El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos

(Todas las imágenes son obras de Juan Genovés)

 

Me quedaba la semana pasada colgando de una frase del documental de Ai Wei Wei “Marea Humana” (aprovecho para dar las gracias, puesto que me lo recordó, a ese tesoro en la red que es Cultopías de Entrepueblos): la creciente inmunidad frente al sufrimiento de los demás es el mayor peligro político que actualmente afrontamos.

Venía ese eco a acompañar mi deseo de traer aquí la reflexión que Alfons Martinell junto a Beatriz Barreiro han compartido en el último Informe sobre el estado de la cultura de la Fundación Alternativas, aunque ya estaba apuntada en el artículo “La igualdad de acceso y la diversidad como objetivos centrales: nuevas políticas culturales” en el Informe que dedicaron a la diversidad:

 

“Las necesidades y desafíos de las políticas culturales no se están abordando desde una óptica de derechos humanos.”

“Muy pocos colectivos culturales utilizan el discurso y las herramientas de los derechos culturales para reivindicar sus pretensiones, más allá de meras expresiones retóricas.”

 

Entendiendo que nos estamos enfrentando a un proceso de ampliación de lo que tradicionalmente comprendemos como políticas culturales, poniendo en el centro el papel que juegan éstas para construir la legitimidad de la voz pública y de los “sufrimientos y visiones del mundo” que cuentan y la construcción, por tanto, del “nosotros” válido, a través de conocimientos e imaginarios, tomaba para mí carácter de urgencia tomarnos en serio nuestra capacidad colectiva para hacer valer el derecho “a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad” como lo que es: un derecho humano.

 

“Art.27 de la Declaración de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”

 

Como señalan Barreiro y Martinell, cuando desde las políticas culturales nos colocamos en un enfoque basado en derechos humanos, “se refuerza la necesidad de disponer de un marco teórico y conceptual acorde con los planteamientos de los derechos culturales” dado que “preguntarse si España cumple en los derechos culturales nos obliga a nuevas lecturas de la realidad” y “parece que la institucionalidad cultural adaptada y construida a partir del marco democrático de 1978 no responde a las reclamaciones del Comité DESC de Naciones Unidas”

 

Como ya compartimos en el artículo anterior Políticas culturales y derechos humanos esta perspectiva, quería compartir aquí dos iniciativas recientes que están poniendo sobre la mesa la emergencia de abordar colectivamente cómo estamos construyendo la legitimidad de la voz y qué políticas la refrendan.

 

 

La primera iniciativa, en el marco internacional, partiendo de la Convención Americana que establece que “sólo es posible una vida libre, exenta del temor y de la miseria cuando se garantice el goce de los derechos económicos, sociales y culturales” es el Cuestionario lanzado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la elaboración del Informe sobre personas trans y sus derechos económicos, sociales y culturales, en el que se invita también al sector cultural a reflexionar sobre qué tipo de violencias (exclusión, discriminación) pueden estar afectando al derecho a participar en la vida cultural en pie de igualdad a las personas trans, impidiendo su acceso a servicios educativos y culturales o legitimando los imaginarios que perpetúan su exclusión laboral y empobrecimiento. Así, desde el paradigma de derechos humanos, la CIDH está solicitando también a responsables de políticas culturales:

“Suministrar información sobre leyes, normativas, directrices, decisiones judiciales, proyectos y políticas públicas que garanticen y protejan los derechos culturales de las personas trans, bien como barreras existentes para que las personas trans tengan la oportunidad de participar en la vida cultural.”

 

 

La segunda iniciativa, ya en España (y que, por cierto, podría suponer un paso fundamental para el efectivo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -nº3 Salud y Bienestar, en su apartado dedicado a la salud mental- en nuestro país propuesto por el nuevo ejecutivo, en el espíritu que los alienta de “no dejar a nadie atrás”) es la campaña #0Contenciones promovida por el colectivo activista en salud mental Locomún y que mejor ejemplifica para mí la importancia de concentrar nuestra acción y atención sobre la construcción de la legitimidad de la voz.

Partiendo, entre otros, del Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que señala que “inmovilizar a personas con discapacidad psicosocial incluso durante un breve período de tiempo puede constituir tortura y malos tratos”, están confrontándonos de un modo directo y a través de una movilización en primera persona y a la vez absolutamente transversal con la realidad cotidiana de esta práctica en nuestro país, su ampliación, por ejemplo,desde las áreas de salud mental también a las áreas de geriatría y la interrelación entre los recortes económicos en sanidad, la pérdida de derechos laborales de los trabajadores sanitarios y la correlación directa con el aumento en la aplicación de contenciones a personas con sufrimiento psíquico.

Enfrentando como casi ningún otro colectivo la violencia estructural que reside en la negación de la legitimidad de la voz y del reconocimiento del sufrimiento válido, están tratando de transformar esta dimensión central de su exclusión precisamente en uno de los ejes clave de su tablero de juego confrontándonos como sociedad con la construcción social y cultural de la credibilidad y el dolor que cuentan. Igualmente están dirigiendo nuestra mirada, como decíamos al principio, hacia la inmunidad y creciente normalización con la que asistimos socialmente a las prácticas cotidianas de crueldad (y que tanto tiene que ver con el auge del neofascismo en toda Europa) construyendo colectivamente “espacios de sombra” para la normalización del trato inhumano o degradante.

Dejando para el diálogo común estas dos iniciativas al hilo de la invitación de Martinell y Barreiro para reforzar nuestra mirada desde la cultura como eje central para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, dejo dos preguntas abiertas para un final:

• ¿Qué prácticas culturales están legitimando el silenciamiento y la deslegitimación del “dolor de los demás”?

 

• Desde el sector cultural español en su sentido más amplio, ¿cuándo vamos a hacer frente común con los colectivos que trabajan por la judicialización de los DESC para exigir una ley que nos permita proteger a quienes son excluidas de su derecho a participar en la vida cultural?