#EscuelaConClásicos

(Las imágenes pertenecen a la ópera-ballet de Pina Bausch, Orfeo y Eurídice)

Uno de mis mejores y más queridos maestros, el latinista Vicente Cristóbal, se inventó para sus estudiantes (ya en los años “dos miles”) las “rutas ovidianas del Prado”. Nos guiaba entusiasmado por las Metamorfosis de cuadro en cuadro, en un eco atemporal de aquellos mismos paseos que había sembrado décadas atrás la Institución Libre de Enseñanza. Soy incapaz de separar la tradición clásica de toda la red de afectos que la sembró en mi vida.

Recordaba clases y maestros de retórica, latín, cultura clásica…ante el silencio generalizado de las caras visibles de la educación y la cultura españolas ante la amenaza de supresión del latín y el griego y las más recientes movilizaciones en su defensa. La clasicista Mary Beard ha sido de las pocas referentes que han alzado la voz ante la pérdida para nuestra propia profundización democrática que supone denegar a las siguientes generaciones su derecho a ser formados en la palabra.

Sorprende aún más que se siga alegando la excusa de la ratio de alumnos matriculados en latín y griego en un país que mantiene clases de religión para un solo alumno, así como el silencio institucional al respecto, tan dados como somos a mirar hacia Francia para lo que conviene, teniendo en cuenta que su Ministerio de Educación está haciendo ahora bandera de este tema en términos ya muy manidos de “civilización” (Macron y su pendiente resbaladiza) pero también de “justicia social”, en una línea argumental para seguir debatiendo y explorar.

Me resulta sintomático el silencio teniendo en cuenta los eternos debates que hemos vivido alrededor de la “identidad europea” que solía enarbolar las raíces greco-latinas junto al cristianismo como auténticos pilares de Europa. Pero la ecuación no suele fallar: quienes sustentan la definición identitaria europea en base a la exclusión del diálogo, mezcla, préstamos constantes, fronteras borrosas, recreación y copia que definen cualquier tradición cultural real (qué enemigos del pueblo los comparatistas de todo signo…) suelen ser los primeros en desconocer, descuidar y dejar morir de inanición la actualización permanente que merecen los legados.

 

Entre los regalos más importantes que la #EscuelaConClásicos sigue acercándonos hoy, destaco tres:

  • La gratitud a lo anterior. De los clásicos me llevé una profunda consciencia generacional, la reflexión sobre nuestra capacidad de tomar lo más bello de lo anterior y ser capaces de reactualizarlo, en un ciclo sin fin del que también nosotros formamos parte. Para quienes no sentimos ninguna cultura, por humana, como casa ajena, queremos mantener vivo el diálogo con toda la diversidad de nuestras raíces, especialmente con todos los mundos posibles que habitan en cada lengua.
  • Educación de públicos. Frente a la deriva tecnológica que suele acompañar al “impulso de audiencias”, “creación de públicos”, reivindico las baratas y tan a mano oralidad y comunidad. La labor minuciosa de seguir narrándoles a las siguientes generaciones el caudal de miradas, secretos, transformaciones, lealtades, rebeliones, desobediencia ante tiranos y dioses que siguen estando disponibles y vivos en nuestras múltiples fuentes, ¿serán desterradas para siempre de nuestros museos? Cuando miren al cielo estrellado, ¿nuestros hijos no verán nunca más a Orión?
  • Democracias y palabra. Entre los alegatos más recientes en defensa de las Humanidades y los clásicos (los más famosos y multicitados Nuccio Ordine, Martha Nussbaum) suele ponerse el foco en la necesidad de ampliar en nuestras sociedades nuestra formación retórica. Bombardeados por información sin límite, nuestra capacidad de selección, orden y engranaje argumental siguen siendo decisivos para nuestras democracias. Sofistas los hubo y los habrá. Nuestra capacidad para contra-argumentarles en el foro seguirá necesitando nuestra formación discursiva.

 

Reflexionando sobre todo ello, me he sentado a escribir para mostrar mi apoyo a #EscuelaConClásicos movida por el amor y la gratitud a un legado docente al que debemos tanto. Al fin y al cabo, salmantina soy, acunada al arrullo del “quod natura non dat, tierra nuestra non praestat”

 

PD: La librería “La Latina” en Salamanca lleva impulsando unos meses la recogida de firmas para que se honre con un medallón en la Plaza Mayor de la ciudad a Beatriz Galindo, “La Latina”. Cambiar a un dictador por una humanista, justicia poética. ¡Troyanas del mundo, si pasáis por allí tomemos, de Ilión, la ciudadela!

Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio

 

“Es tan sencillo pasar por alto el dolor del otro.”

Elaine Scarry

“Nadie define el nosotros en solitario”

Carolin Emcke

 

Con la crueldad política del cierre de los puertos italianos en portada a las más de seiscientas personas refugiadas necesitadas, en primer lugar, del más elemental de los derechos al reconocimiento de la humanidad común, quería la coincidencia que estuviese leyendo Contra el odio de Carolin Emcke.

En la misma dirección de otros libros de emergencia como fueron Identidades asesinas de Amin Maalouf o Identidad y violencia de Amartya Sen, la filósofa alemana se ha sentado a escribir con la urgencia sentida ante las explosiones sociales de odio vividas en su país (aunque no sólo) frente a la llegada de refugiados. Ante la constatación de la permisividad y normalidad con la que estamos asistiendo al crecimiento del clima de fanatismo en toda Europa, aporta Emcke en este libro algunos conceptos que me resultan interesantes y útiles para ampliar nuestra mirada.

  • Retórica para la transformación social: en la línea de grandes lingüistas y comparatistas literarios y como cada vez que el fantasma del fascismo vuelve a entrar en escena, Emcke pone en el centro la necesidad de afianzar nuestras capacidades críticas colectivas frente a los usos del lenguaje y las narrativas del odio. Humanistas y lingüistas aparecen como actores clave para protagonizar esta labor de prevención colectiva (no en balde, la UNESCO usa un eslogan en la misma dirección en todas sus campañas de educación contra el antisemitismo: “El Holocausto empezó en las palabras”)

Dice Emcke:

“Observar el funcionamiento del odio siempre implica señalar en qué casos habría sido posible hacer otra cosa, cuándo alguien podría haber tomado otra decisión, en qué circunstancias alguien podría haber intervenido, cuándo alguien podría haber renunciado. Analizar las estrategias retóricas, las metáforas y demás imágenes que generan y canalizan el odio entraña siempre la determinación de mostrar aquellos puntos del entramado narrativo por donde el odio y la violencia pueden ser interrumpidos y socavados.”

Si según Didier Eribon, en cita de Emcke, los grupos y entornos especialmente proclives al fanatismo y el racismo son aquellos que construyen su cohesión alrededor de su sentimiento de impotencia frente a la realidad social, es obvio el papel incendiario que pueden desempeñar determinados modelos de comunicación para reforzar dicha sensación colectiva de impotencia.

 

  • Muy interesante, y no por mil veces repetido deja de ser una emergencia, es la llamada hacia nuestra capacidad colectiva de detectar e intervenir sobre los actuales Regímenes de mirada por los que solo vemos a los individuos como representantes de colectivos, “en bloque” (“están viendo a unas personas asustadas, pero no perciben el miedo ni a las personas”):

“No ser visto ni reconocido, ser invisible para los demás, es la forma de desprecio más esencial. Los invisibles, los que no son percibidos en la sociedad, no pertenecen a ningún nosotros.”

“¿Qué tipo de afectos promueven esa forma de mirar que hace que unos sean visibles y otros invisibles? ¿Qué ideas alimentan esa actitud que anula o enmascara a los demás? ¿Quién o qué conforma esa actitud? ¿Cómo se transmite? ¿Qué relatos históricos sustentan esos regímenes de miradas que distorsionan y ocultan a las personas? ¿En qué marco se fijan los patrones interpretativos según los cuales determinadas personas son catalogadas como invisibles e insignificantes o como amenazantes y peligrosas?”

 

 

  • Una nueva dimensión del “odio espectáculo”: Nos llama Emcke a no pasar por alto, si bien fruto de una larguísima herencia histórica, la necesidad de articular medidas de resistencia civil ante las nuevas escenificaciones del odio “que se dirige contra unas víctimas que no pueden negarse a participar en una escenificación que los denigra”. Entiende como parte de esta escenificación (no sólo con la viralidad de las redes al fondo) aquella caja de resonancia necesaria formada a base de silencio que reafirma las prácticas cotidianas de exclusión que recuerdan a las víctimas del odio el hecho de que su vulnerabilidad puede ser atacada arbitrariamente por cualquiera y en cualquier momento. Emcke nos llama a reflexionar como sociedad sobre el hecho de que el odio no necesita una base ni un pretexto real, le basta con la proyección y fabrica su propio objeto a medida. ¿Qué estrategias de cortafuegos podemos desarrollar como sociedad frente a ello?

 

  • Su apuesta por el desarrollo de una nueva cultura política del error y la duda me ha resultado inspiradora:

“Para los representantes políticos, reconocer posibles errores en su forma de pensar y de actuar es tan elemental como para los medios de comunicación y los miembros de la sociedad civil.”

No sólo aboga Carolin Emcke por el reconocimiento y visibilización de los errores en sí, como medida contrapuesta a la seguridad total y certeza absoluta que necesita el odio, sino a la clarificación de nuestras perspectivas, a nuestra capacidad de crítica de nuestros propios esquemas perceptivos que pueden estar equivocados en mil formas diferentes y no sólo por tiempo y lugar y al reconocimiento de los límites de nuestros propios cánones de conocimiento que imposibilitan en muchas ocasiones el reconocimiento de la diversidad (“la resistencia civil contra el odio también implica, a mi modo de ver, reconquistar los espacios de la imaginación”)

 

 

  • Me interesa especialmente, aunque está tratado de un modo muy somero en el libro, la identificación de una tendencia creciente en toda Europa (y que se ha visto de un modo terrible en los ataques al memorial de Auschwitz en Polonia): la utilización por parte de los partidos neofascistas de las instituciones culturales, especialmente las vinculadas a las políticas de patrimonio, para la construcción de un concepto de identidad nacional con carácter sustancial y basado en la exclusión. Creo que es un tema que habría que abordar con urgencia en este 2018, Año Europeo del Patrimonio.

 

Cierro mi lectura urgente de un libro de emergencia con una de sus reflexiones finales, el hecho de que “nadie define el nosotros en solitario”, el nuevo llamamiento al reconocimiento urgente de nuestra interdependencia y su hermosa manera de nombrarlo para este final: “existir en plural”.

 

 

 

Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.

 

Cuidar el legado: ante el 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural

                          (Alcázar de Sevilla)

 

“Desarrollar un discurso auténticamente democrático y participativo en cuanto al patrimonio europeo, incluido el de las minorías religiosas y étnicas (…) pidiendo a los estados miembros que reflexionen sobre la ética y los métodos de presentación del patrimonio cultural y que tengan en cuenta la diversidad de interpretaciones.”

Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo

 

Ante la grave crisis que afronta la construcción y adhesión a la muy maltrecha y siempre en disputa “identidad europea”, expuesta ante su propia sombra tanto en el nuevo auge de los fascismos como en su trato a los refugiados y el grito permanente de su frontera sur y espoleada por las grietas cada vez más visibles en el sentido de pertenencia a un espacio común que declara la ciudadanía europea, la Unión Europea ha nombrado el 2018 como Año del Patrimonio Cultural, tratando de, apoyándose en la memoria y legado común, reconstruir de algún modo el marco de los valores compartidos europeos.

Teniendo en cuenta que entre los objetivos generales del Año Europeo se ha optado por una visión economicista del patrimonio frente al más que urgente paradigma de socialización y protección del patrimonio desde un enfoque de derechos humanos, quería aprovechar esta última entrada del año para plantear algunos temas que podríamos incluir en la agenda y el debate público aprovechando la celebración anual, como herederas y herederos que somos llamados a cuidar y celebrar nuestro común legado:

  • El 2018 puede ser una buena oportunidad para debatir acerca de los procesos de apropiación discursiva del patrimonio para el apuntalamiento de identidades excluyentes. Llevar al centro los propios criterios de selección y su construcción sobre qué merece preservarse y qué no, qué patrimonio sí es representativo de la “identidad europea” (y merece, por ejemplo el Sello de patrimonio europeo, dada su “relevante aportación a la historia de Europa”) y cuál no, con qué narrativas se arropan nuestras políticas de patrimonio, qué papel está jugando la ciudadanía en estos procesos, así como llamar la atención sobre aquellos temas que suelen quedar subordinados será una tarea interesante para el 2018. La gravedad, por ejemplo, del uso excluyente del patrimonio que está haciendo la ultraderecha polaca, la utilización discursiva por parte del gobierno de Macron del Año Europeo del Patrimonio Cultural para resucitar el fantasma de la grandeza de la “civilización europea” o, en el más cercano caso español, la argumentación de la candidatura de Numancia a la Lista de Patrimonio de la UNESCO, que frente al obvio marco de su papel de resistencia frente al Imperio, que permitiría su hermanamiento con otros lugares de resistencia clásica como Alexia o Masada, haya optado por un discurso de herencia nacional-católica, nos muestran la importancia de llevar nuestra atención a estos procesos.

 

(Alcázar de Segovia)

 

  • Frente al más diluido encuadre de la “gobernanza participativa” del patrimonio centrado fundamentalmente en el diálogo entre los diferentes niveles institucionales, ¿qué papel ha de jugar la ciudadanía tanto en la puesta en valor y protección del patrimonio como en todos los procesos de construcción memorial y resignificación de espacios? Teniendo en cuenta que una de las líneas de acción previstas para el 2018 se centra en el debate sobre la resignificación de espacios religiosos y militares, será interesante ver cómo logramos democratizar realmente estos procesos.

 

  • El Año Europeo del Patrimonio Cultural nos permitirá también abordar sesgos importantes en las actuales políticas de protección: la presión de la esponsorización que deja desprotegidos campos completos de nuestro patrimonio cultural (patrimonio documental, archivos…); el sesgo rural-urbano en la protección patrimonial; la protección del legado patrimonial de las mujeres en toda Europa.

 

  • Junto al tradicional enfoque del tráfico ilícito de bienes culturales presente entre las acciones estratégicas del Año, centrado especialmente en la política exterior, afrontar el debate sobre el más cotidiano lucro alrededor de la compra-venta de bienes culturales, el peso y estela de las inmatriculaciones para nuestras actuales políticas de protección del patrimonio, así como los desequilibrios norte-sur tanto dentro de la propia Unión Europea relativos a la restitución de bienes culturales salidos de forma ilegal tanto de territorios de estados miembro como en el marco de sus relaciones culturales internacionales haciendo frente a las reclamaciones de responsabilidad y restitución activas acerca de su pasado colonial.

(Alcázar de Sevilla)

  • El marco que nos ofrece el 2018 puede ser una buena ocasión para llevar al centro de nuestra agenda cultural la exigencia de la coherencia inter-políticas. El llamamiento presente en el documento europeo de referencia “Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo” para la búsqueda de sinergias entre las políticas de protección del patrimonio cultural y las políticas medioambientales, podría reactualizarse para poner el foco de atención sobre las consecuencias del cambio climático sobre la salvaguarda del patrimonio, especialmente el gastronómico y los paisajes culturales, así como para abordar la incompatibilidad entre la política comercial y las actuales negociaciones de tratados de libre comercio de la Unión Europea y sus políticas de protección del patrimonio, especialmente en su labor de cuidado de los conocimientos locales, la preservación de la autenticidad patrimonial, la digitalización del patrimonio y el derecho al libre acceso por parte de la ciudadanía al mismo o las medidas de protección de la diversidad lingüística europea.

 

  • El 2018 puede ser también una oportunidad interesante para remarcar la importancia de la educación artística y humanística y la necesidad de crear espacios de relación intergeneracionales que permitan un acercamiento al patrimonio de un modo más emocional y directo, reforzando así el sentido de comunidad y pertenencia del que tanto se está doliendo la realidad europea.

 

Junto a todo lo anterior, la pregunta de fondo de siempre frente a la oficialidad de nuestros legados: ¿qué y quiénes han quedado fuera de lo considerado como herencia a preservar por los Estados?, ¿cómo iluminar los márgenes para dejarle a las siguientes generaciones un legado de más amplitud,mayor  respeto a la diversidad y polifonía?

Aprovechando esta última entrada del 2017, para quienes se asomen a este espacio (¡hola, me hace feliz que estés ahí!), el deseo, de todo corazón, de que en el 2018 seamos felices y logremos ser cada día más humanamente cálidas, cálidos.

 

 

Patrimonio de la Humanidad contra el extractivismo: la candidatura de la dehesa

A pesar de que el trabajo previo lleva años fraguándose, la semana pasada se comunicó oficialmente la presentación de la candidatura conjunta de la dehesa y el montado portugués para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, en su vertiente de paisaje cultural, por parte de la UNESCO.

Junto a la alegría, personal e intransferible, que supone la mera existencia de una candidatura para la protección del patrimonio rural desde lo rural, y el progresivo avance tanto de la conceptualización como de la visión de las posibilidades que entraña el reconocimiento y cuidado de nuestros paisajes culturales, surgió pronto en mí el pellizco de la pena. Entre los 17 organismos que impulsan la candidatura, no hay ninguna organización que represente a la dehesa salmantina ni, por supuesto, Castilla y León tiene presencia alguna en la articulación de este proyecto para la salvaguarda de uno de los paisajes más representativos del sur de su comunidad. Junto al obvio diferente color político que gobierna en las dos comunidades, me resultó frustrante el hecho de que la dehesa más amenazada del territorio español, la del Campo Charro, sobre la que pende la próxima apertura de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, autorizada y justificada por la Junta de Castilla y León, quede fuera de las actuaciones de revalorización, protección y promoción que vendrán de la mano de la candidatura a la lista de Patrimonio.

Ilusa como soy a estas alturas del partido, me preguntaba si ningún Grupo de Acción Local salmantino, plataforma ciudadana, defensores del ecosistema de la dehesa o expertos políticos tanto en desarrollo rural como en cultura iban a tratar de hacer ver el contraste entre el lanzamiento de la candidatura de protección de la dehesa extremeña y la barra libre al extractivismo que está sufriendo el mismo paisaje cultural a pocos kilómetros de diferencia.

 

 

Si, como afirman Rocío Silva y Víctor Fernández en sus “Claves para el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO”

“Todos los paisajes poseen argumentos culturales, aunque estos no se hayan estructurado en un relato. La aceptación social de este relato es lo que los convierte en patrimoniales.”

me preguntaba qué espesor emocional y de reconocimiento guardamos ante esta forma sempiterna del medio rural español y cuánto de su olvido estará ligado tanto al olvido mayor que sufren las áreas de nuestro país con menores densidades demográficas como al desprecio de la España democrática, también la de izquierdas, a sus culturas rurales y su diversidad. Me preguntaba cuánto del relato asociado a la dehesa, durante tanto tiempo estereotipado y cañí, no sería puro y urbanísimo desconocimiento así como símbolo de la rendición de la izquierda post-78 para disputar “la Meseta” y su tejido simbólico-identitario.

Me resulta igualmente llamativo que en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la dehesa sí se señalen el incremento de la carga ganadera o el abuso de los productos químicos, pero no se haga mención explícita alguna a la presión extractiva y los intereses políticos que están poniendo en riesgo estos paisajes culturales protegidos y que han pasado ya de ser una amenaza latente a una realidad. Junto a ello, me sumo a la advertencia que están realizando diferentes estudiosos del sistema de la dehesa, referentes a no descuidar, frente al enaltecimiento de los valores naturales, la denuncia del actual descuido de la arquitectura vernácula presente en la dehesa española, por no hablar del estado calamitoso en el que se encuentra el patrimonio religioso, especialmente ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, ante la desatención de tirios y troyanos.

 

 

Quizá el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2012, con vigencia de 10 años (que no incluía de modo explícito mención alguna a la protección de la dehesa), debería incluir con urgencia en su identificación de riesgos la presión multinacional extractiva sobre el paisaje cultural español, así como las acciones preventivas de protección que desde el Instituto de Patrimonio podrían impulsarse cuando estas amenazas, como es el caso que sufre la dehesa salmantina, amenazan de modo flagrante el patrimonio de todos.

Para terminar, permitidme un último momento iluso: ¿no sería una alegría mayor que la candidatura de la dehesa extremeña y portuguesa pudiese servir para proteger a la dehesa salmantina de la cruz de mina que lleva encima? ¿Podría ver la UNESCO en la movilización de las comunidades locales para la protección de este riesgo, ahora que tienen un nuevo peso y protagonismo en sus protocolos de valoración, un elemento sustantivo para tomar, un poco más si cabe, la candidatura en cuenta?

 

Patrimonio, espiritualidad, mujeres

 

“Cuando Adán miró a Eva quedó lleno de toda sabiduría.”

Hildegarda de Bingen

“Durante toda la eternidad Dios está en la cama de parto dando a luz.

La esencia de Dios es Parir.”

Maestro Eckhart

Hace unos días, la UNESCO incluía en su Lista de Patrimonio Mundial la isla japonesa de Okinoshima, dedicada al culto shintoista y cuyo acceso está vetado a las mujeres. El hecho de que en el año 2004, sin movernos de Japón, la designación para la misma Lista de los Sitios Sagrados y Rutas de Peregrinación de los Montes Kii que tampoco admiten la presencia de mujeres (“por considerarse un sitio sagrado y, por lo tanto, puro. Debido a la menstruación y al parto, la mujer es considerada impura en determinadas sectas budistas y, por lo tanto, mancharían el sitio si entraran en él” como nos explica esta guía turística japonesa) provocase una enorme movilización, no ha sido suficiente para que el Comité de Valoración haya tenido en cuenta la perspectiva de género y la propia Estrategia en materia de derechos humanos, adoptada por la UNESCO en el 2003.

A pesar de los esfuerzos de los últimos años tanto en el reconocimiento y  protección de los derechos culturales de las mujeres como en la propuesta para una aplicación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial con perspectiva de género, como afirma Mechtild Rössler, directora del Centro del Patrimonio Mundial, en su artículo “¿Patrimonio Mundial con perspectiva de género?”:

“El “patrimonio marcado por el género” se ha convertido en un tema esencial, en particular, en vista del cambio de rumbo hacia la consideración de las comunidades locales (…) El género desempeña un papel evidente en la identificación, protección, conservación, rehabilitación y transmisión del patrimonio cultural y natural a futuras generaciones (…) En general, la asignación de espacios a hombres y mujeres, se basa en acuerdos sociales entre otros, que forman, producen y replican estructuras marcadas por el género.”

 

 

Como nos cuenta Rössler, los béguinagues flamencos son uno de los pocos sitios del Patrimonio Mundial dedicados a la mujer, y aún es difícil encontrar lecturas desde una perspectiva de género de otros lugares patrimoniales, como el Sitio Arqueológico de Cirene que ella misma cita, cuya economía floreció históricamente vinculada al silfio, una planta abortiva y anticonceptiva que se vendió tanto por la región mediterránea que llegó a extinguirse.

Removida por este escenario de debate patrimonial surgió en mí otra pregunta de fondo: ¿dónde está en la esfera internacional la espiritualidad de las mujeres?, ¿quién protege las creaciones que puedan emanar de la misma?, ¿dónde están las autoridades espirituales femeninas no subordinadas?

Si bien se suelen citar repetidamente los beguinatos (hay una antología de textos en español muy hermosa en la editorial Paidos, “Mujeres trovadoras de Dios”), no es menos cierto que el patrimonio documental asociado a las beguinas ha sido largamente ignorado y subestimado, que la creación poética de este movimiento religioso femenino no ha encontrado aún como se merece su lugar en el canon literario internacional y que si no hubiésemos contado con el interés del feminismo de la diferencia en la genealogía histórica, su reconocimiento fuera de su foco nacional sería aún una sombra. La centralidad que tomó la experiencia directa y personal en su camino religioso frente a mediaciones jerárquicas (“Ser Dios con Dios”, como decía Hadejwich de Amberes después de incitar a las mujeres del siglo XIII “a que se informen, pregunten y estudien”) y el hecho de que muchas de ellas sufrieran calumnias y persecución por parte del clero (Matilde de Magdeburgo por ejemplo o Margarita Porete que se negó a aceptar cualquier legitimidad del muy politizado Tribunal de la Inquisición que le tocó en suerte y que murió, por tanto, en la hoguera) son algunas de las causas que explican la pérdida para las mayorías de la historia de la espiritualidad femenina en el entorno cultural cristiano.

Aunque en los últimos años ha habido un interés creciente por esta dimensión experiencial de las mujeres (la publicación en español de “El Dios de las mujeres” de Luisa Muraro por ejemplo), las aportaciones de grandes pensadoras como Ivone Gebara, las líneas de acción transformadora nacidas desde la teología feminista o el actual y efervescente paradigma de la espiritualidad ecofeminista en América Latina quedan aún reducidos a espacios especializados. ¿Qué pueden aportar estas visiones al debate actual sobre el fanatismo?, ¿proponen colectivamente alternativas desde la propia vivencia y lenguaje espiritual al actual escenario de extremismo religioso?, ¿suponen una apuesta por la democratización de los espacios religiosos?, ¿están planteando lecturas sobre el papel que la religiosidad oficializada y jerárquica desempeña en el sostenimiento de la desigualdad económica y social mundial? En los actuales debates sobre populismo internacional y las interpelaciones religiosas sobre las que se están apoyando políticas excluyentes, ¿podría esta experiencia espiritual “otra” suponer una respuesta incluyente y de respeto a la diversidad?

Si bien en el espacio diplomático internacional se ha empezado a ver a líderes religiosas femeninas, como en el trabajo realizado por The Global Freedom Network y el encuentro interreligioso en el Vaticano para finalizar con la esclavitud moderna, me pregunto si para la colina del siglo XXI que estamos escalando juntos, la recuperación internacional de la historia de la espiritualidad vivida y desarrollada por las mujeres, su legado patrimonial y sus voces actuales pueden incitar de alguna manera nuevos modos de mirar o mirarnos o modos diferentes de generar comunidad.

Pope Francis (front 3rd R) poses with religious leaders during a meeting at the Pontifical Academy of Sciences at the Vatican December 2, 2014. REUTERS/Osservatore Romano

 

Los derechos culturales de las mujeres

 

(Las imágenes pertenecen a la exposición Intersecciones de la artista paquistaní-americana

Anila Quayyum Agha)

 

Aprovechando que este 21 de mayo hemos celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural y que el pasado 19 de este mismo mes se cerró el periodo de consultas abierto por la relatora especial de la ONU en materia de derechos culturales, Karima Bennoune, para la recogida de información sobre el impacto del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, quería detenerme sobre este último punto para compartir algunos de los interesantes trabajos internacionales realizados en los últimos años en esta dirección.

Sin duda el documento marco es el Informe “Derechos culturales de las mujeres” elaborado por la anterior relatora Farida Shaheed que supuso un cambio de paradigma clave en el modo en el que, hasta la fecha, se contemplaba la cultura en el trabajo a favor de la igualdad. Shaheed rompió con la tendencia a considerar la cultura como un obstáculo que se interponía en el empoderamiento de las mujeres y las niñas virando el discurso hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad.

Dichos derechos incluirían tanto el acceso como la participación y la promoción de la creación de las mujeres y su contribución al desarrollo cultural de los pueblos. Entre los aspectos estratégicos recogidos por Shaheed destacaron tanto el papel de las mujeres en la identificación e interpretación del patrimonio cultural así como su protagonismo a la hora de decidir qué tradiciones, valores y prácticas culturales deberían mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente. De hecho, frente a los peligros de la fijación cultural disecada y esencializada incorpora una profunda reflexión sobre la cultura como campo de poder en disputa permanente.

 

 

Como se recogía en el Informe:

“Los derechos culturales deben verse como derechos que también guardan relación con qué miembros de la comunidad están facultados para definir la identidad cultural de esta. La realidad de la diversidad dentro de las comunidades hace imperativo garantizar que se escuchen todas las voces de una comunidad.”

Se volvía a poner así en el foco de atención internacional el riesgo que supone el hecho de considerar las identidades colectivas como abarcadoras de todas las características de los individuos, instando a seguir generando políticas públicas sensibles al papel que desempeñan las identidades en los procesos de exclusión social de las mujeres.

“La identidad colectiva entraña poner en tela de juicio significados y definiciones y está siempre vinculada a las estructuras y dinámicas de poder subyacentes en relación con el acceso y el control de los recursos económicos, políticos y culturales (…) Reconocer y proteger la multiplicidad de identidades ayuda a resistir y superar aquellas fuerzas políticas, en particular las políticas de identidad, que pretenden anular toda posibilidad de pluralismo en la persona y en la sociedad, así como la igualdad entre los géneros.”

 

Reflexionando también sobre la pauta de invisibilización de las aportaciones y funciones de las mujeres en el campo cultural, el Informe, frente a la tendencia al estudio del papel ejercido por las mujeres en la perpetuación de determinados valores culturales o como guardianas de la reproducción de la cultura dominante de su comunidad, se atrevía a apuntar tímidamente una línea de trabajo que nos tocará recorrer en los próximos años: el papel histórico de las mujeres en la impugnación de las normas y los valores culturales dominantes.

En esta visión de los derechos culturales como derechos empoderadores, lógicamente ligados al disfrute de otros derechos (muy interesante el estudio sobre las tradiciones culturales de derecho a la tierra de las mujeres y cómo estos elementos tradicionales sí se han visto debilitados y rechazados), se pone un especial énfasis en la participación de las mujeres en la adopción de decisiones:

“La participación activa en la esfera cultural, en particular la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas ofrece a las mujeres, así como a otros grupos e individuos marginados, posibilidades cruciales para dar nueva forma a los significados (…) ¿Quiénes son la voz legítima dentro de la comunidad?”

 

Al hilo de las propuestas recogidas en el Informe de Shaheed, en el 2015 la UNESCO publicó el interesante estudio “Igualdad de género, patrimonio y creatividad” en el que se ponía de manifiesto el hecho de que el patrimonio y su salvaguarda son un reflejo de las estructuras de poder, no sólo relacionadas con la participación en los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que “ninguna comunidad se esforzará por preservar o transmitir aquello que no valora” y constatando que “las mujeres son invisibles y subestimadas en la forma en que son retratadas a través del patrimonio de una nación” implementaba en formato de guía “un enfoque de igualdad de género sobre el patrimonio que tuviese en cuenta las diferentes formas en que se ven afectados los géneros por las estructuras de poder dentro de una comunidad y sus familias.”

 

  • ¿Quién define qué es patrimonio y su importancia?
  • ¿Quién decide la identidad colectiva?
  • ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es escuchado?
  • ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado?
  • ¿Quién puede acceder al patrimonio y disfrutar de él?
  • ¿Quién decide las limitaciones al patrimonio?
  • ¿Quién tiene el poder de tomar decisiones sobre los recursos de las personas y de la comunidad?
  • ¿Quién decide qué expresiones del patrimonio merecen ser protegidas?

 

 

He querido recoger en este espacio este Informe y trabajo de referencia de la UNESCO soñando con debates futuros en España al respecto (mientras llega el momento de ponernos a la altura del nuevo constitucionalismo iberoamericano, recogiendo en nuestra Constitución los derechos culturales…) preguntándonos por la protección de los derechos culturales de las mujeres en nuestro país, cómo estamos protegiendo y visibilizando el patrimonio vinculado a ellas y cómo estamos contribuyendo las mujeres al cuestionamiento de nuestras identidades culturales y la valoración sobre qué se debe o no se debe transmitir como país a las generaciones futuras.

Llamando a la tierra: España, culturas campesinas y nuevos debates de DDHH en la ONU

“Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo.”

Miguel Delibes

“N’attendons pas un seul instant levons la tête/Prenons d’assaut la terre”

Verso de Paul Eluard, enarbolado por Jean-Luc Mélenchon en un mitin la semana pasada

 

Aprovechando que el 17 de abril es el Día Internacional de las luchas campesinas quería traer a la conversación en este espacio el debate fundamental que se está librando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alrededor de dos nuevas Declaraciones y que, desde mi punto de vista, fuera de los círculos “iniciáticos” no está teniendo el eco social que merecen. Se trata de los proyectos de declaración “sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y la  elaboración de un instrumento internacional vinculante “sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

No es sólo el hecho de que sean dos documentos normativos que traten de frenar los abusos de uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el edificio neoliberal mundial y uno de los principales responsables del cambio climático, la agroindustria transnacional, sino que consolidan el protagonismo que tendrá para nuestro siglo el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos. Si ya se dieron pasos clave al respecto tanto con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como la Declaración de los pueblos indígenas, el reconocimiento como derechos humanos del derecho a la tierra, al agua y las semillas, así como a la soberanía alimentaria de los pueblos están ahora mismo en disputa en los grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Si desde las políticas culturales y en concreto desde las relaciones culturales internacionales se está prestando una atención cada vez mayor al, múltiple y polifacético, engarce entre cultura y territorios no se debe exclusivamente al interés en la preservación del patrimonio natural e inmaterial, o al más obvio papel que puede desempeñar la cultura como motor de desarrollo económico, sino también a la centralidad que están tomando los derechos culturales en la propia defensa del derecho a la tierra. Si La Vía Campesina explicita su movilización internacional en estos términos: “Planteamos la defensa de la tierra y el territorio como fuentes de vida inseparables de las prácticas culturales de nuestros pueblos”, es la cultura campesina entendida como un todo indisociable “comunidades culturales/territorio”  lo que se pretende defender y proteger en la nueva norma internacional.

 

Junto a los ya mencionados derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, junto al derecho a la tierra, quiero detenerme en tres aspectos recogidos en el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que tendrían un eco importante sobre el medio rural español:

  • La inclusión del Artículo 26 “Derechos culturales y conocimientos tradicionales” en el que se recoge el derecho a disfrutar de su propia cultura y aspirar libremente al desarrollo cultural nos daría un nuevo marco normativo internacional para exigir con mayor vehemencia el respeto y protección a los derechos culturales en el medio rural español que, a día de hoy, siguen teniendo un carácter subsidiario y claramente deficiente. Nos permitiría movernos más allá de los marcos de la “preservación” o de los riesgos de la “falsificación cultural turística” para incorporar a la agenda política española los derechos de acceso, participación y creación culturales rurales que a día de hoy cuentan con un sesgo territorial de base.

 

  • De igual manera, el reconocimiento de los derechos a los recursos naturales y su gestión y conservación permitirían ensayar e incorporar en España instrumentos que hasta la fecha se han circunscrito a la realidad de la diversidad cultural iberoamericana, como el derecho a la consulta a las comunidades de forma previa a cualquier tipo de explotación territorial. Sumaría un elemento de protección importante para aquellas resistencias rurales en España que están haciendo frente al avance de la política extractiva en nuestro país.

 

  • En relación al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el proyecto de declaración recoge la necesidad de “garantizar la coherencia del mismo con las políticas culturales”. Este enfoque nos permitiría derribar en España “el tabique invisible” que a día de hoy sigue separando las políticas y medidas legislativas de desarrollo rural y los espacios de decisión relativos a las políticas culturales que merman las posibilidades y derechos del medio rural español. En la llamada permanente del documento a la creación de oportunidades no agrícolas destinadas especialmente a los jóvenes de las zonas rurales, se hace evidente el papel que pueden jugar al respecto las políticas educativas y  de patrimonio, tal y como lleva demostrando décadas Peridis y que nos recordaba la semana pasada de nuevo en estas declaraciones.

Junto a todo lo anterior, no podemos olvidar que uno de los ejes centrales que movilizan las dos nuevas declaraciones de la ONU en juego es el reconocimiento al papel que están desempeñando las mujeres a nivel global en la defensa de la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad y patrimonio mundiales, tratando de dar una respuesta de urgencia ante el alto precio en vidas y dolor que dicha preservación, con la mirada siempre puesta en la transmisión a las futuras generaciones, se está cobrando. Es fundamental que visibilicemos con mayor rotundidad el hecho de que cuando hablamos de protección del patrimonio y respeto a las culturas campesinas, es principalmente del respeto a los derechos humanos de las mujeres de lo que estamos hablando.

 

Por ello, quería aprovechar la celebración del Día internacional de las luchas campesinas para honrar “la mirada afectiva del mundo” que siguen proponiendo los ecofeminismos rurales y seguir desde las políticas culturales preguntándonos qué escondería en nuestro campo esa invitación abierta al “menos extraer y más cuidar a cambio de”.

 

 

Plan Cultura 2020 o la cultura rural inexistente

(Todas las imágenes corresponden al Museo etnográfico Eloy Rodero, impulsado por Luis Pinto Rodero, en El Campo de Peñaranda, 271 habitantes censados, Salamanca)

Se pasó el tío Eloy toda su vida con las manos ocupadas en la madera. Tallaba despacio, concentrado en preservar la memoria de un mundo que, sabio él, temía que desapareciese. Alguna vez yo, la nieta del Florián, junto a primos, tíos y demás “todos los que caben en el coche son familia extensa” me sumé de niña a aquellas ya raras peregrinaciones al pueblo para ver al hermano mayor de nuestro abuelo. Más interesada a mis pocos años por cualquier bicho, nido, olor de la panadería, lagartija, cosa que se moviese, entendía por los comentarios de mis mayores que aquello que iba atesorando el tío Eloy en su casa era una forma nuestra, por tangible y cercana, de honrar la belleza. Muchos años más tarde, comprendí de nuevo el desconocido aroma del arraigo (que el neoliberalismo con sus políticas sin raíz nos niega) al ver llorar y reír a la vez a una de mis abuelas ya sin memoria al reconocer de pronto en su neblina, ingredientes secretos que ríete tú de la magia, el sabor de uno de los dulces que le habíamos traído del pueblo.

 

Viene ahora todo ello a mi memoria al comprobar, una vez más, que la cultura rural ni se contempla, ni se menciona, ni se ve en el nuevo Plan de Cultura 2020 de la Secretaría de Estado. Más allá de la previsible respuesta de los diferentes niveles de competencias en materia de cultura (que, por cierto, vienen reclamando una nueva distribución y dotación presupuestaria a gritos) seguimos comprobando que ni la creciente visibilidad del problema de la despoblación, ni la presión en aumento en el medio rural español de nuevas formas de extractivismo, ni los debates internacionales sobre los riesgos y límites de determinados modelos de turismo natural y cultural han conseguido, en este país sin modelo para la cultura, hacer oír la voz de alerta del 80% de la superficie de España. No cabe más que preguntarse cómo vamos a cumplir los compromisos firmados a nivel internacional en relación a la protección de paisajes culturales, patrimonio natural, diversidad de las expresiones culturales y protección del patrimonio inmaterial, entre otras, sin llevar la mirada a nuestros pueblos.

 

 

Junto a la ausencia palmaria de un plan estatal para la cultura rural, me pregunto si de verdad vamos a seguir dependiendo de un criterio tan aplaudido las últimas semanas como peligrosamente subjetivo en el día a día como es la heroicidad, tenacidad o buen tino de nuestros alcaldes rurales y si “tampoco toca” abordar en ningún nivel de gobierno cómo afecta a la cultura rural, a la protección del patrimonio y a la garantía de los derechos culturales más allá del lugar en el que se viva, el hecho de que sean las diputaciones como nivel de gestión uno de los espacios que concentran a lo largo y ancho de nuestro país los casos más enquistados y tolerados de corrupción.

 

 

En el protagonismo que en el Plan 2020 se le otorga a la Conferencia Sectorial de Cultura, sorprende (más allá de que lleve sin reunirse desde el 2015) el hecho de que en todos estos años no haya impulsado en su seno ni un solo grupo de trabajo específico sobre Cultura y medio rural así como que en su composición no contemple la presencia de ninguna figura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, entre cuyas áreas de actividad se encuentra el desarrollo rural, o de representantes de las redes de Grupos de Acción Local, para los que la cultura tanto en su dimensión de construcción de comunidad, económica en su papel de motor territorial, así como en su engarce con la protección, entre otras, de la biodiversidad está siempre presente. No es de extrañar que este mismo patrón que sitúa la cultura rural de nuestro país en “tierra política de nadie” se repita en el Congreso de los Diputados en el que entre la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión de Cultura, ¿dónde situamos la protección e impulso de iniciativas para la cultura rural?

 

 

De igual manera cabe preguntarse si entre los genéricos “recursos humanos y tecnológicos” que el Plan pretende destinar al patrimonio (si de verdad se logra, que está por ver, impulsar en este país una Ley de Patrimonio actualizada en sintonía con las últimas Convenciones aprobadas -para no perderse, por cierto, “El patrimonio cultural material en España: fortalezas, conflictos y penurias”, de Jesús Prieto de Pedro, en el último Informe de la Cultura de la Fundación Alternativas-), cuántos de ellos se dedicarán al mundo rural y qué criterios de distribución territorial seguirá “el reparto”.

Viene sin querer a mi memoria, tras la lectura del Plan, el país del que procede este país y al que, como hijos desagradecidos, se le sigue dando la espalda sin asumir la urgencia de acción a la que nos impulsa la progresiva desaparición y abandono de pueblos, espacios, saberes, conocimientos, lenguas que nos trajeron hasta el presente. Me pregunto si al continuar con esta permisividad cómoda e impulso de la cultura del desarraigo, sin suelo ni paisaje, no nos estaremos condenando definitivamente a desconocer por completo quiénes somos.

 

(¿Quiénes somos?, tío Eloy, algo parecido a lo que heredado de tus manos, queda.)

 

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.