Llamando a la tierra: España, culturas campesinas y nuevos debates de DDHH en la ONU

“Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo.”

Miguel Delibes

“N’attendons pas un seul instant levons la tête/Prenons d’assaut la terre”

Verso de Paul Eluard, enarbolado por Jean-Luc Mélenchon en un mitin la semana pasada

 

Aprovechando que el 17 de abril es el Día Internacional de las luchas campesinas quería traer a la conversación en este espacio el debate fundamental que se está librando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alrededor de dos nuevas Declaraciones y que, desde mi punto de vista, fuera de los círculos “iniciáticos” no está teniendo el eco social que merecen. Se trata de los proyectos de declaración “sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y la  elaboración de un instrumento internacional vinculante “sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

No es sólo el hecho de que sean dos documentos normativos que traten de frenar los abusos de uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el edificio neoliberal mundial y uno de los principales responsables del cambio climático, la agroindustria transnacional, sino que consolidan el protagonismo que tendrá para nuestro siglo el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos. Si ya se dieron pasos clave al respecto tanto con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como la Declaración de los pueblos indígenas, el reconocimiento como derechos humanos del derecho a la tierra, al agua y las semillas, así como a la soberanía alimentaria de los pueblos están ahora mismo en disputa en los grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Si desde las políticas culturales y en concreto desde las relaciones culturales internacionales se está prestando una atención cada vez mayor al, múltiple y polifacético, engarce entre cultura y territorios no se debe exclusivamente al interés en la preservación del patrimonio natural e inmaterial, o al más obvio papel que puede desempeñar la cultura como motor de desarrollo económico, sino también a la centralidad que están tomando los derechos culturales en la propia defensa del derecho a la tierra. Si La Vía Campesina explicita su movilización internacional en estos términos: “Planteamos la defensa de la tierra y el territorio como fuentes de vida inseparables de las prácticas culturales de nuestros pueblos”, es la cultura campesina entendida como un todo indisociable “comunidades culturales/territorio”  lo que se pretende defender y proteger en la nueva norma internacional.

 

Junto a los ya mencionados derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, junto al derecho a la tierra, quiero detenerme en tres aspectos recogidos en el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que tendrían un eco importante sobre el medio rural español:

  • La inclusión del Artículo 26 “Derechos culturales y conocimientos tradicionales” en el que se recoge el derecho a disfrutar de su propia cultura y aspirar libremente al desarrollo cultural nos daría un nuevo marco normativo internacional para exigir con mayor vehemencia el respeto y protección a los derechos culturales en el medio rural español que, a día de hoy, siguen teniendo un carácter subsidiario y claramente deficiente. Nos permitiría movernos más allá de los marcos de la “preservación” o de los riesgos de la “falsificación cultural turística” para incorporar a la agenda política española los derechos de acceso, participación y creación culturales rurales que a día de hoy cuentan con un sesgo territorial de base.

 

  • De igual manera, el reconocimiento de los derechos a los recursos naturales y su gestión y conservación permitirían ensayar e incorporar en España instrumentos que hasta la fecha se han circunscrito a la realidad de la diversidad cultural iberoamericana, como el derecho a la consulta a las comunidades de forma previa a cualquier tipo de explotación territorial. Sumaría un elemento de protección importante para aquellas resistencias rurales en España que están haciendo frente al avance de la política extractiva en nuestro país.

 

  • En relación al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el proyecto de declaración recoge la necesidad de “garantizar la coherencia del mismo con las políticas culturales”. Este enfoque nos permitiría derribar en España “el tabique invisible” que a día de hoy sigue separando las políticas y medidas legislativas de desarrollo rural y los espacios de decisión relativos a las políticas culturales que merman las posibilidades y derechos del medio rural español. En la llamada permanente del documento a la creación de oportunidades no agrícolas destinadas especialmente a los jóvenes de las zonas rurales, se hace evidente el papel que pueden jugar al respecto las políticas educativas y  de patrimonio, tal y como lleva demostrando décadas Peridis y que nos recordaba la semana pasada de nuevo en estas declaraciones.

Junto a todo lo anterior, no podemos olvidar que uno de los ejes centrales que movilizan las dos nuevas declaraciones de la ONU en juego es el reconocimiento al papel que están desempeñando las mujeres a nivel global en la defensa de la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad y patrimonio mundiales, tratando de dar una respuesta de urgencia ante el alto precio en vidas y dolor que dicha preservación, con la mirada siempre puesta en la transmisión a las futuras generaciones, se está cobrando. Es fundamental que visibilicemos con mayor rotundidad el hecho de que cuando hablamos de protección del patrimonio y respeto a las culturas campesinas, es principalmente del respeto a los derechos humanos de las mujeres de lo que estamos hablando.

 

Por ello, quería aprovechar la celebración del Día internacional de las luchas campesinas para honrar “la mirada afectiva del mundo” que siguen proponiendo los ecofeminismos rurales y seguir desde las políticas culturales preguntándonos qué escondería en nuestro campo esa invitación abierta al “menos extraer y más cuidar a cambio de”.

 

 

Plan Cultura 2020 o la cultura rural inexistente

(Todas las imágenes corresponden al Museo etnográfico Eloy Rodero, impulsado por Luis Pinto Rodero, en El Campo de Peñaranda, 271 habitantes censados, Salamanca)

Se pasó el tío Eloy toda su vida con las manos ocupadas en la madera. Tallaba despacio, concentrado en preservar la memoria de un mundo que, sabio él, temía que desapareciese. Alguna vez yo, la nieta del Florián, junto a primos, tíos y demás “todos los que caben en el coche son familia extensa” me sumé de niña a aquellas ya raras peregrinaciones al pueblo para ver al hermano mayor de nuestro abuelo. Más interesada a mis pocos años por cualquier bicho, nido, olor de la panadería, lagartija, cosa que se moviese, entendía por los comentarios de mis mayores que aquello que iba atesorando el tío Eloy en su casa era una forma nuestra, por tangible y cercana, de honrar la belleza. Muchos años más tarde, comprendí de nuevo el desconocido aroma del arraigo (que el neoliberalismo con sus políticas sin raíz nos niega) al ver llorar y reír a la vez a una de mis abuelas ya sin memoria al reconocer de pronto en su neblina, ingredientes secretos que ríete tú de la magia, el sabor de uno de los dulces que le habíamos traído del pueblo.

 

Viene ahora todo ello a mi memoria al comprobar, una vez más, que la cultura rural ni se contempla, ni se menciona, ni se ve en el nuevo Plan de Cultura 2020 de la Secretaría de Estado. Más allá de la previsible respuesta de los diferentes niveles de competencias en materia de cultura (que, por cierto, vienen reclamando una nueva distribución y dotación presupuestaria a gritos) seguimos comprobando que ni la creciente visibilidad del problema de la despoblación, ni la presión en aumento en el medio rural español de nuevas formas de extractivismo, ni los debates internacionales sobre los riesgos y límites de determinados modelos de turismo natural y cultural han conseguido, en este país sin modelo para la cultura, hacer oír la voz de alerta del 80% de la superficie de España. No cabe más que preguntarse cómo vamos a cumplir los compromisos firmados a nivel internacional en relación a la protección de paisajes culturales, patrimonio natural, diversidad de las expresiones culturales y protección del patrimonio inmaterial, entre otras, sin llevar la mirada a nuestros pueblos.

 

 

Junto a la ausencia palmaria de un plan estatal para la cultura rural, me pregunto si de verdad vamos a seguir dependiendo de un criterio tan aplaudido las últimas semanas como peligrosamente subjetivo en el día a día como es la heroicidad, tenacidad o buen tino de nuestros alcaldes rurales y si “tampoco toca” abordar en ningún nivel de gobierno cómo afecta a la cultura rural, a la protección del patrimonio y a la garantía de los derechos culturales más allá del lugar en el que se viva, el hecho de que sean las diputaciones como nivel de gestión uno de los espacios que concentran a lo largo y ancho de nuestro país los casos más enquistados y tolerados de corrupción.

 

 

En el protagonismo que en el Plan 2020 se le otorga a la Conferencia Sectorial de Cultura, sorprende (más allá de que lleve sin reunirse desde el 2015) el hecho de que en todos estos años no haya impulsado en su seno ni un solo grupo de trabajo específico sobre Cultura y medio rural así como que en su composición no contemple la presencia de ninguna figura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, entre cuyas áreas de actividad se encuentra el desarrollo rural, o de representantes de las redes de Grupos de Acción Local, para los que la cultura tanto en su dimensión de construcción de comunidad, económica en su papel de motor territorial, así como en su engarce con la protección, entre otras, de la biodiversidad está siempre presente. No es de extrañar que este mismo patrón que sitúa la cultura rural de nuestro país en “tierra política de nadie” se repita en el Congreso de los Diputados en el que entre la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión de Cultura, ¿dónde situamos la protección e impulso de iniciativas para la cultura rural?

 

 

De igual manera cabe preguntarse si entre los genéricos “recursos humanos y tecnológicos” que el Plan pretende destinar al patrimonio (si de verdad se logra, que está por ver, impulsar en este país una Ley de Patrimonio actualizada en sintonía con las últimas Convenciones aprobadas -para no perderse, por cierto, “El patrimonio cultural material en España: fortalezas, conflictos y penurias”, de Jesús Prieto de Pedro, en el último Informe de la Cultura de la Fundación Alternativas-), cuántos de ellos se dedicarán al mundo rural y qué criterios de distribución territorial seguirá “el reparto”.

Viene sin querer a mi memoria, tras la lectura del Plan, el país del que procede este país y al que, como hijos desagradecidos, se le sigue dando la espalda sin asumir la urgencia de acción a la que nos impulsa la progresiva desaparición y abandono de pueblos, espacios, saberes, conocimientos, lenguas que nos trajeron hasta el presente. Me pregunto si al continuar con esta permisividad cómoda e impulso de la cultura del desarraigo, sin suelo ni paisaje, no nos estaremos condenando definitivamente a desconocer por completo quiénes somos.

 

(¿Quiénes somos?, tío Eloy, algo parecido a lo que heredado de tus manos, queda.)

 

 

Por una declaración de amor a las bibliotecas rurales

(Imágenes pertenecientes a la intervención artística en los bibliobuses

colombianos de Diana Arias Zué)

En La larga travesía de los libros, reportaje que Televisión Española ha dedicado al trabajo que realizan los bibliobuses en el medio rural castellano-leonés, se repiten como un leitmotiv algunas reflexiones: el vínculo emocional generado en los pueblos con este servicio de biblioteca, la importancia que tiene el trato humano en la mediación lectora, especialmente con la gente más mayor y los riesgos del aislamiento progresivo ante el avance de la despoblación. También sabemos que los centros coordinadores provinciales de bibliotecas, que dependen de las diputaciones, han sido uno de los ámbitos (junto al resto de intervenciones culturales en el medio rural) que más ha sufrido la política de recortes así como los bibliotecarios en ruta aún están peleando por el reconocimiento de la categoría profesional de las funciones que realmente desempeñan. No es casualidad que la Asociación estatal de bibliotecas móviles iniciase su andadura en Castilla y León ni que esta comunidad sea uno de sus ámbitos de referencia.

Si, como recoge el II Plan de Lectura de la Comunidad de Castilla y León 2016-2020, “el porcentaje de lectores de las capitales de provincia es del 62,4%, mientras que en los municipios de hasta 2000 habitantes es del 43% lo que supone una diferencia de 19,4 puntos porcentuales”; y si ya en la Ley de Desarrollo Sostenible del medio rural se recogía

“Artículo 29. Cultura.

Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en el medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan por objeto: a) Crear redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio arquitectónico existente, garanticen la infraestructura para su desarrollo con la mayor polivalencia posible, la dimensión adecuada para garantizar su sostenimiento y su accesibilidad; b) Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la participación y la iniciativa de todo tipo de entidades privadas; c) Dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas; d) Proteger el patrimonio histórico-artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar su mantenimiento y restauración adecuados.”

estableciendo como un eje de acción prioritario dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas, ¿no deberíamos  profundizar en el debate sobre cómo compaginar mejor los servicios de biblioteca móvil con la consolidación paulatina de servicios bibliotecarios fijos en nuestro medio rural?

Durante los años 80, con el auge del paradigma cultural de la animación socio-comunitaria, fueron muchos los pequeños ayuntamientos y asociaciones culturales o vecinales rurales quienes impulsaron la adecuación de espacios y la compra progresiva de ejemplares para dotarse de pequeñas bibliotecas. Existen en muchos de nuestros pueblos espacios ya habilitados pidiendo a gritos actualización, asesoramiento experto, mirada y dinamización. Junto a la visita mensual que realizan los bibliobuses a nuestros pueblos, si realmente queremos revertir la diferencia porcentual de lectores entre las capitales de provincia y el medio rural, deberíamos tener en cuenta el papel central que pueden jugar las bibliotecas rurales en el día a día. No sólo son espacios de promoción lectora, también son un referente de dinamización comunitaria, un espacio de formación permanente, un punto de información y acceso tecnológico y un eje clave de identidad. La peligrosa deriva por la que se están imponiendo en Castilla y León como “medidas de éxito” acciones que dejan las políticas culturales y bibliotecarias rurales en manos de programas de voluntariado, enmascarando recortes y actuaciones de corte neoliberal, sin planificación a medio y largo plazo ni contratación de los profesionales necesarios que podrían implementar con seriedad las acciones de desarrollo cultural rural, dan cuenta de la urgencia de la intervención que está necesitando el sector.

De nuevo remitiéndonos al II Plan de Lectura de Castilla y León relativo a las acciones para el medio rural surgen al menos algunas preguntas: más allá del “estudio de los perfiles de los usuarios” o “recabar información sobre asociaciones y colectivos que existan en la localidad”, “seguir trabajando en el ámbito familiar”, ¿qué medidas concretas se proponen en Castilla y León para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural?

El traslado de experiencias de éxito a través de la elaboración de fichas guía o el impulso de clubes de lectura virtuales presuponen la existencia de mediadores que, a día de hoy, no son una figura real en nuestro medio rural. Las contrataciones temporales, las subvenciones puntuales o el voluntarismo de las pequeñas concejalías de cultura han permitido en los últimos años, en el mejor de los casos, que los espacios bibliotecarios municipales hayan podido dar un mínimo servicio normalmente coincidiendo con fechas estivales. No nos estamos refiriendo a la ruralidad periurbana ni a las principales cabeceras de comarca, sino a la realidad demográfica de la comunidad: el hecho de que dos de cada tres localidades en Castilla y León suman menos de 500 habitantes.

Si uno de los ejes que se repiten una y otra vez en relación con nuestro medio rural es el peligro del aislamiento y la progresiva pérdida de espacios de socialización (“uno podría ponerse las zapatillas de casa en noviembre y no quitárselas hasta marzo, hay que hacer un esfuerzo para salir”, comenta uno de los participantes en el reportaje anteriormente citado), ¿es una línea de acción vinculada a la realidad de lo demandado en nuestros territorios, claramente envejecidos, optar por la virtualización y los fogonazos de acciones de voluntariado? ¿O de lo que realmente estamos hablando es de promocionar planes sin un compromiso sólido con los presupuestos necesarios para implementarlos y que respeten los derechos laborales del sector profesional? En lenguaje de virtuosismo retórico se justifican estas medidas en el propio Plan: “una inversión más contenida puede representar una oportunidad para explorar modelos alternativos, ser innovador en los servicios y en la manera de desarrollarlos y prestarlos…”

Medidas como la contratación de personal bibliotecario  que pudiera dar cobertura comarcal a varias pequeñas bibliotecas rurales para garantizar servicios de préstamo y animación lectora semanales; nuevas políticas de comunicación y visibilidad como el caso de Quintanalara (Burgos); una política activa de comunicación por parte de los centros provinciales coordinadores de bibliotecas acercando a los municipios los trámites para la incorporación de sus bibliotecas locales a la red, tutorizando los pasos necesarios para su adecuación; el impulso de una línea de relación cultural internacional que pusiera en diálogo los modelos de redes de bibliotecas populares y comunitarias latinoamericanas y sus conocimientos para la aplicación de sus metodologías en el medio rural español; la apuesta de los Grupos de Acción Local por el impulso sostenible de las bibliotecas rurales (¿puede haber algo más “productivo” que una biblioteca?) …podrían ser caminos a explorar que pudiesen consolidar la acción ya presente de los bibliobuses rurales convirtiéndolos en punta de lanza para la consolidación de servicios bibliotecarios fijos en nuestros municipios. Al fin y al cabo, el derecho al acceso a la cultura y a la participación en la vida cultural recogido tanto en nuestra Constitución como en la norma internacional no hacen diferencias en función del lugar en el que se habita…

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.

El relato pendiente de la España Vacía

 

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(Todas las imágenes corresponden a la obra de los artistas salmantinos Pablo Sánchez Herrero y David de la Mano)

Descubrimos que algo que necesitaba ser dicho por fin se ha nombrado cuando, al salir a la luz, nos reconocemos en ello y nos lo apropiamos. Que “La España Vacía” de Sergio del Molino ha conseguido llevar la mirada y la reflexión hacia un espacio hasta el momento silenciado lo muestra no sólo el poder metafórico del título que en pocos meses se ha convertido en término de referencia sino también los múltiples artículos y alusiones que han nacido a raíz del ensayo (valga como ejemplo el listado de películas seleccionado por Filmin bajo el mismo epígrafe, “La España Vacía”).

Hay una idea central que Sergio del Molino, a modo de línea de bajo sosteniendo una composición, traslada una y otra vez en su obra: “A la España vacía le falta un relato en el que reconocerse…”; “Esto se debe a que la España vacía casi nunca se ha narrado a sí misma, se ha resignado a ser narrada.”; “Es preferible un pueblo susceptible a un pueblo que no tiene forma de responder al relato que otros hacen de él”; “Nunca ha sido dueña de sus propias palabras. Siempre ha sido contada por otros.”

Quienes en algún momento desde la política cultural trasladamos a los actuales partidos, en mitad de los dos últimos años febriles que está viviendo España, la necesidad, si realmente se pretendía un cambio sustancial frente a la España nacida del Régimen del 78, de desmontar el relato hegemónico sobre esta parte del país, especialmente Castilla y León, herencia aún no contestada desde el franquismo, así como reclamamos una crítica profunda sobre su invisibilidad mediática, sobre “la historia de crueldad y desprecio que influye fuertemente en el país tal y como es hoy, pero que casi nunca se tiene en cuenta” tal y como afirma Sergio del Molino, fuimos apartados como odres viejos.

Ha tenido que venir una parálisis institucional y la lucidez de este ensayo  para que se oiga a nivel estatal por primera vez que no habrá soluciones al encaje territorial en nuestro país sin tener en cuenta que “las provincias despobladas nunca han visto sus intereses representados ni protegidos en el Congreso” y que en este país la actual ley electoral está instrumentalizando a las provincias para mayor gloria y boato de los aparatos de partido asentados en Madrid. De pronto volvió a resonar la voz de Julio Llamazares advirtiendo sobre la asfixia que estaba ejerciendo el centralismo madrileño sobre el desarrollo social y político de Castilla y León.

Pues bien, ahora se nos muestra la importancia clave de la construcción de un relato diferente para esta España Vacía, que reconozca su dignidad y que sea capaz de llevar una mirada crítica hacia cómo se ha alimentado el desprecio y la invisibilidad de este territorio en los últimos treinta años (por ejemplo, analizando qué tipo de discurso hay detrás de la imposición de candidaturas centralistas a las provincias despobladas y cuáles son sus efectos sobre la construcción de identidad local) o también a través del análisis de la reactualización de tópicos en los nuevos medios de comunicación.

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Como ejes clave de trabajo para el desarrollo de una nueva política cultural que sea capaz de contribuir a la construcción del relato pendiente de la España Vacía, a bote pronto, y desde Castilla y León se identifican:

1.- La arquitectura de la cultura institucional en Castilla y León se apoya en dos pilares: la remisión permanente al imaginario del Antiguo Régimen y la privatización progresiva de la gestión cultural pública. El “reino perdido en el que no se ponía el sol” y su ropaje marcan las líneas oficiales de la cultura en nuestra comunidad, con una vinculación innegable en el diseño de la programación con la Iglesia Católica. De igual manera, el impulso por parte de la Junta de Castilla y León del modelo “fundación público-privada” para la gestión cultural de nuestro territorio está frenando e invisibilizando la labor del mediano-pequeño agente cultural y la incorporación de nuevas voces, prácticas, ideas a la construcción de nuestro propio relato territorial. Fundaciones vinculadas a antiguas cajas de ahorros y estructuras híbridas que escapan al control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas se repiten en todas nuestras provincias. Las “puertas giratorias” en Castilla y León no están tan vinculadas al ámbito industrial o bancario como al cultural y comunicativo: patronatos de fundaciones de patrimonio, cargos de libre designación en estructuras culturales creadas ad hoc, “cementerios políticos” vinculados a organismos oficiales culturales… Las principales tramas de corrupción descubiertas en nuestra comunidad han tenido siempre ramales vinculados a la cultura y los medios de comunicación regionales. Se impone, por tanto, con urgencia, cuestionar el MARCO desde el que se está diseñando la política cultural de Castilla y León y que remite, una y otra vez, al refuerzo de un relato impuesto.

2.- Como bien señala una vez más Sergio del Molino, a la España Vacía se le ha negado el derecho a la contemporaneidad. Es evidente que en la denuncia de la gentrificación y la conversión tanto de los centros históricos como del medio rural en “parques temáticos” para determinados modelos turísticos existe un camino a explorar. La investigación y promoción de nuevas formas de habitabilidad y una mirada específica hacia lo urbano de tamaño medio y sus modelos de relación con el espacio rural se hacen urgentes.

3.- También corre prisa llevar la mirada hacia la protección del patrimonio rural, la necesidad de su catalogación exhaustiva, los bloqueos legales que aún perviven en algunos procesos con la Iglesia o la habilitación de procesos de socialización patrimonial. Castilla y León es una de las comunidades con mayor número de bienes culturales incluidos en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra y aún tiene mucho camino por andar en la protección e impulso de la labor arqueológica. Es necesario debatir sobre el papel del patrocinio en las labores de restauración, que sin duda necesitan más recursos, pero que necesitan un escrupuloso cuidado público para no dejar al margen las necesidades del patrimonio de nuestros pueblos, dirigiendo las políticas no sólo hacia los núcleos urbanos de la comunidad sino también hacia los pequeños núcleos de población.

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4.- Es clave que se reconozca como una prioridad política en nuestro país el reparto de competencias entre los distintos niveles institucionales y el refuerzo necesario del Régimen Local, clarificando de una vez qué competencias corresponden a las diputaciones y los ayuntamientos en materia de cultura, para evitar tanto el riesgo del clientelismo como el de la desprotección (¿a nadie le parece ofensivo que sólo tengan derecho legalmente reconocido a una biblioteca quienes vivan en núcleos de población que superen los 5.000 habitantes?). La amenaza que supone la Ley Montoro para la España Vacía necesita mayor visibilidad y debate en nuestros medios de comunicación.

5.- Frente al centralismo geográfico y un modelo cultural que fija su atención exclusivamente en lo urbano, un nuevo relato podría explorar:

  • El reconocimiento, la puesta en valor y la dignificación del presente de nuestra cultura popular y su diversidad, así como el trabajo a favor de la innovación cultural y social en el medio rural castellano-leonés.
  • La reivindicación política de lo festivo como espacio privilegiado de construcción de comunidad y como despliegue de la diversidad cultural, afrontando el reto de asociar a las industrias culturales y creativas todo lo relacionado con la cultura gastronómica y la artesanía.
  • La creación de un nuevo modelo de turismo cultural más democrático y participativo que evite la “uniformidad territorial” (Castilla como “paquete”) y ponga también en cuestión el relato de la cultura en nuestra comunidad como distinción de élites y artículo de lujo.
  • La integración del patrimonio natural también como eje clave de una nueva política cultural en Castilla y León y el trabajo sobre la significación afectiva del paisaje cultural y su protección (por ejemplo, hacia una resignificación de la dehesa).

Son muchas las ventanas y las conversaciones posibles que ha abierto “La España Vacía”. Como reto apasionante para quienes trabajamos desde la cultura en esta parte del país se encuentra el deseo de que nunca más “se sienta al margen (…) porque sus problemas suenan extrañísimos en el conjunto de la sociedad y nunca aparecen en el orden del día”.

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¿Defender el paisaje?: patrimonio natural y extractivismo en Castilla y León

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Que la UNESCO suele guardar silencio ante los estragos que el extractivismo causa sobre el patrimonio natural puede comprobarse a lo largo y ancho de América Latina. Que dicho silencio se convierte en total desaparición cuando dicha amenaza sobrevuela el medio rural europeo, también es una obviedad.  Al fin y al cabo el patrimonio natural siempre ha sido una suerte de “añadido” para las políticas públicas de conservación del patrimonio, convirtiendo su defensa, la mayor parte de las veces, en un enorme cajón de sastre en el que confluyen las políticas culturales, medioambientales, agrarias, económicas y de desarrollo.

En las instituciones culturales españolas, se repite esta misma actitud de “laissez faire” de la UNESCO, tanto en el nivel estatal, autonómico y local poniendo en riesgo a través de su inacción nuestros paisajes culturales y contribuyendo así  a la desprotección del patrimonio natural a través de la negación de su dimensión cultural, simbólica, emocional e identitaria transmitida generacionalmente.

Pero ante el caso de la mina de uranio de Berkeley en el Campo Charro salmantino, la inoperancia de la Junta de Castilla y León se lleva la palma.

Si en la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972 ya se afirmaba: “se constata que el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles” y en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España en el 2008 se establecía como línea prioritaria la protección de los mismos, “entendiendo como protección las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial”, ¿quién, a nivel institucional en Castilla y León está haciendo cumplir la legislación internacional  y nacional al respecto y protegiendo el paisaje de la dehesa salmantina amenazado por el fantasma del extractivismo que trae de la mano la minera australiana?

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A una le gustaría saber en qué momento y bajo qué criterios la Junta de Castilla y León hizo desaparecer de las Direcciones generales de políticas culturales y de patrimonio cualquier referencia y competencia en defensa del patrimonio natural y exactamente quién se está haciendo cargo de la defensa del paisaje, mucho más cuando la defensa del medio ambiente en esta comunidad va de la mano de Fomento.

Si ya ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a anular el Consejo regional de medio ambiente de Castilla y León por la amalgama de intereses que impedían el derecho a la participación ciudadana, ¿debemos pensar que es únicamente la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León la garante de los derechos de la ciudadanía a la protección de su tierra?

Al margen del muy necesario debate (que ya hemos desarrollado en otras ocasiones) respecto al turbio entramado de fundaciones, empresas semi-públicas y demás procesos privatizadores de lo institucional en nuestra comunidad, ¿de verdad es una cuestión menor que la Fundación Patrimonio Natural que tendría que estar velando por la conservación de la dehesa charra y de sus más de 4500 hectáreas protegidas, sus 25.000 árboles en riesgo, su fauna y su incuestionable papel como paisaje cultural – que ya debería haber sido impulsado por esta misma Junta de Castilla y León para su reconocimiento como tal por el Consejo de Europa-, tenga como socios a las principales multinacionales españolas que desarrollan en América Latina la misma política extractiva con la que Berkeley amenaza ahora el Campo Charro?

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¿De verdad es coherente, por ejemplo, que ACS forme parte del patronato en defensa del patrimonio natural de Castilla y León mientras uno de sus complejos hidroeléctricos ha despojado a más 29.000 indígenas quekchis fuera de su territorio y del acceso mínimo al agua? ¿Esperamos que el patronato de la Fundación proteja aquí lo que desprotege allí? ¿Este patronato de empresas privadas se va a enfrentar a Berkeley?

Más allá de la infatigable movilización ciudadana de Stop Uranio , ¿alguien puede decirnos a qué se debe el silencio institucional de quienes obligatoriamente han de velar por la protección del patrimonio natural en la Junta de Castilla y León?, ¿cómo se posiciona dicha Fundación ante la situación del Campo Charro?, ¿de verdad en nombre del patrimonio natural castellano-leonés se puede guardar silencio ante un daño de estas proporciones? Y si la Fundación Patrimonio Natural no está cumpliendo con los objetivos de protección que la sustentan, “poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno”, ¿es lógico que este organismo siga financiándose con dinero público de los castellano-leoneses?