses representados ni protegidos en el Congreso” y que en este país la actual ley electoral está instrumentalizando a las provincias para mayor gloria y boato de los aparatos de partido asentados en Madrid. De pronto volvió a resonar la voz de Julio Llamazares advirtiendo sobre la asfixia que estaba ejerciendo el centralismo madrileño sobre el desarrollo social y político de Castilla y León.

Pues bien, ahora se nos muestra la importancia clave de la construcción de un relato diferente para esta España Vacía, que reconozca su dignidad y que sea capaz de llevar una mirada crítica hacia cómo se ha alimentado el desprecio y la invisibilidad de este territorio en los últimos treinta años (por ejemplo, analizando qué tipo de discurso hay detrás de la imposición de candidaturas centralistas a las provincias despobladas y cuáles son sus efectos sobre la construcción de identidad local) o también a través del análisis de la reactualización de tópicos en los nuevos medios de comunicación.

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Como ejes clave de trabajo para el desarrollo de una nueva política cultural que sea capaz de contribuir a la construcción del relato pendiente de la España Vacía, a bote pronto, y desde Castilla y León se identifican:

1.- La arquitectura de la cultura institucional en Castilla y León se apoya en dos pilares: la remisión permanente al imaginario del Antiguo Régimen y la privatización progresiva de la gestión cultural pública. El “reino perdido en el que no se ponía el sol” y su ropaje marcan las líneas oficiales de la cultura en nuestra comunidad, con una vinculación innegable en el diseño de la programación con la Iglesia Católica. De igual manera, el impulso por parte de la Junta de Castilla y León del modelo “fundación público-privada” para la gestión cultural de nuestro territorio está frenando e invisibilizando la labor del mediano-pequeño agente cultural y la incorporación de nuevas voces, prácticas, ideas a la construcción de nuestro propio relato territorial. Fundaciones vinculadas a antiguas cajas de ahorros y estructuras híbridas que escapan al control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas se repiten en todas nuestras provincias. Las “puertas giratorias” en Castilla y León no están tan vinculadas al ámbito industrial o bancario como al cultural y comunicativo: patronatos de fundaciones de patrimonio, cargos de libre designación en estructuras culturales creadas ad hoc, “cementerios políticos” vinculados a organismos oficiales culturales… Las principales tramas de corrupción descubiertas en nuestra comunidad han tenido siempre ramales vinculados a la cultura y los medios de comunicación regionales. Se impone, por tanto, con urgencia, cuestionar el MARCO desde el que se está diseñando la política cultural de Castilla y León y que remite, una y otra vez, al refuerzo de un relato impuesto.

2.- Como bien señala una vez más Sergio del Molino, a la España Vacía se le ha negado el derecho a la contemporaneidad. Es evidente que en la denuncia de la gentrificación y la conversión tanto de los centros históricos como del medio rural en “parques temáticos” para determinados modelos turísticos existe un camino a explorar. La investigación y promoción de nuevas formas de habitabilidad y una mirada específica hacia lo urbano de tamaño medio y sus modelos de relación con el espacio rural se hacen urgentes.

3.- También corre prisa llevar la mirada hacia la protección del patrimonio rural, la necesidad de su catalogación exhaustiva, los bloqueos legales que aún perviven en algunos procesos con la Iglesia o la habilitación de procesos de socialización patrimonial. Castilla y León es una de las comunidades con mayor número de bienes culturales incluidos en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra y aún tiene mucho camino por andar en la protección e impulso de la labor arqueológica. Es necesario debatir sobre el papel del patrocinio en las labores de restauración, que sin duda necesitan más recursos, pero que necesitan un escrupuloso cuidado público para no dejar al margen las necesidades del patrimonio de nuestros pueblos, dirigiendo las políticas no sólo hacia los núcleos urbanos de la comunidad sino también hacia los pequeños núcleos de población.

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4.- Es clave que se reconozca como una prioridad política en nuestro país el reparto de competencias entre los distintos niveles institucionales y el refuerzo necesario del Régimen Local, clarificando de una vez qué competencias corresponden a las diputaciones y los ayuntamientos en materia de cultura, para evitar tanto el riesgo del clientelismo como el de la desprotección (¿a nadie le parece ofensivo que sólo tengan derecho legalmente reconocido a una biblioteca quienes vivan en núcleos de población que superen los 5.000 habitantes?). La amenaza que supone la Ley Montoro para la España Vacía necesita mayor visibilidad y debate en nuestros medios de comunicación.

5.- Frente al centralismo geográfico y un modelo cultural que fija su atención exclusivamente en lo urbano, un nuevo relato podría explorar:

  • El reconocimiento, la puesta en valor y la dignificación del presente de nuestra cultura popular y su diversidad, así como el trabajo a favor de la innovación cultural y social en el medio rural castellano-leonés.
  • La reivindicación política de lo festivo como espacio privilegiado de construcción de comunidad y como despliegue de la diversidad cultural, afrontando el reto de asociar a las industrias culturales y creativas todo lo relacionado con la cultura gastronómica y la artesanía.
  • La creación de un nuevo modelo de turismo cultural más democrático y participativo que evite la “uniformidad territorial” (Castilla como “paquete”) y ponga también en cuestión el relato de la cultura en nuestra comunidad como distinción de élites y artículo de lujo.
  • La integración del patrimonio natural también como eje clave de una nueva política cultural en Castilla y León y el trabajo sobre la significación afectiva del paisaje cultural y su protección (por ejemplo, hacia una resignificación de la dehesa).

Son muchas las ventanas y las conversaciones posibles que ha abierto “La España Vacía”. Como reto apasionante para quienes trabajamos desde la cultura en esta parte del país se encuentra el deseo de que nunca más “se sienta al margen (…) porque sus problemas suenan extrañísimos en el conjunto de la sociedad y nunca aparecen en el orden del día”.

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Más allá del milenio: la cultura pendiente en los objetivos de desarrollo sostenible

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Entre los efectos secundarios del intenso ciclo electoral que atraviesa España en los dos últimos años se encuentra el hecho de que importantes debates a nivel internacional, que requerían más pausa y profundidad en la argumentación de la que permitía la feroz actualidad, hayan pasado prácticamente desapercibidos para la opinión pública. Es el caso tanto de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la nueva formulación de las prioridades de desarrollo para el periodo 2015-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si bien ya hubo numerosas voces críticas que señalaron el profundo error que supuso la ausencia de la cultura como un objetivo clave dentro de los Objetivos de desarrollo del milenio (especialmente en lo relativo a las necesidades de grupos minoritarios y las comunidades indígenas), no es menos cierto que dicha ausencia provocó como respuesta un incuestionable trabajo de investigación, desarrollo de indicadores, profundización en conceptos y debates sectoriales dentro del campo de la cooperación cultural para tratar de paliar dicha exclusión. La necesidad de hacer sentido común del hecho de que no puede haber desarrollo si se excluye la cultura del mismo, considerada como su cuarto pilar, así como cambiar el paradigma y hablar de la cultura en términos de derechos culturales y sostenibilidad, han sido algunos de los ejes de trabajo internacionales más importantes hasta el 2015.

Sin embargo, a pesar de un ejercicio de coordinación sin precedentes desde el 2014 entre las redes internacionales de cultura, su propuesta “El futuro que queremos incluye a la cultura” y todo el trabajo comunicativo y operativo alrededor de la inclusión del objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos”, en el documento aprobado por la ONU en Nueva York el pasado septiembre, una vez más, la cultura se ha quedado fuera de los 17 objetivos de los ODS. ¿Una cuestión menor? En absoluto, son dichos objetivos los que determinarán la dirección del gasto de los próximos 15 años tanto de los gobiernos, como de los principales organismos internacionales. Como bien sabemos, cuando la cultura “se da por hecho”, “es transversal” y “evidentemente está implícita” supone que aún no se ha comprendido la indivisibilidad de los derechos humanos de los que los derechos culturales forman parte.

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Alfons Martinell ya ha hecho un análisis minucioso sobre los motivos por los cuales se ha dejado fuera de los ODS a la cultura. Me interesa, no obstante, más allá del importante marco de lectura de la cooperación norte-sur y sur-sur, el impacto que esta exclusión tiene sobre la agenda política internacional y los retos actuales sobre identidad y política.

A nadie se nos escapa que las identidades culturales están siendo uno de los vectores clave en gran parte de los conflictos internacionales, así como también es obvio que los conflictos económicos y de poder y el aumento alarmante de los índices de desigualdad se plasman en el ámbito cultural. Valgan como ejemplos las presiones de las multinacionales extractivas hacia las poblaciones indígenas y sus recursos en América Latina o la primera sentencia de la Corte Internacional ante el juicio de Al Mahdi, condenado por crímenes de guerra por la destrucción sistemática del patrimonio de Mali.

Sin embargo, Europa tampoco puede permitirse otros quince años en los que no se haga un esfuerzo común por situar como centro de sus políticas culturales la garantía de los derechos culturales, que no han de verse sólo como un área de trabajo de la cooperación internacional, sino como un elemento vertebrador de todos los niveles administrativos y de desarrollo, local y rural especialmente.

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Europa necesita hacer suyo el objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos” en dos campos:

  • En el de la gestión cultural pública, ante el progresivo desmantelamiento en toda Europa de la cultura entendida como servicio público (sin duda por el colapso continental de la socialdemocracia) y la consolidación de modelos centrados en la espectacularización, la esponsorización y la progresiva privatización de bienes y servicios culturales en detrimento de los derechos de participación en la vida cultural recogidos en todas las legislaciones nacionales e internacionales, Carta de Derechos Humanos incluída.

 

  • En el de la propia definición de la Unión Europea y el debate urgente sobre sus posibilidades reales de futuro, rodeada por retos y conflictos identitarios ante los que tendremos que elaborar una respuesta: el papel de la UE ante Rusia y la presión de los nacionalismos post-URSS, el auge de los fascismos y su efecto sobre la protección de la diversidad cultural europea, la incoherencia entre las políticas de cooperación cultural de la Unión y sus políticas migratorias y de salvaguardia de los derechos humanos, especialmente ante el reto de su frontera Sur y su relación con el espacio cultural mediterráneo, la relación entre las distintas políticas nacionales europeas de cooperación con África, el papel otorgado a sus culturas en Europa y el peso de los partenariados empresariales. En relación con conflictos de identidad cultural abiertos en el seno de la UE se tendrán que articular también políticas culturales que den respuesta a la creciente ruptura rural-urbana y sus efectos (recordemos las últimas elecciones austriacas) así como también plantearse cómo garantizar los derechos culturales de la juventud europea y qué papel puede jugar la cultura ante la grave situación de desempleo juvenil que recorre el continente.

A pesar de que la movilización y el trabajo internacional de las redes de cultura seguirá avanzando para consolidar lo (tantas veces) señalado por Amartya Sen, “una de las funciones en verdad más importantes de la cultura radica en la posibilidad de aprender unos de otros, antes que celebrar o lamentar los comportamientos culturales rígidamente señalados”, sí me queda cierto sabor amargo ante el miedo institucional (no meterse en camisa de once varas…) que ha dejado pasar la oportunidad de la redacción de los ODS y su capacidad de marcar la agenda internacional de los próximos años como una apuesta mundial por afianzar el paradigma de los derechos culturales y coadyuvar en la incidencia preventiva en políticas de seguridad, apostando por la capacidad de la cultura para generar mayores índices de participación y profundización democrática.

Retos actuales de los derechos culturales en España

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“Reafirmando que los derechos humanos son universales,

indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son,

al igual que los otros derechos humanos, expresión y exigencia

de la dignidad humana”

Declaración de Friburgo

 

Cuando, desde Europa, hablamos de derechos culturales, de modo inconsciente tendemos a asimilarlos con el campo de la cooperación al desarrollo y más concretamente con la defensa de los derechos de los grupos minoritarios y los pueblos indígenas y su derecho a la protección de sus lenguas, territorios y acceso a los recursos naturales. No es menos cierto que, dentro del campo de los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, son estos últimos los que, hasta la fecha, han recibido una menor atención. Sin embargo, ya nos alertaba el sociólogo Alain Touraine en una entrevista allá por el lejano año 2000: “Actualmente, el tema fundamental es la defensa de los derechos culturales. Es el principal punto de la agenda en un mundo de consumo de masas, de comunicación de masas, donde el poder social no se limita más al poder político sino que se ha extendido al poder económico y ahora al poder cultural con los mass media. El asunto de los derechos culturales es central.”

Si, como han señalado desde la ciencia política, los derechos civiles y políticos estarían asociados a la libertad, los derechos económicos y sociales llevarían a la práctica el principio de igualdad, la fraternidad no se entendería sin el respeto de los derechos culturales.

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¿En qué situación se encuentra el respeto a los derechos culturales en España? Más allá de los tres grandes campos recogidos en el artículo 15 del Pacto Internacional por los derechos económicos, sociales y culturales: la participación en la vida cultural, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y la protección de los derechos de autor que ya nos obligarían a analizar, entre otras cosas, los medios de apoyo y financieros que está destinando el Estado español para garantizar su cumplimiento, me gustaría detenerme un poco más en las propuestas detalladas recogidas en la Declaración de Friburgo y las preguntas que me suscita.

  • En relación a la disponibilidad de bienes y servicios culturales: ¿están nuestros espacios disponibles para la ciudadanía?, nuestros centros culturales, bibliotecas, museos, eventos, ¿para qué USOS están disponibles?, ¿bajo qué formatos de gestión?, ¿los horarios actuales disminuyen o aumentan esta disponibilidad?, ¿existen protocolos de acceso?, ¿quién los ha diseñado?, ¿estos espacios son netamente públicos?, en el caso de que no sea así, ¿eso ha aumentado o ha disminuido los índices de disponibilidad? ¿Hay espacios infrautilizados?
  • En relación a la accesibilidad: ¿se está discriminando a algún colectivo por motivos de raza, sexo, idioma, religión, convicciones políticas, ascendencia, origen nacional o étnico, origen o condición social o lugar de nacimiento? En nuestras políticas culturales ¿nos estamos planteando quién, por motivos de horario, movilidad, diversidad funcional, renta, edad… se queda fuera? ¿En los proyectos culturales el análisis de la accesibilidad tiene un carácter transversal? ¿Se está garantizando a día de hoy por igual el acceso a la cultura en el medio rural español que en el medio urbano? ¿Hemos sopesado el impacto que la creciente privatización de los servicios culturales tiene sobre las rentas más bajas? ¿Hemos desarrollado indicadores para medir la accesibilidad cultural?

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  • En relación con el respeto a nuestra propia diversidad: ¿Cómo se relaciona España con la herencia cultural gitana?, ¿tenemos acceso abierto a su acervo cultural?, ¿se respeta la lengua caló?, ¿el pueblo gitano actualmente tiene reconocidos los mismos derechos culturales? ¿Se está respetando el derecho de las personas migrantes al mantenimiento de su identidad cultural?, ¿y a su acceso a los bienes, servicios e instituciones culturales? ¿Se está respetando la pluralidad religiosa en nuestro país o se priman unas manifestaciones religiosas por encima del resto? ¿Qué papel le da España actualmente a la diversidad de su pasado cultural? ¿Qué relación mantiene con su propia tradición musulmana y judía? ¿Se está respetando el derecho de petición de la nacionalidad española de la población sefardita? ¿Bajo qué circunstancias y en qué condiciones? ¿Cuál ha sido el relato de España en relación a su pasado colonial? ¿Se ha procedido a la escucha e incorporación del relato de los países colonizados y está presente en nuestro sistema educativo en toda su complejidad y profundidad? ¿Cuál es el papel de nuestro país en relación con su historia común con Filipinas, Sahara y Guinea? ¿Se reconoce este acervo cultural, tiene un espacio, se ha reconocido su presencia y nuestra responsabilidad? ¿Se respeta y protege la riqueza lingüística en nuestro país? ¿Qué medidas de protección ha tomado España respecto al aragonés y al asturleonés, reconocidas como lenguas en peligro de extinción por la UNESCO? ¿Qué papel juegan las lenguas signadas en España?

 

  • En sintonía con “el derecho a recibir una información libre y pluralista que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su identidad cultural”, ¿se siguen manteniendo tópicos en nuestros medios de comunicación? El tratamiento de la información, ¿privilegia a unos colectivos sobre otros, unas áreas geográficas sobre otras, unas lenguas sobre otras?

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  • En nuestra política exterior, especialmente en política comercial a través del papel de las multinacionales españolas ¿estamos teniendo en cuenta los derechos culturales de los pueblos?, ¿cómo se sitúa España respecto a los actuales genocidios culturales que circundan a Europa?, ¿qué tipo de relaciones mantienen el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sobre qué temas? ¿Qué presupuesto destina España a la cooperación cultural y qué criterios sigue en dicha cooperación? ¿Se respeta en España la justiciabilidad de los derechos culturales y existen políticas de reparación adecuadas?
  • En relación a los derechos de los profesionales de la cultura: llevando la atención de modo específico a la situación laboral y económica del sector cultural en España, ¿se están respetando sus derechos laborales?, ¿qué papel ha tenido la negociación colectiva en el reconocimiento de los derechos del sector?, ¿existen ramas sindicales o sindicatos propios para los profesionales de la cultura?, ¿existen convenios colectivos específicos por áreas?, ¿existe un Estatuto del Artista?, ¿qué papel está jugando la contratación pública para el reconocimiento y el respeto de los derechos del sector?, ¿quiénes han sido hasta el momento los interlocutores de la cultura con rango de oficialidad en el ámbito de las instituciones?, ¿hay algún sector que no esté representado? En el ámbito fiscal y de protección económica, ¿se tienen en cuenta las especificidades de los bienes y servicios culturales, más allá de su valor comercial?

A bote pronto, éstas son las preguntas que me asaltan respecto a los retos actuales en materia de derechos culturales en nuestro país y las principales líneas de acción que se derivan de ellos, junto al necesario diálogo con las políticas educativas y las relacionadas con el derecho a la libertad de expresión.