Acceder a las palabras

Hace unas semanas, invitada por el equipo docente de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, tuve la oportunidad de reflexionar, junto a profesoras y alumnas de último curso, sobre el papel que el acceso al conocimiento y a la toma de la palabra tiene en este escenario mundial de retroceso democrático. Al margen de abordar la necesidad, frente a las derivas psicologicistas, de recuperar el vigor de una pedagogía volcada en el desarrollo de las comunidades y territorios en los que se engarza, así como tomando conciencia del protagonismo que habrá de tener la pedagogía como garante de las necesarias alfabetizaciones múltiples que nos protejan como sociedad de la manipulación de la información y nos construyan como individuos críticos ante la oleada creciente de elitización de los conocimientos, tuve la oportunidad, como decía, a un nivel más personal de abordar mi deuda con la pedagogía (yo, que no soy pedagoga) y afrontar la profundidad que nos exige el compromiso ético con el conocimiento y el acceso a las palabras.

Junto a la obvia deuda genealógica que, por el hecho de ser una mujer española nacida en el siglo XX que accedió a la educación y al conocimiento y pudo referenciarse en el pensamiento y vida de mujeres que anteriormente hicieron de esta causa su bandera, guardamos las generaciones posteriores con la Institución Libre de Enseñanza y su estela inspiradora, descubría en tres referentes pedagógicos que han sido claves para mí un motivo y compromiso común aún vigente. Así en la obra de Gianni Rodari, Francesco Tonucci y Paulo Freire volvía a encontrarme con la potencialidad transformadora que tiene la defensa de la inclusión y el empoderamiento a través de las palabras. Si como decía Rodari nuestra obligación social y aún más para el campo humanístico se centra en “defender el uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo”, de Tonucci aprendimos entre otras claves la dimensión educadora de nuestras ciudades y la cortedad de una definición de ciudadanía “adultocrática” que excluye la vulnerabilidad y curiosidad vivificante de su infancia, tomando conciencia con Freire de los usos que la dominación hace del conocimiento, de nuestra capacidad de educarnos juntos como sociedad primando la escucha y el respeto a la educación que nace de la propia y no expropiable experiencia, así como sabiendo de una vez para siempre que sin acceso igualitario a la palabra y al conocimiento no podemos hablar de democracia. Aprendíamos humildemente así que una de las facetas centrales del poder consiste en tener la capacidad de nombrarse a uno mismo, de hacer el relato propio de la experiencia y vivencia antes de que otros nos impongan sus palabras y etiquetas.

Me parecía urgente así, al modo de los bibliotecarios de los EEUU en la era Trump, y en este viaje de vuelta a las palabras que nos exige el auge autoritario y excluyente mundial, volver a encontrarnos como en hoguera común alrededor del amor y la defensa de acceso a la herencia común de palabras y sabidurías creadas por la humanidad, enarbolando entre otras la Declaración que realizó la IFLA sobre Bibliotecas y libertad intelectual en 1999 en la que “declara que los seres humanos tienen el derecho fundamental de acceder a las expresiones del conocimiento, el pensamiento creativo y la actividad intelectual, y de expresar sus opiniones públicamente (…) el derecho a saber y la libertad de expresión son dos aspectos del mismo principio. El derecho a saber es un requisito para la libertad de pensamiento y de conciencia; la libertad de pensamiento y la libertad de expresión son condiciones necesarias para la libertad de acceso a la información.

Urgente para situarnos colectivamente en la defensa de espacios en los que poder pensar, experimentar, explorar las relaciones entre cuerpos y acceso a la palabra al margen de criterios economicistas, de búsqueda de resultados o bajo la imposición de estilos estéticos o ritmos frenéticos en los que la creación y la reflexión común no pueden darse. Si, con Marina Garcés, a través de algunas invitaciones sugerentes recogidas en su último libro Fuera de clase, es tiempo de llevar al centro la mirada a los “cuerpos desprovistos de voz pública” así como detenernos a observar “de qué está hecho nuestro lenguaje si lo miramos a partir de aquellos que no pueden disponer de él”, quizá, como nos advierte la gran socióloga de la lectura Michele Petit una de las líneas de acción colectiva clave en este momento sea la de profundizar en una definición de democracia que nos permita “ser en todos los ámbitos de la vida algo más sujetos del propio destino y no sólo objeto de los discursos de los otros. Añadamos a ello el poder tener derecho a tomar la palabra y la pluma en lo que concierne al bien público.”

De las identidades sofocantes: sobre las prioridades de la Biblioteca Digital de Castilla y León

En un artículo del académico Antonio Niño, Uso y abuso de las relaciones culturales en política internacional, si bien en relación con la construcción de las identidades e “imágenes oficiales” nacionales, se desliza una reflexión importante que explica gran parte de los sesgos que aún hoy sufren las políticas culturales oficiales en Castilla y León:

“Si cambiamos el prisma y fijamos nuestra atención en la imagen del propio grupo que se intenta proyectar, encontraremos la visión que se construye de la comunidad nacional para ser mostrada. Una imagen oficial elaborada con elementos debidamente seleccionados y que, inevitablemente, se inspira ella misma de una memoria colectiva convencional, es decir, en la imagen dominante que la colectividad elabora de sí misma. Esta perspectiva ha sido hasta ahora poco explorada: la definición que esas políticas transmiten de identidad cultural de las sociedades, una identidad definida desde el aparato del Estado y proyectada al exterior como en un escaparate. Si la definición cultural constituye uno de los fundamentos de las identidades nacionales, la selección que los Estados hacen de los rasgos culturales que conviene exportar puede ser una vía original para explorar cómo los Estados construyen hacia el exterior una representación de la propia comunidad.”

El cuestionamiento de Niño sobre los criterios de selección de los rasgos culturales identitarios que representan a una comunidad tomó plena consistencia para mí en relación a una de las últimas medidas llevadas a cabo en las políticas culturales castellano-leonesas, concretamente alrededor de su política bibliotecaria.

Si acogimos con alegría la más que interesante y necesaria puesta en marcha de la Biblioteca Digital de Castilla y León, contemplada en la Primera Fase 2008-2010 del Plan de Lectura para la comunidad, no es menos cierto que algunos de los criterios que se han seguido para su desarrollo merecen, al menos, un análisis sosegado.

 

 

Entre los objetivos que persigue la Biblioteca Digital de Castilla y León, por la importancia social y política que lleva implícita la construcción y proyección de una identidad destaca el siguiente:

“Contribuir al conocimiento e investigación de la cultura, la historia y la lengua y los restantes aspectos constitutivos de la identidad de Castilla y León mediante el acceso a las obras digitalizadas o editadas en formato digital que constituyen la colección de recursos de la BDCYL.” (subrayado personal)

Al hilo de esta declaración de intenciones, no deja de sorprender qué elementos ha seleccionado la Junta de Castilla y León como constitutivos de nuestra común identidad castellano-leonesa y qué aspectos, efemérides, acontecimientos del pasado ocupan su mirada, se destacan y reseñan para construir discursivamente “lo que es remarcable”. Más allá del innegable trabajo de digitalización documental y avance en el acceso abierto al conocimiento, la prioridad en la creación de colecciones en la Biblioteca Digital en este periodo ha estado marcada por la creación de la Biblioteca Digital Taurina, la de la Biblioteca Digital Teresiana y Religiosam Vitam: 800 años con los dominicos.

Es en el ámbito de las políticas culturales en el que con más nitidez se refleja la indisoluble intrincación entre las estructuras de poder y la necesidad de relatos que las legitimen, perpetúen y sostengan.

Si bien son muchas las voces que desde Castilla y León están llamando la atención sobre el peso sofocante que la identidad de cuño nacional-católico heredada del franquismo sigue teniendo aún hoy en la cultura oficial de este territorio, sorprende también nuestra tibieza desde la sociedad civil para articular un debate social en el que planteásemos realmente cuáles son los aspectos constitutivos de la identidad como comunidad, qué papel queremos jugar culturalmente ante la actual crisis territorial del Estado y qué engarces se están dando entre el actual discurso cultural promovido por la Junta y el desmantelamiento por emigración juvenil y desvertebración territorial que sufrimos cada día.

Al hilo de la selección institucional de la tauromaquia y la religión católica como señas de identidad centrales de lo castellano-leonés, también cabría preguntarnos qué criterios se han seguido para que dicha selección temática haya sido prioritaria y dónde se explicitan. Ante la plausible respuesta de las sinergias ante el marco del Año Teresiano o la posible búsqueda de efecto de difusión internacional de la imagen de Castilla y León apoyándose en el impacto que dichas colecciones pudiesen tener entre las comunidades teresianas y dominicas también internacionales, ¿de verdad podemos permitirnos sin escándalo seguir con esta capitalización identitaria de lo castellano-leonés vinculado a los intereses de la Iglesia Católica?

En una comunidad autonóma con, entre otros, como comentábamos hace unas semanas, un notable déficit de bibliotecas rurales e índices de lectura preocupantes, ¿para quién era una prioridad cultural de primer orden el impulso de estas colecciones?

Por una declaración de amor a las bibliotecas rurales

(Imágenes pertenecientes a la intervención artística en los bibliobuses

colombianos de Diana Arias Zué)

En La larga travesía de los libros, reportaje que Televisión Española ha dedicado al trabajo que realizan los bibliobuses en el medio rural castellano-leonés, se repiten como un leitmotiv algunas reflexiones: el vínculo emocional generado en los pueblos con este servicio de biblioteca, la importancia que tiene el trato humano en la mediación lectora, especialmente con la gente más mayor y los riesgos del aislamiento progresivo ante el avance de la despoblación. También sabemos que los centros coordinadores provinciales de bibliotecas, que dependen de las diputaciones, han sido uno de los ámbitos (junto al resto de intervenciones culturales en el medio rural) que más ha sufrido la política de recortes así como los bibliotecarios en ruta aún están peleando por el reconocimiento de la categoría profesional de las funciones que realmente desempeñan. No es casualidad que la Asociación estatal de bibliotecas móviles iniciase su andadura en Castilla y León ni que esta comunidad sea uno de sus ámbitos de referencia.

Si, como recoge el II Plan de Lectura de la Comunidad de Castilla y León 2016-2020, “el porcentaje de lectores de las capitales de provincia es del 62,4%, mientras que en los municipios de hasta 2000 habitantes es del 43% lo que supone una diferencia de 19,4 puntos porcentuales”; y si ya en la Ley de Desarrollo Sostenible del medio rural se recogía

“Artículo 29. Cultura.

Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en el medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan por objeto: a) Crear redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio arquitectónico existente, garanticen la infraestructura para su desarrollo con la mayor polivalencia posible, la dimensión adecuada para garantizar su sostenimiento y su accesibilidad; b) Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la participación y la iniciativa de todo tipo de entidades privadas; c) Dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas; d) Proteger el patrimonio histórico-artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar su mantenimiento y restauración adecuados.”

estableciendo como un eje de acción prioritario dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas, ¿no deberíamos  profundizar en el debate sobre cómo compaginar mejor los servicios de biblioteca móvil con la consolidación paulatina de servicios bibliotecarios fijos en nuestro medio rural?

Durante los años 80, con el auge del paradigma cultural de la animación socio-comunitaria, fueron muchos los pequeños ayuntamientos y asociaciones culturales o vecinales rurales quienes impulsaron la adecuación de espacios y la compra progresiva de ejemplares para dotarse de pequeñas bibliotecas. Existen en muchos de nuestros pueblos espacios ya habilitados pidiendo a gritos actualización, asesoramiento experto, mirada y dinamización. Junto a la visita mensual que realizan los bibliobuses a nuestros pueblos, si realmente queremos revertir la diferencia porcentual de lectores entre las capitales de provincia y el medio rural, deberíamos tener en cuenta el papel central que pueden jugar las bibliotecas rurales en el día a día. No sólo son espacios de promoción lectora, también son un referente de dinamización comunitaria, un espacio de formación permanente, un punto de información y acceso tecnológico y un eje clave de identidad. La peligrosa deriva por la que se están imponiendo en Castilla y León como “medidas de éxito” acciones que dejan las políticas culturales y bibliotecarias rurales en manos de programas de voluntariado, enmascarando recortes y actuaciones de corte neoliberal, sin planificación a medio y largo plazo ni contratación de los profesionales necesarios que podrían implementar con seriedad las acciones de desarrollo cultural rural, dan cuenta de la urgencia de la intervención que está necesitando el sector.

De nuevo remitiéndonos al II Plan de Lectura de Castilla y León relativo a las acciones para el medio rural surgen al menos algunas preguntas: más allá del “estudio de los perfiles de los usuarios” o “recabar información sobre asociaciones y colectivos que existan en la localidad”, “seguir trabajando en el ámbito familiar”, ¿qué medidas concretas se proponen en Castilla y León para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural?

El traslado de experiencias de éxito a través de la elaboración de fichas guía o el impulso de clubes de lectura virtuales presuponen la existencia de mediadores que, a día de hoy, no son una figura real en nuestro medio rural. Las contrataciones temporales, las subvenciones puntuales o el voluntarismo de las pequeñas concejalías de cultura han permitido en los últimos años, en el mejor de los casos, que los espacios bibliotecarios municipales hayan podido dar un mínimo servicio normalmente coincidiendo con fechas estivales. No nos estamos refiriendo a la ruralidad periurbana ni a las principales cabeceras de comarca, sino a la realidad demográfica de la comunidad: el hecho de que dos de cada tres localidades en Castilla y León suman menos de 500 habitantes.

Si uno de los ejes que se repiten una y otra vez en relación con nuestro medio rural es el peligro del aislamiento y la progresiva pérdida de espacios de socialización (“uno podría ponerse las zapatillas de casa en noviembre y no quitárselas hasta marzo, hay que hacer un esfuerzo para salir”, comenta uno de los participantes en el reportaje anteriormente citado), ¿es una línea de acción vinculada a la realidad de lo demandado en nuestros territorios, claramente envejecidos, optar por la virtualización y los fogonazos de acciones de voluntariado? ¿O de lo que realmente estamos hablando es de promocionar planes sin un compromiso sólido con los presupuestos necesarios para implementarlos y que respeten los derechos laborales del sector profesional? En lenguaje de virtuosismo retórico se justifican estas medidas en el propio Plan: “una inversión más contenida puede representar una oportunidad para explorar modelos alternativos, ser innovador en los servicios y en la manera de desarrollarlos y prestarlos…”

Medidas como la contratación de personal bibliotecario  que pudiera dar cobertura comarcal a varias pequeñas bibliotecas rurales para garantizar servicios de préstamo y animación lectora semanales; nuevas políticas de comunicación y visibilidad como el caso de Quintanalara (Burgos); una política activa de comunicación por parte de los centros provinciales coordinadores de bibliotecas acercando a los municipios los trámites para la incorporación de sus bibliotecas locales a la red, tutorizando los pasos necesarios para su adecuación; el impulso de una línea de relación cultural internacional que pusiera en diálogo los modelos de redes de bibliotecas populares y comunitarias latinoamericanas y sus conocimientos para la aplicación de sus metodologías en el medio rural español; la apuesta de los Grupos de Acción Local por el impulso sostenible de las bibliotecas rurales (¿puede haber algo más “productivo” que una biblioteca?) …podrían ser caminos a explorar que pudiesen consolidar la acción ya presente de los bibliobuses rurales convirtiéndolos en punta de lanza para la consolidación de servicios bibliotecarios fijos en nuestros municipios. Al fin y al cabo, el derecho al acceso a la cultura y a la participación en la vida cultural recogido tanto en nuestra Constitución como en la norma internacional no hacen diferencias en función del lugar en el que se habita…

 

El Tratado de Marrakech: derechos culturales de las personas ciegas

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“Cada año, de los millones de libros

que se publican en todo el mundo,

solamente entre el 1% y el 7% se pone

a disposición de los 285 millones de

personas ciegas.”

Esta semana ha entrado en vigor el Tratado de Marrakech, fruto de la negociación internacional por la que 22 países hasta la fecha, se han puesto de acuerdo para establecer límites comunes a sus legislaciones sobre copyright y favorecer  así “el derecho a leer”, como bautizó la Unión Mundial de Ciegos esta campaña en favor de los derechos culturales de las personas con discapacidad visual. El Tratado permitirá el intercambio libre de libros en formatos adaptados (braille, audio…) en todo el mundo.

Tras este primer logro, se plantean otros dos objetivos a medio plazo: la incorporación a dicho Tratado de todos los países que suscribieron la Convención de la ONU a favor de los derechos de las personas con discapacidad, así como el seguimiento de la puesta en marcha efectiva del mismo a través del compromiso firme de las organizaciones de discapacidad, bibliotecas, editoriales, autores y gobiernos.

Junto a este primer y necesario paso siguen estando sobre la mesa algunas cuestiones importantes para seguir debatiendo, (algunas ya las hemos ido señalando):

  • ¿qué papel podría jugar el diálogo entre la cultura libre y los Estados para garantizar con plenitud los derechos culturales de las personas con discapacidad, derechos reconocidos tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en la mayor parte de los textos constitucionales bajo la obligación de garantizar el acceso a la participación en igualdad en la vida cultural de un país?

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  • Igual que la OMPI ha logrado esta serie de excepciones al copyright en relación con los derechos de las personas con discapacidad, ¿se podría lograr este mismo debate en su seno relacionado con el impacto de las normativas de propiedad intelectual sobre el acervo de minorías lingüísticas y étnicas o sobre el derecho de acceso a la cultura en contextos globalizados de fuerte desigualdad social?

Sin duda, el Tratado de Marrakech es un paso adelante en la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía, paso adelante que habrá de ampliarse hacia muchos más colectivos para saciar el “hambre de libros mundial” a la que hace referencia el mismo tratado.