Contra toda pureza: extremismo, fundamentalismo y derechos culturales de las mujeres

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la fotógrafa iraní Newsha Tavakolian)

La pasada semana se presentó el cuarto informe de la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, ampliando su informe anterior sobre el que ya hablamos en este espacio.

Junto a un detallado análisis terminológico y del marco legal internacional, el informe pretende ser, tal y como recoge en sus conclusiones, “una llamada de advertencia para nuestros tiempos. Nos enfrentamos a una avalancha de misoginia mundial que avanza en múltiples direcciones.”

Denunciando la extrema violencia que en todo el globo está impidiendo la protección del derecho a participar en la vida cultural, la libertad de la expresión artística, la libertad científica y el derecho a la educación de las mujeres, Karima Bennoune es tajante, “los derechos culturales de las mujeres no son un complemento de la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo; son un factor decisivo, sin el cual esta lucha no puede tener éxito”. Haciendo hincapié una vez más, en la línea de los informes anteriores de las dos relatoras, sobre el hecho de que el recorte en los derechos de las mujeres supone siempre una señal de alarma del avance social del extremismo y el fundamentalismo, hace un llamamiento a la desarticulación de los procesos de ingeniería cultural sobre los que se asientan. La reconfiguración de las culturas sobre cosmovisiones unívocas y rígidas, centradas en cualquier idea de pureza, la distorsión creciente del otro y la superioridad cultural y moral se identifican como ejes comunes sobre los que está avanzando el extremismo a nivel internacional.

IRAN. Mahmoudabad. Caspian Sea. 2011.

Particularmente interesante (dado que hasta la fecha no se había dado una referencia explícita) es la denuncia que se realiza en el informe, aún tímida pero importante, sobre los aspectos negativos de los modelos económicos dominantes sobre los derechos culturales de las mujeres, y el peligroso efecto que las medidas de austeridad han tenido sobre los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el derecho a la educación de las niñas. Los recortes en políticas culturales y educativas han alentado la proliferación de instituciones educativas privadas en todo el mundo, financiadas por movimientos fundamentalistas y extremismos religiosos, contrarios al avance de democracias culturales que fomenten la igualdad de género. Igualmente interesante, al hilo de la vulneración del derecho a la educación y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, es su análisis sobre la permisividad social creciente de los extremismos religiosos no violentos que “se están extendiendo en la corriente de pensamiento mayoritaria”, y que ilustra de modo inequívoco con la persecución que sufren las defensoras de los derechos reproductivos a manos del extremismo religioso cristiano en América Latina.

Invitando al debate sobre la discriminación que sufren las mujeres a nivel internacional para ejercer sus derechos religiosos especialmente asociados al acceso al liderazgo religioso o espiritual, se comparten también en el informe experiencias feministas muy interesantes para el avance del laicismo como medida de protección de mujeres y minorías, como es el caso de Secularism is a Women´s Issue.

 

 

En la imposición de purezas que acompaña a todo extremismo, se llama la atención sobre un punto ante el que existe una permisividad social alarmante. Es el hecho de invisibilizar la aportación cultural de las mujeres: “los fundamentalistas culturales a menudo tratan de eliminar la cultura de las mujeres y el carácter sincrético de la cultura y la religión, y acabar con la diversidad cultural”. El grado extremo que suponen los asesinatos a mujeres artistas en la esfera internacional (especialmente en el campo de las artes escénicas) no debería relajarnos ante procesos de violencia de menor intensidad basados en la invisibilización, apropiación y deslegitimación de las aportaciones culturales de las mujeres presentes en nuestro día a día.

La aportación que en este informe supone la conceptualización de la cultura de la vergüenza y el análisis de sus procesos de construcción social desde los extremismos, marca una interesante hoja de ruta para el diseño de políticas culturales contrahegemónicas que desarticulen la difamación, ridículo, ostracismo e impulso de policía moral que acompañan el auge de todo extremismo.

Recogiendo las palabras de Bennoune en su conclusión:

“Los derechos culturales de las mujeres, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos, son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las mujeres, el respeto de su diversidad cultural, la universalidad y la igualdad”

celebro junto a ella la danza valiente de Sheema Kermani en Sehwan días después de un brutal atentado terrorista.

Derecho a crear y capacidades

 

Este verano conocí el trabajo realizado por la diseñadora centroamericana Isabella Springmühl. Isabella ha participado con su propia firma como creadora invitada en la Semana de la Moda de Londres, apostando por una colección que pone en el centro el cuidado a la diversidad corporal. Isabella Springmühl que, como explica ella misma “ha roto su propio paradigma”, es una mujer con síndrome de down.

Hizo que recordara el trabajo reciente de Anna Vives en la creación de un nuevo diseño tipográfico (“las letras de Anna”) que se extendió rápidamente llegando hasta la camiseta de Iniesta y la moto de Jorge Lorenzo, en la capacidad que tiene –a veces…- el deporte para amplificar valores que importan.

Más allá de los casos de gran y merecido éxito, en un nivel más cotidiano de protección del derecho a crear sin discriminación, me pregunto qué políticas culturales estamos desarrollando en España para garantizarlo. La focalización de los programas de creación en las grandes ciudades, la dependencia de dichos programas de organizaciones no gubernamentales y la consabida tiranía de la búsqueda de financiadores, el hecho de que las acciones de patrocinio y RSC que acompañan muchos de estos proyectos impongan a veces por intereses de comunicación y marca un sesgo de edad a favor de acciones sobre infancia y discapacidad desatendiendo los programas para personas mayores, el foco político (cuando existe…) en las acciones de acceso como público sin peso en las políticas de creación, la “desprofesionalización” de su formación cuando se da, son algunos de los elementos a los que se enfrentan cada día los creadores de capacidades diversas. Llama la atención también que todo lo relativo al día a día de las personas con discapacidad se englobe en el campo de las políticas de servicios sociales como si el resto de Ministerios o Consejerías pudiese desentenderse de la protección a la diversidad de la población española en cada una de sus acciones políticas, o como si la vulneración de los derechos culturales en nuestro país no fuese un tema propio del sector de la cultura.

 

 

Experiencias exitosas como Debajo del Sombrero, la compañía teatral Paladio Arte o tímidos avances como la programación en la anterior temporada por parte del Centro Dramático Nacional de la obra protagonizada por personas con discapacidad intelectual “Cáscaras Vacías”, no suplen la necesidad de programas públicos estatales de apoyo a la creación en la diversidad. Quienes somos familiares de personas con discapacidad soñamos con programas como el inglés UNLIMITED apoyado por el Arts Council England y con apoyo a la financiación desde el sistema de loterías que, entre otras acciones, está promoviendo un cambio de narrativa de lo más empoderador: “No les necesitamos, nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

El derecho humano a no tener que recibir siempre, a reivindicar la capacidad de dar y aportar al mundo la propia mirada, voz, creatividad y talento requieren políticas sensibles al acceso a la creación. Al fin y al cabo, no todas tendremos el talento de la escultora Judith Scott, pero queremos intentarlo.

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

Diversidad cultural y nuevas narrativas: sobre Le Livre Blanc du Collége de la Diversité

 

“Il n´est pas banal de dire que nous n´existons jamais au singulier”

Emmanuel Levinas

El último boletín de la Fundación Interarts vino a recordarme mi lectura pendiente del Libro Blanco del Collége de la Diversité del Ministerio de Cultura francés, publicado después de su primer año de actividad. Como me ha resultado sugerente e inspirador, quería dejar por aquí algunas de las claves contenidas en el mismo que podrían dialogar también con la realidad española y la necesaria transformación de sus políticas culturales hacia un paradigma de derechos.

En primer lugar, me interesa el marco desde el que se ha realizado el trabajo de propuestas:

“Es crucial y urgente que nuestra política cultural se pregunte cómo está contribuyendo a generar sentimientos de exclusión”

Desde esta premisa, y de modo paralelo a la aprobación de la nueva ley francesa sobre la libertad de creación que ha recogido en su artículo 2 de modo central el respeto a los derechos culturales, se entiende que la construcción y el ejercicio de la ciudadanía no puede ser verdaderamente democrática sin atender a esta dimensión de los derechos humanos.

Así, el trabajo colectivo que ha derivado en este Libro Blanco, se ha articulado en tres ejes interesantes: el análisis de la diversidad centrada en las personas (sesgos sociales, económicos, étnicos al acceso cultural), la presencia de la diversidad territorial (descentralización de los circuitos y nodos formativos) y el cuidado de la diversidad de las expresiones artísticas (el papel de la educación artística y cultural en la política pública entre otros).

Sin embargo, han sido otros los focos que han captado mi atención: la importancia que ha tenido el trabajo de análisis de la semántica y las narrativas sobre la diversidad y las representaciones postcoloniales, el protagonismo que ha tenido a nivel ministerial el diálogo con las redes y asociaciones de educación popular (con la longeva red Peuple et Culture) y la equiparación como grandes y urgentes retos políticos globales del siglo XXI del cambio climático y la progresiva pérdida de diversidad cultural ante la uniformización que no cesa.

Deteniéndome brevemente en el aspecto discursivo sobre la diversidad recogido en el Libro Blanco, me ha interesado el diálogo que se ha dado entre el movimiento crítico postcolonial y el ámbito institucional.

Mientras a nivel parlamentario se tramitaban los proyectos de ley tanto sobre la libertad de creación, como sobre la nueva organización territorial en Francia (la ley NOTRe), cuyo artículo 103 supone un paso adelante para las políticas culturales en toda Europa:

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

 

surgía en 2016 a nivel social el movimiento asociativo “Décoloniser les Arts” que a través de su Carta-manifiesto fundacional interpelaba de modo directo a la cultura francesa:

“¿Dónde están los negros, los árabes, los asiáticos, los latinos, los franceses de culturas minorizadas en los teatros de Francia?”

A través de su denuncia de la discriminación racial tanto en los espectáculos en vivo como en los circuitos artísticos, compartían en la esfera pública su llamamiento a la protección de la diversidad cultural como único modo de afrontar los peligrosos repliegues identitarios, haciendo un llamamiento a la responsabilidad del sector cultural respecto a pautas excluyentes que puedan reforzarlos. Su reflexión sobre la necesidad urgente, junto a lo anterior, de que la población migrante se sienta reconocida e implicada en la esfera cultural así como la desarticulación del “fantasma de una sociedad una e indivisible que no es más que la representación de una minoría dominante” venía de la mano de una difusión no exenta de humor relativa al léxico y las narrativas que actualmente se utilizan para hablar de diversidad cultural en Francia. Toda esta movilización social, acompañada de actos de debate, denuncia pública de espectáculos y presencia en medios de comunicación, ha quedado recogida e impregna gran parte del Libro Blanco que ha incorporado muchas de sus propuestas.

Respecto a la “traslación” de alguna de estas iniciativas a la realidad española, no sólo tenemos pendiente, más allá de los casos de éxito de la Agenda 21 de la cultura, un debate colectivo y no únicamente sectorial o académico respecto al actual nivel de respeto a los derechos culturales en España, debate que ya se ha articulado en diferentes niveles territoriales franceses, sino un debate profundo sobre los riesgos reales que afrontamos respecto a la pérdida de nuestra diversidad cultural: los sesgos territoriales y geográficos en el acceso a la cultura y el avance del epistemicidio rural; la desprotección de la diversidad lingüística; la invisibilización de las culturas minorizadas españolas; el reto del avance en la laicidad y el respeto institucional a la diversidad religiosa; la revisión de nuestra historia colonial reciente y su reflejo en nuestros contenidos educativos; la revisión de la “narrativa de la España imperial” aún presente en algunos de nuestros textos legales que vulneran las últimas Declaraciones de la UNESCO firmadas por España; la igualdad de género en todas las fases del proceso cultural y artístico, especialmente en la toma de decisiones; el reconocimiento y participación de la población migrante en nuestras políticas culturales; la siempre pendiente descentralización cultural española; la ampliación de competencias en material cultural en el Régimen Local; el reconocimiento constitucional de los derechos culturales…entre otras muchas líneas de acción.

Comparto por tanto la lectura de este documento, dado lo sugestivo que me resulta el peso creciente que el análisis narrativo está tomando tanto para los ámbitos de decisión política como para los movimientos sociales del ámbito cultural.

 

 

Los derechos culturales de las mujeres

 

(Las imágenes pertenecen a la exposición Intersecciones de la artista paquistaní-americana

Anila Quayyum Agha)

 

Aprovechando que este 21 de mayo hemos celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural y que el pasado 19 de este mismo mes se cerró el periodo de consultas abierto por la relatora especial de la ONU en materia de derechos culturales, Karima Bennoune, para la recogida de información sobre el impacto del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, quería detenerme sobre este último punto para compartir algunos de los interesantes trabajos internacionales realizados en los últimos años en esta dirección.

Sin duda el documento marco es el Informe “Derechos culturales de las mujeres” elaborado por la anterior relatora Farida Shaheed que supuso un cambio de paradigma clave en el modo en el que, hasta la fecha, se contemplaba la cultura en el trabajo a favor de la igualdad. Shaheed rompió con la tendencia a considerar la cultura como un obstáculo que se interponía en el empoderamiento de las mujeres y las niñas virando el discurso hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad.

Dichos derechos incluirían tanto el acceso como la participación y la promoción de la creación de las mujeres y su contribución al desarrollo cultural de los pueblos. Entre los aspectos estratégicos recogidos por Shaheed destacaron tanto el papel de las mujeres en la identificación e interpretación del patrimonio cultural así como su protagonismo a la hora de decidir qué tradiciones, valores y prácticas culturales deberían mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente. De hecho, frente a los peligros de la fijación cultural disecada y esencializada incorpora una profunda reflexión sobre la cultura como campo de poder en disputa permanente.

 

 

Como se recogía en el Informe:

“Los derechos culturales deben verse como derechos que también guardan relación con qué miembros de la comunidad están facultados para definir la identidad cultural de esta. La realidad de la diversidad dentro de las comunidades hace imperativo garantizar que se escuchen todas las voces de una comunidad.”

Se volvía a poner así en el foco de atención internacional el riesgo que supone el hecho de considerar las identidades colectivas como abarcadoras de todas las características de los individuos, instando a seguir generando políticas públicas sensibles al papel que desempeñan las identidades en los procesos de exclusión social de las mujeres.

“La identidad colectiva entraña poner en tela de juicio significados y definiciones y está siempre vinculada a las estructuras y dinámicas de poder subyacentes en relación con el acceso y el control de los recursos económicos, políticos y culturales (…) Reconocer y proteger la multiplicidad de identidades ayuda a resistir y superar aquellas fuerzas políticas, en particular las políticas de identidad, que pretenden anular toda posibilidad de pluralismo en la persona y en la sociedad, así como la igualdad entre los géneros.”

 

Reflexionando también sobre la pauta de invisibilización de las aportaciones y funciones de las mujeres en el campo cultural, el Informe, frente a la tendencia al estudio del papel ejercido por las mujeres en la perpetuación de determinados valores culturales o como guardianas de la reproducción de la cultura dominante de su comunidad, se atrevía a apuntar tímidamente una línea de trabajo que nos tocará recorrer en los próximos años: el papel histórico de las mujeres en la impugnación de las normas y los valores culturales dominantes.

En esta visión de los derechos culturales como derechos empoderadores, lógicamente ligados al disfrute de otros derechos (muy interesante el estudio sobre las tradiciones culturales de derecho a la tierra de las mujeres y cómo estos elementos tradicionales sí se han visto debilitados y rechazados), se pone un especial énfasis en la participación de las mujeres en la adopción de decisiones:

“La participación activa en la esfera cultural, en particular la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas ofrece a las mujeres, así como a otros grupos e individuos marginados, posibilidades cruciales para dar nueva forma a los significados (…) ¿Quiénes son la voz legítima dentro de la comunidad?”

 

Al hilo de las propuestas recogidas en el Informe de Shaheed, en el 2015 la UNESCO publicó el interesante estudio “Igualdad de género, patrimonio y creatividad” en el que se ponía de manifiesto el hecho de que el patrimonio y su salvaguarda son un reflejo de las estructuras de poder, no sólo relacionadas con la participación en los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que “ninguna comunidad se esforzará por preservar o transmitir aquello que no valora” y constatando que “las mujeres son invisibles y subestimadas en la forma en que son retratadas a través del patrimonio de una nación” implementaba en formato de guía “un enfoque de igualdad de género sobre el patrimonio que tuviese en cuenta las diferentes formas en que se ven afectados los géneros por las estructuras de poder dentro de una comunidad y sus familias.”

 

  • ¿Quién define qué es patrimonio y su importancia?
  • ¿Quién decide la identidad colectiva?
  • ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es escuchado?
  • ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado?
  • ¿Quién puede acceder al patrimonio y disfrutar de él?
  • ¿Quién decide las limitaciones al patrimonio?
  • ¿Quién tiene el poder de tomar decisiones sobre los recursos de las personas y de la comunidad?
  • ¿Quién decide qué expresiones del patrimonio merecen ser protegidas?

 

 

He querido recoger en este espacio este Informe y trabajo de referencia de la UNESCO soñando con debates futuros en España al respecto (mientras llega el momento de ponernos a la altura del nuevo constitucionalismo iberoamericano, recogiendo en nuestra Constitución los derechos culturales…) preguntándonos por la protección de los derechos culturales de las mujeres en nuestro país, cómo estamos protegiendo y visibilizando el patrimonio vinculado a ellas y cómo estamos contribuyendo las mujeres al cuestionamiento de nuestras identidades culturales y la valoración sobre qué se debe o no se debe transmitir como país a las generaciones futuras.

Derechos culturales y democracia de la tierra

“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este “Manifiesto para una democracia de la tierra” no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y “reentroncamiento” con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

Construyendo el cortafuegos: derechos culturales contra el fundamentalismo

Esto es una llamada de advertencia para nuestros tiempos.

Nos enfrentamos a una avalancha de odio mundial que avanza

en múltiples direcciones, a la que debemos dar una respuesta mundial urgente.”

Conclusiones del Informe, Párrafo 93

El pasado 16 de enero se publicaba el nuevo y urgente Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, Karima Bennoune, sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre la protección de los derechos culturales, ante la acuciante necesidad de articular una respuesta transnacional ante el aumento alarmante de las prácticas y discursos de odio en todo el globo que recogiera las vulneraciones más recientes a los mismos como las acaecidas tras el Brexit, la victoria de Trump, la política migratoria de Macri,  el trato a los refugiados en Hungría o el auge del neofascismo en Europa.

Más allá del esfuerzo por la clarificación terminológica tanto en el texto como en el entorno de Naciones Unidas entre fundamentalismo (“movimientos políticos de extrema derecha que, en el contexto de la globalización manipulan la religión, la cultura o la etnicidad, para conseguir objetivos políticos” Marieme Hélie-Lucas, “se trata, esencialmente, de una manera de pensar basada en la intolerancia respecto de lo diferente, con un gran protagonismo de los intentos de destrucción y borrado de la cultura de los demás y el carácter sincrético de la cultura y la religión, acabando con la diversidad cultural”) y extremismo, entendido como un concepto más amplio, impreciso y dinámico que el primero, desde España debería llamarnos la atención uno de los primeros ejes de alerta recogidos en el Informe.

Así se nos muestra la alarma de los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y de la protección de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, ante la creciente banalización tanto de las definiciones en las leyes nacionales como de las acusaciones de extremismo que están sirviendo a nivel internacional para perseguir la disidencia política, sofocar el activismo y coartar la libertad artística y de expresión. La alarma ante la irresponsabilidad de dicha banalización se produce por el innegable socavamiento de la lucha contra el extremismo real que produce. Sin ir más lejos, esta semana en España se dictó una nueva sentencia judicial contra la libertad artística que, ateniéndose, como en el caso de los titiriteros, a una lectura literal esta vez de la letra de una canción, ha condenado al rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel, profundizando la creciente alarma ante la violación reiterada de la libertad de expresión en nuestro país.

Si ya Farida Shaheed en un informe anterior se centró en el derecho a la libertad de expresión artística en la que tenía un papel clave la protección de las enseñanzas artísticas, en el actual informe cobra protagonismo la necesaria consolidación de una educación para la ciudadanía mundial que haga de contrapeso  a “la crisis de humanismo que tenemos delante”, poniendo el foco sobre la evidencia de que la articulación de políticas culturales desde el enfoque de los derechos humanos son centrales en la lucha contra el fundamentalismo:

“El arte, la educación, la ciencia y la cultura son algunas de las mejores maneras de combatir el fundamentalismo y el extremismo. No son lujos sino instrumentos básicos para generar alternativas, crear espacio para la oposición pacífica, promover la inclusión y proteger a los jóvenes de la radicalización.”

Así, Karima Bennoune, denuncia en el Informe los efectos colaterales de los recortes en materia cultural replicados durante la crisis y que han tenido un evidente efecto boomerang en todo el globo: “las medidas de austeridad a menudo propician que los campos de la cultura y la educación, entre otros, queden en manos de terceros, en particular de quienes persiguen objetivos fundamentalistas”, recordando la recomendación que ya realizó la UNESCO en su momento para que los Gobiernos destinasen un 1% de sus gastos totales para la cultura. Recordatorio, por cierto,  que se ha convertido en una inspiradora movilización comunitaria  en Bolivia a través de la iniciativa de Telartes, “Un 1% para Cultura”

Especialmente interesantes para el ámbito iberoamericano son también, frente a la sobrerrepresentación mediática internacional de los fundamentalismos islámicos, las consideraciones recogidas en el Informe respecto al auge de los fundamentalismos judíos y cristianos, tanto ortodoxos como evangélicos y su efecto principalmente sobre los derechos humanos de las mujeres, que tanto impacto están teniendo en Centroamérica.  

Como ya nos demostraron también pasados resultados electorales en Europa, en los que el voto de las mujeres resultó un cortafuegos decisivo frente al auge de las propuestas neofascistas, Bennoune se detiene también sobre el papel fundamental que juegan las organizaciones y los liderazgos internacionales de mujeres en la defensa de los derechos culturales en todo el planeta. Fue su predecesora Shaheed quien propuso un cambio de paradigma clave en relación a la protección de los derechos culturales de las mujeres. Logró “que se dejara de ver la cultura como un obstáculo y se hiciera hincapié en la necesidad de garantizar la igualdad de esta en el disfrute de los derechos culturales”. Que en el informe se subrayen los ejemplos de las organizaciones Para la Libertad de las Mujeres en Iraq,  Católicas por el Derecho a Decidir o Women On The Wall, así como se pongan en el centro de la alerta mundial los asesinatos a manos del fundamentalismo de la gestora cultural paquistaní, Sabeen Mahmud o la diputada inglesa Jo Cox, reafirma una de las conclusiones del trabajo: el hecho de que el aumento de la violencia hacia las mujeres es, entre otras cuestiones, una señal incuestionable de alerta ante el progresivo avance del fundamentalismo que “ha sido a menudo ignorado en aras de la unidad nacional y religiosa.”

Muy relevantes por el campo de trabajo que abren son los apuntes del informe referidos a la trazabilidad de la financiación de las organizaciones en relación con el auge del fundamentalismo y la persecución de los derechos culturales. Así se detalla, frente a distorsiones mediáticas, y en relación al auge del fundamentalismo cristiano en EEUU el hecho de que “grupos y líderes cristianos fundamentalistas de los EEUU han apoyado una campaña contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Uganda, mediante discursos y financiamiento”. Asistiríamos así a un nuevo fenómeno de financiación transnacional enfocado a la persecución de minorías. En esta misma dirección, aunque atendiendo a criterios de coherencia inter-políticas y fricciones entre acciones culturales y respeto a los derechos humanos en la política exterior de la Unión Europea, apuntaría por ejemplo a la incompatibilidad del hecho de otorgar el Premio Sajarov 2016 a las comunidades yazidíes, a través de Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, perseguidas por el Estado Islámico, a la vez que se mantienen relaciones comerciales y diplomáticas con uno de los principales países financiadores de ese mismo Estado Islámico, Arabia Saudí.

Por último, se recoge también la alerta sobre los crecientes usos discursivos por los que, bajo el empleo de nuevos lenguajes cercanos a la terminología de los derechos humanos y en base a la presentación de los propios extremismos o ultra-nacionalismos como víctimas de amenazas, (como están ejemplificando Trump o Marine Le Pen frente a refugiados y migrantes y como ya desmontó Judith Butler en su ponencia “Vulnerabilidad y supervivencia”),  se buscan recortar las libertades ajenas. Por ello se recuerda:

“Los derechos culturales no son lo mismo que el relativismo cultural. No son una excusa para vulnerar otros derechos humanos ni pueden usarse para justificar la violencia o la discriminación, y no habilitan a nadie a imponer identidades o prácticas a los demás, o a excluirlos de estas, en contravención del derecho internacional(…) La universalidad es uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra los efectos destructivos del fundamentalismo y el extremismo, y debe ser defendida.” (Párrafos 46-48)

 

Por todo ello, tras la lectura del nuevo Informe, nos sumamos a la llamada lanzada por Karima Bennoune tanto al sector profesional como a la sociedad civil en su conjunto para hacerse eco de las conclusiones y recomendaciones del mismo que buscan la articulación en red de un cortafuegos frente a la “avalancha de odio mundial” sabiendo que:

“los derechos culturales, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las personas, el respeto de la diversidad cultural, la universalidad y la igualdad.”

España ante el decenio internacional de los afrodescendientes (2015-2024)

(Imagen del fotógrafo nigeriano Emeka Okereke)

La Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que España forma parte, aprobó declarar el decenio 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes con el fin de visibilizar la desigualdad aún presente a nivel internacional que sufren las personas de ascendencia africana, así como para promover tanto el conocimiento y respeto a la diversidad de su herencia y culturas y lograr su plena e igualitaria participación. Aunque los primeros actos institucionales relacionados con la afrodescendencia en España han venido prioritariamente de la mano del sector de la cooperación y la AECID cabe preguntarnos, ¿qué diálogo está estableciendo nuestro país con su propia herencia africana y qué reconocimiento está dando a sus afrodescendientes y su propia historia? Se corre el riesgo de que la celebración de esta década se conceptualice, en un país separado por apenas 14 kilómetros del continente africano, como algo ajeno a la realidad político-social española, sofocando importantes debates pendientes como lo es, bajo el peso de la construcción de una interesada identidad hegemónica, el propio desconocimiento de la diversidad de nuestra historia  o la nefasta gestión de nuestra propia post-colonialidad.

Experiencias como las desarrolladas por la organización colombiana Manos Visibles alrededor de la Diáspora africana, están marcando el paso en el espacio iberoamericano y poniendo el foco sobre la necesidad de construir nuevas narrativas y afrontar la tarea política de incidir sobre los imaginarios limitantes en torno a los grupos étnicos, no sólo desde la reivindicación de las raíces y la descendencia africana, sino desde la construcción de redes que superen el nivel nacional. De igual manera, en España, aún con poco apoyo mediático (qué haríamos sin Chema Caballero en este país…), se van proponiendo desde la sociedad civil reflexiones de calado:

  • Si una de las líneas de actuación del Decenio es la implementación de programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, las organizaciones afrodescendientes en España plantean la urgencia no sólo del cierre de los CIEs, sino de afrontar el racismo policial y sanitario enraizados en nuestro país, así como exigir una política de fronteras que respete la legalidad internacional y la declaración de los derechos humanos.

 

  • También se está pidiendo, de una vez por todas, llevar a la agenda estatal el debate sobre la profundización democrática y los sesgos raciales que a día de hoy siguen presentes en la democracia española y su sistema de partidos. La falta de representatividad política de las comunidades afrodescendientes en nuestro país o la cooptación de caras visibles por parte de los partidos sin incorporar también las demandas colectivas que representan dichos líderes sociales son algunos temas pendientes.

 

  • En relación con nuestras políticas educativas, más allá de la actual invisibilización de las aportaciones africanas en todos los campos del conocimiento, se están poniendo sobre la mesa algunos ejes de trabajo clave: ¿cómo se está estudiando a día de hoy en nuestro sistema educativo el colonialismo español?, ¿se trabaja en nuestras clases de historia?, ¿la historia conjunta con Guinea Ecuatorial, Marruecos, Sahara cómo está siendo transmitida y elaborada?, ¿qué voces son incorporadas al relato? ¿Por qué, a pesar de la aprobación de diferentes Propuestas No de Ley, el 25 de marzo, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud, no genera actividades memoriales, educativas o de reflexión en nuestros centros educativos como sí lo hacen otras fechas aprobadas por la ONU? En relación con nuestro sistema universitario: ¿no sorprende, dado el grado de cercanía geográfica, el peso marginal que aún tiene la Africología en nuestros estudios superiores?, ¿es posible seguir manteniendo este grado de eurocentrismo a la hora de abordar desde España nuestros estudios culturales?

 

  • La comunidad afrodescendiente en España está señalando también el profundo racismo que aún destila nuestra producción cultural y que se mueve en tres líneas: el mantenimiento de los estereotipos coloniales, “dulcificados” por el paso del tiempo pero de raíz profundamente racista (véanse las representaciones de la “negritud” cada 5 de enero…), la identificación de la africanidad con la pobreza y la “necesidad” de ayuda, que construye la imagen continental desde los gabinetes de comunicación de las grandes ONGs estadounidenses o europeas y la folklorización/exotización que sofoca la visibilidad de las aportaciones contemporáneas de la creación africana y sus políticas culturales en todos los campos. Aprovechar desde España este Decenio para apoyar iniciativas comunicativas que se hacen eco de dicha contemporaneidad (como Afribuku o Wiriko) o generar líneas institucionales de apoyo a la bibliodiversidad sensibles a la creatividad afrodescendiente y su representación simbólica en todos los campos (como la experiencia de PotoPoto en el campo del álbum ilustrado infantil) podrían ser líneas de actuación sencillas pero eficaces para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Decenio.

  • Junto a todo ello, la aprobación de la Ley Integral contra el racismo que viene demandando la comunidad de ascendencia africana en nuestro país sería, sin duda, el mayor avance que podría darse aprovechando la sinergia internacional, posicionando en la agenda mediática estatal los puntos señalados y contribuyendo a un debate rico y abierto sobre nuestras propias diversidades y la multiplicidad de nuestras herencias.

Desde el sector profesional tenemos por delante un interesante camino desmontando nuestra parte de responsabilidad en la perpetuación de estereotipos, así como nos corresponde ser un aliado natural de la comunidad afrodescendiente española acompañando desde las políticas culturales su reivindicación de mayor protagonismo, representatividad y reconocimiento.

 

 

 

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (1ª parte)

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“Las políticas de defensa de derechos humanos son políticas culturales.”

Boaventura de Sousa

1.- Participación en la vida cultural: de la urgencia post-desastre a la profundización democrática.

El derecho a participar en la vida cultural, ya recogido en el Artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, ha ido evolucionando a medida que avanzaba el siglo XX y se ampliaba la propia definición de cultura. De una visión defensiva y un paradigma de bien cultural objetual, claramente marcado por la urgencia de la reconstrucción tras la devastación de las guerras mundiales, aunque ciertamente permisivo con el dominio colonial del patrimonio de los países del Sur global, se fue abriendo paso una visión más dinámica de este derecho a medida que se socializaba una definición de cultura más cercana al enfoque antropológico.

Si nos detenemos en uno de los aspectos recogidos en dicho artículo 27 “el derecho a gozar de las artes”, observamos cómo desde una acepción del derecho a participar en  la vida cultural entendida como sinónimo de participación como espectadores en actividades artísticas dentro del paradigma occidental de las Bellas Artes (en consonancia con el marco de época de las políticas culturales centradas en la democratización cultural cuyo máximo exponente es la Francia del ministro André Malraux) se fue ampliando el foco de acción hacia la propia creación cultural y la participación activa con nuevas definiciones de públicos, así como hacia una concepción de la vida cultural como el espacio de juego real en el que se construye o destruye la democracia.

Así la Observación general nº21 sobre el Derecho de toda persona a participar en la vida cultural del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detiene ampliamente en los aspectos concretos que garantizarían dicha participación, reconociendo la importancia del papel creador, de la contribución activa:

La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales.

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De igual manera, en el reciente documento Repensar las políticas culturales se amplía el concepto de participación cultural abarcando el co-diseño de las políticas culturales por parte de la ciudadanía e incorporando a esta dimensión activa de la participación el seguimiento, la evaluación, la exigencia de transparencia y el control político.

Son tanto la Carta Cultural Iberoamericana como la Agenda 21 de la Cultura las que recogen de un modo más nítido la evolución internacional sobre el derecho a participar en la vida cultural pasando de una visión eurocéntrica, objetual, defensiva y de urgencia hacia un nuevo paradigma de profundización democrática, desde el principio de reconocimiento y protección de la diversidad, la equidad y el derecho a la participación de los grupos vulnerables. Así se percibe también una evolución en el diseño de las políticas públicas culturales desde el enfoque ya comentado de democratización cultural estatal hacia marcos de referencia que ponen en el centro la protección de los derechos culturales y amplían las definiciones de ciudadanía y democracia cultural primando los niveles más cercanos de gobernanza, los espacios municipales, como ámbitos privilegiado para este ejercicio de democracia. Así, por ejemplo, en los principios de la Carta Cultural Iberoamericana se recoge:

Los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio permite y facilita, a todos los individuos y grupos, la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y el disfrute de la cultura. Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura.

2.- Dimensión colectiva de los derechos culturales: identidades y territorios.

Como afirma Boaventura de Sousa en el artículo Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos, la cultura occidental cuenta con un déficit en relación con:

La idea de los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras, así como la de los deberes y responsabilidades frente a entidades colectivas, sean la comunidad, el mundo o incluso el cosmos.

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La dimensión colectiva de los derechos culturales, más allá del reconocimiento a la libre determinación de los pueblos recogida en la Declaración de los Derechos Humanos, que tan poco desarrollada se encuentra en Europa y que genera tanta tensión intelectual, nos confronta con la centralidad hegemónica que el individualismo competitivo y el falsamente neutro “homo economicus” del capitalismo -ya desmontado por la economía feminista, valga de ejemplo “Mercados globales, género y el hombre de Davos” de Lourdes Benería- tienen también en la producción y crítica cultural occidental.  Como bien señalan las diversas autoras de esta escuela, la negación de la vulnerabilidad, la invisibilización de nuestra interrelación con la naturaleza así como la exclusión dentro de la reflexión intelectual del papel clave que juegan los cuidados en el campo de la reproducción social y cultural, han permitido la imposición de la visión individualista-competitiva de lo humano, central para el actual sistema neoliberal y freno para el desarrollo práctico de los derechos culturales colectivos en Europa.

Si bien desde la economía, basándose en el Sumak Kawsay de la América Andina, ya se han implementado propuestas alternativas a este enfoque individualista, y en Europa se está dando esta misma reflexión desde la economía alrededor de los comunes, el debate europeo sobre la dimensión colectiva de los derechos culturales alrededor de las concepciones de identidad y territorio aún no ha desplegado todo su potencial transformador actual posible y se ve aún encuadrado en planteamientos reduccionistas que vinculan su propuesta exclusivamente a posicionamientos nacionalistas.

Como afirma Prieto de Pedro, los derechos culturales colectivos deben ser reconocidos como una categoría autónoma de derechos, mucho más si como afirma la experta independiente en materia de derechos culturales para la ONU, Farida Shaheed, la expresión vida cultural actualmente “hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo” y tomamos en cuenta las dinámicas transnacionales que atraviesan de facto el día a día de la política cultural no sólo nacional sino regional y local. Más allá, por tanto, de las reflexiones que vinculan la dimensión colectiva de los derechos culturales con la seguridad y la autoestima personales, así como con su papel generador de cohesión social, me gustaría detenerme en algunas ideas fuerza apuntadas en el marco del derecho cultural internacional alrededor de las identidades y los territorios que podrían, desde la hermenéutica diatópica propugnada en el artículo citado de Boaventura de Sousa, operar a día de hoy en el Sur de Europa.

(Continúa en Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 2ª parte)

Todas las lenguas maternas: protección de los derechos lingüísticos en España

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Cuando en España se habla de diversidad lingüística, el electoralismo suele entrar en escena como elefante en cacharrería, impidiendo el sosiego necesario para hacer llegar a la opinión pública la percepción de toda la belleza y riqueza de lo que realmente se está hablando, la herencia que se transmite en cada lengua materna. No me refiero sólo al reconocimiento de facto de la oficialidad de las lenguas en la Constitución o los Estatutos de Autonomía de nuestro país, sino a la obviedad de que más allá de medidas simbólicas, las lenguas minorizadas necesitan acciones de protección efectiva para sobrevivir.

Según datos de la UNESCO, más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo pueden desaparecer en las próximas generaciones, no sólo amenazadas por el fallecimiento de sus últimos hablantes, como en el caso de muchas lenguas indígenas, sino por la persistencia de políticas culturales neoliberales que ven en la protección de la diversidad lingüística, como estamos viendo en Europa con las negociaciones del TTIP o el CETA, un freno al paradigma del “Libre Comercio”.

La falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos ha dejado este otoño un ejemplo paradigmático en Castilla y León. Mientras el astur-leonés (junto al aragonés) ya ha sido incluído en el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro y a pesar de que España ha ratificado tanto la Declaración por la Diversidad Cultural como las Convenciones de protección del patrimonio inmaterial y la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias, la Junta de Castilla y León se ha negado una vez más, desoyendo tanto al Procurador del Común como a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años protegiendo este patrimonio lingüístico en riesgo, a desarrollar el art. 5.2 del Estatuto de Autonomía que reconoce la importancia de la diversidad lingüística en Castilla y León.

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Estamos hablando, por tanto, del reiterado incumplimiento y negación por parte de las instituciones españolas (también con fricciones importantes relacionadas con la política lingüística en Aragón) de la legislación internacional de protección de los derechos lingüísticos, mucho más en aquellos casos en los que el peligro de desaparición de las lenguas va asociado a la pervivencia del mundo rural bajo la amenaza permanente de la despoblación. Cuando hablamos de estas formas “sutiles” de epistemicidio rural, una no puede dejar de recordar como símbolo extremo la belleza del planteamiento lingüístico sobre el quechua mostrado en la oscarizada película peruana “La teta asustada”.

Ante la pervivencia de modelos de política cultural en nuestro país que no se detienen a reflexionar sobre la vulnerabilidad de lo minoritario, sobre el incuestionable papel como protectores públicos y promotores de la pervivencia de este patrimonio inmaterial que deberían estar protagonizando las instituciones públicas, es urgente cambiar el paradigma de actuación de las políticas culturales de nuestro país hacia la defensa de los derechos lingüísticos en todos los territorios y la protección de su diversidad.

Esta misma semana se presentará en Donostia la propuesta de aprobación de un Protocolo de Garantía de los Derechos Lingüísticos, que pondrá de nuevo en el centro de la agenda mediática la necesidad de protección de las lenguas minorizadas, el papel que dicha protección puede jugar como elemento de construcción de paz y dimensión de los derechos humanos, así como contribuirá a aumentar la sensibilidad y conocimiento por parte de la sociedad en su conjunto de la riqueza que aporta la diversidad lingüística en nuestro país. Medidas de comunicación como el proyecto Idiomas en Peligro, impulsado por la Alianza para la diversidad lingüística, o el apoyo económico estratégico a todas las medidas de defensa de la bibliodiversidad que impulsen desde el mundo editorial la presencia y permanencia de lenguas minorizadas, se muestran absolutamente esenciales para divulgar con mayor impacto el conocimiento de nuestros derechos lingüísticos.