El extractivismo académico

 

(Todas las imágenes son obra del artista gráfico y audiovisual mexicano Gran OM)

 

En una reciente conferencia impartida por Boaventura de Sousa en la UNAM, “Epistemologías del Sur, pedagogía del oprimido y la investigación-acción participativa” volvió a ponerse sobre la mesa la necesaria reflexión común sobre el extractivismo académico. Junto a la invitación a intelectuales, activistas y ciencias sociales en general a vacunarse contra la enfermedad de la novedad reivindicándose como retaguardia: “queremos ser retaguardia para ir con los que van despacio” se profundizó, como viene sucediendo en los últimos años, en el análisis del desperdicio de gran parte de la experiencia social relevante, así como en la perpetuación del “estudiar sobre pero no estudiar con”.

Me llamó la atención el hecho de que poco a poco la denuncia y el uso del concepto “extractivismo académico” se esté convirtiendo en clamor. Tanto en el último encuentro entre científicos y comunidades zapatistas “Conciencias por la Humanidad” como en los recuentos finales de la Movilización estatal en defensa de la madre tierra (México), el extractivismo académico ha sido puesto en el centro como una de las denuncias prioritarias. Así, por ejemplo, en el recuento final de Oaxaca se expone:

“Se deben poner en duda las formas en que se realiza la investigación. No se puede seguir permitiendo el uso de metodologías que únicamente sirven para extraer información en las comunidades sin generar a cambio ningún beneficio.”

“Hay que generar conocimientos que sirvan para resolver problemas. Que la Academia trabaje con y en beneficio de las comunidades. Porque si no ¿cuál es su lógica y a quién están sirviendo?”

“Hay una perversión en la generación de conocimiento y de investigación. Los investigadores están en una lógica de acumulación de información. No están aportando investigación fresca ni nuevos conocimientos.”

Haciendo genealogía, la propia Silvia Federici lleva años visibilizando el progresivo cercamiento del saber, la centralización y verticalización del conocimiento, la falta de reconocimiento y robo a la gestación de ideas y Silvia Rivera, al hilo de “lo decolonial” viene denunciando con mirada poliédrica la cuestión: las modas académicas, la locura de la creación de marcas registradas sobre los términos, la perversión económica de las patentes, el fetichismo de la Academia, la superficialidad de la investigación y el abandono de líneas de trabajo que requieren constancia y permanencia (por ejemplo en esta entrevista en el canal feminista mexicano LuchadorasTV)

Si para algunas de nosotras, desde la mercantilizada y endogámica experiencia de la Universidad española y sus órganos de gobierno, es un puro cometa Halley ver a un antiguo rector como lo es Pablo González Casanova  no sólo seguir defendiendo el compromiso social del científico sino engarzarse vitalmente con el territorio y las demandas de las comunidades, ¿qué estamos haciendo desde España para reentroncar con el pensamiento situado?

 

Ante el peligro creciente de Universidades públicas gentrificadas e intercambiables en el espacio dada la debilidad en aumento del vínculo real con los territorios en los que se sitúan y el distanciamiento de su conocimiento generado con las necesidades y sentires reales de las comunidades a las que sirven, con Donna Haraway, ¿no nos sentiríamos invitados a explorar?:

  • ¿Qué es lo que queremos aprender? En la violenta lucha actual por etiquetar “lo que merece la pena ser aprendido”, ¿qué significados concretos tendría este “merecer la pena”? ¿Lo que nos enseña a vivir en común?, ¿lo que amplifica los derechos humanos?, ¿lo que aporta bienestar?, ¿lo que amplía la dignidad?, ¿lo que nos cuida?

 

  • El anatema: ¿podemos llevar al centro de nuestros espacios de conocimiento nuestra implicación emocional con los territorios, colectivos y las materias de conocimiento? ¿Y una nueva reflexión sobre nuestra responsabilidad con la práctica? ¿O vamos a seguir desvinculándonos de las consecuencias reales de nuestro conocimiento bajo el discurso tranquilizador de la neutralidad científica?

 

  • En nuestro entorno concreto, ¿cuáles serían los saberes periféricos?, ¿a quiénes se les ha usurpado la capacidad de ser “generadores de conocimiento”?

 

  • Más allá (me permito una maldad) de la industria del entretenimiento de los papers, ¿a qué estamos llamando conexión entre el conocimiento y la práctica? Decía Nelson Mandela que la pregunta que abría las auténticas posibilidades de cambio no empezaba nunca por un ¿por qué? sino por un ¿para qué? ¿Para qué quieren conocer nuestras sociedades?

 

Me quedo pensando en todo ello mientras sigue resonando una reflexión de la entrevista a Silvia Rivera en mí: “Hay un reconocerse corporalmente con las ideas. Hay una responsabilidad con lo que se dice.” Bien. En ello avanzamos.

 

Derechos culturales y democracia de la tierra

“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este “Manifiesto para una democracia de la tierra” no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y “reentroncamiento” con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

Repensar las políticas culturales

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Con motivo de la celebración de los diez años de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO, se ha elaborado uno de los Informes Culturales Mundiales de mayor calado y trascendencia ante los retos que las desigualdades generadas por la globalización y las derivas del Libre Comercio mundial están dejando en el panorama político internacional, Re-Pensar las políticas culturales. Aprovechando su reciente publicación en español, comparto una lectura sobre los principales ejes del mismo.

Entre las aportaciones clave que aportó en el 2005 la Convención estuvo, sin lugar a dudas, el reconocimiento explícito del “derecho soberano de los gobiernos para introducir políticas que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales”. Se estableció así a nivel normativo un necesario contrapeso a la entrada masiva de bienes culturales occidentales en los mercados internacionales, así como se promovió un análisis crítico del gran desequilibrio comercial que estaba sofocando manifestaciones culturales, identidades y valores al margen del modelo hegemónico neoliberal promovido por la globalización. Como ya  hemos abordado en otras ocasiones la importancia de la defensa de las soberanías culturales del Sur, quiero detenerme ahora en algunas de las tendencias en el diseño de políticas culturales que identifica el Informe, a diez años de la firma de la Convención, ratificada por 140 Estados-parte.

  • Sociedad civil y políticas culturales: una de las líneas de acción más importantes que se están abriendo paso a nivel internacional es la implementación de estrategias de co-diseño de las políticas culturales. El papel de las organizaciones de la sociedad civil gana protagonismo a través del diálogo entre las políticas de participación ciudadana y las culturales. Se reconoce también la necesidad de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar, seguir y evaluar las políticas culturales, aún hoy muy débil, tanto en relación con procesos de transparencia como de cumplimiento de objetivos. Si bien en el caso español estas prácticas (muy focalizadas en las grandes ciudades, prácticamente inexistentes en el resto de España) se han implementado en el nivel local, aún nos faltaría fortalecer esta dimensión dialogante y exigente de la sociedad civil española en materia de cultura a nivel estatal, la socialización y apertura del diseño de las políticas culturales como algo que afecta y puede mejorar sin duda nuestra vida cotidiana.
  • Diversidad mediática: Son varias las preocupaciones que recoge el Informe en materia de medios de comunicación. La constatación de que un mayor número de plataformas no tiene por qué garantizar la diversidad de contenidos y expresiones, la falta de cobertura y contenidos mediáticos relativos a minorías o que garanticen la igualdad de género, la invisibilización de la agenda del Sur global y la íntima relación entre diversidad mediática y construcción de democracia. Resulta interesante aplicar  algunos de los indicadores para la medición de este eje a la realidad española, no sólo en lo relativo a la libertad de leyes informativas y exclusión de la censura, ampliamente contestadas en las movilizaciones contra las Leyes Mordaza, sino al pluralismo en la propiedad de los grupos de comunicación o a los baremos de inclusión mediática de grupos históricamente marginalizados y la equidad en el tratamiento de los grupos sociales vulnerables, denunciado una y otra vez, por ejemplo, desde el campo de la salud mental y su tratamiento informativo.

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  • El papel de las mujeres como artistas y productoras de bienes y servicios culturales: una de las áreas más importantes del Informe reconoce explícitamente “la relación simbiótica entre la igualdad de género, los derechos culturales y la diversidad cultural”. Se hace hincapié especialmente en la necesidad de garantizar la igualdad en los espacios de decisión de las políticas públicas y de incentivar medidas que contrarresten la invisibilización de la creación artística de las mujeres. Frente a las carencias evidentes que aún arrastra España en este aspecto, iniciativas como MAV, Clásicas y Modernas o CIMA están señalando la obligación que tiene España a la hora de cumplir con esta dimensión contemplada en la Convención de la UNESCO ratificada en el 2006.
  • Acceso y participación: ¿Qué medidas está implementando cada país para promover el acceso a expresiones culturales diversas? No se trataría simplemente de implementar medidas de democratización cultural sino de ampliar aún más la mirada. Como señala Nina Obuljen en el primer apartado del Informe, algunas de las acciones para profundizar en esta dirección serían: “ promover el acceso y la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos autóctonos, jóvenes y mujeres en la vida cultural; promover el acceso y la participación de las personas desfavorecidas socialmente, con discapacidad, ancianos, así como la población en áreas rurales; mejorar la educación cultural; reducir las barreras en precios para acceder a los bienes culturales a través de medidas como IVA reducido o exento”. En España aún no está asentado el paradigma de los derechos culturales que contemple en toda su amplitud la protección de las culturas minoritarias, así como falta mucho por hacer en el desarrollo de políticas culturales específicas para el medio rural (interesante la línea abierta en esta dirección por la Diputación de Barcelona a través del programa Cultura i petits municipis). De igual manera, tanto la participación cultural como la producción artística de las personas con diversidad funcional aún está muy acotada y la financiación de sus programas tiene a día de hoy un mayor cariz privado que público.

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  • Libertad artística: Como afirma Ole Reitov, director ejecutivo de Freemuse, en su contribución al Informe, “el reconocimiento y la protección de la libertad artística concierne no sólo a la existencia y la práctica creativa de los propios artistas, sino también a los derechos de todos los profesionales de la cultura”. Incorpora así la dimensión del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y a la necesaria protección legal y económica de su actividad como un elemento clave para poder hablar de verdadera libertad artística. Muy centrado en el papel que la censura y la persecución por motivos políticos que sufren aquellos artistas que denuncian la brutalidad policial, los intereses corporativos, la corrupción o el abuso de poder, el Informe recoge en un párrafo una de las realidades que la creación artística está viviendo en España: “En algunos países los artistas abiertamente críticos de un gobierno aún son perseguidos sistemáticamente con acusaciones de separatismo, terrorismo o de ser antipatrióticos” Al llevar nuestra mirada al ámbito del derecho internacional de la cultura nos damos cuenta de que situaciones como las vividas con el caso de los titiriteros o el juicio de Cesar Strawberry en España quedarían muy lejos de las directrices en materia de protección de la libertad artística. Como desafío pendiente se identifica la necesidad de impulsar una comunidad conectada de activistas a nivel internacional por la libertad de expresión en el sector cultural, red de activistas muy presentes en el sector ambiental o feminista, pero no tanto en el campo de la cultura.

Por todo lo analizado sería importante tanto desde el sector profesional cultural como desde las diferentes asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la cultura en España profundizar tanto en el conocimiento como en el uso estratégico de la Convención exigiendo que las políticas culturales en nuestro país cumplan los objetivos recogidos en la misma y se armonicen, al igual que se está haciendo en otros Estados firmantes, con las líneas de fuerza identificadas en Repensar las políticas culturales.

 

En el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana

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“La cultura como instrumento, cada vez más poderoso, de dignificación

de los ciudadanos y de diálogo entre los pueblos.”

(Preámbulo de la Carta Cultural Iberoamericana)

Ha querido la casualidad que el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana venga a coincidir con las elecciones estadounidenses en las que la relación con la comunidad hispana ha estado en el centro de la polémica y en las que, además, el peso del voto hispano va a resultar la llave definitiva para entrar en la Casa Blanca. No en vano, hay 12 millones de votantes procedentes del espacio iberoamericano llamados a votar este martes 8 de noviembre y son más de 40 millones de latinoamericanos (casi el 12% de su población) los residentes en EEUU.

Aprovechemos esta coincidencia para reflexionar sobre la actualidad y el desarrollo de los compromisos de la Carta, llamada al fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano y celebración de su propia diversidad cultural y lingüística.

Si bien el avance más visible en materia de políticas culturales tras la aprobación de la Carta  ha estado centrado en la protección de la diversidad y en el paulatino avance (con todas las dificultades y tensiones que genera esta dimensión dentro del actual sistema económico) en el reconocimiento de las culturas tradicionales, indígenas, de afrodescendientes y de poblaciones migrantes (muchas veces, reconozcamos la deriva, vinculado al desarrollo turístico), también hay que reconocer  la creciente consolidación del marco discursivo de los derechos culturales. Quiero detenerme, no obstante, en uno de los elementos diferenciales de la Carta iberoamericana respecto a otros documentos culturales internacionales y en los que se suele incidir poco.

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Se trata, junto a las reflexiones sobre la necesaria defensa de la soberanía nacional y cultural en el espacio iberoamericano, del papel protagónico que se le otorga a la economía solidaria en el ámbito cultural. Partiendo del reconocimiento de que “el proceso de mundialización parte de profundas inequidades y asimetrías y se desarrolla en un contexto de dinámicas hegemónicas y contrahegemónicas”, es interesante no perder de vista la importancia central que se le otorga a la cultura en la lucha contra la desigualdad económica.

Entre los hechos diferenciales que aporta el compromiso iberoamericano en la esfera internacional se encuentra la apuesta directa por un nuevo modelo económico que privilegie a las pequeñas y medianas empresas y a los agentes culturales individuales, profundamente vinculados a sus territorios, mundos simbólicos y comunidades, frente a la gran industria cultural y creativa transnacional. De igual manera no se entiende la implementación de una política cultural que no esté imbricada en un compromiso con la cultura de la sustentabilidad, es decir aquella que promueva una economía ecológica y solidaria que tome en consideración los límites del crecimiento. Es interesante el posicionamiento que realiza el espacio iberoamericano subrayando la relación de la diversidad cultural con modelos de relación integrales con el contexto natural, sin que puedan darse medidas de protección a la cultura deslindadas de la reflexión territorial y de acceso a los recursos naturales. Se redimensionan así también las políticas de protección ambiental, mostrando la transversalidad que ha de tener la cultura para una implementación eficaz de las mismas.

Desde la reflexión sobre la inserción asimétrica en la economía moderna que han tenido los pequeños y medianos actores culturales del espacio iberoamericano, es interesante también el impulso que se ha dado en la creación de cuentas satélites en las economías nacionales de la región, sistemas de información económica sobre la cultura, su peso específico sobre el PIB y en general un mayor conocimiento sobre las aportaciones que realiza el sector cultural para la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, que permite no sólo una toma de decisiones más informada sino la socialización del propio diseño de las políticas culturales. ¿Se está respetando el compromiso del 1% del presupuesto nacional para la cultura planteado en la Agenda 21?, ¿qué partidas se dedican a la consolidación de la educación artística?, ¿se está apostando por un modelo de cultura pública o primando la participación, a través de la responsabilidad social corporativa, del mecenazgo privado?

Sin duda, la apuesta realizada por la economía solidaria y en general por el diálogo del sector cultural con nuevos modelos económicos que tengan en cuenta los triples balances (social, económico y ambiental), así como el compromiso de la cultura en la lucha contra la desigualdad creciente en las sociedades del espacio iberoamericano, serán dos de las líneas de trabajo más urgentes de los próximos años.

 

Soberanías culturales del Sur y democracia

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Artículo escrito para -y en diálogo con- la Red de participación y articulación del sector cultural boliviano Telartes

Publicado en Grito Cultural nº7 2017

“Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo.”

(Audre Lorde)

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea colectiva de impulsar, desde nuestros respectivos países, en este amplio Sur Global en el que también se encuentra España y la Europa mediterránea, políticas culturales transformadoras que nos permitan incidir en la profundización democrática y la universalización del respeto a los derechos humanos, no podemos obviar ni por un instante que históricamente nos estamos enfrentando al triunfo del paradigma neoliberal a nivel internacional y que nuestras acciones se inscriben también y a nuestro pesar en este sistema social omnipresente que atraviesa cual hilos invisibles atando a Gulliver en la playa todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.

Abordo a quemarropa esta cuestión, dado que es en la invisibilidad de los mecanismos de dominación del capitalismo tardío donde reside la clave de su éxito y en la estetización y maridaje con determinadas prácticas culturales donde encuentra el disfraz de deseo perfecto para hacer olvidar la desigualdad estructural sobre la que se mantiene.

Junto al diálogo y las demandas sectoriales de los diferentes colectivos artísticos y la más que urgente protección laboral de la cultura, lo que está en juego en estos momentos es nuestra propia soberanía cultural, no sólo entendida como el patrimonio creativo colectivo acumulado a través del tiempo y del cual somos herederos, sino como eje fundamental para poder hablar de verdadera democracia.

Me detendré, por tanto, a través de este artículo, situada como estoy en el tiempo en este momento de crisis de identidad europea y en el espacio en la España rural y despoblada de este Sur, en algunos de los escenarios en los que la soberanía cultural se muestra con mayor claridad en juego.

 

Epistemicidio rural

Si bien el concepto de epistemicidio se ha abierto paso con fuerza especialmente a través de la denuncia e investigación del epistemicidio indígena latinoamericano, en España aún no hemos descubierto la potencialidad transformadora que incorporar esta sensibilidad podría tener en el diseño de nuestras políticas culturales.

Frente a la definición habitual centrada en la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano, la más amplia concepción de epistemicidio como “liquidación de formas de apre(he)nder, crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios, especialmente tras el nacimiento y uso del método científico como el único validador por parte de las clases dominantes” nos permitiría por fin nombrar dinámicas ocultas.

Desde este marco de reflexión que pone en el centro la crítica al conocimiento hegemónico y hace visibles las relaciones de poder involucradas (¿qué conocimientos viven en los márgenes?, ¿qué se escucha?, ¿qué y quiénes tienen el derecho a ser mirados?, ¿cómo se construye socialmente la respetabilidad y el reconocimiento cultural?) podríamos avanzar en el reconocimiento de perspectivas epistémicas y herencias culturales subalternas en España.

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En primer lugar, poniendo en el centro del debate el epistemicidio rural y la desaparición acelerada del acervo cultural de nuestros pueblos, ante las prácticas crecientes de “parque-tematización uniforme” de la ruralidad europea. Ello nos permitiría también abordar la presión de los modelos agro-industriales transnacionales que a través de sus lobbies y con la herramienta eficaz de los tratados de libre comercio que veremos después, ponen en riesgo la herencia afectivo-cultural hacia paisajes y territorios. Modelo agro-industrial que está encontrando en la despoblación rural que azota nuestro continente una oportunidad sin precedentes para la apropiación de esta gran “materia prima” que es la tierra, sin tener que soportar presión alguna por parte de la población (envejecida o inexistente) que haga valer la defensa de sus derechos. Este epistemicidio rural podría señalarse entonces como una faceta más de la violencia del neoliberalismo y como condición sine qua non de su tentacular asentamiento territorial. Podríamos abordar así la invisibilización de las culturas rurales frente al modelo urbano y clarificar la centralidad que tiene el desarraigo como forma de dominación en el actual sistema económico. Este hilo en la madeja nos llevaría a redimensionar las relaciones entre cultura y territorios, creando modelos más eficaces a la hora de responder al hegemónico avance del “marketing-marca territorial”.

Identidades frente a identidad

Siguiendo las líneas de trabajo que ya ha abierto América Latina en esta denuncia del epistemicidio y el reconocimiento a la diversidad de sus herencias culturales, desde España quizá, al mirarnos en su espejo, tendríamos que plantearnos por qué concebimos que las Declaraciones Internacionales de la UNESCO no nos interpelan como país. De entrada, tendríamos que afrontar nuestra asunción acrítica de la “identidad española” legada por la dictadura franquista y que dejó fuera (junto a las identidades territoriales) elementos importantes de nuestra herencia. A saber: la tradición judía, la morisca, la indígena esclavizada en territorio español, la afrodescendiente y la cultura romaní. Aún son muy pocos los estudios y las voces críticas en esta dirección y el mecanismo de ridiculización de estas demandas opera con fuerza. La “Ley de concesión de nacionalidad a sefardíes originarios de España” ha pasado sin pena ni gloria y hemos desaprovechado un momento importante para hacer mayor incidencia política sobre el reconocimiento a la diversidad que está siendo, una vez más, mercantilizada y desideologizada. Como muestra de esto último valgan, por ejemplo la creación de la red turística de ciudades “Sefarad” o la folklorización remota (es pasado, no presente) de la diversidad.

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Transmisión generacional y comunidad

El papel que la transmisión generacional ha jugado y juega en muchas de las prácticas artísticas de la cultura popular, especialmente en las que suelen encuadrarse en el campo de la artesanía, debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de ecosistemas crearía un modelo en el que dicha transmisión desapareciese.  No podemos obviar que el epistemicidio tiene rostro de mujer y que en la desaparición de estos conocimientos comunitarios, tradiciones, cosmovisiones y modos de transmisión basados en la oralidad y la experiencia hay una pérdida irrecuperable, a mayores, del conocimiento que nuestras madres y abuelas legaron al mundo.

El triunfo global de un modelo cultural individualizado que parte siempre desde cero sin reconocer lo anterior es, entre otras cosas, un modelo desempoderador y que pone en riesgo nuestro patrimonio. En dichos procesos de transmisión y aprendizaje no sólo se pone la atención sobre el “qué”, sino que entran en juego los “cómo” y el vínculo es en sí vehículo de creación. Este papel de la comunidad como entorno de aprendizaje debería ser tenido en cuenta tanto en el nivel discursivo como práctico de los programas de profesionalización de la gestión cultural. El neoliberalismo va adscrito a un modelo y praxis cultural que tiene como elementos centrales la individualización y la conversión de las relaciones sociales en relaciones de mercado. Sería importante para defender nuestra propia soberanía cultural, plantearnos al menos qué diálogos posibles podrían establecerse desde la cultura con las “economías otras” o cómo establecer mecanismos de protección laboral más eficaces, que defiendan a los trabajadores culturales de un modelo que los atomiza, fragiliza y sobrecarga.

De igual manera deberíamos estar atentos a los procesos de usurpación, explotación y apropiación de creaciones comunitarias por parte de la industria, que no sólo descontextualizan las mismas, sino que niegan su origen  y laminan la profundidad simbólica de las prácticas y objetos artísticos.

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Soberanía cultural y Tratados de Libre Comercio

Sin lugar a dudas, es en el terreno de los Tratados de Libre Comercio internacionales donde, a día de hoy, se está librando la batalla más importante en la defensa de la soberanía cultural. Si con la llegada del NAFTA a principios de los años 90, empezamos a vislumbrar la articulación del poder económico supranacional frente a la soberanía de los pueblos, asistiendo también al nacimiento del altermundismo como respuesta, a día de hoy nos enfrentamos a la sofisticación y oscurantismo extremos en la redacción y negociación de estos Tratados.

La generalización en la aplicación de los mecanismos ISDS, esos tribunales privados de resolución de conflictos entre inversionistas y estados, por los cuales los países no pueden reformar sus legislaciones nacionales fuera del corsé de los tratados, sin correr el riesgo de sufrir graves sanciones económicas, deberían llevarnos a una mayor movilización en la defensa de nuestra soberanía.

Junto a los ISDS, los mecanismos de certificación que llevan incorporados siguen beneficiando los intereses comerciales de los EEUU, garantizando que puedan suspender (ellos sí) el cumplimiento del acuerdo unilateralmente. Es importante recalcar que la dominación que ejerce esta faceta del “libre comercio internacional” no es (sólo) geográfica: asistimos al triunfo de los intereses de una élite económica mundial, que en la financiarización de la economía, ha logrado imponer como sentido común las “democracias sin pueblo” y la política como “gestión técnica”.

La movilización ante los tratados de libre comercio desde el sector cultural ha tomado matices distintos en América Latina y el Sur de Europa. Mientras en la movilización contra el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación económica promovido por Estados Unidos en el que están incluidos México, Perú y Chile junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá, ha tenido un carácter central la defensa de la soberanía cultural y los efectos del Tratado sobre la legislación de derechos de autor y patentes, en Europa esta temática sigue teniendo un carácter secundario en las movilizaciones contra el CETA y el TTIP.

Especialmente relevante, visto desde España, ha sido el trabajo de la organización chilena Derechos Digitales socializando la denuncia de que el aumento del plazo de protección de derechos de autor, desde su muerte hasta los 70 años posteriores (¡100 en México!), es lesivo para el dominio público e impide el acceso al conocimiento y la cultura de los pueblos y beneficia el modelo de gran industria cultural frente al agente medio y pequeño. El hecho de hacer bandera de un modo protagónico de las materias de propiedad intelectual e internet mostrando cómo en la firma de estos tratados de libre comercio se dejan sistemáticamente fuera las recomendaciones de foros internacionales de corte más democrático como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o los Foros de Gobernanza de Internet, representa un hecho diferencial frente a Europa.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra la pérdida de medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad lingüística europea o el mantenimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas gastronómicas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense.

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Es en este escenario en el que, desde las políticas culturales, nos estamos desenvolviendo hoy y que exigen de nosotros, también desde la cultura, un mayor compromiso con la democratización económica. La propia conciencia del sector cultural, no sólo como “un porcentaje del PIB” sino como defensor y garante de los derechos culturales de un país, será clave para el fortalecimiento de nuestras soberanías culturales frente a la presión de organismos internacionales no sometidos a garantías democráticas.

Liderazgo cultural en tiempos neoliberales: sobre #ArtSummitMalta 2016

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La pasada semana se celebró la 7ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en Malta  organizada por IFACCA, la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (más de 80 países).

Tal y como planteaba el documento de discusión previo al encuentro y comentaba Nina Obuljen, la directora del mismo (y recién nombrada ministra de cultura en Croacia): “El foco de discusión del encuentro serán los retos del Liderazgo Cultural en el siglo XXI. Podemos decir que las artes y la cultura se encuentran en una encrucijada, confrontadas con importantes retos y oportunidades en los niveles global, nacional y local tales como el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y distribución de servicios y bienes culturales; las amenazas a la seguridad global; los nuevos procesos migratorios; contextos culturales cambiantes a nivel nacional tras las políticas de recortes y nuevos planteamientos de reforma; la aspiración de artistas y operadores culturales de amplificar su impacto y relación con otros sectores, todo ello garantizando la libertad de expresión y la protección de la diversidad cultural.”

Si bien entre algunos asistentes y quienes desde el sector hemos estado realizando el seguimiento del encuentro (España no ha tenido presencia político-institucional; sí presencia académica y sí presencia profesional)  existía cierto temor a que la implementación de conceptos de “neo-management” de espectáculo en política cultural sofocasen los incuestionables matices y debates que existen alrededor del “liderazgo”, el encuentro ha dejado voces poderosas en defensa de la democracia cultural e importantes discursos críticos reclamando la garantía de los derechos culturales sobre la mesa.

Ya en los documentos de trabajo previos se nos ofrecía una panorámica regional que hacía hincapié en los siguientes puntos:

  • Desde Asia se ponían en cuestión las definiciones de liderazgo cultural occidentales, la visión de base individual de la creatividad artística abriendo el debate sobre la protección de la creatividad artística comunal y su potencialidad para establecer nuevos modelos de liderazgo.
  • Las agencias culturales africanas no obviaban la desigualdad de acceso a los circuitos internacionales y el reto de confrontar la creación pasando de una historia colonial a la actual era de la globalización.

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  • Desde el Pacífico se reclamó el respeto a la diversidad cultural también en la elaboración discursiva, afianzando su propia tradición oratoria frente a los usos occidentales y se reflexionó sobre las distintas “culturas de la edad” y la sacralización de la juventud como valor en sí mismos que lleva implícito el modelo neoliberal.
  • Desde América Latina, la experta regional Lucina Jiménez, introdujo en la definición de liderazgos culturales las dimensiones de creación de mayor democracia y el reconocimiento como derecho fundamental de ciudadanía de las identidades múltiples y cambiantes. Especialmente relevante fue su reflexión sobre si en contextos de “vientos neoliberales” el liderazgo cultural no debería encarnar sin duda la defensa, refuerzo y reestructuración de las instituciones culturales.
  • Las agencias culturales europeas también hicieron hincapié sobre el reto de la consolidación de una identidad europea que permitiese afrontar colectivamente los retos de disgregación que enfrenta la región (personalmente eché en falta un discurso más crítico sobre la barrera económica Norte/Sur y el papel de la relación europea con el Mediterráneo, así como un cuestionamiento mínimo ante la correlación entre el impulso de programas de liderazgo cultural regional –como el Programa LINC holandés- de modo simultáneo al desmantelamiento de los presupuestos nacionales de Cultura en toda Europa y de su concepción como servicio público).

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  • Todas ellas pusieron el foco sobre el papel que las ciudades y los gobiernos locales pueden desempeñar como agentes de cambio cultural y garantes de la diversidad, aunque el reto estará como señala Lluís Bonet en “cómo actualizar la institucionalidad cultural ante la diversidad de expresiones sin atomizar sus efectos”.
  • También la UNESCO, por su parte, incorporó tres matices fundamentales para poder hablar de nuevos liderazgos culturales: la transparencia en todos los procesos de gestión cultural pública; la participación sectorial y ciudadana en el diseño de las políticas culturales y la articulación de respuestas ante las graves condiciones de desigualdad que viven las mujeres a nivel internacional dentro del sector cultural y en el campo de la garantía a sus derechos. También relatores de IFACCA y UNESCO ahondaron en el vínculo indisoluble entre liderazgo cultural y defensa de los derechos humanos.

Pero, sin duda, desde mi punto de vista, fueron cuatro las ponencias clave que reivindicaron la potencialidad de la cultura para visibilizar y enfrentar los mecanismos de dominación y construir más democracia.

  • La intervención de Arn Chorn-Pond desde Camboya compartiendo el protagonismo de la cultura (la música) en situaciones de post-conflicto y la dimensión comunitaria de la creación como constructora de nuevas identidades en el marco del respeto a los derechos humanos.
  • El discurso de Arundhati Ghosh, de India Foundation for the Arts, explicitando que, ante un paradigma economicista que premia la homogeneidad y que impone una determinada gestión del tiempo, la protección de la diversidad cultural no puede ser calculada en dichos términos, poniendo como ejemplo que, ante la “economía y rapidez” que supondría aceptar en su agencia el uso de una o dos lenguas, el hecho de trabajar y comunicar en las más de 58 lenguas del Estado Indio es una medida de política cultural de primera magnitud. También llamó a no olvidar la capacidad de la cultura para crear ciudadanía crítica.
  • Marina Barham, desde el Teatro Al-Harah de Palestina no quiso obviar el peligro de compartimentalizar la cultura, negando la dimensión cultural clave que tiene el diseño del resto de políticas públicas. También incorporó la dimensión emocional de los liderazgos culturales: la cultura en muchos lugares sigue siendo un motivo para seguir levantándose y hacer oír su voz cada mañana.
  • Y por último, la más que movilizadora intervención de Jo Verrent, del programa estatal inglés Unlimited confrontándonos con la capacidad que tiene la cultura para cuestionar y cambiar las narrativas sobre discapacidad. “No les necesitamos: nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

A la espera del siguiente encuentro internacional que se celebrará en Indonesia, tímidamente se van identificando nuevos marcos discursivos que, frente a la justificación del protagonismo cultural en función de su aportación al desarrollo económico de los territorios, van ampliando el foco hacia la dimensión de la cultura como elemento de profundización democrática y puntal de los propios derechos humanos.

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El papel de la cultura en Hábitat III

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Estos días se ha celebrado en Quito la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat III, la primera tras la aprobación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.

Como ya analizamos en otros artículos, el hecho de que la cultura en la redacción final de los ODS no lograse el protagonismo necesario y se viese relegada al ámbito de la transversalidad (lo que supone ausencia de compromisos con indicadores específicos), sin duda ha tenido su efecto también sobre esta cumbre. Como señaló el investigador Jordi Pascual en los encuentros de los días previos, la Nueva Agenda Urbana, a pesar de los avances, nace sin capítulo específico de cultura y en su conceptualización adolece de una definición de la misma como instrumento de desarrollo obviando su dimensión como derecho humano.

A pesar de todo lo dicho, tanto en el nuevo Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible presentado por la UNESCO en este encuentro, así como en los documentos para el debate publicados por ICOMOS, aunque especialmente en el elaborado por el Comité Preparatorio (“Marco urbano sociocultural”, sin duda el más profundo y ambicioso, aunque muchas de sus recomendaciones hayan pasado a un segundo plano de visibilidad), se identifican algunos retos clave:

  • El imparable desarrollo urbano se está viviendo de un modo globalizado y homogeneizado, poniendo en riesgo la diversidad cultural. Se alerta sobre el hecho de que las ciudades no pueden ser meros receptáculos de inversiones de capital, instando a reconocer el peso de la identidad basada en el lugar. La llamada de atención sobre el cuidado de las expresiones locales y el papel clave que habrán de jugar las identidades múltiples en las próximas décadas si buscamos desarrollar ciudades centradas en las personas se repiten en todos los documentos emanados de la Cumbre. Es significativo que la UNESCO en relación con Europa ponga el acento sobre los peligros de la museificación y la gentrificación de los centros históricos a lo largo y ancho del continente.

 

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  • La disminución y amenaza al patrimonio material e inmaterial que se sufre en todo el planeta ante el aumento de la urbanización es otra de las líneas de acción urgentes. La falta de coherencia entre políticas urbanas y culturales está teniendo un impacto incuestionable sobre la pérdida patrimonial, ante la que aún faltan recursos legislativos, inventarios exhaustivos y protección económica.
  • El aumento internacional de la desigualdad y la creciente exclusión social son uno de los principales retos de la Nueva Agenda Urbana. La vigencia de modelos arquitectónicos defensivos y el aumento de la privatización de espacios públicos han sido claves para la construcción de entornos que han fomentado dicha exclusión y han secuestrado espacios de socialización urbana proclives a la creación de vínculos y fortalecimiento de entornos a escala humana. La recuperación de espacios para la vida social que contribuyan a fortalecer nuestras democracias es otra de las recomendaciones obvias.
  • Frente a los lugares comunes repetidos en todas las declaraciones que sitúan a la cultura exclusivamente como motor económico y justifican la salvaguardia y promoción del patrimonio dentro de los capítulos vinculados al turismo cultural y al análisis de la aportación de las industrias culturales y creativas al PIB de los países, se impone un esfuerzo conceptual colectivo mayor para lograr convertir en sentido común el enfoque de la defensa de los derechos culturales y de la centralidad de la cultura como configuradora de la identidad espacial y cultural de las ciudades y los pueblos.

 

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Conscientes de que esta Nueva Agenda Urbana viene acompañada también de una creciente demanda de protagonismo por parte de los gobiernos locales en la esfera internacional como agentes clave para la puesta en marcha de la misma frente a los niveles estatales, así como garantes de la dimensión humana y la planificación estratégica, participativa y centrada en las personas, habrá que ser conscientes de que en los próximos años en nuestras ciudades se librará una batalla clave entre los usos neoliberales del espacio frente a la necesaria protección de las dimensiones vulnerables de la identidad.

Más allá del milenio: la cultura pendiente en los objetivos de desarrollo sostenible

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Entre los efectos secundarios del intenso ciclo electoral que atraviesa España en los dos últimos años se encuentra el hecho de que importantes debates a nivel internacional, que requerían más pausa y profundidad en la argumentación de la que permitía la feroz actualidad, hayan pasado prácticamente desapercibidos para la opinión pública. Es el caso tanto de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la nueva formulación de las prioridades de desarrollo para el periodo 2015-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si bien ya hubo numerosas voces críticas que señalaron el profundo error que supuso la ausencia de la cultura como un objetivo clave dentro de los Objetivos de desarrollo del milenio (especialmente en lo relativo a las necesidades de grupos minoritarios y las comunidades indígenas), no es menos cierto que dicha ausencia provocó como respuesta un incuestionable trabajo de investigación, desarrollo de indicadores, profundización en conceptos y debates sectoriales dentro del campo de la cooperación cultural para tratar de paliar dicha exclusión. La necesidad de hacer sentido común del hecho de que no puede haber desarrollo si se excluye la cultura del mismo, considerada como su cuarto pilar, así como cambiar el paradigma y hablar de la cultura en términos de derechos culturales y sostenibilidad, han sido algunos de los ejes de trabajo internacionales más importantes hasta el 2015.

Sin embargo, a pesar de un ejercicio de coordinación sin precedentes desde el 2014 entre las redes internacionales de cultura, su propuesta “El futuro que queremos incluye a la cultura” y todo el trabajo comunicativo y operativo alrededor de la inclusión del objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos”, en el documento aprobado por la ONU en Nueva York el pasado septiembre, una vez más, la cultura se ha quedado fuera de los 17 objetivos de los ODS. ¿Una cuestión menor? En absoluto, son dichos objetivos los que determinarán la dirección del gasto de los próximos 15 años tanto de los gobiernos, como de los principales organismos internacionales. Como bien sabemos, cuando la cultura “se da por hecho”, “es transversal” y “evidentemente está implícita” supone que aún no se ha comprendido la indivisibilidad de los derechos humanos de los que los derechos culturales forman parte.

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Alfons Martinell ya ha hecho un análisis minucioso sobre los motivos por los cuales se ha dejado fuera de los ODS a la cultura. Me interesa, no obstante, más allá del importante marco de lectura de la cooperación norte-sur y sur-sur, el impacto que esta exclusión tiene sobre la agenda política internacional y los retos actuales sobre identidad y política.

A nadie se nos escapa que las identidades culturales están siendo uno de los vectores clave en gran parte de los conflictos internacionales, así como también es obvio que los conflictos económicos y de poder y el aumento alarmante de los índices de desigualdad se plasman en el ámbito cultural. Valgan como ejemplos las presiones de las multinacionales extractivas hacia las poblaciones indígenas y sus recursos en América Latina o la primera sentencia de la Corte Internacional ante el juicio de Al Mahdi, condenado por crímenes de guerra por la destrucción sistemática del patrimonio de Mali.

Sin embargo, Europa tampoco puede permitirse otros quince años en los que no se haga un esfuerzo común por situar como centro de sus políticas culturales la garantía de los derechos culturales, que no han de verse sólo como un área de trabajo de la cooperación internacional, sino como un elemento vertebrador de todos los niveles administrativos y de desarrollo, local y rural especialmente.

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Europa necesita hacer suyo el objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos” en dos campos:

  • En el de la gestión cultural pública, ante el progresivo desmantelamiento en toda Europa de la cultura entendida como servicio público (sin duda por el colapso continental de la socialdemocracia) y la consolidación de modelos centrados en la espectacularización, la esponsorización y la progresiva privatización de bienes y servicios culturales en detrimento de los derechos de participación en la vida cultural recogidos en todas las legislaciones nacionales e internacionales, Carta de Derechos Humanos incluída.

 

  • En el de la propia definición de la Unión Europea y el debate urgente sobre sus posibilidades reales de futuro, rodeada por retos y conflictos identitarios ante los que tendremos que elaborar una respuesta: el papel de la UE ante Rusia y la presión de los nacionalismos post-URSS, el auge de los fascismos y su efecto sobre la protección de la diversidad cultural europea, la incoherencia entre las políticas de cooperación cultural de la Unión y sus políticas migratorias y de salvaguardia de los derechos humanos, especialmente ante el reto de su frontera Sur y su relación con el espacio cultural mediterráneo, la relación entre las distintas políticas nacionales europeas de cooperación con África, el papel otorgado a sus culturas en Europa y el peso de los partenariados empresariales. En relación con conflictos de identidad cultural abiertos en el seno de la UE se tendrán que articular también políticas culturales que den respuesta a la creciente ruptura rural-urbana y sus efectos (recordemos las últimas elecciones austriacas) así como también plantearse cómo garantizar los derechos culturales de la juventud europea y qué papel puede jugar la cultura ante la grave situación de desempleo juvenil que recorre el continente.

A pesar de que la movilización y el trabajo internacional de las redes de cultura seguirá avanzando para consolidar lo (tantas veces) señalado por Amartya Sen, “una de las funciones en verdad más importantes de la cultura radica en la posibilidad de aprender unos de otros, antes que celebrar o lamentar los comportamientos culturales rígidamente señalados”, sí me queda cierto sabor amargo ante el miedo institucional (no meterse en camisa de once varas…) que ha dejado pasar la oportunidad de la redacción de los ODS y su capacidad de marcar la agenda internacional de los próximos años como una apuesta mundial por afianzar el paradigma de los derechos culturales y coadyuvar en la incidencia preventiva en políticas de seguridad, apostando por la capacidad de la cultura para generar mayores índices de participación y profundización democrática.