Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

¿El mecenazgo como panacea?: derechos culturales, desequilibrios territoriales y financiación

En los últimos cinco años se han sucedido en nuestro país diversos análisis y grupos de trabajo que han tratado de poner la actual problemática sobre financiación cultural y de las artes en el centro del debate público. Si bien en los medios de comunicación la cuestión se ha circunscrito a la movilización alrededor del IVA cultural y desde el propio sector profesional (envidiando la vivacidad que Los Intermitentes tuvieron en Francia) se está haciendo un esfuerzo ingente por visibilizar la precariedad laboral de los trabajadores culturales, los efectos de la subcontratación abusiva así como la falta de transparencia y prácticas de corrupción política que han jalonado el empleo cultural en la última década, la poderosa retórica de la “solución público-privada” y el maná que llegará al sector a través del mecenazgo lo va inundando todo. Si, como ha afirmado el ministro Méndez de Vigo, la Nueva Ley de Mecenazgo, será la principal línea estratégica en materia de cultura del gobierno, será interesante detenernos en una perspectiva comparada de experiencias para abordar con el suficiente rigor este futuro debate.

Más allá del análisis de experiencias de éxito concretas en el campo del mecenazgo cultural y más allá también (especialmente en el ámbito municipal) de la necesidad de clarificar los límites entre patrocinio y mecenazgo y prevenir a través de rigurosos controles de transparencia posibles usos clientelares del mismo, ¿sobre qué certezas se está apoyando este cambio discursivo desde la concepción de la cultura como un servicio público a la lógica de la esponsorización? ¿Qué prácticas serían susceptibles de mecenazgo y en cuáles se está contribuyendo a reforzar la dejación de competencias públicas (dos ejemplos para el debate: la presencia de marcas en el centenario de Buero Vallejo y la financiación de la digitalización del archivo Miguel Delibes) Y en otro nivel: si el marco internacional en materia cultural avanza irremediablemente hacia el paradigma del fomento de la diversidad cultural y la consolidación de los derechos culturales en el marco de los derechos humanos, ¿España puede abordar el debate sobre financiación cultural al margen de este contexto internacional?

En el estudio comparativo realizado por Enrique Bustamante, España: la cultura en tiempos de crisis,  sobre los efectos del mecenazgo en Francia y Brasil y tras citar a Mulcahy “Una esfera cultural predominantemente privatizada está menos dispuesta a plantearse cuestiones sobre la diversidad estética, la accesibilidad pública y la representatividad cultural” se constata que:

  • Las donaciones culturales por parte de las marcas, atendiendo a criterios de visibilidad e impacto, tienden a concentrarse tanto en las grandes instituciones (precisamente aquellas que cuentan con una mayor dotación y seguridad presupuestaria pública) como en eventos puntuales que refuerzan, frente a paradigmas de creación de nuevos públicos o democratización en la accesibilidad, lógicas de espectacularización de la cultura.

 

  • En el caso francés se vivieron dos graves desequilibrios: el territorial, aglutinando las experiencias de mecenazgo cultural en la capital dado que garantizaba una mayor visibilidad mediática; el sectorial, marginando sectores como los espectáculos en vivo o la creación contemporánea.

 

  • En el caso del mecenazgo brasileño, la famosa Ley Rouanet, planteado como el gran modelo de éxito iberoamericano y a pesar de la creación de la Comisión Nacional de Incentivo Cultural que trataba de paliar el efecto de los desequilibrios territoriales, en palabras del ministro Juca Ferreira:

“generó concentración porque el 90% del presupuesto se quedó en Minas Gerais, el 80% en Río y São Paulo, el sudeste más desarrollado del país, y de ese 80%, un 60% va a parar a dos ciudades: Río de Janeiro y São Paulo y dentro de esas ciudades son siempre los mismos. ¿Quiénes? Aprobamos decenas de millares de proyectos y los departamentos de márketing de las empresas son los que deciden. Y los que eligen son aquellos que benefician a la imagen de la empresa y a los artistas que menos necesidades tienen, lo que supone un refuerzo de la desigualdad. Y además casi el 100% del dinero es público, un dinero público que se decide con criterios privados. No tiene futuro esa ley, yo la llamo el huevo de la serpiente en Brasil. Tiene una cara muy impresionante, pero un interior… Y además no ha creado mecenazgo en estos 20 años, si el dinero es público, no es mecenazgo.”

En otro interesante análisis comparado, El modelo español de financiación de las artes y la cultura en el contexto europeo, de Juan Arturo Rubio, Joaquim Rius y Santi Martinez tras analizar las experiencias de mecenazgo en EEUU, Reino Unido y Francia, y una vez más alertando sobre las pautas de fuerte concentración de las donaciones en determinados territorios y  grandes instituciones, se apuntan nuevos efectos a tener en cuenta:

  • Con motivo de la crisis económica, las aportaciones privadas a la cultura han vivido un importante descenso en todos los países y modelos observados, incluyendo los que cuentan con una sólida tradición y trayectoria de mecenazgo privado.
  • Las organizaciones y sistemas culturales más dependientes de esta vía de financiación sufrieron los efectos de los recortes de forma más prematura e intensa que los más dependientes de financiación pública.

Ante estas experiencias internacionales y teniendo en cuenta el debate que tendremos que afrontar en España si realmente se va a avanzar en una Ley de Mecenazgo, quizá sería interesante delimitar algunos ejes fundamentales que tendrán que estar presentes en su articulación:

  • De modo previo al debate sobre modelos de financiación cultural habría que afrontar, tanto por los compromisos internacionales suscritos por España como por mandato constitucional, cómo se va a garantizar en nuestro país la protección de los derechos culturales de toda la ciudadanía española y la igualdad en el acceso a la participación cultural. Sería desde este paradigma, al que ya se ha sumado a través de diferentes tratados y convenciones nuestro país, desde el que se podrían abordar con rigor las necesidades financieras que permitieran avanzar en el cumplimiento de dichos derechos y prevenir las desigualdades en el acceso a la cultura.
  • Si ha sido el nivel local el que, frente a los recortes presupuestarios en materia cultural, ha ejercido el papel de barrera de contención, un debate serio sobre una futura Ley de Mecenazgo, no podría ni invisibilizar ni suplantar la urgente rearticulación del sistema público cultural y la dotación de competencias y recursos a favor del Régimen Local.
  • La cultura, entre otras dimensiones, es un servicio público y como tal ha de tener garantizada una dotación presupuestaria que permita su prestación. El mecenazgo cultural no debería justificar en ninguna circunstancia acciones de recorte presupuestario encubierto.
  • Si las experiencias internacionales nos alertan sobre los efectos de concentración territorial de las donaciones culturales, ¿qué elementos y acciones se implementarían para proceder a una redistribución tanto temática como geográfica de las mismas? Ante el enorme desequilibrio territorial y demográfico que vive España, ¿qué efectos podría tener dicha Ley sobre los derechos culturales de la ciudadanía de la España rural? ¿Cómo se articularán medidas compensatorias para la protección de la cultura rural ante el previsible desequilibrio centralista?
  • ¿Qué papel jugarán, como propone de nuevo Enrique Bustamante, las aportaciones del mecenazgo social?:

Fomento del mecenazgo social: El mecenazgo puede y debería ser, más aun en tiempos de crisis fiscal, una gran herramienta de fomento y apoyo de la actividad cultural. A condición de que lo público, una agencia pública e independiente a ser posible, lo mida, gestione y oriente. Una nueva ley de Mecenazgo, exclusiva para el campo cultural (separada del resto de la “charity”), debería en ese sentido graduar sus desgravaciones y deducciones, desde las actuales cotas ya citadas hasta el 30 -70 % según criterios y labels precisos, públicos y transparentes: primando a los proyectos que promocionen la diversidad cultural interna y en cooperación con terceras culturas, a las obras y empresas que se adecuen a los planes estratégicos nacionales o sectoriales, a los trabajos articulados entre lo público y lo privado, a las donaciones privadas o de microfunding (por Internet, o no).

Estos serán algunos de los elementos clave sobre los que tendremos que debatir y profundizar para afrontar con garantías las tensiones que plantea la financiación cultural en España.

 

Artistas europeos contra el TTIP

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(Gracias a Periódico Diagonal por hacerse eco de este artículo, 13 de octubre de 2016)

Hace unos días, me sorprendió sorprenderme ante el hecho de que la Red Europea de Artes Escénicas IETM, en su plenario anual que se celebrará en noviembre en Valencia, hubiese programado un grupo de trabajo específico sobre los efectos del TTIP sobre la cultura europea. Mi “sorpresa” por el fuerte carácter sectorial de la reivindicación devino en alegría al conocer el llamamiento a la intervención de la UNESCO para la defensa de la diversidad cultural europea que han promovido las principales asociaciones culturales y artísticas austriacas, así como la oposición a la firma del Tratado y la defensa de la excepción cultural lanzada por Culture Action Europe.

Interesante ha sido también la movilización de los artistas ingleses a través de la iniciativa Artists against TTIP, que en colaboración con las iniciativas de la organización War on Want y el periódico The Guardian, están acercando a la opinión pública la reflexión sobre el impacto que esta nueva herramienta del neoliberalismo global tiene sobre la cultura, así como están haciendo una labor de puente con las movilizaciones contra los Tratados presentes también en los EEUU.

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Aunque ya analizamos en profundidad en otros artículos los efectos del TTIP en la cultura europea, me pareció remarcable realizar, precisamente en la Semana en la que se celebra el Otoño en Resistencia (#niCETAniTTIP, del 8 al 15 de octubre)  un breve análisis comparado del papel que el sector cultural español ha desarrollado en las movilizaciones.

La aún pobre presencia de los artistas españoles en las campañas contra el TTIP (Nacho Vegas, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Kiko Veneno…) sigue realizándose a título individual o dentro de la esfera de acción de los partidos políticos sin que se haya logrado hasta la fecha articular ni discursiva ni organizacionalmente una reivindicación sectorial que logre trasladar al modo de Artists against TTIP, el impacto demoledor que sobre la  muy precaria situación de las políticas culturales en España podría tener la puesta en marcha del Tratado.

Junto a la urgente reflexión que ha venido desarrollándose en estos dos últimos años en España sobre el papel que pueden jugar los artistas como constructores de sentido y como creadores de nuevos paradigmas frente a las lógicas más feroces del mercado, también se han empezado a oír voces críticas dentro del sector cultural ante el hecho de haber focalizado demasiado la atención en el IVA cultural, en detrimento de otros aspectos que también están asfixiando a los trabajadores de la cultura en nuestro país.

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El compromiso #CulturaEsRiqueza impulsado por la compañía teatral FeelGood, la plataforma Seguir Creando o la denuncia sobre las condiciones de contratación que han hecho oír artistas como la soprano Miren de Miguel, iniciativas aún esporádicas, han mostrado una realidad más poliédrica que nos obliga a abrir el foco y a construir un discurso más amplio como sector profesional que logre poner las condiciones socio-laborales y la exigencia de políticas que garanticen la protección de los derechos culturales en nuestro país. Como ya analizamos, el TTIP por su efecto sobre los derechos laborales y su progresivo desmantelamiento de algunas de las herramientas de protección de la diversidad cultural (con un impacto especialmente lesivo sobre la cultura y las economías rurales) no haría sino agravar la precaria situación que desde esta multiplicidad de voces se viene denunciando.

Quizá desde el sector cultural podríamos aprovechar la sinergia de esta semana europea de movilizaciones contra el TTIP, las conclusiones que dejará el encuentro de IETM en Valencia y la articulación coral de todo lo que ya están trasladando los artistas españoles en sintonía con sus iguales europeos para consolidar una visión sectorial más fuerte en la defensa de nuestros derechos que logre llegar con más nitidez a la sociedad española.

 

#GCultural2016 : Construyendo democracia cultural

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Ayer, a través de una conversación en directo en la que confluyeron simultáneamente más de 70 profesionales internacionales, se inauguró el I Congreso Online de Gestión Cultural. Desde el 12 de septiembre hasta el 10 de octubre se estará tejiendo un debate libre y horizontal acerca de los principales retos que afronta la profesión así como de su papel clave como agentes de construcción de democracia, en un ejercicio de polifonía y multisoportes, que ha buscado también la complicidad de los blogs culturales como espacios de profundización en el debate y modelo alternativo de cobertura mediática.

Este evento online, organizado por Aforo Gestión Cultural, Ártica Centro Cultural Online, Baixa Cultura, Comandante Tom, Comunicación Abierta y Gestión Cultural UY en el que se dan cita actores de toda América Latina y España ha seleccionado como ejes de diálogo los siguientes temas:

  • Experiencias y proyectos de cultura y activismo digital.
  • Gestión cultural para la producción de cultura libre.
  • Gestión cultural en las bases.
  • Comunicación en red y herramientas TIC para la gestión cultural.
  • Espacios culturales y comunidad en red.
  • Profesionalización en gestión cultural.

Al hilo de la selección de las diferentes ponencias por parte de los organizadores, surgen ante mí algunos debates clave que tendremos tiempo de elaborar hasta el 10 de octubre:

  • Sobre la sustentabilidad de los proyectos culturales:
    • ¿Qué respuestas colectivas se están articulando para visibilizar y frenar la precariedad laboral-vital de los trabajadores del sector?
    • Como sector profesional, ¿estamos articulando bien este discurso?, ¿estamos realizando conjuntamente una reflexión sobre nuestros propios derechos laborales? ¿Cuál es nuestra capacidad de negociación colectiva para mejorar las condiciones de vida socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cultura? ¿Existen experiencias de sindicación cultural en los diferentes países?, ¿cuáles son?, ¿son replicables en otros territorios?
    • En el actual paradigma económico neoliberal, ¿qué papel se le da a la cultura?, ¿cómo nos posicionamos frente a la “generación de contenidos”, la lucha por la visibilidad o la cooptación del valor del diseño como elemento distintivo conformador de desigualdad social simbólica?

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  • Sobre nuevas políticas de participación, cultura y ciudad:
    • ¿en qué momento se encuentra la aplicación de la Agenda 21 de la cultura?, ¿qué papel estamos jugando como co-diseñadores de las políticas culturales municipales?
    • ¿estamos reflexionando sobre la utilización que se está haciendo de la cultura para apoyar ciertos procesos de gentrificación?
    • ¿cuál es la capacidad del sector cultural en cada país para marcar la agenda política?, ¿tenemos capacidad para impulsar marcos legislativos que amplíen las vías de participación comunitaria?
    • Frente al paradigma de la cultura espectáculo, ¿deberíamos reflexionar sobre nuestra capacidad de impulsar un nuevo paradigma que ponga en el centro los derechos culturales frente a la pasividad de la cultura mercancía?
  • Sobre la vinculación con territorios y comunidades:
    • Frente a la hegemonía cultural anglosajona, ¿qué papel pueden jugar los “Sures”? ¿Puede la cultura impulsar una reflexión transformadora sobre el papel interesante que puede jugar el Sur de Europa en el nuevo escenario internacional?
    • ¿Cómo puede contribuir la cultura digital a la promoción de la diversidad cultural?
    • En una dinámica global en la que el peso demográfico se va a concentrar en las ciudades, ¿qué papel va a jugar el mundo rural y sus culturas a nivel internacional? ¿Cómo se vive en estos dos mundos la gestión de espacios culturales y el concepto de autogestión?
    • ¿Se está garantizando el acceso a la cultura como servicio público? ¿Son las experiencias de democratización cultural replicables?

Sin duda van a ser días de diálogo profesional interesante, que ampliará nuestros puntos de vista a través del conocimiento de diferentes experiencias y en las que se irán tejiendo redes de preguntas con sus múltiples respuestas.

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Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

Corrupción, cultura y Partido Popular

Publicado en Tribuna de Salamanca el 14 de marzo de 2016

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Celebrábamos en Salamanca el pasado sábado el primer encuentro sobre “Corrupción y Cultura: las puertas giratorias en el arte” tratando de visibilizar la relación entre las principales tramas corruptas del Partido Popular en nuestro país (Púnica, Gürtel…) y la situación de la cultura y los medios de comunicación en nuestra comunidad. Coincidía, casualidades del destino, la publicidad del acto con la imputación por prevaricación, malversación y fraude del Secretario General de Cultura de la Junta de Castilla y León en la trama “Perla Negra”, vinculada también con el gran escándalo de las eólicas, y relacionada con las operaciones para la construcción del edificio ADE en Arroyo (Valladolid).

Compartía la museóloga vallisoletana María Velázquez la denuncia sobre la actual situación de los principales museos de nuestra comunidad (ejemplificados en lo vivido en el Patio Herreriano) en los que se ha asentado la práctica del uso de las instituciones públicas para fines privados, siendo los propios artistas los mayores damnificados dentro de un circuito pervertido que entiende el arte como herramienta de especulación. El papel de empresas y multinacionales (que tanto conocemos en Salamanca gracias a la “cultura Revuelta” que cede al mejor postor espacios que son de todos), principales dueñas de las colecciones que albergan nuestros museos castellanos, y que ven en el arte un valor refugio garante de “cash” es clave para entender esta deriva. Estos mismos bancos, constructoras, empresas, casualmente siempre cercanos al Partido Popular… se benefician del dinero público destinado a la conservación, difusión y comunicación de las mismas obras que terminarán “retirando” de nuestros mismos museos públicos, impugnando el régimen de comodato si hace falta, cuando necesiten “efectivo”, gracias al dinero de todos, con su valor multiplicado a expensas de la ciudadanía.

Pero estas prácticas no llegan, precisamente, a terreno baldío. Existe en nuestra comunidad un ecosistema legal y comunicativo que ha dado soporte al maridaje entre corrupción, cultura y Partido Popular en Castilla y León. Al fin y al cabo, las principales cabeceras informativas y grupos de comunicación en nuestra comunidad están en “buenas manos”. Las de José Luis Ulibarri, también constructor, imputado en la trama Gürtel y la trama Púnica, siempre envuelto en escándalos por dudosas adjudicaciones o las del íntimo amigo de Aznar y condenado por corrupción a 7 años y 3 meses (de los que cumplió nueve meses y aquí paz y después gloria) Méndez Pozo, que comparten el control de la Televisión de Castilla y León. Sin olvidar nunca a nuestro local y gacetero José Muñoz, del que los afiliados de base del Partido Popular denunciaban que junto al alcalde Mañueco y la diputada María Jesús Moro, estaba al tanto de todo lo relativo a los sobres de Bárcenas. A nadie sorprenderá, por tanto, encontrar a la empresa constructora del señor Ulibarri, mano a mano con León de la Riva, relacionada con el declive, por ejemplo, del Centro de Documentación y Biblioteca del Patio Herreriano.

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Aunque la pieza perfecta que permite el engranaje entre Partido Popular, dinero público, designaciones, clientelismo y corrupción se encuentra en lo que la organización PLADEPU ha bautizado como “Administración B”, el conjunto de Fundaciones, empresas públicas y participadas, institutos, agencias…, en total unos 200 entes de estas características en Castilla y León, con 57 Fundaciones de las que 44 dependen directamente de los presupuestos de la Junta y que concentran unos 77 millones de euros. Que existan unos 2.000 asesores de libre designación en estos espacios, caracterizados por su menor control presupuestario, su falta de transparencia, el menor control de las contrataciones y la paulatina pérdida de derechos laborales de sus trabajadores, tendría que hacernos pensar por qué el Partido Popular no deja de impulsar “chiringuitos” de estas características.

Quizá haya que recordarle al Partido Popular que la Fundación Siglo ya fue denunciada por eludir los sistemas de control público de contrataciones y que el 66% de sus contratos se hacían de forma fraccionada para eludir la publicidad. Que fue denunciada también por excesos en gastos de prensa a medios “afines” (también habitual en el Ayuntamiento de Salamanca) y que ya se hizo pública la presencia de “falsos autónomos” en el MUSAC y el Museo de la Evolución de Burgos. Que aún estamos reponiéndonos del escándalo sin precedentes de la Fundación de la Lengua Española y de aquellos cuatro millones de euros para la elaboración de “El juego del español” del que aún no hemos visto ni el juego, ni el dinero. Que nuestros docentes de enseñanzas artísticas superiores se ven envueltos laboralmente en fundaciones y similares, sin formar parte de los convenios que les corresponden ni beneficiándose de las garantías del personal del sistema educativo público. Que los patrocinios en nuestra comunidad y nuestros espacios municipales siguen sin aparecer en las escuetas webs de transparencia existiendo en muchos casos una correlación bastante sospechosa entre dichos patrocinios y futuras adjudicaciones.

Definitivamente el escándalo del IVAM valenciano no se trata de un caso aislado de corrupción del Partido Popular. Asistimos a una práctica generalizada del primer partido imputado por corrupción de la historia de España que se ha servido, también en materia cultural y también en Castilla y León, de un entramado de fundaciones creadas ad hoc, adjudicaciones, relaciones personales y dinero público puesto al servicio del latrocinio, que se ha servido del arte, de la cultura y de los trabajadores del sector, para el robo de lo que es de todos.

No sólo seguiremos denunciando el uso que el Partido Popular hace de la cultura como especulación y lucro de élites viejas en nuestra comunidad, sino que seguiremos construyendo la nueva política cultural que permita el cambio  real que ponga de una vez por todas las instituciones culturales de Castilla y León al servicio de lo que importa y proteja a artistas, creadores, docentes, trabajadores de la cultura y el arte en general frente a un modelo que se lucra a su costa y no les respeta.

 

El cierre de Cervantes o la urgencia de otra política cultural

Publicado en Tribuna de Salamanca el 4 de enero de 2016

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Reflexionaban hace unos días Germán Cano y Gonzalo Velasco sobre el papel que la cultura había tenido en los pasados debates electorales y la necesidad de superar los discursos huecos y de ornamento en el mejor de los casos y de total olvido de su realidad en el peor al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo en España.

Y de pronto la noticia del cierre de la librería Cervantes en Salamanca, un símbolo para varias generaciones, un referente ineludible para la memoria emocional de nuestra ciudad.  Mientras sacamos los pañuelos blancos del adiós habituados a cuantos referentes locales de la cultura hemos tenido que despedir en la última década, me pregunto en qué momento diremos basta y exigiremos políticas culturales a la altura de lo que necesita la sociedad salmantina.

Se llenaba la Consejera de Cultura, Josefa García Cirac, de orgullo y satisfacción hace unos meses presentando el sello de calidad, la cultura como marca, de librerías de referencia cultural de Castilla y León como si a golpe de obviedad y foto institucional se pudiese ocultar la incongruencia, la falta de coherencia de pretender defender la cultura mientras ponemos las instituciones públicas de Castilla y León a los pies del mercado avieso de gentrificación, mientras abrimos de par en par nuestros centros históricos y sus locales a las grandes cadenas multinacionales, a la pérdida de toda identidad propia en un baile de celebración de la hegemonía neoliberal.

Como si el desempleo y la pérdida generalizada de poder adquisitivo en nuestra tierra no tuviese eco sobre el consumo cultural, como si el Partido Popular no hubiese fulminado en la última legislatura la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, como si los responsables políticos del libro, desde el nivel estatal hasta el conglomerado de Fundaciones opacas y clientelares, nido de corrupción, hubiesen dejado el canapé y la foto con patrocinadores para dedicarse al bien común, como si vuestra LOMCE se hubiese parado a escuchar el millón de ideas de profesorado y familias para enraizar el hábito lector, como si no estuviésemos ya acostumbrados a la atonía, al Centro coordinador de bibliotecas de la Diputación de Salamanca más muerto que vivo en manos de diputados de cultura a quienes les cayó esta cartera como en una rifa y algo habrá que hacer, como si no viviésemos a diario el total desprecio a la exigencia del acceso a la cultura para todos, incluyendo nuestro medio rural.

Nos llevamos ahora las manos a la cabeza por el cierre de Cervantes, de una Pyme cultural de referencia en nuestra ciudad que ha contribuido a que seamos quienes hoy somos. Y sin embargo hay que negarse a la desidia. Desde luego que hay propuestas para una política cultural tanto desde el nivel local hasta el estatal que sepa reconocer, entre otras muchas cosas, el valor del libro, que sepa ponerlo en valor desde la Administración, apostando no sólo por un plan de apoyo y dinamización de las librerías, no sólo por políticas de compra coherentes para modernizar y actualizar nuestra red de bibliotecas ,sino reconociendo especialmente el papel de la diversidad editorial o generando líneas presupuestarias de incentivos económicos para este sector y defendiendo con vehemencia la política del precio fijo.

Por favor, no más panegíricos grandilocuentes ante los efectos obvios de las causas que creáis. La cultura, la de verdad, la que crea país, merece respeto y cuidado, no lágrimas huecas. Acción y medidas presupuestarias, lo demás, ya lo sabemos, qué guapos en la foto, muy rico el canapé.