Patrimonio

Etnografía de la invisibilidad

Estefanía Rodero

 

Hace unos días, en la presentación organizada por la Fundación Gabeiras del Informe “Patrimonio inmaterial y desigualdad de género: una perspectiva antropológica y jurídica de los conflictos sociales en torno a las tradiciones festivas en España” del que ha sido responsable la antropóloga Lidia Montesinos, se suscitó una reflexión interesante que me gustaría recoger aquí.

En el Informe, – que ha recogido y analizado aquellos casos de conflicto relacionados con la desigualdad de género en los rituales festivos en España, especialmente aquellos que han tenido efectos jurídicos o cuya dimensión ha terminado articulándose en procesos de incidencia política-, se vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de entender el patrimonio como espacio político, de discusión, confrontración y diálogo. Aportando luz sobre la dimensión de la violencia simbólica e invisible que reside aún en determinadas prácticas del patrimonio inmaterial y las fórmulas reiterativas de las que se sirve la exclusión (el desprecio, la ridiculización y el ostracismo social de determinadas personas o colectivos), se incide no sólo sobre la necesidad de articular un decálogo de buenas prácticas para la comunicación en este tipo de conflictos, sino sobre la urgencia de seguir transformando los imaginarios y conceptualizar el patrimonio como lo que es, algo vivo y en transformación permanente.

El título de esta entrada, no obstante, es un robo descarado de la intervención que el antropólogo Honorio Velasco realizó a raíz del Informe y que trazó un horizonte de preguntas para la acción que no quiero dejar caer en saco roto.

 

 

Ante la pregunta, ¿qué hace exactamente el patrimonio cultural inmaterial en nuestra sociedad actual y qué podemos hacer para ponerlo al servicio de la paz y la convivencia?  se identificó la urgencia de realizar una “etnografía de la invisibilidad” en base a cuatro hitos:

1.- En el marco del derecho a participar en la vida cultural, aunque especialmente en relación a la protección y actualización del patrimonio, ¿quiénes están ausentes del reconocimiento?, ¿quiénes quedan fuera del foco de luz de quienes son reconocidos como “agentes de cultura”? En una frase del propio Honorio Velasco, “¿a quiénes lo que hacen no les luce?”

2.- ¿Del trabajo y el esfuerzo invisible de quiénes nos estamos beneficiando y apropiando?, ¿a quién y a quiénes se está arrinconando entendiendo su dar y su participación como “un servicio desinteresado y a favor del bien común” que no necesita ser agradecido, precisamente por los procesos de naturalización que permiten dicha apropiación? ¿Quiénes están tomando lo que no les pertenece?

3.- Procesos de subordinación estricta y resquicios legales: en la presentación del Informe, por ejemplo, Lidia Montesinos recalcó cómo en muchos de los casos de conflicto analizados se estaba repitiendo una “perversión”: para huir de la obligación del respeto a la igualdad de género en algunas manifestaciones festivas se están repitiendo procesos de privatización de las estructuras organizativas de dichos actos, para sortear las obligaciones legales a las que estaría sometida la organización pública.

4.- Análisis de la deformación y las distorsiones: personas y colectivos que cuando aparecen no tienen control alguno sobre su imagen, no es la suya, su voz y palabra pública se ve distorsionada, su discurso cuarteado, su planteamiento  y reivindicaciones ridiculizados o reducidos. ¿Quiénes, en nuestras políticas culturales actuales, aunque especialmente de patrimonio están siendo excluidos o excluidas a través de este mecanismo?

En la intervención del profesor Honorio Velasco se planteó también una “agenda de reivindicación para la compensación” basada en:

  • La dignificación como paso previo de cualquier proceso compensatorio: reconocimiento de todo lo que ya se ha hecho, lo ya aportado, lo ya trabajado y construido.
  • Hacer emerger, para comprender en su totalidad el hecho festivo (aunque aplicable para cualquier manifestación cultural) lo fundamental de los trabajos ocultos, la centralidad para la ESTRUCTURA del acto festivo de todo aquello que ha sufrido luz de gas.
  • Centralizar en el discurso la mirada sobre la “transmisión a las generaciones venideras”. Si este es el sentido profundo por el que el patrimonio inmaterial es algo vivo y en permanente evolución, ¿quiénes han mantenido viva dicha transmisión?, ¿a quiénes se les debe gratitud por la protección de los legados?
  • Son las personas, no las cosas: en todas las políticas culturales, aunque especialmente en las vinculadas al patrimonio, se corre el riesgo de borrar a los sujetos, objetualizando la cultura. ¿Quién hace?, ¿quién crea?, ¿quién participa?, ¿quiénes?
  • Señalar también el peso de las apropiaciones culturales de los Estados, por ejemplo y de un modo sangrante, ante la apropiación del patrimonio de los “pueblos sin Estado”, los pueblos indígenas.

 

Recojo por aquí estas cuestiones abiertas, añadiendo una última pregunta personal: ¿qué efectos podría tener, como contrapeso a la desigualdad en el derecho a participar en la vida cultural, movernos a nivel político desde un paradigma de derechos culturales centrado en las personas?

Cultura y turismo selfie (El Correo Vasco, 8 de agosto de 2019)

Estefanía Rodero

Cultura y turismo selfie

Estefanía Rodero

 

El pasado 27 de mayo los trabajadores del Louvre, a través de su baja masiva por agotamiento que provocó el cierre del Museo, lograron captar la atención mundial sobre las consecuencias de la masificación de determinados espacios culturales. Como denunció el sindicato Sud Culture Solidaires en su escrito “Le Louvre Suffoque” tendemos a olvidar que la progresiva degradación de las condiciones de visita a los museos u otros espacios patrimoniales tiene efectos también sobre la degradación de las condiciones laborales. Sin irnos muy lejos, el escritor Julio Llamazares, a través de su denuncia de la creciente privatización de las catedrales españolas, viene poniendo el foco de atención sobre la confusión entre el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute con la simple explotación comercial del mismo y la mercantilización de la experiencia. En ambos casos lo que subyace es la tensión permanente entre determinados modelos de turismo y la defensa de los derechos culturales en el actual sistema económico.

Aunque se suceden las declaraciones de organismos internacionales para poner coto a los daños que un modelo de turismo depredador puede tener sobre la cultura, solemos dejar a un lado del debate algunos de los aspectos que recogió la Carta Internacional sobre Turismo cultural de ICOMOS allá por el año 1999. En dicha Carta se nos animaba a reflexionar también sobre cuáles son los deseos y expectativas de los visitantes de los espacios culturales y sobre cómo definir la autenticidad de la experiencia cultural y protegerla.

Pero ¿quién decide o dicta en una sociedad qué es una experiencia cultural auténtica? El propio Museo del Prado, por ejemplo, ante el mantenimiento, frente al resto de grandes museos internacionales, de la prohibición de realizar fotografías en sus salas, se amparó en la “autenticidad de la experiencia cultural” para comunicar públicamente que dicha decisión quería incidir en su apuesta por “visitas de calidad, evitando en la medida de lo posible distorsiones y molestias que vayan en detrimento de la experiencia directa”.

 

 

 

Solemos olvidar que la experiencia directa del arte y la creación cultural no son hechos naturales, sino que son resultado de procesos de mediación, educación de públicos, sustrato educativo de la comunidad, el bagaje construido grano de arena y generación a generación en procesos de educación colectiva y socialización artística. En entornos económicos, sociales y políticos en los que las políticas culturales no se han caracterizado ni por incorporar un enfoque de derechos culturales, ni por proteger el tejido de cultura comunitaria frente al consumo cultural individualizado, ni por mimar presupuestaria ni laboralmente hablando, con la vista puesta en las generaciones futuras, planes consistentes y a largo plazo de educación artística y creación de públicos desde la infancia, ¿quién dicta lo que significa tener una experiencia cultural genuina y directa?

Un caso extremo de las consecuencias de esta dejación de la mediación, sustituida por la economía de la atención que se materializa en los “me gusta”, fue el caso denunciado hace unos años por Shahak Shapira ante las visitas “turistificadas” al Monumento al Holocausto en Berlín. Haciendo una selección de selfies tomados en el Memorial y publicados en diferentes redes sociales por los visitantes, realizó un fotomontaje cambiando la imagen del monumento por imágenes de archivo reales del Holocausto. La obra resultante “Yolocaust” contribuyó a la reflexión internacional sobre la banalización de la memoria, la cultura de la sobreexposición y la universalización a cualquier precio del deseo de ser mirados. Si hace unos días  se hacía global también la noticia sobre el numeroso grupo de turistas occidentales que aguardan colas de más tres horas en Bali para poder subir a sus redes sociales una foto trucada con un espejo frente al templo de Pura Lempuyang, quizá la pregunta pertinente sea qué es lo que obtenemos realmente de este tipo de experiencias basadas en la simulación, la descontextualización y el alejamiento de hecho de la simple experiencia directa. ¿De quién estamos buscando aprobación y qué ansiedades sofocamos como sociedad a través de la búsqueda de likes con la cultura y el patrimonio como fondo de pantalla?

 

 

Quizá antes de refugiarnos en discursos elitistas que, ante la degradación de la experiencia de determinados modelos de turismo cultural, enarbolen la necesidad de restringir el acceso a los bienes culturales o traten de naturalizar el hecho del disfrute cultural (ya saben, el gen invisible por el que las personas ricas nacen amando la ópera), quizá sería más interesante preguntarnos cómo estamos construyendo como sociedad lo que entendemos tanto por ocio como por vida cultural.

Si el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute forma parte de los derechos humanos quizá tengamos que plantearnos en qué condiciones puede darse efectivamente la protección de este derecho, teniendo en cuenta que en su dimensión más voraz también se va a hacer caja sustituyendo por cultura para el turismo selfie la experiencia estética.

 

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

Estefanía Rodero

#Méxicosinplagio

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Hace unos días la prensa internacional se hacía eco de la petición de explicaciones públicas realizada por la Secretaría de Cultura de México a la diseñadora Carolina Herrera por la utilización en su última colección de elementos textiles tradicionales de diversos pueblos indígenas, petición de explicaciones que también se viralizó en twitter bajo los hashtag #Méxicosinplagio #SinLasComunidadesNO, buscando la colaboración y la consciencia ciudadana frente a este tipo de robo.

Si bien el plagio textil a estas comunidades, pese al marco de protección de la Declaración de la UNESCO de sus derechos, viene siendo recurrente y es un delito que no para de crecer, desde España aún vivimos estas situaciones como realidades exóticas y ajenas, a pesar de que muchas veces sean empresas textiles españolas las que estén implicadas en estos delitos de apropiación. El hecho de que las artesanas textiles y bordadoras centroamericanas hayan estado los últimos años en pie de guerra, especialmente frente al plagio de la industria textil china todopoderosa en la región, consiguiendo con sus movilizaciones grandes logros legales, ha pasado totalmente desapercibido en España, como si este tipo de situaciones no fuesen una amenaza también para la cultura en nuestro país.

Nada más lejos de la realidad. Contrasta la respuesta del Gobierno mexicano con la pasividad que han mostrado las instituciones españolas frente a situaciones similares de plagio a la que han tenido que hacer frente, entre otros, los pequeños municipios gallegos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, que han visto cómo el trabajo textil realizado tradicionalmente por las mujeres de sus pueblos para su Carnaval ha sido copiado por la marca Dolce&Gabbana en una de sus últimas colecciones.

Si bien existe un mayor grado de alerta y sensibilización social frente a otro tipo de robos vinculados a la cultura, aún tenemos que desarrollar nuevos grados de conciencia frente a estas fórmulas de apropiación, teniendo en cuenta que se dan en la esfera internacional y que suelen enfrentar a colectivos o territorios especialmente desprotegidos y vulnerables frente a gigantes empresariales transnacionales con una gran fuerza publicitaria y de comunicación.

 

 

Si desde el mundo rural español , por ejemplo, aún estamos esperando respuesta, a pesar de todos los esfuerzos del Museo Arqueológico Nacional, frente a casos sonados de expolio, como el siempre postergado proceso de restitución de los restos arqueológicos de Castiltierra, apropiados por el nazismo con el beneplácito del régimen franquista, encontrándonos día sí y día también con noticias referidas al tráfico ilegal de obras de arte robadas en nuestros pueblos -la más reciente la desarticulación el pasado mes de abril de una banda de tráfico ilegal de restos arqueológicos con una notable implantación en Andalucía que contaba en su haber con más de 3700 piezas patrimoniales-,  no queramos imaginar la dificultad con la que se encuentran los pequeños municipios en el caso de los procesos de robo vinculados al patrimonio inmaterial.

Se suele olvidar que cuando hablamos de estas formas de apropiación y plagio, más vinculadas a conocimientos tradicionales, de lo que estamos hablando también  es, en la mayor parte de los casos, de invisibilización del trabajo de las mujeres, grandes guardianas informales de la riqueza patrimonial en nuestro país. ¿O quienes limpian ermitas, cosen mantos, bordan trajes tradicionales, custodian baúles, cajas de galletas llenas de fotos, adornan balcones, preservan recetas, custodian informalmente la memoria de un país?

En el mercado internacional actual más preocupado por  las artesanías que por las artesanas, por el producto que por las condiciones laborales o económicas de quienes lo hacen posible, se están empezando a alzar voces – que deberían tener un reflejo en la futura Ley de derechos culturales española hacia la que sin duda avanzaremos– alrededor de dos grandes reivindicaciones: en primer lugar la justa remuneración a las creadoras originales de los diseños y el reparto equitativo con las comunidades creadoras de dichas artesanías de los beneficios que obtengan las grandes marcas con la explotación de sus diseños.

 

Si ante otros escenarios de expolio cultural de grandes dimensiones la comunidad internacional ha sido capaz de ponerse manos a la obra, como a través, por ejemplo, del proyecto de las Bibliotecas central y regional de Berlin para la restitución a los propietarios originales de los libros robados al pueblo judío durante el Tercer Reich o como a través de la puesta en valor de la figura de grandes heroínas en la defensa del Patrimonio frente al robo de arte como lo fue Rose Valland, tendremos que empezar a debatir con mayor rigor en España sobre cómo vamos a protegernos frente a estas nuevas fórmulas de explotación económica que amenazan a nuestras culturas, teniendo en cuenta que habrá que impulsar medidas de protección mucho más concretas y eficaces para ese tesoro a cielo abierto y sin guardián que es la España rural que se vacía.

Si como dice el dicho, “cuando bebas agua, recuerda la fuente” quizá ante situaciones como las que afrontan estos pequeños pueblos ante el plagio de las grandes marcas de moda internacionales tengamos que pararnos a pensar: a quiénes se plagia, por qué resulta tan sencillo y barato apropiarse del legado común recibido generación tras generación. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y descubramos que detrás de cada bordado robado, de cada creación plagiada, lo que se esconde en realidad es el dolor de manos trabajadoras que crean.

 

Catedrales

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El pasado 20 de mayo finalizaba el plazo para realizar contribuciones al próximo informe de la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas que versará sobre Derechos culturales y espacios públicos. Tratando de poner diques de contención a uno de los mayores riesgos para garantizar el derecho a participar en la vida cultural como es la progresiva privatización de los espacios públicos para la cultura, el llamamiento a la creación colectiva de este informe incidía sobre aspectos importantes:

  • Cómo estamos definiendo el espacio público
  • Qué contenido y alcance podría tener un posible “derecho a los espacios públicos”
  • Cuál es el impacto sobre el disfrute de los derechos culturales de las tendencias relacionadas con la privatización de diferentes tipos de espacios públicos

Me quedaba dándole vueltas a este último punto alrededor de uno de los debates, para mí aún pendientes en toda su complejidad, respecto a la creciente privatización del acceso a las catedrales en España.

Ha sido el escritor Julio Llamazares, al finalizar su obra “Las rosas de piedra” en la que recoge su viaje alrededor de las 75 catedrales españolas, quien ha llevado de un modo más claro a los titulares de prensa en nuestro país la urgencia de tomar medidas ante la imparable privatización de nuestros espacios patrimoniales, bautizando, por ejemplo, a un selecto grupo de catedrales en España en una reciente entrevista en El País con la periodista Rut de las Heras como las “vacas de ordeño”, o poniendo el foco sobre los efectos de la turistificación y las restricciones de acceso, en esta entrevista con la periodista Ana Mendoza para Zenda Libros:

“—A lo largo del libro, criticas con frecuencia a la Iglesia por cobrar las entradas a las catedrales y afirmas que “el viajero está harto de pagar para poder ver lo que al fin y al cabo es suyo también”.

—No me molesta pagar los cuatro o los seis euros que pidan, porque yo puedo hacerlo. Lo que no me gusta es que ni siquiera te permiten presentar un libro sobre catedrales en ellas. Hay un secuestro evidente. El afán recaudatorio puede a veces también molestar. En la Mezquita de Córdoba te cobran once euros por entrar y, si sales al baño o a tomar un bocadillo y vuelves a entrar, te vuelven a cobrar. Hay una voracidad recaudatoria que es un poco ofensiva y que, además, a ellos les ofende que lo digas. Yo lo hago porque tengo conocimiento de causa. Es que he estado en 75 catedrales y sé cómo las manejan.

Lo que realmente me molesta de todo eso es que la voracidad recaudatoria de la Iglesia mata la vida en las catedrales. En el momento en que cierran las puertas y cobran por entrar, acceden sólo los turistas. Es decir, las catedrales se han cerrado a la vida de la ciudad. Los vecinos ya no las consideran suyas porque, cuando te cobran por entrar a un sitio, ya no lo sientes como algo tuyo. Han matado la vida en las catedrales, no sólo religiosa, sino de contemplación, de disfrute. Yo, antes, cada vez que iba a León, visitaba la catedral. Ahora no lo hago, no por no pagar los euros que cueste, sino porque dentro sólo vas a encontrar un cascarón vacío, lleno de gente con audioguías, deambulando como autómatas. La vida que había antes en esos templos, con la gente que iba a rezar, los sacristanes, los que entraban y salían, eso se ha muerto. Y no hay con quién hablar, no hay vida, no hay emoción, no hay nada. Y eso es lo que me molesta. Y por decirlo te llaman anticlerical. Pero lo digo porque me duele, porque amo las catedrales. Evidentemente, yo no dedico dieciséis años de mi vida y 1.200 páginas para criticar a la Iglesia, sino para disfrutar de las catedrales y transmitir esa pasión a la gente.”

 

 

También yo, nacida en ciudad catedralicia, tengo reciente la experiencia de haberme encontrado sin previo aviso ante un acceso restringido a “la Catedral” ante el que fui absuelta del pago por el arbitrario razonamiento de que en mi DNI aparece como lugar de nacimiento el nombre de la ciudad. Más allá de la visión turística, pensé en todos los migrantes, de interior y exterior, residentes por décadas, y en su obligación de pago religioso de tasa para tener acceso al templo.

Esta privatización que se ha extendido de modo silencioso y ubicuo, ante nuestra pasividad generalizada, nos lleva de nuevo a examinar la importancia de avanzar en nuestro país en el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano. Porque, ¿a quién pertenece una catedral? ¿A quien la construyó, a quien la mantiene, a quien la disfruta?

Junto a la superposición histórica, de épocas, que define a toda catedral y a la suma de manos que la hicieron posible, ¿no habría que añadir también todos los relatos, recuerdos, evocaciones, memorias, imaginería? ¿No forman parte también de nuestra estructura afectiva y le otorgan un valor más allá de la arquitectura?

Si leemos esta progresiva privatización desde la óptica de la protección de los derechos culturales, teniendo en cuenta un primer acercamiento emocional-intuitivo al tema, que va exigiendo ya un estudio económico y legal minucioso, surgen algunas dudas importantes:

 

  • ¿Bajo qué criterios se está realizando la implementación de esta privatización en el acceso a las catedrales en España? ¿Quién ha elaborado estos criterios: instancias municipales o instancias eclesiásticas? ¿O han sido estructuras mixtas? ¿Hay una norma común a nivel estatal que unifique criterios? ¿Cómo se está REGULANDO este proceso?

 

  • ¿Competencia concurrencial en el mercado o Patrimonio de la Humanidad? ¿Pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de privatización? ¿Cuáles serían los aspectos a puntuar: sólo el precio, proyectos de museo catedralicio adscritos, incorporación de tecnología para amenizar la visita? ¿Qué tecnología es «necesaria» para visitar una catedral? ¿Por qué? ¿Todo lo anterior quién lo está baremando, midiendo? ¿O también se puntuaría la accesibilidad universal, criterios de inclusión social, estructuras adaptadas, valores pedagógicos…? ¿Y el silencio? ¿Puntúa? ¿Cómo se están gestionando dichas concesiones y la medición de sus impactos?

 

  • ¿Son los criterios de exención de pago iguales en todas las catedrales de España o los impone cada empresa concesionaria? ¿Cómo se está fijando «el precio»?

 

 

  • La recaudación del acceso, ¿se reinvierte en labores de restauración y mantenimiento?, ¿o es simplemente lucro? Las catedrales situadas en ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿tienen una regulación extra de este criterio?

 

  • Dado que las labores de restauración patrimonial se financian con fondos públicos contribuyendo a mantener vivo el valor monumental catedralicio y en virtud de criterios de transparencia, ¿dónde puede la ciudadanía de cada localidad tener conocimiento de la recaudación derivada de la privatización del acceso a las catedrales y en su caso del porcentaje que se reinvierta para el mantenimiento del monumento?

 

  • Esta política de privatización de acceso, ¿qué impacto tiene sobre la efectiva protección de los derechos culturales en España?

 

Comparto por aquí este reguero de dudas, esperando un debate común más detallado sobre todo ello. Porque, Señor, los cercamientos nos rodean, Señor, los cercamientos.

 

 

Ley de derechos culturales

Estefanía Rodero 2 comentarios

 

(Todas las imágenes pertenecen a la iniciativa, impulsada por Julien de Casabianca, Outings Project, que lleva las obras de los museos a asaltar, por amor, la calle)

 

 

“Universalidad, diversidad y libertad son, en efecto,

los valores que forman la columna vertebral de los derechos culturales»

(Ley foral de derechos culturales de Navarra)

 

Desbordadas por un clima de polarización política que tiende a sofocar los ritmos lentos que requiere la construcción de lo mínimamente perdurable, así como habituadas al sesgo por el que damos por hecho que toda innovación cultural en España ha de venir de Madrid o Barcelona, corremos el riesgo de pasar por alto el hito que supone la ley pionera en derechos culturales aprobada hace unas semanas en Navarra.

Sabiendo que propuestas de ley de estas características, sin ser “propuestas electorales estrella que movilicen a las masas” sí son pasos muy importantes para la profundización democrática en nuestro país y contienen en su enunciación tanto el reconocimiento a la diversidad actual que caracteriza a la sociedad española, como una visión de futuro asentada en la apertura, la inclusión y el reconocimiento de la universalidad, podrían ser (deseo) punta de lanza de los programas culturales de signo progresista en las próximas elecciones autonómicas en España, como paso previo a la promulgación de una Ley de derechos culturales a nivel estatal (mientras no consigamos su reconocimiento explícito constitucional tal y como nos enseñó América Latina, yo no me olvido).

 

Me detengo, por tanto, en alguno de los ejes planteados en la Ley foral de derechos culturales de Navarra tanto por su concreción como por las líneas de trabajo futuro que señalan:

 

  • Supone un enorme avance el modo en el que incorpora en la legislación española la noción de identidad cultural ya reflejada en las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre diversidad y protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo “la libertad de toda persona de elegir su identidad cultural y de decidir si participa o no y cómo en la vida cultural”  Este modo de referirse a la identidad siempre me recuerda esa reflexión bellísima de Avtar Brah: «el deseo de un hogar como algo distinto del deseo de una patria»

 

  • Es interesante el modo en el que  se han enmarcado las políticas culturales como “aquellas que defienden el valor de la cultura como bien común” y contribuyen a construir una sociedad más igual y democrática. Se establece así la correlación entre la protección y promoción de los derechos culturales con la defensa de la democracia. Sin diversidad no hay “demos”. Se refuerza este sentido de cultura como bien común con el reconocimiento del ecosistema cultural y creativo más allá de lo institucional y la centralidad que otorga al mapeo de iniciativas ciudadanas, así como al hecho de reflejar en el cuerpo de la ley el compromiso: “favorecerá y promoverá el procomún y la cultura libre”.

 

 

  • Relevante es también el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural, movilización que siendo más fuerte en Francia que en España, obtiene también aquí sus primeros frutos, logrando:

“La protección y reconocimiento de la función de las personas trabajadoras en el ámbito cultural y de las emprendedoras de las industrias cultural y creativas”

“Las personas dedicadas a la creación cultural, en cualquiera de sus formas, tienen derecho a ser tratadas fiscalmente de forma razonable, ecuánime y equitativa atendiendo, en su caso, a la irregularidad y naturaleza intermitente de los ingresos que provienen de esa actividad, así como a su carácter complementario de otras actividades profesionales o económicas”

 

  • Interesante, relacionado con la importancia que se le ha dado a las condiciones laborales y económicas de las trabajadoras del sector cultural, es también la apuesta por la creación de “fondos u otros instrumentos financieros que faciliten el crédito a las micro y pequeñas empresas de los sectores culturales”. Es una línea de acción importante (se recogió una acción similar en el Plan de Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura para 2018, en funciones de intermediación de acceso a crédito) por lo que ayuda a visibilizar y dignificar el sector cultural como sector profesional y económico en entornos de empleo o asesoramiento de corte más generalista.

 

 

  • Me ha resultado inspiradora la llamada, en el reconocimiento al derecho a la producción cultural, a poner también el foco de atención sobre el derecho a difundir y distribuir los resultados del ejercicio creativo. Ciertamente apunta a un sesgo por el que nos hemos concentrado militantemente en la reclamación del acceso a la cultura, dejando desprotegido el flanco del “derecho a llegar a los demás”. Aquí está el nudo gordiano del poder, no nos engañemos. ¿A qué “culturas” pedíamos acceder?, ¿qué “culturas” no han tenido derecho a “distribuirse”?

 

  • Se recoge un merecido reconocimiento a las profesiones vinculadas y a la función de la mediación cultural y artística promoviendo el hecho de:

“favorecer el acceso y vincular al público al conocimiento y comprensión de los códigos culturales de las manifestaciones artísticas y culturales”

“favorecer la participación del público en la construcción de significados”

 

  • Pero sin duda, la Ley foral de derechos culturales es un enorme paso adelante para el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano, reconociendo no sólo el derecho al “acceso libre y equitativo al Patrimonio” sino al (nada gratuito) reconocimiento al “derecho a colaborar con su comunidad en la recuperación del Patrimonio”. Recogiendo décadas de lucha contra los procesos de las inmatriculaciones que en Navarra tomaron cariz de auténtico expolio, se recoge de modo explícito en la ley el hecho de que el acceso al patrimonio y el derecho a conocer su significado vincula también “a los bienes declarados de interés cultural cuya propiedad ostente la Iglesia Católica”. Por si acaso…

 

 

  • Interesante, por lo que animará acciones y debates en el resto de comunidades autónomas, es el hecho de reclamar la participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, huyendo de los peligros de la “turistificación” y falseamiento del patrimonio inmaterial de los territorios.

 

Esperanzada por el hecho de que en todo el articulado se haga referencia constante a la “inclusión de personas y grupos vulnerables”, a los derechos culturales de las personas con discapacidad, a la importancia de no olvidar en nuestras políticas culturales los derechos a participar en la vida cultural de las personas migrantes, a la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en todas nuestras acciones culturales (desde el diseño, hasta la estructura de los equipamientos, etc.), la lectura de la Ley foral de derechos culturales de Navarra supone un contraste iluminador respecto a la imagen de país reflejada en los medios de comunicación en las últimas semanas.

Yo debo vivir en el país diverso, libre y orgulloso del legado de sus pueblos que se contempla en esta ley. Espero que entre todas consigamos la Ley Estatal de Derechos Culturales muy pronto. ¡Sea!

 

#EscuelaConClásicos

Estefanía Rodero

(Las imágenes pertenecen a la ópera-ballet de Pina Bausch, Orfeo y Eurídice)

Uno de mis mejores y más queridos maestros, el latinista Vicente Cristóbal, se inventó para sus estudiantes (ya en los años “dos miles”) las “rutas ovidianas del Prado”. Nos guiaba entusiasmado por las Metamorfosis de cuadro en cuadro, en un eco atemporal de aquellos mismos paseos que había sembrado décadas atrás la Institución Libre de Enseñanza. Soy incapaz de separar la tradición clásica de toda la red de afectos que la sembró en mi vida.

Recordaba clases y maestros de retórica, latín, cultura clásica…ante el silencio generalizado de las caras visibles de la educación y la cultura españolas ante la amenaza de supresión del latín y el griego y las más recientes movilizaciones en su defensa. La clasicista Mary Beard ha sido de las pocas referentes que han alzado la voz ante la pérdida para nuestra propia profundización democrática que supone denegar a las siguientes generaciones su derecho a ser formados en la palabra.

Sorprende aún más que se siga alegando la excusa de la ratio de alumnos matriculados en latín y griego en un país que mantiene clases de religión para un solo alumno, así como el silencio institucional al respecto, tan dados como somos a mirar hacia Francia para lo que conviene, teniendo en cuenta que su Ministerio de Educación está haciendo ahora bandera de este tema en términos ya muy manidos de “civilización” (Macron y su pendiente resbaladiza) pero también de “justicia social”, en una línea argumental para seguir debatiendo y explorar.

Me resulta sintomático el silencio teniendo en cuenta los eternos debates que hemos vivido alrededor de la “identidad europea” que solía enarbolar las raíces greco-latinas junto al cristianismo como auténticos pilares de Europa. Pero la ecuación no suele fallar: quienes sustentan la definición identitaria europea en base a la exclusión del diálogo, mezcla, préstamos constantes, fronteras borrosas, recreación y copia que definen cualquier tradición cultural real (qué enemigos del pueblo los comparatistas de todo signo…) suelen ser los primeros en desconocer, descuidar y dejar morir de inanición la actualización permanente que merecen los legados.

 

Entre los regalos más importantes que la #EscuelaConClásicos sigue acercándonos hoy, destaco tres:

  • La gratitud a lo anterior. De los clásicos me llevé una profunda consciencia generacional, la reflexión sobre nuestra capacidad de tomar lo más bello de lo anterior y ser capaces de reactualizarlo, en un ciclo sin fin del que también nosotros formamos parte. Para quienes no sentimos ninguna cultura, por humana, como casa ajena, queremos mantener vivo el diálogo con toda la diversidad de nuestras raíces, especialmente con todos los mundos posibles que habitan en cada lengua.
  • Educación de públicos. Frente a la deriva tecnológica que suele acompañar al “impulso de audiencias”, “creación de públicos”, reivindico las baratas y tan a mano oralidad y comunidad. La labor minuciosa de seguir narrándoles a las siguientes generaciones el caudal de miradas, secretos, transformaciones, lealtades, rebeliones, desobediencia ante tiranos y dioses que siguen estando disponibles y vivos en nuestras múltiples fuentes, ¿serán desterradas para siempre de nuestros museos? Cuando miren al cielo estrellado, ¿nuestros hijos no verán nunca más a Orión?
  • Democracias y palabra. Entre los alegatos más recientes en defensa de las Humanidades y los clásicos (los más famosos y multicitados Nuccio Ordine, Martha Nussbaum) suele ponerse el foco en la necesidad de ampliar en nuestras sociedades nuestra formación retórica. Bombardeados por información sin límite, nuestra capacidad de selección, orden y engranaje argumental siguen siendo decisivos para nuestras democracias. Sofistas los hubo y los habrá. Nuestra capacidad para contra-argumentarles en el foro seguirá necesitando nuestra formación discursiva.

 

Reflexionando sobre todo ello, me he sentado a escribir para mostrar mi apoyo a #EscuelaConClásicos movida por el amor y la gratitud a un legado docente al que debemos tanto. Al fin y al cabo, salmantina soy, acunada al arrullo del “quod natura non dat, tierra nuestra non praestat”

 

PD: La librería “La Latina” en Salamanca lleva impulsando unos meses la recogida de firmas para que se honre con un medallón en la Plaza Mayor de la ciudad a Beatriz Galindo, “La Latina”. Cambiar a un dictador por una humanista, justicia poética. ¡Troyanas del mundo, si pasáis por allí tomemos, de Ilión, la ciudadela!

Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio

Estefanía Rodero 1 comentario

 

“Es tan sencillo pasar por alto el dolor del otro.”

Elaine Scarry

“Nadie define el nosotros en solitario”

Carolin Emcke

 

Con la crueldad política del cierre de los puertos italianos en portada a las más de seiscientas personas refugiadas necesitadas, en primer lugar, del más elemental de los derechos al reconocimiento de la humanidad común, quería la coincidencia que estuviese leyendo Contra el odio de Carolin Emcke.

En la misma dirección de otros libros de emergencia como fueron Identidades asesinas de Amin Maalouf o Identidad y violencia de Amartya Sen, la filósofa alemana se ha sentado a escribir con la urgencia sentida ante las explosiones sociales de odio vividas en su país (aunque no sólo) frente a la llegada de refugiados. Ante la constatación de la permisividad y normalidad con la que estamos asistiendo al crecimiento del clima de fanatismo en toda Europa, aporta Emcke en este libro algunos conceptos que me resultan interesantes y útiles para ampliar nuestra mirada.

  • Retórica para la transformación social: en la línea de grandes lingüistas y comparatistas literarios y como cada vez que el fantasma del fascismo vuelve a entrar en escena, Emcke pone en el centro la necesidad de afianzar nuestras capacidades críticas colectivas frente a los usos del lenguaje y las narrativas del odio. Humanistas y lingüistas aparecen como actores clave para protagonizar esta labor de prevención colectiva (no en balde, la UNESCO usa un eslogan en la misma dirección en todas sus campañas de educación contra el antisemitismo: “El Holocausto empezó en las palabras”)

Dice Emcke:

“Observar el funcionamiento del odio siempre implica señalar en qué casos habría sido posible hacer otra cosa, cuándo alguien podría haber tomado otra decisión, en qué circunstancias alguien podría haber intervenido, cuándo alguien podría haber renunciado. Analizar las estrategias retóricas, las metáforas y demás imágenes que generan y canalizan el odio entraña siempre la determinación de mostrar aquellos puntos del entramado narrativo por donde el odio y la violencia pueden ser interrumpidos y socavados.”

Si según Didier Eribon, en cita de Emcke, los grupos y entornos especialmente proclives al fanatismo y el racismo son aquellos que construyen su cohesión alrededor de su sentimiento de impotencia frente a la realidad social, es obvio el papel incendiario que pueden desempeñar determinados modelos de comunicación para reforzar dicha sensación colectiva de impotencia.

 

  • Muy interesante, y no por mil veces repetido deja de ser una emergencia, es la llamada hacia nuestra capacidad colectiva de detectar e intervenir sobre los actuales Regímenes de mirada por los que solo vemos a los individuos como representantes de colectivos, “en bloque” (“están viendo a unas personas asustadas, pero no perciben el miedo ni a las personas”):

“No ser visto ni reconocido, ser invisible para los demás, es la forma de desprecio más esencial. Los invisibles, los que no son percibidos en la sociedad, no pertenecen a ningún nosotros.”

“¿Qué tipo de afectos promueven esa forma de mirar que hace que unos sean visibles y otros invisibles? ¿Qué ideas alimentan esa actitud que anula o enmascara a los demás? ¿Quién o qué conforma esa actitud? ¿Cómo se transmite? ¿Qué relatos históricos sustentan esos regímenes de miradas que distorsionan y ocultan a las personas? ¿En qué marco se fijan los patrones interpretativos según los cuales determinadas personas son catalogadas como invisibles e insignificantes o como amenazantes y peligrosas?”

 

 

  • Una nueva dimensión del “odio espectáculo”: Nos llama Emcke a no pasar por alto, si bien fruto de una larguísima herencia histórica, la necesidad de articular medidas de resistencia civil ante las nuevas escenificaciones del odio “que se dirige contra unas víctimas que no pueden negarse a participar en una escenificación que los denigra”. Entiende como parte de esta escenificación (no sólo con la viralidad de las redes al fondo) aquella caja de resonancia necesaria formada a base de silencio que reafirma las prácticas cotidianas de exclusión que recuerdan a las víctimas del odio el hecho de que su vulnerabilidad puede ser atacada arbitrariamente por cualquiera y en cualquier momento. Emcke nos llama a reflexionar como sociedad sobre el hecho de que el odio no necesita una base ni un pretexto real, le basta con la proyección y fabrica su propio objeto a medida. ¿Qué estrategias de cortafuegos podemos desarrollar como sociedad frente a ello?

 

  • Su apuesta por el desarrollo de una nueva cultura política del error y la duda me ha resultado inspiradora:

“Para los representantes políticos, reconocer posibles errores en su forma de pensar y de actuar es tan elemental como para los medios de comunicación y los miembros de la sociedad civil.”

No sólo aboga Carolin Emcke por el reconocimiento y visibilización de los errores en sí, como medida contrapuesta a la seguridad total y certeza absoluta que necesita el odio, sino a la clarificación de nuestras perspectivas, a nuestra capacidad de crítica de nuestros propios esquemas perceptivos que pueden estar equivocados en mil formas diferentes y no sólo por tiempo y lugar y al reconocimiento de los límites de nuestros propios cánones de conocimiento que imposibilitan en muchas ocasiones el reconocimiento de la diversidad (“la resistencia civil contra el odio también implica, a mi modo de ver, reconquistar los espacios de la imaginación”)

 

 

  • Me interesa especialmente, aunque está tratado de un modo muy somero en el libro, la identificación de una tendencia creciente en toda Europa (y que se ha visto de un modo terrible en los ataques al memorial de Auschwitz en Polonia): la utilización por parte de los partidos neofascistas de las instituciones culturales, especialmente las vinculadas a las políticas de patrimonio, para la construcción de un concepto de identidad nacional con carácter sustancial y basado en la exclusión. Creo que es un tema que habría que abordar con urgencia en este 2018, Año Europeo del Patrimonio.

 

Cierro mi lectura urgente de un libro de emergencia con una de sus reflexiones finales, el hecho de que “nadie define el nosotros en solitario”, el nuevo llamamiento al reconocimiento urgente de nuestra interdependencia y su hermosa manera de nombrarlo para este final: “existir en plural”.

 

 

 

Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

Estefanía Rodero 3 comentarios

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.