Relaciones culturales internacionales y derechos humanos

(Todas las imágenes pertenecen a la acción memorial colectiva mexicana Bordamos Por la Paz)

Escuchando y debatiendo hace unas semanas con compañeros del espacio cultural iberoamericano sobre cuáles habrían de ser en estos tiempos convulsos las prioridades de acción de las relaciones culturales internacionales, se hacía evidente la necesidad de consolidar el enfoque basado en derechos humanos también (y especialmente) en la acción cultural.

Ya en el Primer Encuentro Iberoamericano de Diplomacia Cultural celebrado en 2011 y en el documento emanado del mismo “Elementos para una agenda de la diplomacia cultural en Iberoamérica” se especificaba:

“Al mismo tiempo que se transforma el concepto y las prácticas de la cultura, ésta cobra gran relevancia en asuntos que son fundamentales en el entorno de las relaciones internacionales, como son los fenómenos de la globalización, los flujos migratorios, la afirmación de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales, la creciente importancia de las minorías y el incremento de la influencia de las nuevas tecnologías en la vida social y cultural de los ciudadanos.”

 

Frente a un modelo de gestión cultural que se concibe a sí mismo como actividad organizativa sin entrar a cuestionarse los marcos de acción en los que opera, con un cierto grado de automatismo de mercado en un polo o de activismo en el otro, la reflexión profunda sobre el significado de la cultura y su interrelación con el resto de derechos humanos sería en la actualidad la clave. Siguiendo las estrategias del enfoque basado en derechos humanos, nuestra acción cultural partiría en primer lugar de la reflexión sobre alguno de los siguientes ejes:

  • ¿qué grupos de población en nuestro nivel de acción son objeto de una mayor marginación, exclusión o discriminación en el acceso a la cultura y la participación cultural?, ¿qué elementos están identificando ellos mismos como ejes prioritarios para su desarrollo cultural y el respeto a sus derechos culturales?

 

  • ¿cómo está distribuido el poder en nuestra área de acción?, ¿y el poder cultural y simbólico?, ¿cómo podemos promover el empoderamiento e identificar los núcleos clave para que tenga el mayor impacto?, ¿hemos identificado bien a los titulares de derechos y a los titulares de deberes?

 

  • siguiendo la directriz: “las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo (cultural), en lugar de receptores pasivos de productos y servicios” ¿cómo vamos a hacerlo juntos, a garantizar la participación y la sostenibilidad?

 

Partiendo de este marco inicial de acción, el conocimiento de los documentos internacionales en materia de protección de derechos humanos así como el seguimiento actualizado de las líneas de trabajo que están buscando ampliar la base de los mismos (como el trabajo actual en relación al impulso del documento vinculante sobre transnacionales y derechos humanos que ya comentamos por aquí), serían el suelo inicial en el que afianzar la gestión.

La segunda competencia marco clave sobre la que debatimos podría definirse como una competencia de “mirada” precisamente por actuar en el nivel internacional: la visión de que nuestra intervención se da en sistemas complejos, es decir, en sistemas conectados, interdependientes, diversos, adaptativos, dependientes de los procesos y emergentes. Conscientes de que en un sistema de interdependencia nuestra gestión cultural tiene consecuencias para el conjunto, nuestra acción en el marco de las relaciones culturales internacionales debería moverse entre dos polos tras la pregunta ¿qué alimentamos con nuestra gestión cultural, qué reforzamos o hacemos crecer con ella?:

  • ¿Ante qué intervenciones o prácticas conviene inhibirse?

 

  • Con la mirada siempre atenta a los posibles impactos de nuestra acción y la medición de los mismos en materia de refuerzo de los derechos humanos, ¿qué elementos o acciones tendrían un carácter más estratégico para reforzar los derechos culturales en su conjunto?

 

 

Este punto se entiende mejor tomando como referencia el uso de los litigios estratégicos, cuya visión sería central para nuestro campo. Según la definición del Observatorio DESC:

“El litigio estratégico consiste en la judicialización de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos con el objetivo de avanzar en la implementación de soluciones tanto para las personas directamente afectadas como para el resto de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así, mediante el litigio de un caso representativo se persiguen varios objetivos: modificar criterios judiciales restrictivos en materia de derechos, cambiar leyes, reglamentos o prácticas administrativas que impidan el libre ejercicio de derechos, y en general elevar los estándares de protección de los derechos humanos. “

 

Observábamos la importancia que tendría en la actualidad promover un cambio en la narrativa política desde un discurso que ha fundamentado el valor de la cultura en función de su aportación al crecimiento económico hacia un discurso afianzado en el papel que juegan los derechos culturales en su interrelación reconocida con el resto de derechos humanos. El papel que juegan precisamente los derechos culturales para la construcción de comunidad, sentimiento de autoestima y pertenencia, conexión intergeneracional y vinculación emocional con los territorios, deberían hacernos reflexionar sobre su postergación reiterada en tiempos de hegemonía cultural neoliberal.

 

Los derechos culturales de las mujeres

 

(Las imágenes pertenecen a la exposición Intersecciones de la artista paquistaní-americana

Anila Quayyum Agha)

 

Aprovechando que este 21 de mayo hemos celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural y que el pasado 19 de este mismo mes se cerró el periodo de consultas abierto por la relatora especial de la ONU en materia de derechos culturales, Karima Bennoune, para la recogida de información sobre el impacto del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, quería detenerme sobre este último punto para compartir algunos de los interesantes trabajos internacionales realizados en los últimos años en esta dirección.

Sin duda el documento marco es el Informe “Derechos culturales de las mujeres” elaborado por la anterior relatora Farida Shaheed que supuso un cambio de paradigma clave en el modo en el que, hasta la fecha, se contemplaba la cultura en el trabajo a favor de la igualdad. Shaheed rompió con la tendencia a considerar la cultura como un obstáculo que se interponía en el empoderamiento de las mujeres y las niñas virando el discurso hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad.

Dichos derechos incluirían tanto el acceso como la participación y la promoción de la creación de las mujeres y su contribución al desarrollo cultural de los pueblos. Entre los aspectos estratégicos recogidos por Shaheed destacaron tanto el papel de las mujeres en la identificación e interpretación del patrimonio cultural así como su protagonismo a la hora de decidir qué tradiciones, valores y prácticas culturales deberían mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente. De hecho, frente a los peligros de la fijación cultural disecada y esencializada incorpora una profunda reflexión sobre la cultura como campo de poder en disputa permanente.

 

 

Como se recogía en el Informe:

“Los derechos culturales deben verse como derechos que también guardan relación con qué miembros de la comunidad están facultados para definir la identidad cultural de esta. La realidad de la diversidad dentro de las comunidades hace imperativo garantizar que se escuchen todas las voces de una comunidad.”

Se volvía a poner así en el foco de atención internacional el riesgo que supone el hecho de considerar las identidades colectivas como abarcadoras de todas las características de los individuos, instando a seguir generando políticas públicas sensibles al papel que desempeñan las identidades en los procesos de exclusión social de las mujeres.

“La identidad colectiva entraña poner en tela de juicio significados y definiciones y está siempre vinculada a las estructuras y dinámicas de poder subyacentes en relación con el acceso y el control de los recursos económicos, políticos y culturales (…) Reconocer y proteger la multiplicidad de identidades ayuda a resistir y superar aquellas fuerzas políticas, en particular las políticas de identidad, que pretenden anular toda posibilidad de pluralismo en la persona y en la sociedad, así como la igualdad entre los géneros.”

 

Reflexionando también sobre la pauta de invisibilización de las aportaciones y funciones de las mujeres en el campo cultural, el Informe, frente a la tendencia al estudio del papel ejercido por las mujeres en la perpetuación de determinados valores culturales o como guardianas de la reproducción de la cultura dominante de su comunidad, se atrevía a apuntar tímidamente una línea de trabajo que nos tocará recorrer en los próximos años: el papel histórico de las mujeres en la impugnación de las normas y los valores culturales dominantes.

En esta visión de los derechos culturales como derechos empoderadores, lógicamente ligados al disfrute de otros derechos (muy interesante el estudio sobre las tradiciones culturales de derecho a la tierra de las mujeres y cómo estos elementos tradicionales sí se han visto debilitados y rechazados), se pone un especial énfasis en la participación de las mujeres en la adopción de decisiones:

“La participación activa en la esfera cultural, en particular la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas ofrece a las mujeres, así como a otros grupos e individuos marginados, posibilidades cruciales para dar nueva forma a los significados (…) ¿Quiénes son la voz legítima dentro de la comunidad?”

 

Al hilo de las propuestas recogidas en el Informe de Shaheed, en el 2015 la UNESCO publicó el interesante estudio “Igualdad de género, patrimonio y creatividad” en el que se ponía de manifiesto el hecho de que el patrimonio y su salvaguarda son un reflejo de las estructuras de poder, no sólo relacionadas con la participación en los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que “ninguna comunidad se esforzará por preservar o transmitir aquello que no valora” y constatando que “las mujeres son invisibles y subestimadas en la forma en que son retratadas a través del patrimonio de una nación” implementaba en formato de guía “un enfoque de igualdad de género sobre el patrimonio que tuviese en cuenta las diferentes formas en que se ven afectados los géneros por las estructuras de poder dentro de una comunidad y sus familias.”

 

  • ¿Quién define qué es patrimonio y su importancia?
  • ¿Quién decide la identidad colectiva?
  • ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es escuchado?
  • ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado?
  • ¿Quién puede acceder al patrimonio y disfrutar de él?
  • ¿Quién decide las limitaciones al patrimonio?
  • ¿Quién tiene el poder de tomar decisiones sobre los recursos de las personas y de la comunidad?
  • ¿Quién decide qué expresiones del patrimonio merecen ser protegidas?

 

 

He querido recoger en este espacio este Informe y trabajo de referencia de la UNESCO soñando con debates futuros en España al respecto (mientras llega el momento de ponernos a la altura del nuevo constitucionalismo iberoamericano, recogiendo en nuestra Constitución los derechos culturales…) preguntándonos por la protección de los derechos culturales de las mujeres en nuestro país, cómo estamos protegiendo y visibilizando el patrimonio vinculado a ellas y cómo estamos contribuyendo las mujeres al cuestionamiento de nuestras identidades culturales y la valoración sobre qué se debe o no se debe transmitir como país a las generaciones futuras.

Derechos culturales y democracia de la tierra

“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este “Manifiesto para una democracia de la tierra” no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y “reentroncamiento” con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

Acceder a las palabras

Hace unas semanas, invitada por el equipo docente de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, tuve la oportunidad de reflexionar, junto a profesoras y alumnas de último curso, sobre el papel que el acceso al conocimiento y a la toma de la palabra tiene en este escenario mundial de retroceso democrático. Al margen de abordar la necesidad, frente a las derivas psicologicistas, de recuperar el vigor de una pedagogía volcada en el desarrollo de las comunidades y territorios en los que se engarza, así como tomando conciencia del protagonismo que habrá de tener la pedagogía como garante de las necesarias alfabetizaciones múltiples que nos protejan como sociedad de la manipulación de la información y nos construyan como individuos críticos ante la oleada creciente de elitización de los conocimientos, tuve la oportunidad, como decía, a un nivel más personal de abordar mi deuda con la pedagogía (yo, que no soy pedagoga) y afrontar la profundidad que nos exige el compromiso ético con el conocimiento y el acceso a las palabras.

Junto a la obvia deuda genealógica que, por el hecho de ser una mujer española nacida en el siglo XX que accedió a la educación y al conocimiento y pudo referenciarse en el pensamiento y vida de mujeres que anteriormente hicieron de esta causa su bandera, guardamos las generaciones posteriores con la Institución Libre de Enseñanza y su estela inspiradora, descubría en tres referentes pedagógicos que han sido claves para mí un motivo y compromiso común aún vigente. Así en la obra de Gianni Rodari, Francesco Tonucci y Paulo Freire volvía a encontrarme con la potencialidad transformadora que tiene la defensa de la inclusión y el empoderamiento a través de las palabras. Si como decía Rodari nuestra obligación social y aún más para el campo humanístico se centra en “defender el uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo”, de Tonucci aprendimos entre otras claves la dimensión educadora de nuestras ciudades y la cortedad de una definición de ciudadanía “adultocrática” que excluye la vulnerabilidad y curiosidad vivificante de su infancia, tomando conciencia con Freire de los usos que la dominación hace del conocimiento, de nuestra capacidad de educarnos juntos como sociedad primando la escucha y el respeto a la educación que nace de la propia y no expropiable experiencia, así como sabiendo de una vez para siempre que sin acceso igualitario a la palabra y al conocimiento no podemos hablar de democracia. Aprendíamos humildemente así que una de las facetas centrales del poder consiste en tener la capacidad de nombrarse a uno mismo, de hacer el relato propio de la experiencia y vivencia antes de que otros nos impongan sus palabras y etiquetas.

Me parecía urgente así, al modo de los bibliotecarios de los EEUU en la era Trump, y en este viaje de vuelta a las palabras que nos exige el auge autoritario y excluyente mundial, volver a encontrarnos como en hoguera común alrededor del amor y la defensa de acceso a la herencia común de palabras y sabidurías creadas por la humanidad, enarbolando entre otras la Declaración que realizó la IFLA sobre Bibliotecas y libertad intelectual en 1999 en la que “declara que los seres humanos tienen el derecho fundamental de acceder a las expresiones del conocimiento, el pensamiento creativo y la actividad intelectual, y de expresar sus opiniones públicamente (…) el derecho a saber y la libertad de expresión son dos aspectos del mismo principio. El derecho a saber es un requisito para la libertad de pensamiento y de conciencia; la libertad de pensamiento y la libertad de expresión son condiciones necesarias para la libertad de acceso a la información.

Urgente para situarnos colectivamente en la defensa de espacios en los que poder pensar, experimentar, explorar las relaciones entre cuerpos y acceso a la palabra al margen de criterios economicistas, de búsqueda de resultados o bajo la imposición de estilos estéticos o ritmos frenéticos en los que la creación y la reflexión común no pueden darse. Si, con Marina Garcés, a través de algunas invitaciones sugerentes recogidas en su último libro Fuera de clase, es tiempo de llevar al centro la mirada a los “cuerpos desprovistos de voz pública” así como detenernos a observar “de qué está hecho nuestro lenguaje si lo miramos a partir de aquellos que no pueden disponer de él”, quizá, como nos advierte la gran socióloga de la lectura Michele Petit una de las líneas de acción colectiva clave en este momento sea la de profundizar en una definición de democracia que nos permita “ser en todos los ámbitos de la vida algo más sujetos del propio destino y no sólo objeto de los discursos de los otros. Añadamos a ello el poder tener derecho a tomar la palabra y la pluma en lo que concierne al bien público.”

Descolonizar Castilla: de imaginarios imperiales que se resisten a morir

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la artista Melanie Cervantes.)

Cuando leemos el Informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre los pueblos indígenas de Canadá, es inevitable plantearse cuándo llegará el momento de abordar este proceso en el espacio iberoamericano y cómo Portugal y en nuestro caso, España, enfrentarán definitivamente no sólo los genocidios y epistemicidios históricos, sino el debate sobre sus propias identidades y su interesada construcción histórica a través de un reconocimiento nuevo de su amplia diversidad. Al fin y al cabo, como afirma la relatora especial sobre los derechos culturales Farida Shaheed en su informe Procesos de preservación de la memoria histórica: “El acceso de las personas a una memoria colectiva pluralista forma parte de los derechos humanos”.

Atendiendo a sus propias recomendaciones en las que queda patente que “la preservación de la memoria histórica ha de entenderse como un proceso que aporta a los afectados por la violación de los derechos humanos los espacios necesarios para articular sus relatos. Las prácticas en ese ámbito deben estimular y fomentar el compromiso cívico, el pensamiento crítico y el debate sobre la representación del pasado y sobre los desafíos contemporáneos que representan la exclusión y la violencia”, nos permitimos ahora una breve reflexión sobre la continuidad del imaginario imperial en Castilla y León y el peso que tiene aún hoy sobre el concepto de “hispanidad“.

Al fin y al cabo, las estrategias de descolonización no pueden ser plenas si únicamente centran su atención sobre las realidades colonizadas sin afectar al polo que ejerció la dominación. Como afirma Boaventura de Sousa en su obra Descolonizar el saber, reinventar el poder, “el fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología, por el contrario continuó reproduciéndose de modo endógeno”. O si no, prestemos atención a los ecos aún vigentes en el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León y al debate pendiente sobre las fechas y actos conmemorativos del espacio cultural iberoamericano en un nuevo contexto de respeto a los derechos culturales.

Desde mi punto de vista la reflexión acerca de la polémica y la legitimidad de la celebración del “Día de la Hispanidad” es un desplazamiento hacia el espacio iberoamericano de una cuestión no resuelta en el Estado español. Dicho debate no puede darse sin afrontar dos tareas que quedaron pendientes durante la Transición española: 1.- la deconstrucción de la definición de la “identidad española” heredada del franquismo y 2.- la tarea decolonial que tanto a nivel histórico como en manifestaciones del  imaginario actual posiciona a nuestro país ante el espejo de su realidad no asumida como metrópoli colonizadora y esclavista. La utilización vivida durante el régimen franquista, especialmente en las primeras décadas de mayor eco simbólico fascista,  del discurso de la grandeza imperial y la retórica católica de conquista del Antiguo Régimen, (especialmente a través de la utilización de las figuras -y cuerpos- femeninos de Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús como referencias históricas legitimadoras de la definición franquista de “lo español” y la “raza” unidas a la religión, y que tantos esfuerzos para una recuperación “otra” están provocando, veáse la relectura que hacen Ana Rossetti o Julia Kristeva sobre Teresa de Jesús), no puede obviarse ni resignificarse sin más a través del simple paso del tiempo sin afrontar un debate público y serio sobre la identidad española que, para mí, es el eje problemático de la polémica alrededor del 12 de octubre. No sólo se trataría, por tanto, de preguntarnos fuera del marco colonizador cuál es el significado de ser “español” y qué papel está jugando esta identidad heredada en el debate territorial de nuestro país sino también abordar el colonialismo español en América Latina desde el siglo XV y la pendiente revisión y tratamiento histórico, educativo, mediático que queda recogida en el Informe de Farida Shaheed alrededor de la memoria histórica en relación con los vínculos coloniales también con Filipinas, Guinea o el Sahara.

Este traspaso “acrítico” desde la dictadura franquista a la democracia de la definición de la identidad española forjada en el nacionalcatolicismo y en la que un determinado modelo de relación con Iberoamérica es uno de sus ejes constitutivos –siendo coincidente con un modelo negacionista de la diversidad territorial, lingüística, histórica de la propia “nación” española- queda, por ejemplo, de manifiesto en el preámbulo del actual Estatuto de autonomía de Castilla y León en el que se recoge:

“A partir de la unión definitiva de los Reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III, la Corona de Castilla y León contribuirá decisivamente a la conformación de lo que más tarde será España, y se embarcará en empresas de trascendencia universal, como el descubrimiento de América en 1492 (…)De estas tierras surgió también la gran aportación a la humanidad que supuso la Escuela del Derecho de Gentes de Salamanca, donde destacaron nombres como Suárez o Vitoria. Y en estas tierras, Bartolomé de las Casas defendió la dignidad de los indígenas del Nuevo Mundo en la célebre Controversia de Valladolid (1550-1551)… En estas tierras nacieron o pasaron una parte importante de sus vidas hombres y mujeres que contribuyeron a la formación de la cultura hispánica. Cultura, humanismo y configuración institucional que después del descubrimiento se implantó en América. El Tratado de Tordesillas, además de trazar la línea de demarcación clara y precisa para la presencia de la Corona de Castilla y León, primero, y de España, después, en el Nuevo Mundo, impulsó el modelo de organización municipal como fundamento de la vida ciudadana y la Audiencia como órgano judicial y de gobierno, implantada por primera vez en Santo Domingo (1510)… Comunidad histórica y cultural reconocida, Castilla y León ha forjado un espacio de encuentro, diálogo y respeto entre las realidades que la conforman y definen. Su personalidad, afianzada sobre valores universales, ha contribuido de modo decisivo a lo largo de los siglos a la formación de España como Nación y ha sido un importante nexo de unión entre Europa y América.” (negritas personales)

La “personalidad de Castilla y León” se ve enlazada así con la perpetuación acrítica del relato histórico del “descubrimiento” y el mecanismo de la “implantación” de la civilización. Llama la atención el modo en el que, sin tomar conciencia de la incongruencia, se invoque el legado histórico de Bartolomé de las Casas en relación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas mientras se perpetúa un relato unívoco en el que ha desaparecido completamente la voz de “los descubiertos” y “los colonizados”. Si como afirma Shaheed, “la preservación de la memoria histórica ha de entenderse como un proceso que aporta a los afectados por la violación de los derechos humanos los espacios necesarios para articular sus relatos”, es obvio que en relación a la construcción memorial del relato de la colonización española no se puede hablar de relatos plurales e inclusivos. Como ya señalaba Gayatri Spivak al señalar la importancia de los márgenes del discurso, de los “centros silenciosos o silenciados” de circuitos marcados por la violencia epistémica: “¿puede realmente hablar el individuo subalterno haciendo emerger su voz desde la otra orilla (…) dentro y fuera de la violencia epistémica de una legislación imperialista?”

En mi opinión, la celebración del 12 de octubre como fecha central de celebración del Espacio cultural iberoamericano estaría lastrada por la política nacional española y dificultaría una resignificación memorial en profundidad. Los marcos internacionales tanto de la Carta Cultural Iberoamericana como de la Declaración de Guadalajara se podrían invocar, no tanto para favorecer su permanencia, sino precisamente para promover otra efeméride común que dignificase el sufrimiento histórico y reconociese la multiplicidad de identidades. De hecho, en España la total ausencia en la esfera pública de un reconocimiento explícito al genocidio indígena y la falta de presión de los estados y diplomacia iberoamericana para que dicho reconocimiento se haga patente en territorio español nos muestran un camino a recorrer en los próximos años.

Retroceso internacional de la libertad artística: informe Freemuse 2016

En los últimos años, junto a un mayor esfuerzo por documentar y visibilizar los casos de persecución y silenciamiento de las voces y diversidad de expresiones artísticas, han sido varios los documentales que, a nivel internacional, han querido llevar nuestra mirada hacia la situación de vulnerabilidad específica que viven los y las músicas en el nuevo panorama político mundial.

Si el documental Pussy Riot: una plegaria punk puso el foco sobre la presión que los nuevos nacionalismos y los fundamentalismos cristianos (como comentábamos hace unos días) estaban ejerciendo sobre la libertad de creación y los cuerpos de las mujeres, tanto el documental Sonita como Mali Blues, presentado el año pasado en el Festival de Toronto, mostraban con claridad el carácter central que juega la música para celebrar y promover identidades que respondan desde dentro de las propias comunidades a la imposición de narrativas y visiones dominantes y excluyentes del mundo, en su caso ante el fundamentalismo islámico yihadista.

La organización internacional Freemuse presentó durante el mes de febrero su informe “Art under threat” en el que sistematiza la información relativa a las violaciones de la libertad artística y los casos de censura en todo el globo. Como recoge el documento, en 2016 se duplicaron los ataques a artistas en todo el mundo, dando cuenta de una tendencia progresiva a sofocar la creación y promover el silenciamiento de las expresiones artísticas, siendo 1028 los casos recogidos en el informe que alerta ante la obviedad de que en realidad se trata de muchos más.

Los ataques violentos más graves, con tres casos de muerte de artistas, se vinculan al mundo de la música que sigue siendo la forma de arte más afectada, seguida del teatro y las artes visuales, al igual que es el cine el que contabiliza un mayor número de casos de censura previa.

Irán sigue encabezando la lista de países en los que la persecución a la libertad artística cuenta con los ataques más graves, seguido de Turquía, Egipto, Nigeria, China y Rusia. La recuperación de la práctica de las listas negras de artistas ha posicionado a Ucrania en el primer puesto internacional respecto a la utilización de la censura.

Entre el reporte de casos cubiertos por Freemuse se identifican algunas pautas comunes respecto a los argumentos utilizados para encubrir la persecución de la libertad artística:

  • Es preocupante el auge que está viviendo el argumentario sobre los delitos de lesa majestad así como la permisividad internacional ante las graves consecuencias derivadas de los “supuestos daños ante la dignidad de una figura de autoridad o un Estado”. Los abusos del gobierno de Erdogan recogidos en el informe y la pasividad de la Unión Europea ante las presiones que ejerció el gobierno turco para la retirada, ante su incomodidad por “el daño a su imagen” de algunas publicaciones web de la UE que visibilizaban el genocidio armenio ejemplifican este punto. No obstante, en España no deberíamos olvidar la reciente persecución a las portadas de El Jueves en base a la misma argumentación.
  • También se alerta ante el creciente discurso relativo a la protección de los valores tradicionales y religiosos como marco promotor de la censura y la persecución artísticas, que imposibilita el debate sobre la evolución de dichos valores y la protección de la diversidad. La polémica desatada por el Obispo de Canarias durante el Carnaval de Las Palmas da buena cuenta de los argumentos que suelen aducirse para ejercer este tipo de censura.
  • La reflexión de fondo sobre la consolidación de prácticas de auto-censura a fuerza de intimidación y presión social y cultural recorre todo el trabajo de Freemuse. Aunque ejemplificado en el caso egipcio se señala el papel pre-censor que ejercen algunas organizaciones y sindicatos de artistas en la consolidación de “arte nacional y de aparato político”, igualmente relevantes por inadvertidos son los procesos de censura y limitación de la libertad artística sujetos a la “corrección política”, procesos que aún siendo de menor intensidad contribuyen a consolidar escenarios sociales permisivos con la censura y la persecución de la libertad de creación.

Por todo ello, ante la persecución creciente a la libertad artística y de expresión en España así como ante el incumplimiento reiterado de nuestro país de las recomendaciones de las relatoras de derechos culturales de Naciones Unidas, deberíamos obligarnos a leer el Informe de Freemuse como ese camino en el que no podemos seguir, retroceso tras retroceso, avanzando.

Construyendo el cortafuegos: derechos culturales contra el fundamentalismo

Esto es una llamada de advertencia para nuestros tiempos.

Nos enfrentamos a una avalancha de odio mundial que avanza

en múltiples direcciones, a la que debemos dar una respuesta mundial urgente.”

Conclusiones del Informe, Párrafo 93

El pasado 16 de enero se publicaba el nuevo y urgente Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, Karima Bennoune, sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre la protección de los derechos culturales, ante la acuciante necesidad de articular una respuesta transnacional ante el aumento alarmante de las prácticas y discursos de odio en todo el globo que recogiera las vulneraciones más recientes a los mismos como las acaecidas tras el Brexit, la victoria de Trump, la política migratoria de Macri,  el trato a los refugiados en Hungría o el auge del neofascismo en Europa.

Más allá del esfuerzo por la clarificación terminológica tanto en el texto como en el entorno de Naciones Unidas entre fundamentalismo (“movimientos políticos de extrema derecha que, en el contexto de la globalización manipulan la religión, la cultura o la etnicidad, para conseguir objetivos políticos” Marieme Hélie-Lucas, “se trata, esencialmente, de una manera de pensar basada en la intolerancia respecto de lo diferente, con un gran protagonismo de los intentos de destrucción y borrado de la cultura de los demás y el carácter sincrético de la cultura y la religión, acabando con la diversidad cultural”) y extremismo, entendido como un concepto más amplio, impreciso y dinámico que el primero, desde España debería llamarnos la atención uno de los primeros ejes de alerta recogidos en el Informe.

Así se nos muestra la alarma de los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y de la protección de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, ante la creciente banalización tanto de las definiciones en las leyes nacionales como de las acusaciones de extremismo que están sirviendo a nivel internacional para perseguir la disidencia política, sofocar el activismo y coartar la libertad artística y de expresión. La alarma ante la irresponsabilidad de dicha banalización se produce por el innegable socavamiento de la lucha contra el extremismo real que produce. Sin ir más lejos, esta semana en España se dictó una nueva sentencia judicial contra la libertad artística que, ateniéndose, como en el caso de los titiriteros, a una lectura literal esta vez de la letra de una canción, ha condenado al rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel, profundizando la creciente alarma ante la violación reiterada de la libertad de expresión en nuestro país.

Si ya Farida Shaheed en un informe anterior se centró en el derecho a la libertad de expresión artística en la que tenía un papel clave la protección de las enseñanzas artísticas, en el actual informe cobra protagonismo la necesaria consolidación de una educación para la ciudadanía mundial que haga de contrapeso  a “la crisis de humanismo que tenemos delante”, poniendo el foco sobre la evidencia de que la articulación de políticas culturales desde el enfoque de los derechos humanos son centrales en la lucha contra el fundamentalismo:

“El arte, la educación, la ciencia y la cultura son algunas de las mejores maneras de combatir el fundamentalismo y el extremismo. No son lujos sino instrumentos básicos para generar alternativas, crear espacio para la oposición pacífica, promover la inclusión y proteger a los jóvenes de la radicalización.”

Así, Karima Bennoune, denuncia en el Informe los efectos colaterales de los recortes en materia cultural replicados durante la crisis y que han tenido un evidente efecto boomerang en todo el globo: “las medidas de austeridad a menudo propician que los campos de la cultura y la educación, entre otros, queden en manos de terceros, en particular de quienes persiguen objetivos fundamentalistas”, recordando la recomendación que ya realizó la UNESCO en su momento para que los Gobiernos destinasen un 1% de sus gastos totales para la cultura. Recordatorio, por cierto,  que se ha convertido en una inspiradora movilización comunitaria  en Bolivia a través de la iniciativa de Telartes, “Un 1% para Cultura”

Especialmente interesantes para el ámbito iberoamericano son también, frente a la sobrerrepresentación mediática internacional de los fundamentalismos islámicos, las consideraciones recogidas en el Informe respecto al auge de los fundamentalismos judíos y cristianos, tanto ortodoxos como evangélicos y su efecto principalmente sobre los derechos humanos de las mujeres, que tanto impacto están teniendo en Centroamérica.  

Como ya nos demostraron también pasados resultados electorales en Europa, en los que el voto de las mujeres resultó un cortafuegos decisivo frente al auge de las propuestas neofascistas, Bennoune se detiene también sobre el papel fundamental que juegan las organizaciones y los liderazgos internacionales de mujeres en la defensa de los derechos culturales en todo el planeta. Fue su predecesora Shaheed quien propuso un cambio de paradigma clave en relación a la protección de los derechos culturales de las mujeres. Logró “que se dejara de ver la cultura como un obstáculo y se hiciera hincapié en la necesidad de garantizar la igualdad de esta en el disfrute de los derechos culturales”. Que en el informe se subrayen los ejemplos de las organizaciones Para la Libertad de las Mujeres en Iraq,  Católicas por el Derecho a Decidir o Women On The Wall, así como se pongan en el centro de la alerta mundial los asesinatos a manos del fundamentalismo de la gestora cultural paquistaní, Sabeen Mahmud o la diputada inglesa Jo Cox, reafirma una de las conclusiones del trabajo: el hecho de que el aumento de la violencia hacia las mujeres es, entre otras cuestiones, una señal incuestionable de alerta ante el progresivo avance del fundamentalismo que “ha sido a menudo ignorado en aras de la unidad nacional y religiosa.”

Muy relevantes por el campo de trabajo que abren son los apuntes del informe referidos a la trazabilidad de la financiación de las organizaciones en relación con el auge del fundamentalismo y la persecución de los derechos culturales. Así se detalla, frente a distorsiones mediáticas, y en relación al auge del fundamentalismo cristiano en EEUU el hecho de que “grupos y líderes cristianos fundamentalistas de los EEUU han apoyado una campaña contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Uganda, mediante discursos y financiamiento”. Asistiríamos así a un nuevo fenómeno de financiación transnacional enfocado a la persecución de minorías. En esta misma dirección, aunque atendiendo a criterios de coherencia inter-políticas y fricciones entre acciones culturales y respeto a los derechos humanos en la política exterior de la Unión Europea, apuntaría por ejemplo a la incompatibilidad del hecho de otorgar el Premio Sajarov 2016 a las comunidades yazidíes, a través de Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, perseguidas por el Estado Islámico, a la vez que se mantienen relaciones comerciales y diplomáticas con uno de los principales países financiadores de ese mismo Estado Islámico, Arabia Saudí.

Por último, se recoge también la alerta sobre los crecientes usos discursivos por los que, bajo el empleo de nuevos lenguajes cercanos a la terminología de los derechos humanos y en base a la presentación de los propios extremismos o ultra-nacionalismos como víctimas de amenazas, (como están ejemplificando Trump o Marine Le Pen frente a refugiados y migrantes y como ya desmontó Judith Butler en su ponencia “Vulnerabilidad y supervivencia”),  se buscan recortar las libertades ajenas. Por ello se recuerda:

“Los derechos culturales no son lo mismo que el relativismo cultural. No son una excusa para vulnerar otros derechos humanos ni pueden usarse para justificar la violencia o la discriminación, y no habilitan a nadie a imponer identidades o prácticas a los demás, o a excluirlos de estas, en contravención del derecho internacional(…) La universalidad es uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra los efectos destructivos del fundamentalismo y el extremismo, y debe ser defendida.” (Párrafos 46-48)

 

Por todo ello, tras la lectura del nuevo Informe, nos sumamos a la llamada lanzada por Karima Bennoune tanto al sector profesional como a la sociedad civil en su conjunto para hacerse eco de las conclusiones y recomendaciones del mismo que buscan la articulación en red de un cortafuegos frente a la “avalancha de odio mundial” sabiendo que:

“los derechos culturales, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las personas, el respeto de la diversidad cultural, la universalidad y la igualdad.”

¿El mecenazgo como panacea?: derechos culturales, desequilibrios territoriales y financiación

En los últimos cinco años se han sucedido en nuestro país diversos análisis y grupos de trabajo que han tratado de poner la actual problemática sobre financiación cultural y de las artes en el centro del debate público. Si bien en los medios de comunicación la cuestión se ha circunscrito a la movilización alrededor del IVA cultural y desde el propio sector profesional (envidiando la vivacidad que Los Intermitentes tuvieron en Francia) se está haciendo un esfuerzo ingente por visibilizar la precariedad laboral de los trabajadores culturales, los efectos de la subcontratación abusiva así como la falta de transparencia y prácticas de corrupción política que han jalonado el empleo cultural en la última década, la poderosa retórica de la “solución público-privada” y el maná que llegará al sector a través del mecenazgo lo va inundando todo. Si, como ha afirmado el ministro Méndez de Vigo, la Nueva Ley de Mecenazgo, será la principal línea estratégica en materia de cultura del gobierno, será interesante detenernos en una perspectiva comparada de experiencias para abordar con el suficiente rigor este futuro debate.

Más allá del análisis de experiencias de éxito concretas en el campo del mecenazgo cultural y más allá también (especialmente en el ámbito municipal) de la necesidad de clarificar los límites entre patrocinio y mecenazgo y prevenir a través de rigurosos controles de transparencia posibles usos clientelares del mismo, ¿sobre qué certezas se está apoyando este cambio discursivo desde la concepción de la cultura como un servicio público a la lógica de la esponsorización? ¿Qué prácticas serían susceptibles de mecenazgo y en cuáles se está contribuyendo a reforzar la dejación de competencias públicas (dos ejemplos para el debate: la presencia de marcas en el centenario de Buero Vallejo y la financiación de la digitalización del archivo Miguel Delibes) Y en otro nivel: si el marco internacional en materia cultural avanza irremediablemente hacia el paradigma del fomento de la diversidad cultural y la consolidación de los derechos culturales en el marco de los derechos humanos, ¿España puede abordar el debate sobre financiación cultural al margen de este contexto internacional?

En el estudio comparativo realizado por Enrique Bustamante, España: la cultura en tiempos de crisis,  sobre los efectos del mecenazgo en Francia y Brasil y tras citar a Mulcahy “Una esfera cultural predominantemente privatizada está menos dispuesta a plantearse cuestiones sobre la diversidad estética, la accesibilidad pública y la representatividad cultural” se constata que:

  • Las donaciones culturales por parte de las marcas, atendiendo a criterios de visibilidad e impacto, tienden a concentrarse tanto en las grandes instituciones (precisamente aquellas que cuentan con una mayor dotación y seguridad presupuestaria pública) como en eventos puntuales que refuerzan, frente a paradigmas de creación de nuevos públicos o democratización en la accesibilidad, lógicas de espectacularización de la cultura.

 

  • En el caso francés se vivieron dos graves desequilibrios: el territorial, aglutinando las experiencias de mecenazgo cultural en la capital dado que garantizaba una mayor visibilidad mediática; el sectorial, marginando sectores como los espectáculos en vivo o la creación contemporánea.

 

  • En el caso del mecenazgo brasileño, la famosa Ley Rouanet, planteado como el gran modelo de éxito iberoamericano y a pesar de la creación de la Comisión Nacional de Incentivo Cultural que trataba de paliar el efecto de los desequilibrios territoriales, en palabras del ministro Juca Ferreira:

“generó concentración porque el 90% del presupuesto se quedó en Minas Gerais, el 80% en Río y São Paulo, el sudeste más desarrollado del país, y de ese 80%, un 60% va a parar a dos ciudades: Río de Janeiro y São Paulo y dentro de esas ciudades son siempre los mismos. ¿Quiénes? Aprobamos decenas de millares de proyectos y los departamentos de márketing de las empresas son los que deciden. Y los que eligen son aquellos que benefician a la imagen de la empresa y a los artistas que menos necesidades tienen, lo que supone un refuerzo de la desigualdad. Y además casi el 100% del dinero es público, un dinero público que se decide con criterios privados. No tiene futuro esa ley, yo la llamo el huevo de la serpiente en Brasil. Tiene una cara muy impresionante, pero un interior… Y además no ha creado mecenazgo en estos 20 años, si el dinero es público, no es mecenazgo.”

En otro interesante análisis comparado, El modelo español de financiación de las artes y la cultura en el contexto europeo, de Juan Arturo Rubio, Joaquim Rius y Santi Martinez tras analizar las experiencias de mecenazgo en EEUU, Reino Unido y Francia, y una vez más alertando sobre las pautas de fuerte concentración de las donaciones en determinados territorios y  grandes instituciones, se apuntan nuevos efectos a tener en cuenta:

  • Con motivo de la crisis económica, las aportaciones privadas a la cultura han vivido un importante descenso en todos los países y modelos observados, incluyendo los que cuentan con una sólida tradición y trayectoria de mecenazgo privado.
  • Las organizaciones y sistemas culturales más dependientes de esta vía de financiación sufrieron los efectos de los recortes de forma más prematura e intensa que los más dependientes de financiación pública.

Ante estas experiencias internacionales y teniendo en cuenta el debate que tendremos que afrontar en España si realmente se va a avanzar en una Ley de Mecenazgo, quizá sería interesante delimitar algunos ejes fundamentales que tendrán que estar presentes en su articulación:

  • De modo previo al debate sobre modelos de financiación cultural habría que afrontar, tanto por los compromisos internacionales suscritos por España como por mandato constitucional, cómo se va a garantizar en nuestro país la protección de los derechos culturales de toda la ciudadanía española y la igualdad en el acceso a la participación cultural. Sería desde este paradigma, al que ya se ha sumado a través de diferentes tratados y convenciones nuestro país, desde el que se podrían abordar con rigor las necesidades financieras que permitieran avanzar en el cumplimiento de dichos derechos y prevenir las desigualdades en el acceso a la cultura.
  • Si ha sido el nivel local el que, frente a los recortes presupuestarios en materia cultural, ha ejercido el papel de barrera de contención, un debate serio sobre una futura Ley de Mecenazgo, no podría ni invisibilizar ni suplantar la urgente rearticulación del sistema público cultural y la dotación de competencias y recursos a favor del Régimen Local.
  • La cultura, entre otras dimensiones, es un servicio público y como tal ha de tener garantizada una dotación presupuestaria que permita su prestación. El mecenazgo cultural no debería justificar en ninguna circunstancia acciones de recorte presupuestario encubierto.
  • Si las experiencias internacionales nos alertan sobre los efectos de concentración territorial de las donaciones culturales, ¿qué elementos y acciones se implementarían para proceder a una redistribución tanto temática como geográfica de las mismas? Ante el enorme desequilibrio territorial y demográfico que vive España, ¿qué efectos podría tener dicha Ley sobre los derechos culturales de la ciudadanía de la España rural? ¿Cómo se articularán medidas compensatorias para la protección de la cultura rural ante el previsible desequilibrio centralista?
  • ¿Qué papel jugarán, como propone de nuevo Enrique Bustamante, las aportaciones del mecenazgo social?:

Fomento del mecenazgo social: El mecenazgo puede y debería ser, más aun en tiempos de crisis fiscal, una gran herramienta de fomento y apoyo de la actividad cultural. A condición de que lo público, una agencia pública e independiente a ser posible, lo mida, gestione y oriente. Una nueva ley de Mecenazgo, exclusiva para el campo cultural (separada del resto de la “charity”), debería en ese sentido graduar sus desgravaciones y deducciones, desde las actuales cotas ya citadas hasta el 30 -70 % según criterios y labels precisos, públicos y transparentes: primando a los proyectos que promocionen la diversidad cultural interna y en cooperación con terceras culturas, a las obras y empresas que se adecuen a los planes estratégicos nacionales o sectoriales, a los trabajos articulados entre lo público y lo privado, a las donaciones privadas o de microfunding (por Internet, o no).

Estos serán algunos de los elementos clave sobre los que tendremos que debatir y profundizar para afrontar con garantías las tensiones que plantea la financiación cultural en España.

 

España ante el decenio internacional de los afrodescendientes (2015-2024)

(Imagen del fotógrafo nigeriano Emeka Okereke)

La Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que España forma parte, aprobó declarar el decenio 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes con el fin de visibilizar la desigualdad aún presente a nivel internacional que sufren las personas de ascendencia africana, así como para promover tanto el conocimiento y respeto a la diversidad de su herencia y culturas y lograr su plena e igualitaria participación. Aunque los primeros actos institucionales relacionados con la afrodescendencia en España han venido prioritariamente de la mano del sector de la cooperación y la AECID cabe preguntarnos, ¿qué diálogo está estableciendo nuestro país con su propia herencia africana y qué reconocimiento está dando a sus afrodescendientes y su propia historia? Se corre el riesgo de que la celebración de esta década se conceptualice, en un país separado por apenas 14 kilómetros del continente africano, como algo ajeno a la realidad político-social española, sofocando importantes debates pendientes como lo es, bajo el peso de la construcción de una interesada identidad hegemónica, el propio desconocimiento de la diversidad de nuestra historia  o la nefasta gestión de nuestra propia post-colonialidad.

Experiencias como las desarrolladas por la organización colombiana Manos Visibles alrededor de la Diáspora africana, están marcando el paso en el espacio iberoamericano y poniendo el foco sobre la necesidad de construir nuevas narrativas y afrontar la tarea política de incidir sobre los imaginarios limitantes en torno a los grupos étnicos, no sólo desde la reivindicación de las raíces y la descendencia africana, sino desde la construcción de redes que superen el nivel nacional. De igual manera, en España, aún con poco apoyo mediático (qué haríamos sin Chema Caballero en este país…), se van proponiendo desde la sociedad civil reflexiones de calado:

  • Si una de las líneas de actuación del Decenio es la implementación de programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, las organizaciones afrodescendientes en España plantean la urgencia no sólo del cierre de los CIEs, sino de afrontar el racismo policial y sanitario enraizados en nuestro país, así como exigir una política de fronteras que respete la legalidad internacional y la declaración de los derechos humanos.

 

  • También se está pidiendo, de una vez por todas, llevar a la agenda estatal el debate sobre la profundización democrática y los sesgos raciales que a día de hoy siguen presentes en la democracia española y su sistema de partidos. La falta de representatividad política de las comunidades afrodescendientes en nuestro país o la cooptación de caras visibles por parte de los partidos sin incorporar también las demandas colectivas que representan dichos líderes sociales son algunos temas pendientes.

 

  • En relación con nuestras políticas educativas, más allá de la actual invisibilización de las aportaciones africanas en todos los campos del conocimiento, se están poniendo sobre la mesa algunos ejes de trabajo clave: ¿cómo se está estudiando a día de hoy en nuestro sistema educativo el colonialismo español?, ¿se trabaja en nuestras clases de historia?, ¿la historia conjunta con Guinea Ecuatorial, Marruecos, Sahara cómo está siendo transmitida y elaborada?, ¿qué voces son incorporadas al relato? ¿Por qué, a pesar de la aprobación de diferentes Propuestas No de Ley, el 25 de marzo, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud, no genera actividades memoriales, educativas o de reflexión en nuestros centros educativos como sí lo hacen otras fechas aprobadas por la ONU? En relación con nuestro sistema universitario: ¿no sorprende, dado el grado de cercanía geográfica, el peso marginal que aún tiene la Africología en nuestros estudios superiores?, ¿es posible seguir manteniendo este grado de eurocentrismo a la hora de abordar desde España nuestros estudios culturales?

 

  • La comunidad afrodescendiente en España está señalando también el profundo racismo que aún destila nuestra producción cultural y que se mueve en tres líneas: el mantenimiento de los estereotipos coloniales, “dulcificados” por el paso del tiempo pero de raíz profundamente racista (véanse las representaciones de la “negritud” cada 5 de enero…), la identificación de la africanidad con la pobreza y la “necesidad” de ayuda, que construye la imagen continental desde los gabinetes de comunicación de las grandes ONGs estadounidenses o europeas y la folklorización/exotización que sofoca la visibilidad de las aportaciones contemporáneas de la creación africana y sus políticas culturales en todos los campos. Aprovechar desde España este Decenio para apoyar iniciativas comunicativas que se hacen eco de dicha contemporaneidad (como Afribuku o Wiriko) o generar líneas institucionales de apoyo a la bibliodiversidad sensibles a la creatividad afrodescendiente y su representación simbólica en todos los campos (como la experiencia de PotoPoto en el campo del álbum ilustrado infantil) podrían ser líneas de actuación sencillas pero eficaces para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Decenio.

  • Junto a todo ello, la aprobación de la Ley Integral contra el racismo que viene demandando la comunidad de ascendencia africana en nuestro país sería, sin duda, el mayor avance que podría darse aprovechando la sinergia internacional, posicionando en la agenda mediática estatal los puntos señalados y contribuyendo a un debate rico y abierto sobre nuestras propias diversidades y la multiplicidad de nuestras herencias.

Desde el sector profesional tenemos por delante un interesante camino desmontando nuestra parte de responsabilidad en la perpetuación de estereotipos, así como nos corresponde ser un aliado natural de la comunidad afrodescendiente española acompañando desde las políticas culturales su reivindicación de mayor protagonismo, representatividad y reconocimiento.

 

 

 

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (2ª parte y fin)

(Viene de Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 1ª parte)

2.1.- Identidades

En la declaración de expertos de Naciones Unidas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural “Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo”, se recoge una idea que va repitiéndose como leitmotiv en diferentes declaraciones internacionales (derechos de las minorías, derechos de los pueblos indígenas, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales), el derecho a “reformular la propia identidad”.

En dicha declaración se afirma:

 

El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural, al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural; acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico; y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural.

 

Esta noción performativa de la identidad, estratégicamente utilizada por los feminismos y por otros movimientos políticos y sociales en defensa de los derechos de las minorías, como el colectivo LGTBI o los movimientos de descolonización (el descubrimiento de la propia identidad colonizada y la necesidad de nombrarse con las propias palabras del que habla Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas) lo que hace es poner de manifiesto la construcción socio-política de cualquier identidad. Si la artista Barbara Kruger ya afirmaba rotunda Your body is a battleground, las identidades también lo son. Frente a la utilización política y económicamente interesada de nociones de identidad opresivas, sobre la que ya reflexionó Amartya Sen en contestación al reduccionista enfoque del choque de civilizaciones de Huntington, hacer valer la performatividad de las identidades, su carácter cambiante, su tensión dialógica se plantea como un modo útil de hacer frente a algunos de los riesgos identificados de nuevo por Farida Shadeed, a saber:

  • La uniformización identitaria impuesta por las políticas globalizadoras.
  • La fosilización de manifestaciones y la apropiación indebida de patrimonio inmaterial con fines turísticos.

Frente a quienes sitúan las políticas culturales que versan sobre identidades exclusivamente como políticas de cooperación al desarrollo, se hace evidente que la profundización democrática de la que hablábamos en el primer punto de este artículo, necesariamente tiene que pasar por aquí. No sólo en la reflexión común de los conceptos identitarios implícitos (y con posicionamientos políticos subyacentes) presentes en la “moda actual” sobre la creación de marcas-país o marcas-territorio, sino a través de la aplicación de una mirada intra-estatal que reflexione sobre la multiplicidad de sus identidades y su necesaria representación social y política. Esta mirada intra-estatal sensible a las identidades podría mirar hacia el pasado -más allá de gruesos abordajes turísticos- analizando qué identidades han sido invisibilizadas bajo la identidad hegemónica (por ejemplo, en el caso español la herencia cultural morisca y judía entre otras) así como podría operativizarse en el presente a través de la creación de nuevos agentes sociales y políticos que introduzcan en la agenda estatal sus puntos de vista no explicitados (por ejemplo, en la línea de reflexión iniciada en el Espacio Afroconciencia) y exijan, en sintonía con el marco referencial de la “igual dignidad de todas las culturas” recogida en las principales Declaraciones de la UNESCO, una mayor y mejor definición de democracia.

2.2.- Territorios.

El reconocimiento del vínculo entre cultura y territorios asumido en diversas convenciones tanto de la UNESCO como del Consejo de Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje y el consiguiente paraguas de protección que ofrece este marco del derecho cultural internacional podrían citarse y hacerse operativos con mayor frecuencia en la actual situación de la ruralidad española y europea. Si bien es la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas la que hace una referencia más nítida a la tierra en sus artículos 25 y 26:

Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

 

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

no es menos cierto que la Observación general nº 21 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y anteriormente, aunque con más tibieza la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural) amplía la noción de acceso a la vida cultural que comprendería también “seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad” alertando sobre la necesaria protección de los territorios ante la explotación ilícita o injusta por parte de empresas transnacionales.

Se hace evidente que los riesgos a los que apunta la Declaración de derechos de los pueblos indígenas trascienden el marco planteado en el documento, tienen carácter transnacional y afectan también de lleno al mundo rural europeo. Mientras se avanza en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la elaboración del ansiado documento de Transnacionales y Derechos Humanos, ante el que tendremos que articular un nivel de presión sectorial suficiente para lograr que se explicite la necesaria protección de los derechos culturales frente a la mala praxis empresarial, desde el ámbito de las políticas culturales no deberíamos olvidar la vinculación entre cultura y territorio ya recogida en la norma internacional ni renunciar a las vías de justiciabilidad que abre. Como digo, no sólo justiciabilidad para el Sur global, sino para Europa, ante la creciente presión del extractivismo en el medio rural español que está pasando desapercibida por el peso de la despoblación que contribuye a su invisibilización mediática.

Si, de nuevo, en la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, se recoge en su artículo 29:

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 

actualmente dicha presión extractiva se está replicando en el mundo rural del Sur de Europa, más envejecido y por tanto, con menor nivel de conflictividad social. Este mundo rural, especialmente en la Meseta, se ve también sofocado por el criterio de “belleza natural” recogido en la Convención de protección del patrimonio natural que mantiene ciertas connotaciones de “pintoresquismo centroeuropeo” y que desprotegen, por infravaloración, paisajes culturales como la dehesa. Las recientes movilizaciones en Badajoz contra la refinería Balboa, en Burgos contra el fracking, la plataforma Stop Uranio en Salamanca contra la apertura de la única mina de uranio a cielo abierto en toda Europa así como las movilizaciones rurales en Ávila ante la apertura de una mina de feldespato en plena Red Natura 2000 nos muestran la urgencia a la hora de poder aplicar los criterios de protección territorial recogidos en la declaración de pueblos indígenas en contextos europeos, así como de fortalecer la protección de los paisajes culturales y su reconocimiento.

En conclusión

Tal y como afirman tanto Prieto de Pedro como Alain Touraine se hace necesario tomar conciencia de que estamos en el tiempo de los derechos culturales, de modo que junto al impulso del cambio de paradigma hacia la promoción de los mismos y el respeto a la diversidad en la Unión Europea, tenemos como reto para su protección la incorporación en la cultura occidental de las dimensiones colectivas, de naturaleza y de transmisión del legado a las generaciones futuras, ejes centrales para nuevas acciones de gobierno en toda Europa que quieran afrontar, ante tiempos convulsos, la tarea siempre pendiente de traer más democracia a nuestras democracias.