El CETA que no amaba a las mujeres

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.

Soberanías culturales del Sur y democracia

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Artículo escrito para -y en diálogo con- la Red de participación y articulación del sector cultural boliviano Telartes

Publicado en Grito Cultural nº7 2017

“Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo.”

(Audre Lorde)

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea colectiva de impulsar, desde nuestros respectivos países, en este amplio Sur Global en el que también se encuentra España y la Europa mediterránea, políticas culturales transformadoras que nos permitan incidir en la profundización democrática y la universalización del respeto a los derechos humanos, no podemos obviar ni por un instante que históricamente nos estamos enfrentando al triunfo del paradigma neoliberal a nivel internacional y que nuestras acciones se inscriben también y a nuestro pesar en este sistema social omnipresente que atraviesa cual hilos invisibles atando a Gulliver en la playa todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.

Abordo a quemarropa esta cuestión, dado que es en la invisibilidad de los mecanismos de dominación del capitalismo tardío donde reside la clave de su éxito y en la estetización y maridaje con determinadas prácticas culturales donde encuentra el disfraz de deseo perfecto para hacer olvidar la desigualdad estructural sobre la que se mantiene.

Junto al diálogo y las demandas sectoriales de los diferentes colectivos artísticos y la más que urgente protección laboral de la cultura, lo que está en juego en estos momentos es nuestra propia soberanía cultural, no sólo entendida como el patrimonio creativo colectivo acumulado a través del tiempo y del cual somos herederos, sino como eje fundamental para poder hablar de verdadera democracia.

Me detendré, por tanto, a través de este artículo, situada como estoy en el tiempo en este momento de crisis de identidad europea y en el espacio en la España rural y despoblada de este Sur, en algunos de los escenarios en los que la soberanía cultural se muestra con mayor claridad en juego.

 

Epistemicidio rural

Si bien el concepto de epistemicidio se ha abierto paso con fuerza especialmente a través de la denuncia e investigación del epistemicidio indígena latinoamericano, en España aún no hemos descubierto la potencialidad transformadora que incorporar esta sensibilidad podría tener en el diseño de nuestras políticas culturales.

Frente a la definición habitual centrada en la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano, la más amplia concepción de epistemicidio como “liquidación de formas de apre(he)nder, crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios, especialmente tras el nacimiento y uso del método científico como el único validador por parte de las clases dominantes” nos permitiría por fin nombrar dinámicas ocultas.

Desde este marco de reflexión que pone en el centro la crítica al conocimiento hegemónico y hace visibles las relaciones de poder involucradas (¿qué conocimientos viven en los márgenes?, ¿qué se escucha?, ¿qué y quiénes tienen el derecho a ser mirados?, ¿cómo se construye socialmente la respetabilidad y el reconocimiento cultural?) podríamos avanzar en el reconocimiento de perspectivas epistémicas y herencias culturales subalternas en España.

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En primer lugar, poniendo en el centro del debate el epistemicidio rural y la desaparición acelerada del acervo cultural de nuestros pueblos, ante las prácticas crecientes de “parque-tematización uniforme” de la ruralidad europea. Ello nos permitiría también abordar la presión de los modelos agro-industriales transnacionales que a través de sus lobbies y con la herramienta eficaz de los tratados de libre comercio que veremos después, ponen en riesgo la herencia afectivo-cultural hacia paisajes y territorios. Modelo agro-industrial que está encontrando en la despoblación rural que azota nuestro continente una oportunidad sin precedentes para la apropiación de esta gran “materia prima” que es la tierra, sin tener que soportar presión alguna por parte de la población (envejecida o inexistente) que haga valer la defensa de sus derechos. Este epistemicidio rural podría señalarse entonces como una faceta más de la violencia del neoliberalismo y como condición sine qua non de su tentacular asentamiento territorial. Podríamos abordar así la invisibilización de las culturas rurales frente al modelo urbano y clarificar la centralidad que tiene el desarraigo como forma de dominación en el actual sistema económico. Este hilo en la madeja nos llevaría a redimensionar las relaciones entre cultura y territorios, creando modelos más eficaces a la hora de responder al hegemónico avance del “marketing-marca territorial”.

Identidades frente a identidad

Siguiendo las líneas de trabajo que ya ha abierto América Latina en esta denuncia del epistemicidio y el reconocimiento a la diversidad de sus herencias culturales, desde España quizá, al mirarnos en su espejo, tendríamos que plantearnos por qué concebimos que las Declaraciones Internacionales de la UNESCO no nos interpelan como país. De entrada, tendríamos que afrontar nuestra asunción acrítica de la “identidad española” legada por la dictadura franquista y que dejó fuera (junto a las identidades territoriales) elementos importantes de nuestra herencia. A saber: la tradición judía, la morisca, la indígena esclavizada en territorio español, la afrodescendiente y la cultura romaní. Aún son muy pocos los estudios y las voces críticas en esta dirección y el mecanismo de ridiculización de estas demandas opera con fuerza. La “Ley de concesión de nacionalidad a sefardíes originarios de España” ha pasado sin pena ni gloria y hemos desaprovechado un momento importante para hacer mayor incidencia política sobre el reconocimiento a la diversidad que está siendo, una vez más, mercantilizada y desideologizada. Como muestra de esto último valgan, por ejemplo la creación de la red turística de ciudades “Sefarad” o la folklorización remota (es pasado, no presente) de la diversidad.

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Transmisión generacional y comunidad

El papel que la transmisión generacional ha jugado y juega en muchas de las prácticas artísticas de la cultura popular, especialmente en las que suelen encuadrarse en el campo de la artesanía, debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de ecosistemas crearía un modelo en el que dicha transmisión desapareciese.  No podemos obviar que el epistemicidio tiene rostro de mujer y que en la desaparición de estos conocimientos comunitarios, tradiciones, cosmovisiones y modos de transmisión basados en la oralidad y la experiencia hay una pérdida irrecuperable, a mayores, del conocimiento que nuestras madres y abuelas legaron al mundo.

El triunfo global de un modelo cultural individualizado que parte siempre desde cero sin reconocer lo anterior es, entre otras cosas, un modelo desempoderador y que pone en riesgo nuestro patrimonio. En dichos procesos de transmisión y aprendizaje no sólo se pone la atención sobre el “qué”, sino que entran en juego los “cómo” y el vínculo es en sí vehículo de creación. Este papel de la comunidad como entorno de aprendizaje debería ser tenido en cuenta tanto en el nivel discursivo como práctico de los programas de profesionalización de la gestión cultural. El neoliberalismo va adscrito a un modelo y praxis cultural que tiene como elementos centrales la individualización y la conversión de las relaciones sociales en relaciones de mercado. Sería importante para defender nuestra propia soberanía cultural, plantearnos al menos qué diálogos posibles podrían establecerse desde la cultura con las “economías otras” o cómo establecer mecanismos de protección laboral más eficaces, que defiendan a los trabajadores culturales de un modelo que los atomiza, fragiliza y sobrecarga.

De igual manera deberíamos estar atentos a los procesos de usurpación, explotación y apropiación de creaciones comunitarias por parte de la industria, que no sólo descontextualizan las mismas, sino que niegan su origen  y laminan la profundidad simbólica de las prácticas y objetos artísticos.

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Soberanía cultural y Tratados de Libre Comercio

Sin lugar a dudas, es en el terreno de los Tratados de Libre Comercio internacionales donde, a día de hoy, se está librando la batalla más importante en la defensa de la soberanía cultural. Si con la llegada del NAFTA a principios de los años 90, empezamos a vislumbrar la articulación del poder económico supranacional frente a la soberanía de los pueblos, asistiendo también al nacimiento del altermundismo como respuesta, a día de hoy nos enfrentamos a la sofisticación y oscurantismo extremos en la redacción y negociación de estos Tratados.

La generalización en la aplicación de los mecanismos ISDS, esos tribunales privados de resolución de conflictos entre inversionistas y estados, por los cuales los países no pueden reformar sus legislaciones nacionales fuera del corsé de los tratados, sin correr el riesgo de sufrir graves sanciones económicas, deberían llevarnos a una mayor movilización en la defensa de nuestra soberanía.

Junto a los ISDS, los mecanismos de certificación que llevan incorporados siguen beneficiando los intereses comerciales de los EEUU, garantizando que puedan suspender (ellos sí) el cumplimiento del acuerdo unilateralmente. Es importante recalcar que la dominación que ejerce esta faceta del “libre comercio internacional” no es (sólo) geográfica: asistimos al triunfo de los intereses de una élite económica mundial, que en la financiarización de la economía, ha logrado imponer como sentido común las “democracias sin pueblo” y la política como “gestión técnica”.

La movilización ante los tratados de libre comercio desde el sector cultural ha tomado matices distintos en América Latina y el Sur de Europa. Mientras en la movilización contra el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación económica promovido por Estados Unidos en el que están incluidos México, Perú y Chile junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá, ha tenido un carácter central la defensa de la soberanía cultural y los efectos del Tratado sobre la legislación de derechos de autor y patentes, en Europa esta temática sigue teniendo un carácter secundario en las movilizaciones contra el CETA y el TTIP.

Especialmente relevante, visto desde España, ha sido el trabajo de la organización chilena Derechos Digitales socializando la denuncia de que el aumento del plazo de protección de derechos de autor, desde su muerte hasta los 70 años posteriores (¡100 en México!), es lesivo para el dominio público e impide el acceso al conocimiento y la cultura de los pueblos y beneficia el modelo de gran industria cultural frente al agente medio y pequeño. El hecho de hacer bandera de un modo protagónico de las materias de propiedad intelectual e internet mostrando cómo en la firma de estos tratados de libre comercio se dejan sistemáticamente fuera las recomendaciones de foros internacionales de corte más democrático como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o los Foros de Gobernanza de Internet, representa un hecho diferencial frente a Europa.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra la pérdida de medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad lingüística europea o el mantenimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas gastronómicas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense.

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Es en este escenario en el que, desde las políticas culturales, nos estamos desenvolviendo hoy y que exigen de nosotros, también desde la cultura, un mayor compromiso con la democratización económica. La propia conciencia del sector cultural, no sólo como “un porcentaje del PIB” sino como defensor y garante de los derechos culturales de un país, será clave para el fortalecimiento de nuestras soberanías culturales frente a la presión de organismos internacionales no sometidos a garantías democráticas.

Artistas europeos contra el TTIP

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(Gracias a Periódico Diagonal por hacerse eco de este artículo, 13 de octubre de 2016)

Hace unos días, me sorprendió sorprenderme ante el hecho de que la Red Europea de Artes Escénicas IETM, en su plenario anual que se celebrará en noviembre en Valencia, hubiese programado un grupo de trabajo específico sobre los efectos del TTIP sobre la cultura europea. Mi “sorpresa” por el fuerte carácter sectorial de la reivindicación devino en alegría al conocer el llamamiento a la intervención de la UNESCO para la defensa de la diversidad cultural europea que han promovido las principales asociaciones culturales y artísticas austriacas, así como la oposición a la firma del Tratado y la defensa de la excepción cultural lanzada por Culture Action Europe.

Interesante ha sido también la movilización de los artistas ingleses a través de la iniciativa Artists against TTIP, que en colaboración con las iniciativas de la organización War on Want y el periódico The Guardian, están acercando a la opinión pública la reflexión sobre el impacto que esta nueva herramienta del neoliberalismo global tiene sobre la cultura, así como están haciendo una labor de puente con las movilizaciones contra los Tratados presentes también en los EEUU.

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Aunque ya analizamos en profundidad en otros artículos los efectos del TTIP en la cultura europea, me pareció remarcable realizar, precisamente en la Semana en la que se celebra el Otoño en Resistencia (#niCETAniTTIP, del 8 al 15 de octubre)  un breve análisis comparado del papel que el sector cultural español ha desarrollado en las movilizaciones.

La aún pobre presencia de los artistas españoles en las campañas contra el TTIP (Nacho Vegas, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Kiko Veneno…) sigue realizándose a título individual o dentro de la esfera de acción de los partidos políticos sin que se haya logrado hasta la fecha articular ni discursiva ni organizacionalmente una reivindicación sectorial que logre trasladar al modo de Artists against TTIP, el impacto demoledor que sobre la  muy precaria situación de las políticas culturales en España podría tener la puesta en marcha del Tratado.

Junto a la urgente reflexión que ha venido desarrollándose en estos dos últimos años en España sobre el papel que pueden jugar los artistas como constructores de sentido y como creadores de nuevos paradigmas frente a las lógicas más feroces del mercado, también se han empezado a oír voces críticas dentro del sector cultural ante el hecho de haber focalizado demasiado la atención en el IVA cultural, en detrimento de otros aspectos que también están asfixiando a los trabajadores de la cultura en nuestro país.

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El compromiso #CulturaEsRiqueza impulsado por la compañía teatral FeelGood, la plataforma Seguir Creando o la denuncia sobre las condiciones de contratación que han hecho oír artistas como la soprano Miren de Miguel, iniciativas aún esporádicas, han mostrado una realidad más poliédrica que nos obliga a abrir el foco y a construir un discurso más amplio como sector profesional que logre poner las condiciones socio-laborales y la exigencia de políticas que garanticen la protección de los derechos culturales en nuestro país. Como ya analizamos, el TTIP por su efecto sobre los derechos laborales y su progresivo desmantelamiento de algunas de las herramientas de protección de la diversidad cultural (con un impacto especialmente lesivo sobre la cultura y las economías rurales) no haría sino agravar la precaria situación que desde esta multiplicidad de voces se viene denunciando.

Quizá desde el sector cultural podríamos aprovechar la sinergia de esta semana europea de movilizaciones contra el TTIP, las conclusiones que dejará el encuentro de IETM en Valencia y la articulación coral de todo lo que ya están trasladando los artistas españoles en sintonía con sus iguales europeos para consolidar una visión sectorial más fuerte en la defensa de nuestros derechos que logre llegar con más nitidez a la sociedad española.

 

Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

El TTIP contra las mujeres

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Publicado en Pikara Magazine el 16 de enero de 2015

Publicado en Viento Sur el 11 de marzo de 2015

 

Hace unos meses Lourdes Benería manifestaba que el feminismo en Europa no había cuestionado con la suficiente fuerza lo que nos traía el modelo neoliberal, que no había introducido como algo central este tema en su agenda. No estábamos haciendo el suficiente hincapié en que cada vez es más profundo el conflicto entre capital y vida. Veíamos a nuestras compañeras latinoamericanas movilizarse contra el NAFTA, contra el ALCA, generar nuevos frentes contra el libre comercio, salir a la calle bajo el lema “somos mujeres, no mercancías”, pero aunque desde las redes internacionales se seguían y conocían estos procesos, la “maquilización”, se consideraba más un tema de apoyo a las redes feministas que como un tema PROPIO de nuestra agenda.

Pues bien, ya tenemos en casa el caballo de Troya, se requiere información, acción y respuesta porque, como ya se ha dicho, no se trata de un enfrentamiento entre EEUU y Europa, sino un abuso del poder corporativo y multinacional frente a la soberanía democrática.

ENTRANDO DE LLENO EN EL ASUNTO:

¿Qué nos estamos jugando las mujeres con la aprobación del TTIP?

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Sabemos que el proceso de negociación no está centrado en el tema arancelario, sino en la “cooperación reguladora”, es decir, normativas a la baja. Pues bien, ¿cuál es la “normativa más baja”?

EEUU es la única democracia que no ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, no reconoce (al igual que Irán, Somalia o Sudán del Sur) al CEDAW, ni ha firmado el protocolo del mismo que, con sus fallos y lentitudes, permite las denuncias individuales por discriminación y la investigación internacional. Precisamente han sido los grupos que ahora se están sentando a negociar con la UE los que frenaron el proceso de ratificación, es decir: grupo conservador, el fundamentalismo religioso estadounidense y el sector empresarial, en base a tres argumentos, revestidos de ética, con efectos comerciales:

  • “Obligar a los EEUU a pagar a hombres y mujeres lo mismo por igual trabajo atenta contra las bases del sistema de libre comercio y es un ataque a nuestra soberanía” (Senadora Wendy McElroy)
  • La garantía de los derechos sexuales y reproductivos –públicos y gratuitos- y la libertad sexual son contrarios a los derechos religiosos, que prevalecen. “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad y ven a la maternidad con el mayor honor y respeto” (Y benefician a la sanidad privada)
  • La coeducación y la corresponsabilidad atentan contra los valores tradicionales de la familia “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad (Y sustentan los cuidados que permiten que el capitalismo funcione)
  • Entre los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que EEUU no ha firmado se encuentran:
    • Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
    • Apoyo a trabajadores/as con responsabilidades familiares.
    • Trabajadores/as domésticos.
    • Año 2000, Convenio sobre la protección de la maternidad (regulan los permisos, prestaciones, derecho a la lactancia)

El riesgo en el proceso de negociación comercial, que contempla todas las protecciones laborales que buscan la corresponsabilidad como COSTES a eliminar, es que las empresas europeas que los aceptaron obligadas y a regañadientes (como nos recordó el Círculo de Empresarios la semana pasada) por las legislaciones nacionales, aprovechen la coyuntura para presionar a los gobiernos, en aras del beneficio económico y el éxito comercial, para desregular y retroceder en este campo.

Nos preocupa también que, a través de la puesta en marcha de los tribunales ISDS, que equiparan multinacionales y estados soberanos a través de un burdo sistema de arbitraje, puedan sancionar en aras de los daños comerciales, políticas públicas de fomento de la corresponsabilidad que para nosotras son muy importantes, como la ampliación de los servicios públicos de guardería en el periodo de 0 a 3 años o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, ampliados y pagados.

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De igual manera, en los procesos de privatización de servicios públicos y recortes en el Estado del Bienestar que están en juego, por la feminización del empleo público (precisamente por el mayor cumplimiento de las leyes de protección en lo público que en lo privado) lo que se destruye es empleo de calidad de las mujeres, transformándolo en empleo precario. Mientras nuestro secretario de estado de comercio, Jaime García –Legaz afirma que el TTIP creará 144.000 empleos, el Centro de investigación de política económica de los agentes de banca de Londres estiman en dos millones los empleos en riesgo entre EEUU y la UE. Las multinacionales no generan puestos de trabajo, aumentan sus beneficios, pero la creación de empleo nunca ha sido una prioridad, está siempre vinculada a la PyME.

Igualmente, cuando se recortan servicios públicos, aguantan el “shock social” las mujeres, haciéndose cargo de la sostenibilidad del bienestar y la vida, y minimizando los efectos de los recortes en servicios para la infancia, la salud o la dependencia. Sabemos también que en el caso de rentas altas, estos recortes se solventan traspasando las labores de cuidados a las mujeres del Sur, emigrantes, con el efecto devastador que tiene sobre sus propias sociedades de origen.

Siguiendo en la línea del avance de la precariedad, hay un área también muy feminizada, los servicios a las empresas y las comunicaciones y el sector cultural (la ICC) que también se van a ver afectados -el sector audiovisual, por la fuerte denuncia que ha tenido en Francia en su defensa de la excepción cultural parece que de momento se va a quedar fuera-. Reflexionando sobre los riesgos de la “maquilización de Europa”, pienso que nuestra maquila no va a ser tan industrial, como una maquila de la creatividad y el conocimiento. Contratos a tiempo parcial, trabajos desde casa que ahorran costes, negociación en solitario, jornadas eternas, efectos desocializadores que vuelven a invisibilizar el trabajo de las mujeres y que tienen una correlación sobre la salud y el bienestar (el aumento del consumo de psicofármacos). Como decía Benería sobre el hecho de haber sido poco tajantes, hemos hablado mucho de techos de cristal, que son muy importantes, que beneficiaban privilegios de clase, y no tanto de “suelos pegajosos” del riesgo de institucionalizar la precariedad, convertirla en norma y recortar la autonomía económica (con los efectos que tiene sobre la superación de la violencia de género o el día a día de familias monoparentales).

CONFLUENCIA CON EL ECOLOGISMO

En el proceso de confluencia del feminismo con la denuncia ecologista del TTIP ponemos el foco especialmente sobre la gran industria de la mercantilización y medicalización del cuerpo de las mujeres (no en vano L´Oreal es la segunda gran fortuna europea por detrás de Inditex, dos ejemplos de multinacionales con un patrón de consumo muy generizado y a la vez con una responsabilidad evidente sobre la explotación laboral de las mujeres del Sur). Pues bien, mientras que la UE prohíbe la utilización de 1200 sustancias químicas en este sector, EEUU prohíbe sólo 12, por lo que si en los procesos de negociación se va a la baja, la exposición a sustancias nocivas estará también generizada, a la vez que a través de la desregulación de la protección de datos para fines comerciales, estaremos bombardeadas por la llamada al consumo. La resistencia y la información que despleguemos aquí será clave.

También en el ámbito agrícola y ganadero (dejando a un lado el hecho de dar más espacio a multinacionales que están especulando con productos alimentarios básicos para la creación de agrocombustibles que impactan sobre la propiedad de la tierra de las mujeres y su soberanía alimentaria), en España corremos el riesgo de acelerar el proceso de DESPOBLACIÓN RURAL. Las mujeres están trabajando principalmente en las explotaciones familiares y en productos regulados y protegidos (denominaciones de origen) que están en riesgo frente a la entrada de las multinacionales agrarias y ganaderas estadounidenses. La emigración de las mujeres en el medio rural supone la muerte del mismo: se “solterizan” los pueblos envejecen, no hay niñ@s ni jóvenes, se pierden servicios básicos y se convierte en la pescadilla que muerde la cola, porque no atrae a nuevos pobladores.

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POR TODO ESTO:

Como nos han dicho nuestras compañeras latinoamericanas, la clave ahora está en NO ACEPTAR ESTE MODELO COMO UN HECHO y luchar porque los valores de la economía feminista pasen al centro. Se trata de decir NO a los acuerdos, ya no basta con introducir cláusulas de género o denunciar, por ejemplo, el sesgo androcéntrico de quienes lo están negociando (como dicen María José Capellín y Amaia Pérez Orozco, los BBVAh: Blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales). Se trata de hacer ver que la macroeconomía no es neutra y que el patriarcado y el neoliberalismo van de la mano y se refuerzan mutuamente. Se trata de entender que la denuncia del feminismo al neoliberalismo y al capitalismo más feroz apunta a la línea de flotación. Se está mercantilizando la vida, los cuerpos y nos toca ya llevar a la opinión pública el hecho de que el centro son las personas, no los mercados y empezar a socavar la lógica de la ACUMULACIÓN. Una vida dedicada al más, más, más lejos, más cantidad, ¿para qué? Nos toca el diálogo de confluencia con todas las economías críticas para generar una respuesta firme y crear alternativas y llevar al centro nuestra ECODEPENDENCIA y nuestra VULNERABILIDAD. La imagen de la competición individualizada y feroz, del sálvese quién pueda, es irreal e insostenible, porque la vida no es así, la vida es en relación. Por eso a pesar de la urgencia, no podemos renunciar a seguir pensando sobre el sentido de nuestro trabajo, ni renunciar a la terquedad de que no todo es monetizable.

Hay que huir también de los discursos que individualizan el “fracaso” y nos aíslan, sin tener en cuenta que estamos sufriendo las consecuencias de la avaricia y la extracción (de los cajeros) hecha política.

Podemos pararlo, ya se ha hecho antes, se han conseguido 500.000 firmas contra el TTIP en 5 días, con movilización en 27 países, ha habido protestas en más de 300 ciudades, están pendientes de sus costes electorales y creo que, con el feminismo también en pie, con la estrategia del vampiro que propone Susan George, pararemos el TTIP exponiéndolo a la luz.